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COLOMBIA

La coyuntura laboral y sindical 2006- 2007 en cifras

Por la Escuela Nacional Sindical

Rebanadas de Realidad - Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, 18/05/07.-

Introducción

Los hechos más significativos en el campo laboral y sindical en el último año han sido los siguientes:

1. El acuerdo tripartito “Por el derecho de asociación y la democracia”, suscrito por las tres centrales sindicales colombianas, el gobierno y los empresarios, en junio del año pasado en el marco de la 95 Conferencia de la OIT.

Este acuerdo aún no se materializa, su espíritu y contenido se quedó en Ginebra y no llegó a Bogotá, pues el trabajo decente, las libertades sindicales, el diálogo social y la impunidad en las violaciones a la vida e integridad de los sindicalizados en el país, todavía no empiezan a ser impactadas por la presencia permanente de la OIT en Colombia. Quienes lo hemos defendido por las posibilidades que abre, creemos que la representación permanente de la OIT en Colombia tiene un referente ya construido y muy positivo para el país: la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que con sus informes, sus recomendaciones y su apoyo técnico ha incidido en las normas, políticas y prácticas tendientes a la materialización de los derechos humanos, asunto que la OIT debe tratar de construir a la mayor brevedad posible, guardadas las diferencias.

2. La celebración del V Congreso de la CUT, cuyas decisiones muestran como un sindicalismo moderno y democrático avanza en el más importante proceso de auto-reforma sindical del continente.

3. La discusión de los efectos laborales y sociales del TLC firmado con los EU, que ha posibilitado que las problemáticas laborales y sindicales se hagan visibles y por tanto ingresen al debate público.

4. La persistencia de la violencia antisindical en Colombia, que se quiere minimizar y banalizar desde el gobierno nacional, pero que sin embargo, cobró la vida en 2006 a 72 personas sindicalizadas y a nueve en lo que va corrido de 2007.

Como todos los años, en el marco del día internacional del trabajo, la ENS presenta las cifras y los hechos más importantes en el campo laboral y sindical como una contribución al debate público que el país debe dar sobre estos temas.

I. EN LO LABORAL

A. El crecimiento económico y el estancamiento del empleo

El crecimiento de la actividad económica es evidente en los últimos años en Colombia, lo que sin duda indica que las condiciones de recesión de finales de la década anterior se han superado, en particular el sorprendente dato arrojado por el Dane, que indica que el PIB de 2006 fue de 6.8%. Hay evidencias de que tras estas estadísticas, hay fenómenos que merecen una reflexión, asociados a la estructura económica, al comportamiento del mercado de trabajo y a la propia sostenibilidad del crecimiento tal como se da en estos momentos.

La estructura de la economía colombiana presenta una tendencia hacia la tercerización, esto es, que si observamos la dinámica del producto según su composición sectorial, encontramos que sectores agrupados en los servicios, tal es el caso del comercio y del sector financiero, así como los servicios comunales o gubernamentales, alcanzan más del 60% de la actividad económica. Por lo tanto, no es aventurado decir que el país va orientando sus esfuerzos hacia una economía de servicios, dejando de lado, de manera explícita, la construcción de una base productiva que genere un volumen apreciable del valor agregado y que contribuya a la generación de empleo productivo y al mejoramiento del nivel de vida de la población.

En cuanto al comportamiento del mercado laboral, es claro que la proporción en que aumenta el producto, es superior al crecimiento de los puestos de trabajo a término indefinido y más grave aún, se evidencia un aumento del trabajo temporal después de la recesión de los años 98 y 99, tal como lo registra la gráfica:

Tasa de crecimiento del empleo total, temporal y permanente de la industria manufacturera, 1991-2006
Año

Esto indica que la recuperación de la actividad económica del país se ha dado a costa del deterioro del empleo y que son los ingresos salariales los que se han resentido en los últimos años. De igual forma se mantienen altos índices de subempleo que refuerzan la interpretación de un crecimiento económico con salarios de mala calidad o en términos de la OIT, con poco aporte al trabajo decente.

Este gráfico ilustra cómo se manifiesta la incapacidad del aparato productivo para ocupar en condiciones dignas la fuerza de trabajo formada en el sistema educativo nacional.

A
2006
%
Población Ocupada (III trimestre) (1)
17.609.014
100
Población desempleada (III trimestre) (1)
2.568.042
12.7
Porcentaje de trabajadores en el sector informal (1)
10.336.491
58.7
Afiliados cotizantes a salud (2)
7.193.889
40.08
Trabajadores dependientes cotizantes en pensiones (3)
4.630.469
26.29
Afiliados Riesgos Profesionales (2)
5.637.256
32.01
Afiliados cotizantes Fondos de Cesantías
3.852.531
21.87
No. personas mayores de 60 años (1)
3.778.000
100
No. de personas con pensión de vejez (3)
131.966
3.49
Valor canasta familiar ingresos bajos (1)
$ 847.336
100
Salario mínimo
$ 433.700
51.18
Valor de la canasta familiar de ingresos medios (1)
$ 2.134.704
A
Porcentaje trabajadores dependientes que devengan hasta de 1 SML (4)
A
52.3
Porcentaje trabajadores dependientes que devengan hasta 2 SML (3)
A
90.13
Porcentaje de la población bajo línea de pobreza (2004) (5)
A
49.2
Porcentaje de la población en indigencia (5)
A
14.7
Participación del DECIL 1 en los ingresos (2004) (6)
A
0.91
Participación del DECIL 10 en los ingresos (2004( (6)
aA
46.45
Coeficiente de GINI
A
0.576
Fuente:(1) DANE y cálculos de la ENS; (2) Ministerio de la Protección Social; (3) Superintendencia Financiera; (4) DANE y FENALCO (2005); (5) DNP- MERPD; (6) CIDUN

B. La inversión extranjera directa y las condiciones laborales

En el año 2006, la IED llegó a un monto de USD6.295 millones, un descenso en comparación con 2005, cuando alcanzó la cifra histórica de USD10.255 millones, pero mayor que las cifras de IED en los años 2003 y 2004, cuando se registraron inversiones por USD1.758 millones y USD3.084 millones, respectivamente.1 El monto extraordinario de IED en 2005 se debe principalmente a la compra de Bavaria por la compañía surafricana SAB Miller por el precio de USD4.715 millones, mediante la cual se entregó a esta multinacional un monopolio sobre la producción de cerveza en Colombia, además de una gran participación en mercados regionales como Panamá y Perú. Otras inversiones ejemplares en el año 2005 incluyen la adquisición de Coltabaco, líder nacional en el sector tabacalero, por la multinacional Altria por un monto de USD300 millones, y la privatización y posterior venta del banco Granahorrar a la entidad financiera española BBVA por USD420 millones.2 Todas estas inversiones pueden ser identificadas como “inversión de búsqueda de mercados,” caracterizada por la CEPAL como inversiones orientadas hacia la captación de una mayor presencia en los mercados locales y regionales.3 Con este tipo de inversión, las multinacionales establecen filiales locales – en muchos casos a través de la adquisición de empresas nacionales - para producir o prestar servicios en vez de exportar sus bienes y servicios desde sus casas matrices, y así aprovechar menores costos de mano de obra y transporte, y evitar barreras arancelarias y no-arancelarias.

La IED en 2006 tuvo un enfoque mayor en la “búsqueda de materias primas”, concentrada en la explotación de los recursos renovables (como madera y caucho) y no-renovables (como minerales y petróleo). Según los datos del Banco de la República, el sector de minas y canteras recibió el monto más grande de inversión en 2006, equivalente a USD2.010 millones, 31,9% de la IED total en el país ese año, siguiendo una tendencia de alta inversión que comenzó en el año 2004 en dicho sector. El sector que recibió el segundo monto más grande de IED en 2006 fue el sector petrolero, con inversiones de USD1.770 millones, una participación de 28,1% del IED total para el año.4 Los principales casos de IED en estos sectores incluyen la ampliación de las operaciones de la multinacional norteamericana Drummond Mining, que posee grandes minas carboníferas en el departamento del Cesar con reservas probadas de 2.300 millones de toneladas; la compra de Omimex Colombia, filial colombiana de la multinacional norteamericana Omimex Resources con reservas petroleras de más de 157 millones de barriles, por una multinacional china y una compañía de la India por USD800 millones; y la participación de la multinacional suiza Glencore en el proyecto de modernización de la refinería de ECOPETROL en Cartagena, con un monto de inversión de USD630,7 millones. Esta inversión es tipificada por sus altos impactos ambientales, que se traducen en problemas de deforestación y contaminación del agua y la atmósfera, y al mismo tiempo, poca generación de empleo – según el DANE, el sector de minas, canteras, y petróleo apenas representa 1,13% del empleo nacional. 5

Otras inversiones el año pasado fueron del tipo “búsqueda de mercados”. Entre ellas se destacan la compra de la empresa de telecomunicaciones OLA por la multinacional Millicom por USD477,8, que eliminó la participación de capital nacional en el mercado colombiano de telefonía celular, y la adquisición de la cadena de supermercados Carulla-Vivero por el grupo francés Casino por USD110 millones. También, varias multinacionales que ya entraron en el mercado colombiano expandieron sus operaciones para consolidar su posición como empresas líderes: SAB Miller, que invirtió USD175 millones en su planta de producción cervecera en el Valle del Cauca, y el grupo brasilero Synergy, dueño de Avianca, que renovó la flota de la aerolínea con una inversión de USD355 millones.

Un 47,6% de los flujos totales de la IED en el año 2006 provenía de EU, una tendencia que seguramente continuará si se adopta el Tratado de Libre Comercio entre este país y Colombia, aún en espera de aprobación en los congresos de ambos países. Dicho acuerdo eximiría a las multinacionales estadounidenses de cumplir con “requisitos de desempeño,” o condicionamientos gubernamentales para aumentar el valor agregado de la IED, a través de reglas sobre el uso de materias primas y personal local, la producción para exportación, y la transferencia de tecnología. Al mismo tiempo, el TLC permitiría la libre repatriación de ganancias de las multinacionales estadounidenses después de un año, limitaría las facultades del gobierno colombiano a hacer expropiaciones, y establecería un tribunal privado a través del cual los inversionistas norteamericanos podrán demandar al gobierno colombiano si perciben que las políticas estatales están limitando su capacidad de generar utilidades.

Los impactos laborales de la IED en Colombia en los últimos años no han sido muy positivos para los trabajadores. Según la Base de Datos de Multinacionales de la ENS, que contiene datos sobre las operaciones colombianas de 679 empresas transnacionales, estas compañías emplean aproximadamente 300 mil trabajadores directos. En las multinacionales registradas en esta base de datos, 22.573 trabajadores son sindicalizados, un equivalente a 7,6% de la fuerza laboral, cifra levemente más alta que la tasa de sindicalización nacional (actualmente 4,6%), pero muy por debajo de otros países latinoamericanos que son grandes receptores de IED, como Brasil, donde 23,58% de la población económicamente activa es sindicalizada. 6

Varios factores explican los bajos niveles de empleo y sindicalización en las filiales colombianas de las multinacionales: la concentración de IED en las industrias extractivas que utilizan poca mano de obra, la preeminencia de IED en los sectores de manufactura y servicios realizada a través de adquisiciones de empresas nacionales, en vez de la construcción de nuevas unidades de producción y prestación de servicios por parte de las multinacionales, y la utilización generalizada de trabajadores tercerizados, quienes son inhibidos por la ley y en la práctica de afiliar a organizaciones sindicales.

El caso de Bavaria (hoy filial de SAB Miller) ilustra claramente esta última tendencia. Antes de su compra por la multinacional surafricana, la empresa llevó a cabo una campaña de exterminio contra Sinaltrabavaria, el sindicato que representaba la mayoría de los trabajadores en aquel momento, a través de la imposición de un pacto colectivo, el cierre de siete fábricas, la cancelación de los registros sindicales de las seccionales de Sinaltrabavaria, y el despido colectivo de la totalidad de los trabajadores sindicalizados. Muchos de ellos fueron invitados a trabajar de nuevo en la empresa después de su despido, con la condición de que su vinculación sería a través de cooperativas de trabajo asociado, una forma de contratación que no permite el ejercicio del derecho a la asociación sindical.

Tristemente, no solo Bavaria ha sido culpable de este tipo de violaciones a los derechos laborales fundamentales. Otros ejemplos de filiales colombianas de multinacionales que sistemáticamente han eliminado los sindicatos que representaban sus empleados mientras promovieron la flexibilización de la mano de obra incluyen Avianca, Telecom, Dole Fresh Flowers, y Banco Santander.

Peor aún, varias multinacionales han colaborado con actores armados al margen de la ley para atropellar los sindicatos y garantizar la seguridad de sus operaciones. El caso emblemático de este fenómeno es la multinacional norteamericana Chiquita Brands, que fue sancionada en marzo de 2007 por financiar grupos paramilitares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad que operaban en el Urabá antioqueño, donde la empresa tuvo muchas inversiones en el sector bananero. 7 Otro ejemplo es la empresa minera estadounidense Drummond Mining, que actualmente tiene que responder a una demanda en las cortes norteamericanas por su complicidad en el asesinato de tres dirigentes del sindicato Sintraminergética por secuaces del líder paramilitar Jorge 40, en momentos cuando la organización sindical estaba en un conflicto laboral con la empresa. El juicio contra la empresa en las Cortes Federales de EU en Alabama comenzará el 14 de mayo de 2007. 8 Seguramente, habrá revelaciones adicionales sobre la conducta ilegal e inmoral de empresas multinacionales con presencia en Colombia con la realización de más investigaciones sobre la “para-política” en los próximos meses.

Obviamente, no todas las multinacionales en Colombia muestran un comportamiento que viola los derechos humanos y laborales fundamentales. Sin embargo, la mayoría de estas empresas tampoco aportan al desarrollo del país por las razones indicadas anteriormente.

C. La precarización de las condiciones de trabajo. El caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA

Las CTA, más que modalidades de propiedad cooperativa en la producción de bienes y servicios, se han constituido en formas preferenciales de enganche laboral de mano de obra de diferentes niveles de calificación para grandes unidades económicas a través de la tercerización, con un rápido crecimiento en el período 2000-2005 en el país.

Las estadísticas disponibles y las observaciones apoyadas en estudios de caso en los sectores azucarero, palma africana, floricultor, salud, servicios públicos, supermercados y confecciones, revelan un fenómeno complejo y diversificado en diferentes tipos de producción de bienes y servicios, mediante trabajadores calificados, semicalificados y no calificados.

El fenómeno de las CTA, en la medida en que carezcan de regulación e importantes controles, puede chocar con los intereses de otros países interesados en evitar una competencia con base en bajos costos laborales. Con el decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006, el gobierno colombiano reglamentó el funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, para responder los cuestionamientos que el uso de esta figura ha tenido. Sin embargo, a pesar de lo que se afirma, el decreto no logra cumplir sus propósitos, pues el abuso de estas cooperativas consiste principalmente en que son usadas por los empresarios para obtener trabajadores a los que no se les tiene que cumplir con sus derechos laborales.

En la medida en que las CTA han aparecido como una estrategia empresarial desde grandes unidades económicas (ingenios azucareros, explotaciones palmicultoras y floricultoras, organizaciones empresariales de salud, etc.), es un hecho el conflicto con el movimiento sindical. Los estudios de caso indican que las CTA afectan seriamente las organizaciones sindicales y su capacidad de respuesta. Pero no puede pensarse únicamente como forma de reducción de los costos laborales. Ciertamente su expansión también se sustenta como mecanismo de control y disciplina de la fuerza de trabajo, bajo el supuesto de que los trabajadores son ahora responsables de su propia empresa (la cooperativa).

Cooperativas de trabajo asociado 2000- 2005
AÑOS
COOPERATIVAS
ASOCIADOS
2000
732
55.496
2001
885
72.234
2002
1.331
116.684
2003
1.838
193.214
2004
1.968
283.091
2005
2.980
378.933
2005
3.296
452.000

A partir del año 2002 las CTA presentan un crecimiento desbordado en el conjunto del sector cooperativo del país. No se pueden dejar de lado aspectos de contexto para interpretar este interesante fenómeno: a) la relativa recuperación económica que se presenta en el país, después del período recesivo precedente, finales de la década del 90 y los años 2000 y 2001, la cual jalona esta modalidad de una manera más fuerte que al conjunto del sector cooperativo; b) la estrategia empresarial de las grandes unidades económicas industriales, agroindustriales, de distribución y de servicios especializados en el país, que lleva a una tercerización en el enganche laboral de buena parte de su fuerza de trabajo, fenómeno paulatino ya visible desde la década del 90, pero que se hace más claro a partir del año 2000, como parte de los resultados de aprendizaje de la crisis económica que enfrentan las empresas en la búsqueda de alternativas de racionalización en el uso de la fuerza de trabajo; c) a la vez en el plano político, el ambiente favorable de la administración Uribe a procesos de tercerización desde las grandes empresas, reflejado tal vez en un relajamiento de los controles sobre la creación de las CTA, por lo menos en una primera etapa (2002-2004), hasta que hace crisis su rápido crecimiento; d) igualmente, las CTA han formado parte de mecanismos de clientelas políticas en algunos tipos de servicios públicos, como es el caso de la recolección de basuras (Cali), sector salud, etc.

D. La muerte en el trabajo

Las estadísticas no mienten, según informes oficiales del Ministerio de la protección social, los casos y las tasas de muertes en el trabajo han aumentado después de la aparición de la ley 100 y de la configuración del sistema general de riesgos profesionales (SGRP). El promedio anual de muertes en el trabajo en el periodo 1994- 2006 es de 868 (tasa de 15,88 x 100.000), es decir, casi tres trabajadores por día, y ocurren unos 688.536 9 accidentes relacionados con el trabajo (2006), 1.892 accidentes diarios a razón de 1,31 heridos o accidentados por minuto, 2.935 de nuestros hombres y mujeres se enferman irremediablemente por su labor y eso, en todo caso, con un subregistro reconocido por el propio Ministerio.

En Colombia en 2006 ocurrieron 895 muertes laborales reportadas por los trabajadores afiliados a una ARP (administradora de riesgos profesionales) pero tan solo fueron calificadas como profesionales 654, es decir, más del 27% de las muertes no son valoradas como tales, configurándose otra gran elusión y evasión de la responsabilidad del reconocimiento de los derechos al estar asegurados en dicho sistema de seguridad social.

Gráfico No. 1
Fuente: Ministerio de la Protección Social.

En panorama del cumplimiento de uno de los principios más reconocidos del derecho a la salud en el trabajo, como es la universalidad del sistema y cuyo indicador más tradicional es la cobertura, es igualmente desalentador, pues tan solo se encuentran cubiertos por el SGRP, 5.637.676 trabajadores (as) de 17.609.014 de población ocupada (PO). Es decir, por cada 100 personas que trabajan, 32 están afiliados a riesgos profesionales, 40 cotizan a salud y 26,29 lo hacen a pensiones. Esta situación tiene que ver con el alto nivel de informalidad y precarización con que trabaja la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, con la cultura de la evasión y de la elusión en que incurre una parte muy importante del empresariado y que supera el 36%, y con la ausencia del Estado respecto de las funciones de inspección del trabajo que debe cumplir.

Principales indicadores de Salud y Trabajo en Colombia
1994
1995
2002
2003
2004
2005
2006
Muertes
357
370
697
865
860
852
895
Tasa x100.000
9.85
10.14
16.73
18.80
17.73
16.70
15.87
Accidentes ocurridos (calificados + presuntos)
a
a
a
559.248
540.493
590.551
688.536
Enfermedades profesionales calificadas
1.215
1.042
920
1.121
1.105
1.909
2.935
Afiliados
3.622.402
3.650.061
4.164.975
4.602.468
4.849.754
5.104.050
5.637.676

E. La inexistente inspección del trabajo

Aunque el Estado colombiano ratificó los convenios 81 de 1947 y 129 de 1969, relativos a la inspección del trabajo en la industria, el comercio y la agricultura, excluyó de su aplicación la inspección relativa a la actividad del comercio, justamente una de las actividades con mayores problemas en la aplicación de los derechos del trabajo (el 54,15% de las personas vinculadas a esta actividad devengan menos de un salario mínimo).

Estos convenios comprometen al Estado para que el número de inspectores del trabajo sea el suficiente, a fin de garantizar el desempeño efectivo de sus funciones. Según lo informa el Ministerio de la Protección Social, “para realizar la función de inspección, vigilancia y control del trabajo (en 1094 municipios y 4 distritos), el ministerio cuenta con dos niveles de gestión: el central y el territorial, compuesto por 32 Direcciones Territoriales en las capitales de departamento, 2 oficinas especiales y 112 sedes de las Inspecciones del Trabajo con jurisdicción sobre la totalidad de los municipios a las que se les ha asignado 273 inspectores para operar un sistema de prevención, inspección, vigilancia y control de trabajo” 10.

La consecuencia de tan exiguo número de inspectores del trabajo ha sido que, en la práctica, no exista la labor de inspección que tiene la obligación de realizar el Estado, que consiste “en entrar libremente y sin previa notificación en todo establecimiento sujeto a inspección”; “proceder a cualquier prueba, investigación o examen que considere necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente”; “exigir la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar, a fin de comprobar que están de conformidad con las disposiciones legales” 11.

II. EN LO SINDICAL

A. La afiliación sindical
AÑOS
1947
1965
1974
1984
1996
2002
2005
AFILIADOS
165.595
700.000
835.200
873.442
876.005
853.944
831,047
TASA DE SINDICALIZACION
4.7
13.4
12.5
9.3
6.0
4.93
4.60

B. La negociación colectiva

Evolución del número de convenios colectivos de trabajo y de su cobertura 1994 – 2007
AÑO
CONVENCIONES COLECTIVAS
PACTOS COLECTIVOS
CONTRATO SINDICAL
TOTAL CONVENIOS
TOTAL COBERTURA
1994
496
321
a
817
196.241
1995
517
307
a
824
230.472
1996
507
334
4
845
258.713
1997
376
257
1
634
203.928
1998
502
252
1
755
125.386
1999
207
172
a
379
108.744
2000
496
153
4
653
186.963
2001
328
149
6
483
115.153
2002
492
204
4
700
176.774
2003
173
110
1
284
72.244
2004
434
192
2
628
134.244
2005
200
160
a
360
80.520
2006
137
70
3
210
47.280
2007*
15
30
4
49
11.339**
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
*Datos a febrero 20 de 2007.
**No se incluyen tribunales de arbitramento (Laudos), ni algunos acuerdos logrados por empleados públicos.

Entre 1994 y 2000 se estaban negociando en Colombia un promedio de 701 convenios colectivos de trabajo por año, que beneficiaban en promedio a 187.206 trabajadores por año.

Entre 2001 y 2006 el número promedio de convenios negociados baja a 444, es decir, una caída del 63% y baja también el promedio de trabajadores beneficiados a 104.369, una disminución del 56%.

Estos datos significan que tan solo el 0,7 % de la Población Ocupada negocia sus condiciones de trabajo. Y que solo el 14,8% del total de los trabajadores sindicalizados realiza una negociación colectiva de trabajo.

C. La dinámica sindical

A pesar de la baja tasa de sindicalización y de todos los obstáculos jurídicos y materiales para el ejercicio de las libertades sindicales en Colombia, en los dos últimos años la dinámica sindical expresada en huelgas, paros, protestas fue importante:

En 2005 un total de 101 actividades, 63 de ellas (56.8%) fueron realizadas por trabajadores estatales.

En 2006 de un total de 83 actividades, 53 de ellas (60.9%) fueron realizadas por trabajadores estatales.

En lo transcurrido de 2007, de 32 actividades reportadas, 22 de ellas (68.8%) fueron realizadas por trabajadores estatales.

Un hecho significativo es el decrecimiento de las huelgas que en las décadas de los 70 y 80 fueron una de las formas más recurrentes de la actividad sindical y en lo transcurrido del año 2007 no se ha presentado ninguna. Si se considera el periodo mayo-abril de 2005 a 2006 hubo 8, y del mismo periodo de 2006 a 2007 solo se presentaron 2.

D. El registro sindical

Según datos del Ministerio de la Protección Social en el año 2005 no fueron autorizadas en el registro sindical:

  • De 185 solicitudes presentadas para el registro de nuevas organizaciones sindicales, 71 solicitudes fueron negadas
  • De 1.377 solicitudes de registro de juntas directivas de organizaciones sindicales, 185 solicitudes fueron negadas.
  • De 711 solicitudes de registro de subdirectivas, 115 solicitudes fueron negadas.
  • De 123 solicitudes de registro de comités seccionales, 17 fueron negadas.
  • De 36 solicitudes de registro de comités ejecutivos de federaciones, 9 solicitudes fueron negadas.
  • De 104 solicitudes de registro de estatutos, 38 solicitudes fueron negadas.
  • De 249 solicitudes de registro de reformas de estatutos de organizaciones sociales, 163 fueron negadas.

Estos datos muestran la cantidad de obstáculos que encuentran las organizaciones sindicales para su creación y funcionamiento, y la inseguridad jurídica que genera el Ministerio de la Protección Social, que deja desprotegidos con sus actos a un número muy importante de ciudadanos que en ejercicio de su derecho a la libertad sindical, intentan pertenecer y organizar sindicatos en Colombia.

E. Violencia sistemática contra el sindicalismo colombiano (1991 – 2006)

En Colombia, el sindicalismo es víctima de una violencia sistemática, lo que se corrobora al evidenciar que la larga tradición de violaciones a los derechos humanos no se explica bajo un contexto o época determinada, y mucho menos se trata de un resultado específico del conflicto interno armado colombiano.

La crisis humanitaria del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del problema. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la asociación sindical, y el país real donde se violan permanentemente los derechos de los sindicalistas.

La mayoría de las violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia se encuentran ligadas a conflictos laborales (paros, huelgas, negociaciones colectivas y creación de sindicatos). Aunque ellas ocurran en el contexto de la guerra y sean cometidas, en la mayoría de los casos, por alguno de los actores de la guerra, es necesario considerar que en Colombia, la guerra y los actores armados funcionan como procesos o instituciones paralelas e ilegales de regulación del conflicto laboral colombiano.

Por ello, la violencia contra los sindicalistas se inscribe como una acción deliberada, estratégica y sistemática que obedece a un interés específico que busca anular las acciones sindicales de reivindicación y defensa de los derechos laborales. Estas consideraciones evidencian que las violaciones se han realizado en momentos marcados por el aumento de las reivindicaciones laborales y no como razón o consecuencia del conflicto armado, de ahí que los y las sindicalistas no aparecen como víctimas casuales o colaterales del conflicto armado.

Entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2006, según datos del Banco de Datos de la ENS (Escuela Nacional Sindical) se han registrado 8.105 casos de violaciones a la vida, integridad física y la libertad personal de trabajadores afiliados a sindicatos en Colombia, discriminadas así: 2.245 homicidios, 3.400 amenazas, 1.292 casos de desplazamiento, 399 detenciones arbitrarias, 206 hostigamientos,192 atentados, 159 secuestros, 138 desapariciones, 37 casos de tortura y 34 allanamientos ilegales. (Ver cuadro anexo).

En los 16 años comprendidos entre 1991 y 2006 han sido asesinados en Colombia 2.245 trabajadores y trabajadoras sindicalizados. En términos generales es posible afirmar que el promedio anual de asesinatos es de 140.

Total de sindicalistas asesinados 1991-2006
Año
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
Total
83
135
196
104
237
275
182
101
80
137
197
186
94
96
70
72
2245

Para los años 1986 a 1990 la información de la que disponemos, pues falta rastrear aún muchas fuentes, tenemos las siguientes cifras de asesinatos de sindicalistas:

Año
1986
1987
1988
1989
1990
Total
Número de homicidios
37
67
78
50
38
270

Lo que nos daría una cifra de 2.515 sindicalistas asesinados desde 1986, año de fundación de la CUT. En términos generales, el promedio anual de se asesinatos de sindicalistas en los últimos 21 años ha sido de 120.

El 22% de los asesinatos en el periodo 1986-2006, se han cometido contra dirigentes sindicales pertenecientes a juntas directivas de las organizaciones sindicales, es decir, 484 dirigentes asesinados, lo que equivale a un promedio anual de 32 asesinatos.

Los grupos paramilitares aparecen presumiblemente responsables de 276 asesinatos, lo que equivale al 12.7%, los grupos guerrilleros de 140, es decir el 6.4%, a los grupos estatales se les atribuyen 19 casos, el 0.8%. En el 39.2%, es decir, en 875 casos no se posee ninguna información, y en el 40,2% no se identifica el grupo responsable. De los 446 casos que se posee información sobre la presunción de responsabilidad, los grupos paramilitares aparecen como responsables del 62%, las guerrillas del 31.3%, las fuerzas armadas del 4.2% y la delincuencia común del 2.4%.

En 1996 se registró la mayor cifra de homicidios en los 16 años, un récord de 275 asesinatos. Le siguen los años 1995 con 237 asesinatos, 2001 con 196 y 2002 con 186 asesinatos registrados.

El año 2005 registra la menor cifra de asesinatos en los 16 años estudiados, con 70 sindicalistas asesinados. Le siguen 2006 con 72 asesinatos, 1999 con 80 casos registrados y 1991 con 83 casos de asesinatos.

Homicidios contra sindicalistas en el departamento de Antioquia 1991-2006
Año 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 04 05 03 06
Total
Homicidios 31 72 179 41 197 209 97 36 34 51 44 47 12 11 4 10
1075

Los sindicalistas del sector de la educación han sido los más afectados por los homicidios, con el asesinato de 825 sindicalistas, le siguen de cerca los sindicalistas del sector de la agricultura con 790 asesinatos, y luego los sindicalistas del sector de minas y canteras con 97 asesinatos, los sindicalistas de la industria manufacturera con 92 asesinatos, los del sector de la electricidad con 85 asesinatos, los sindicalistas del sector oficial con 53 asesinatos y los del sector de la salud, con 52 sindicalistas asesinados.

F. Violaciones a la vida, la integridad física y la libertad personal de los sindicalistas durante 2006
TIPO DE VIOLACIÓN
NUMERO CASOS
PORCENTAJES
Allanamientos ilegales
2
0,5
Amenazas
244
63,9
Atentados con o sin lesiones
5
1,3
Desapariciones forzadas
5
1,3
Desplazamientos forzados
7
1,8
Detenciones arbitrarias
16
4,2
Homicidios
72
18,8
Hostigamientos
22
5,8
Secuestros
5
1,3
Torturas
4
1,0
TOTAL
382
100
Fuente: Escuela Nacional Sindical

Al igual que en años anteriores, el año 2006 se caracterizó en términos generales por:

  • a. La estigmatización y la sistemática persecución de la actividad sindical, que aumentó en sectores como la educación, la salud, actividades sociales y comunales, agropecuarias, manufacturera, minas y canteras y servicios públicos domiciliarios.
  • b. La persistencia en los niveles de amenazas, homicidios, hostigamientos y detenciones arbitrarias en todo el país, especialmente en regiones como Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Nariño, Cundinamarca y Cesar, con situaciones como el alarmante ascenso de más de un 300% de violaciones en el último año, para el caso de estos dos últimos departamentos.
  • c. El alto número de homicidios y amenazas contra mujeres sindicalistas en el país, y el incremento de este tipo de violaciones en el caso de los hombres.
  • d. El alto número de violaciones contra las y los trabajadores de base sindical y contra líderes y asesores sindicales.
  • e. La alta concentración en la autoría de estas violaciones, por parte de grupos paramilitares y agentes estatales, así como el incremento de violaciones de autoría de grupos guerrilleros.
  • f. El alto porcentaje de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas de organizaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, que equivale al 92,67% del total de registros obtenidos durante 2006, según la base de datos de la ENS.
  • g. El alto nivel de violación de derechos humanos en 2006, contra trabajadores de organizaciones sindicales como las del magisterio, de los alimentos y la salud, entre las que se encuentran organizaciones como ADIDA, ANTHOC, SINALTRAINAL, SINTRAPURINA y el sindicato de Trabajadores del Magisterio de Nariño.

El descenso en 2006 del 14% en el número de violaciones a los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores sindicalizados con respecto al año 2005 se explica por:

  • a. El descenso en el número de registros de detenciones arbitrarias y amenazas, contrario al aumento en los registros de homicidios.
  • b. El temor en muchos casos de las víctimas a hacer visible en el tiempo su situación, por falta de garantías de protección.
  • c. Igualmente llama la atención la diferencia en las cifras existentes, entre organizaciones sociales y organismos estatales para los cuales, por ejemplo, las cifras de violaciones a la vida, libertad e integridad de maestros, generalmente no se registra como violencia antisindical, bajo la hipótesis de que obedecen a otros tipos de violencia social.

G. El debate público sobre las cifras

El Presidente Uribe sigue negando la dimensión de los asesinatos de sindicalistas colombianos e insiste en presentar informes que disminuyen significativamente la dimensión de este grave problema nacional. En la rueda de prensa que concedió el pasado jueves 19 de abril, afirmó que en 2006 fueron asesinados “tan solo” 25 sindicalistas y en lo que va corrido de 2007 uno solo. Las cifras de la ENS señalan que en 2006 fueron asesinados 72 sindicalistas y en lo que va corrido del año 2007, han sido asesinados nueve.

¿Qué pasa entonces con los otros 55 sindicalistas que según el Banco de datos de DDHH de la Escuela Nacional sindical fueron asesinados?

La respuesta es fácil darla, para el gobierno este tema es central para “su imagen internacional” y por ello manipula las cifras mostrándolas inferiores a la realidad. Para hacerlo sustrae a los maestros y los presenta como otra categoría de víctimas y para justificarlo afirma que los maestros son asesinados en Colombia por razones distintas a las sindicales, y también excluye campesinos organizados en sindicatos. Esta operación fue exitosa durante tres años, sin embargo, el año pasado el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos en su informe sobre derechos humanos, recoge las cifras de la ENS y las contrasta con las del gobierno colombiano.

Esta maniobra devela la perversidad del asunto, oculta que en Colombia cerca del 30% de los sindicalizados son maestros, y que estos se caracterizan por su gran dinámica sindical, social y política, de manera permanente exigen sus derechos y cuestionan las políticas sociales y económicas, que lesionan a los trabajadores colombianos, pero además en todo el territorio nacional se encuentran vinculados a dinámicas de participación política, y que en los más de 900 pequeños municipios colombianos son líderes sociales y políticos de trascendencia, ello explica la elección de cuatro senadores apoyados por los sindicatos de maestros.

En 21 años (1986 a 2006) han sido asesinados en Colombia 2.515 personas afiliadas a organizaciones sindicales. Esta cifra sin más explicaciones es un genocidio, no puede soslayarse con afirmaciones como que en Colombia ya no se asesinan sindicalistas, la realidad es que han sido asesinados 2.515 y los siguen asesinando, basta mirar las estadísticas 2002: 186 (94 de ellos educadores), 2003: 94 (49 de ellos educadores), 2004: 96 (46 de ellos educadores), 2005: 70 (44 de ellos educadores), y 2006:72 (35 de ellos educadores). Esta es la realidad de violencia antisindical en Colombia, y no la que insistentemente presenta el Presidente.

Notas:
1 Proexport Colombia, Reporte de Inversion Extranjera Directa 2006, Bogota, 2007, p.2.
2 Proexport Colombia, Informe de tendencias: Reporte de inversión extranjera 2005, Bogota, 2006, pp. 1-6.
3 CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2005, Santiago de Chile, 2006, pp. 6-7.
4 Proexport Colombia, Reporte de Inversión Extranjera Directa 2006, p. 3.
5 Ramírez Madrid, Margarita, 2006, “Sectores económicos: Estructura económica y laboral”, en Observatorio de los derechos del trabajo, numero 8, Medellín, Agosto 2006, p. 70.
6 CUT Brasil, Congreso de la CUT, http://www.unesco.org.uy/shs/docspdf/correosindical/CSLAtematico8.pdf.
7 “Fiscal advierte tras caso Chiquita,” BBC World, 19 de Marzo, 2007, http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6468000/6468481.stm.
8 “Drummond Lobbied State Department,” Associated Press, 17 de Marzo, 2007, http://www.minesandcommunities.org/Action/press1417.htm.
9 Ministerio de la Protección Social. Fondo de Riesgos Profesionales: www.minproteccionsocial.gov.co
10 Ministerio de la Protección Social. Informe de actividades 2005-2006. Julio de 2006, Pág. 106.
11 Convenio 81, artículo 12.
El presente artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía y se edita en Rebanadas por gentileza de Manuel Ángel Tellez González, Vicepresidente de la CUT Bogota, Cundinamarca.