Derechos humanos y sindicales en América Latina y el Caribe: importancia de la dimensión social para el proceso de integración regional

Carlos Gaitán, Secretario General de la FLATIC; Coordinador de la Acción Sectorial Latinoamericana CLAT-CMT y Vicepresidente de la FMTI.

Rebanadas de Realidad - Nueva Época, Buenos Aires, 04/12/05.- Es algo demasiado conocido, por desgracia, el agravamiento de las violaciones de los derechos humanos y sindicales que se ha dado en América Latina, a partir de la aplicación de las políticas de ajuste estructural impuestas por el modelo globalizador que impera en el mundo desde hace dos décadas. No está de más, sin embargo, y por aquello de que no se pueden divorciar los derechos de la conciencia de los mismos, el efectuar una revisión y tratar de percibir el estado de la cuestión en la actualidad.

Sabemos que la proclamación de los derechos humanos, puesta en perspectiva, constituye un fenómeno relativamente reciente en la historia humana. En efecto, si bien se trata de un proceso que comienza ya a fines del siglo XVIII, va a ser recién después del segundo gran enfrentamiento bélico del siglo XX cuando las Naciones Unidas creadas como su consecuencia, van a proclamarlos en forma, ahora sí, universal. Fue el 10 de diciembre de 1948, y permítanme destacar lo que afirma en su Preámbulo, en relación al "reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana", como condición para lograr "la libertad, la justicia y la paz en el mundo".

Asimismo, en tres de los artículos de dicha declaración liminar, se mencionan el derecho a la seguridad social y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (art. 22), así como el derecho al trabajo, a igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa que asegure al trabajador y su familia una existencia conforme con la dignidad humana y a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses (art. 23), todo lo cual desemboca en el art. 24 con la mención del derecho al descanso, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

En el ámbito internacional, por otra parte, el desarrollo de los derechos humanos ha conocido desde entonces nuevos horizontes. Además de los mecanismos orientados a establecer sistemas generales de protección, han aparecido otros destinados a proteger ciertas categorías de personas -mujeres, niños, trabajadores, refugiados, discapacitados, etc.- o ciertas ofensas singularmente graves contra los derechos humanos, como el genocidio, la discriminación racial, el apartheid, la tortura o la trata de personas. Más aún en el campo internacional se ha gestado lo que ya se conoce como "tercera generación" de Derechos Humanos, que son los llamados derechos colectivos de la humanidad entera, como el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz.

Es interesante al respecto señalar, de todas formas, el lugar que le cabe al poder público en la puesta en vigencia de estos derechos. Al decir de un especialista (1):

Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. El es el responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, por otro lado, en sentido estricto, solo él puede violarlos (…) La nota característica de las violaciones a los derechos humanos es que ellas se cometen desde el poder público o gracias a los medios que éste pone a disposición de quienes lo ejercen. No todo abuso contra una persona ni toda forma de violencia social son técnicamente atentados contra los derechos humanos. Pueden ser crímenes, incluso gravísimos, pero si es la mera obra de particulares no será una violación de los derechos humanos. La responsabilidad por la efectiva vigencia de los derechos humanos incumbe exclusivamente al Estado, entre cuyas funciones primordiales está la prevención y la punición de toda clase de otros delitos.

Aunque se suele reconocer una diferencia entre los derechos civiles y políticos -inmediatamente exigibles, por constituir una obligación de resultado- y los económicos, sociales y culturales, que "son exigibles en la medida en que el Estado disponga de recursos para satisfacerlos", -obligación de comportamiento-, es importante destacar que, como también lo afirma el Dr. Nikken,

...hay algunos derechos económicos y sociales que son también libertades públicas, como la mayor parte de los derechos sindicales o la libertad de enseñanza. En estos casos el deber de respeto y garantía de los mismos por parte del poder público es idéntico al que existe respecto de los derechos civiles y políticos.

No parece que éste sea un detalle menor: los derechos sindicales, que hacen a la posibilidad de cumplimiento de las más básicas necesidades de la vida, tiene características de exigibilidad del mismo orden que los derechos humanos denominados "de primera generación". Es por ello que asombra comprobar cuán lejos estamos, en algunos países, de haber logrado su plena vigencia. Comenzando por las cuestiones más mínimas, como es la de la ratificación de los Convenios de la OIT (ya no digamos de su implementación) por parte de algunos Estados que se ven a sí mismos como "modelo de humanidad" (2). Nos referimos, específicamente, a los casos de Estados Unidos y Canadá, que sin embargo ocupan las primeras posiciones en el ranking de Desarrollo Humano elaborado anualmente por el PNUD, lo cual, evidentemente, constituye una contradicción.

En efecto: ¿qué explicación puede tener que el 92% de las empresas, en el primero de dichos países, utilice prácticas para impedir que los trabajadores se organicen para pugnar por su dignidad humana? ¿Cómo se puede comprender que una de las mayores empresas del mundo, Wal Mart, haya "...declarado sistemáticamente que no negociará con ningún sindicato y en repetidas ocasiones ha tomado medidas drásticas para evitar que los trabajadores/as se organicen en todas las tiendas norteamericanas?" (3) De hecho, han sido tan escandalosas las prácticas antisindicales de esta empresa que acaba de realizarse un film denominado, precisamente, "Los altos costos de los precios bajos", para ver de hacer tomar conciencia a los consumidores acerca de las consecuencias que tienen sus opciones de compra en el nivel de sobrevivencia de muchos trabajadores, tanto de ese país como del resto del mundo en donde dicha empresa actúa.

Y el asombro se hace mayor aún, al tomar conocimiento de que, como lo afirma el Informe Anual 2004 de la CIOSL

Existe en los Estados Unidos todo un sector completo de consultores, asesores y abogados cuyo único propósito es suprimir la libertad de sindicación y de negociación colectiva de los trabajadores/as. Cuando se inician campañas de sindicalización, alrededor del 75% de los empleadores contratan este tipo de asesores para llevar a cabo campañas antisindicales basadas a menudo en la psicología de masas y en la distorsión de la ley.

En el mismo sentido, K. Maher describe cómo se da ese accionar, a través del testimonio de un alto ejecutivo de una de esas empresas consultoras:

Scott Carmichael, vicepresidente de la firma de consultoría Labor Relations Institute Inc. dice tener "...más oportunidades para vender nuestros servicios". En este momento trabaja con 12 empleadores y asegura que suele asesorar a unas 100 compañías al año, ganando nueve de cada 10 campañas en contra de los sindicatos. Carmichael, como muchos consultores, típicamente se queda en segundo plano durante las campañas de organización de sindicatos, trabajando con la gerencia y los supervisores para discutir la estrategia. Para los encuentros cara a cara con los trabajadores reclutan a antiguos miembros de sindicatos u otros consultores independientes, como Perovic, a los que se les llama "persuasores". (4)

Es, evidentemente, el "turbocapitalismo" del que habla Lutwak, y que nos remonta a situaciones más propias de mediados del siglo XIX que en muchos casos se creían superadas. Al sur del Río Grande, por otro lado, si bien hay una mayor proporción de ratificaciones de los convenios de la OIT, no por ello dejan de constatarse violaciones serias a los derechos humanos y sindicales. Haremos una breve enumeración de algunas de ellas, pues se trata de hechos suficiente y tristemente conocidos:

• En Argentina, hay 1,5 millones de menores de quince años que desempeñan alguna tarea para sobrevivir o ayudar a sus familias, habiendo aumentado en gran proporción en los últimos años, puesto que en 1998 esa cifra se estimaba en 250.000.

• En República Dominicana, unos 436.000 menores entre 5 y 17 años son explotados laboralmente, según denunció la representante de un programa especializado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• La violencia de género, por otra parte, se hace presente en forma constante en los lugares de trabajo, tal como fuera denunciado recientemente por CLADEHLT para el caso de Guatemala.

• Aproximadamente 1 millón 320 mil personas son víctimas de trabajos forzados en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe "Una Alianza Global contra el Trabajo Esclavo", de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), divulgado en mayo 2005. En todo el mundo, según números indicados por el documento, los trabajadores esclavos suman 12,3 millones de personas, de los cuales entre el 40% y el 50% son niños.

• Hace poco más de quince días, el 17 de noviembre, dos dirigentes sindicales -Arlen Salas David, de Colombia, y Pedro Laurindo da Silva, de Brasil- fueron asesinados, por perseguir objetivos de justicia social para sus compañeros.

• En Chile, la comisión investigadora sobre reforma laboral de la Cámara de Diputados expresó que "mientras el país ha tenido altas tasas de crecimiento con resultados cada vez más favorables para las grandes empresas, los trabajadores se encuentran sistemáticamente al margen de los beneficios y con crecientes precariedades en su estabilidad laboral (con) numerosos casos de ocultamiento de la identidad del empleador a través de aparentes figuras de tercerización".

• En Costa Rica, según informe de nuestros compañeros en ese país, "los trabajadores cuando acuden a los estrados judiciales en reclamo de sus derecho laborales, encuentran dificultades y muchas veces cuando hay fallo favorable, la empresa ya no existe. Por otro lado, después de los 35 años no se consigue empleo, por políticas empresariales que prefieren al trabajador joven y sin ninguna experiencia, agravando la situación como ser humano al no poder jubilarse, no contar con subsidio, ni estar tampoco en condiciones de trasmitir su experiencia laboral". "Continuamos con la persecución laboral y sindical en el sector privado y en los últimos años también en el sector estatal. Es imposible que el trabajador pueda asociarse a un sindicato y si lo hace su nombre aparece en una lista llamada "lista negra" por lo que le es imposible conseguir trabajo".

• En Haití, como en otros países con zonas francas industriales (ZFI) se prohíbe a los trabajadores elegidos como representantes sindicales ir al baño durante las horas de trabajo, dándose también el caso de 34 miembros de un sindicato recién formado que fueron despedidos y conducidos fuera de la fábrica a punta de pistola.

• En 2003, nuevamente fue Colombia el país más peligroso del mundo para los sindicalistas, con 99 asesinatos y cientos de amenazas de muerte, en un contexto de esfuerzos sistemáticos por parte del gobierno para debilitar el movimiento sindical.

Como bien lo sintetiza Guy Ryder, el secretario general de la CIOSL, "El Informe de este año revela hasta dónde están dispuestos a llegar muchos gobiernos y empleadores para conseguir tomar la delantera en unos mercados globales donde la competencia es cada vez más feroz", añadiendo que "la globalización debe tomar una vía completamente distinta a la que sigue actualmente, en la que las preocupaciones sociales y el fin de la explotación ocupen un lugar central, en vez de quedar al margen".

Hay también, de todas formas algunos indicios alentadores como, por ejemplo, la firme voluntad política demostrada por el gobierno de Brasil para poner fin al trabajo en condiciones de esclavitud, tal como lo describe un informe del Ministerio de Trabajo y Empleo de ese país:

Hoy, el Brasil posee 25 mil trabajadores en situaciones análogas a la esclavitud. En los últimos diez anos, 14.577 trabajadores fueron liberados gracias a la actuación de unidades móviles de fiscalización del Ministério do Trabalho e Emprego, la mayoria (59%) a partir de 2003. La pretensión del gobierno federal es la de acabar definitivamente ese tipo de explortación a fines de 2006. Antonio Lucas juzga que la meta es possible y que el primer paso para esto ya fue dado: "tornar público esses números é fundamental para a solução do problema".

En Uruguay, por otro lado, se han instalado Consejos de Salarios, para posibilitar negociaciones salariales con el sector privado y se está discutiendo en el Parlamento Nacional una ley complementaria de fuero sindical, aunque la presión empresarial está dificultando su sanción. Con el nuevo gobierno, según algunos compañeros, "se ha abierto una oportunidad para las organizaciones sindicales".

De todas formas, es importante destacar que, como lo ha señalado la OIT,

"El principio fundamental de la libertad sindical y de asociación y del derecho a la negociación colectiva es expresión de la dignidad humana. Ofrece la garantía para que los trabajadores y los empleadores puedan asociarse y actuar conjuntamente para defender no sólo sus intereses económicos, sino también libertades civiles tales como el derecho a la vida, la seguridad, la integridad, la libertad personal y colectiva. Constituyen una garantía a efectos de la protección contra la discriminación, la injerencia y el acoso. Asimismo, por ser uno de los componentes de la democracia, es un elemento clave para que se apliquen en la práctica los demás derechos fundamentales... (es por ello que) el verdadero debate no puede ni debe versar sobre si se han de respetar esos principios y derechos, sino sobre cuál es la mejor manera de respetarlos y utilizarlos".

Como un resultado de los embates sufridos por las organizaciones laborales en las últimas décadas, ha disminuido la tasa de sindicalización, que es, algunos países de América Latina -sobre la población económicamente activa (PEA)- la que sigue: El Salvador: 5,2%; Honduras: 6,0%; Panamá: 7,0%; México: 22,3%; Chile: 12,7%; Paraguay: 16,7%; Uruguay: 12,4%; Argentina: 42,3%; Brasil: 26,1%; Colombia: 6,9%; Perú: 7,8%; Venezuela: 14,9%; República Dominicana: 13,0%. En promedio, en América Latina y el Caribe no alcanzan el 20% de la PEA.

De todas formas, es necesario tener en cuenta también otras causas de este fenómeno, tales como la heterogeneidad del movimiento sindical; la dispersión y atomización sindical; la existencia muchas veces de estructuras sindicales inadecuadas u obsoletas; la reducida globalización de la acción sindical; una baja incorporación de las mujeres en las estructuras sindicales; los elevados porcentajes de desempleo; la desregulación laboral; una cultura de sindicalización basada en el trabajador formal y por empresas; así como, en algunos países, un insuficiente diálogo intersindical.

Así, pues, vemos que los problemas son muchos, por lo que el esfuerzo debe ser proporcional. En especial, teniendo en cuenta algunos cambios importantes a realizar para poner a las organizaciones laborales a la altura de los nuevos desafíos. Atendiendo siempre, por otro lado, a la necesidad de fortalecer el rol del Estado, tan vapuleado por el huracán neoliberal que asoló las estructuras políticas e institucionales de los países latinoamericanos. Pues no podemos olvidar, como ha dicho un analista chileno, que existe

"Cierto economicismo (que) tiende a ignorar que es por intermedio del Estado que la sociedad se reconoce a sí misma. Cuando el Estado entrega servicios de salud, previsión, educación, entrega no sólo servicios materiales. Es también (y quizás sobre todo) un reconocimiento social del aporte que hace toda persona a la constitución de la sociedad. Es también (y muy especialmente) un servicio de protección que debe la sociedad a cada uno de sus miembros. Es finalmente también la forma en que los ciudadanos, por intermedio del Estado, se sienten partícipes de una misma comunidad de semejantes. (...) solamente el Estado simboliza el vínculo social e intergeneracional que cohesiona a la pluralidad de individuos. Toda política pública es, en el fondo, una medida de auto-organización que toma la sociedad para reproducirse como una comunidad de ciudadanos."

He ahí uno de los retos fundamentales: reconstruir la cohesión de nuestras sociedades, tan fragmentadas por la historia reciente. Y las organizaciones sindicales, escuelas de solidaridad, tienen un rol privilegiado que cumplir en ese sentido. Comenzando por contribuir a responder al principal desafío de la hora, constituido por la necesidad, rayana en lo imprescindible, de fortalecer el proceso de integración latinoamericana.