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ESCUELA NACIONAL SINDICAL (ENS) - COLOMBIA

Audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre la situación sindical colombiana

Crónica de lo ocurrido esta mañana en la audiencia del Congreso de Estados Unidos, donde el Comité de Eduación y Trabajo de la Cámara de Representantes examinó la situación de violencia antisindical y las libertades sindicales en Colombia.

Artículos de la ENS editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - ENS, Medellín, 12/02/09.-

  • La ENS presentó un informe técnico sobre la situación
  • Hablaron hija de sindicalista asesinado y el juez que llevó el proceso
  • En la sala también estuvo la embajadora Carolina Barco
  • Las conclusiones de la audiencia tendrán efecto en el debate sobre TLC

Se cumplió esta mañana en Washington la audiencia especial del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la cual se examinó la situación de Colombia en el tema de la violencia antisindical y las libertades sindicales.

El primero en tomar la palabra fue Luciano Sanín Vásquez, director de la Escuela Nacional Sindical, institución que históricamente ha hecho la observación y llevado el registro estadístico de la situación de los derechos laborales y la violencia contra sindicalistas en Colombia, y en tal condición presentó el informe. Luego siguió en turno Jessica Hoyos Morales, hija de Darío Hoyos, dirigente sindical asesinado; y a continuación el ex juez José Emilio Sánchez, a quien le correspondió adelantar el proceso judicial por el asesinato de Darío Hoyos.

Aparte de los miembros del Comité de Ecuación y Trabajo de la cámara legislativa, entre las personalidades presentes en la audiencia estuvieron la señora Carolina Barco, embajadora de Colombia en Estados Unidos, y José Miguel Vivanco, director de la Human Right Watch para América.

La audiencia se inició pasadas las diez de la mañana, momento en que George Millar, presidente del Comité de Educación y Trabajo, dio la palabra a Luciano Sanín.

Un panorama nada alentador

Luciano Sanín presentó un informe nada alentador en el tema de violencia antisindical, impunidad y situación de las libertades sindicales en Colombia. Fue un resumen del documento de 11 páginas que dejó consignado en la relatoría de la audiencia.

Entre los datos más relevantes que mencionó el señor Sanín, están los siguientes:

En los últimos 23 años se registraron en Colombia 9.911 hechos de violencia, que incluyen 2.694 sindicalistas asesinados (482 en lo que va del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez). Lo que le da a nuestro país un triste récord mundial: el 60% de los homicidios de sindicalistas en el planeta, ocurren en un solo país: Colombia, considerando incluso a países donde existen férreas dictaduras. En el 2008 hubo 49 asesinatos, 10 más que los registrados en el 2007.

El director de la ENS se refirió también al tema de la impunidad: de los 2.694 homicidios apenas 1.104 han sido investigados, o sea que el 60% no lo ha sido. Y apenas en 90 casos ha habido sentencia condenatoria, pero sólo de autores materiales, no de los intelectuales. A ese ritmo de "eficiencia", se necesitarían 37 años para fallar en sentencia todos los crímenes que en más de dos décadas se han cometido en Colombia, y eso en el supuesto de que no se cometan más de aquí en adelante.

Todo lo anterior, según Luciano Sanín, contradice los argumentos del Gobierno Nacional cuando afirma que la violencia contra sindicalistas y la impunidad han sido superadas. Insistió además en que, ante la rampante impunidad, la metodología para investigar los hechos debe cambiarse, ajustarse a la realidad. "El método de la Fiscalía es de caso por caso, y no permite ver en su conjunto el panorama de la violencia antisindical, a fin de dar con los autores materiales e intelectuales de los crímenes, pero también desentrañar las razones y los beneficiarios de los mismos", acotó Sanín.

En cuanto al tema de las libertades sindicales, señaló que el Gobierno colombiano no cumple con los estándares de la OIT, y dio datos como estos: de los 18 millones de trabajadores que hay en Colombia, menos de 3 millones tienen contrato laboral con empresas, y por tanto -la ley lo estipula así- son los únicos que pueden afiliarse a sindicatos. Y de estos, menos de un millón están efectivamente afiliados. Pero además están las trabas para formar sindicatos: en 2007 el Ministerio de Protección Social negó el registro a 253 sindicatos.

Y por último se refirió a las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), que de hecho han introducido un nuevo modelo de relación laboral, que ignora las recomendaciones que con respecto a este tipo de cooperativismo ha hecho la OIT; un modelo basado en empleos precarios y de bajo costo, y sin derechos laborales ni sindicales, lo cual constituye una situación insostenible. Son seudocooperativas que los empresarios, y el mismo Estado, están utilizando para precarizar el empleo en Colombia y evitar la consolidación de los sindicatos.

Relato conmovedor

Luego el turno Fue para Jessica Hoyos Morales, hija de Jorge Darío Hoyos Franco, dirigente sindical asesinado en 2001, hecho en el que tuvo que ver por lo menos un miembro de la policía. Fue un relato que por su crudeza y su naturaleza misma conmovió a los presentes en la audiencia.

De su padre, Jessica dijo que era un ser soñador, alegre, tierno y solidario; un hombre que fustigaba la injusticia social y la miseria, y luchaba con fe y convencimiento por la causa sindical, no en provecho propio sino de los trabajadores. Así fue como logró ser reconocido en el mundo sindical y llegó a la Organización Nacional Agraria y a la dirección de la Federación Internacional de Mineros.

Jessica hizo un breve recuento del proceso judicial que se siguió en el caso de su padre, y la lucha que su familia ha dado para que se haga plena justicia. En el 2003 los sicarios que actuaron como autores materiales fueron condenados 23 años de cárcel. Pero con ello no se superó la impunidad, porque otro de los autores vinculados al crimen, el agente de policía Monroy, vino a ser condenado a 40 años apenas en agosto de 2007, fecha en que Monroy ya no existía: había muerto un año atrás, sin que la Fiscalía se hubiera dado cuenta de ese detalle. Es decir, se condenó a un muerto.

Además, hasta agosto de 2008 la Fiscalía sostuvo la hipótesis de que el crimen de Darío Hoyos se debió a problemas pasionales y no a su condición de dirigente sindical. Por la presión internacional la Fiscalía finalmente tuvo que corregir esa hipótesis.

"He perdonado a los asesinos materiales -dijo en su intervención Jessica- pero es necesario investigar sobre los autores intelectuales, que deben ser condenados". Y agregó: "Los asesinatos de sindicalistas en Colombia es resultado de políticas gubernamentales, que incluye a miembros del ejército y la policías".

Habla el Juez

Hacia las once de la mañana, el turno de intervención fue para José Emilio Sánchez, quien fue juez especializado del circuito hasta finales de 2007, y quien en el ejercicio de sus funciones le tocó llevar varios procesos de asesinatos de sindicalistas, entre ellos el de Darío Hoyos, que fue el que concitó el interés principal de los congresistas estadounideneses en la audiencia de esta mañana.

El juez fue particularmente crítico del sistema judicial colombiano en el caso de las investigaciones por casos de violencia antisindical. Denunció como una constante en estos procesos las equivocadas calificaciones de los casos y el desvío de las investigaciones a fin de eludir el juzgamiento de los actores intelectuales de los crímenes.

Se refirió al caso específico del homicidio de Darío Morales, caso por el cual llegaron a pesar amenazas sobre él y sus familiares. Dijo que al condenar al agente Monroy, que ya había muerto un año atrás sin que la fiscalía se hubiera dado cuenta, a pesar de que tenía orden de captura, se desperdiciaron recursos físicos y humanos que pudieron invertirse en la solución de otros casos.

También mencionó otros casos en los que fue juez de proceso, como el que se le siguió en el departamento de Arauca a 4 militares por la autoría material del asesinato de tres sindicalistas. Pero quedaron por fuera del proceso otros oficiales de la cadena de mando, quienes nunca fueron llamados a explicar su comportamiento, como el coronel Luis Francisco Medina y dos capitanes, a quienes la Procuraduría destituyó e inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 20 años. Y mencionó el caso de los dos autores materiales del crimen de Luciano Romero y otros sindicalistas de Nestlé-Cicolac, condenados a 40 años prisión.

Y finalmente el juez se refirió al caso de Juan Carlos Ramírez, guarda del INPEC asesinado frente a señora madre por miembros de las AUC, caso en el cual, según él, la Fiscalía dejó de investigar a los autores intelectuales y precluyó el proceso contra un sargento que aparecía claramente implicado en el crimen.

"Yo estoy aquí porque, entregando esta declaración, porque me duele que todo esto le sucede en la comunidad sindical de Colombia, personas valientes que luchan por una causa justa", dijo al final el juez Sánchez.

Conclusiones

Luego de la intervención de los tres representantes colombianos, tomaron la palabra varios congresistas, quienes comentaron las denuncias y el panorama general de la situación antisindical en Colombia, unos en términos más duros que otros.

Y al final Goerge Miller, presidente de la célula congresional que citó a la audiencia, y a manera de conclusión, llamó la atención en tres aspectos:

Colombia debe fortalecer el sistema judicial para garantizar que se den sentencias sobre autores intelectuales de los crímenes, y no sólo los materiales.

El Gobierno colombiano debe tomar acciones para garantizar estándares mínimos de protección de los derechos laborales y la libertad sindical.

El comité tiene 40 días para agregar más información al expediente sobre la situación laboral y sindical en Colombia, el cual será entregado al Congreso de Estados Unidos en el contexto de las deliberaciones en torno a la aprobación del TLC con nuestro país.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Héctor Vásquez Fernández, de la Escuela Nacional Sindical.