Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
MESA POLÍTICO SINDICAL JOSÉ IGNACIO RUCCI

El lado más oscuro de las reestatizaciones kirchneristas

Demoler el modelo también suele costar caro.
Por José Marcelino García Rozado, Secretario General Político

Artículos de José Marcelino García Rozado editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 04/11/08.- La destrucción del "modelo" de sustitución de importaciones inaugurado en el 2002 y hoy casi totalmente abandonado o "demolido" por los K terminará por costarnos enormemente caro a los argentinos. Así como las privatizaciones costaron cerca de 8 millones de desocupados, las actuales estatizaciones también nos están costando cerca de 6 millones de excluidos.

Hasta los defensores más acérrimos del sistema de reparto estatal, sostienen que el camino elegido por Néstor y CFK, así como lo están llevando a cabo equivale a "demoler" la casa para resolver un simple problema de humedad; y que la verdadera decisión terminó generando demasiada desconfianza en inversores -que no abundan hoy- y ahorristas en general que comenzaron a retirar aquellos y a sacarlos del país o a guardarlos en el colchón.

Es en este contexto que se pueden leer las últimas medidas del BCRA, que ayer redujeron en un tercio la salida de capitales vía la compra de acciones de empresas y que en lo que va de los últimos días sirvieron para que se fugaran U$s 6 mil millones y en el último año más de U$s 23 mil millones; y más allá de que muchos analistas creen que esta "solución" es de muy corta duración ya que se inventarán otros mecanismos para continuar la sangría, la medida logró un cierto respiro reflejado sobre todo en el precio del dólar, que mostró que "no es un objeto en sí mismo", y que cuando la Bolsa y los Bonos suben, lo terminan influyendo notoriamente.

Pero el efecto también se notó en la suba de las tasas -ya de por sí muy elevadas- y que terminan por incidir negativamente en la actividad económica, una actividad que muestra signos de ralentización notoria. Aquel modelo de crecimiento sostenido y desarrollo asentado en un tipo de cambio competitivo, sustitución de importaciones industriales y producción intensiva de la agroindustria fue desarmado prolijamente desde el año 2005, primero no acompañando la inflación con el tipo de cambio e interviniendo groseramente sobre los índices a través del comisariato político ejercido por Moreno y que además atentó contra los bonos atados a la inflación por su depreciación, provocando desconfianza en los inversores; luego atentando contra la producción agropecuaria al fijar precios máximos -o de referencia- y cupos a las exportaciones todo ello amparados en la escusa de sostener precios internos competitivos, y como si esto fuera poco, fueron incrementadas las retenciones desde el 20% inicial a un 27% y luego a un 35% hasta llegar con CFK al despropósito de fijar retenciones móviles de hasta un porciento confiscatorio que produjeran la gigantesca crisis del campo de marzo-julio de este año.

A la pavorosa pérdida de los mercados internacionales, arduamente obtenida tras prolongadas y trabajosas negociaciones, por culpa de la soberbia y la falta de ideas típicas de la administración kirchnerista, le sumamos ahora esta trágica intervención en el mercado de capitales a través de la estatización de los fondos de las jubilaciones -Afjp- que sobre llovido, mojado; y si ya habíamos entrado en un amesetamiento económico propio de la crisis internacional, con la nueva medida terminamos por generar la estampida de inversores, ahorristas y como consecuencia de la ralentización del consumo interior iniciamos el camino a una nueva recesión.

Como si todo este desaguisado no fuere suficiente, el imprescindible debate por la estatización plena de las jubilaciones omite olímpicamente el caso de los que están afuera del sistema previsional; aquellos que aportan de vez en cuando o peor aún de aquellos que no aportan, ya sea por tener ocupaciones intermitentes o esa enorme mayoría de pueblo que contribuye esporádicamente por ejecutar changas, tener empleos transitorios, o subsistir con ingresos paupérrimos o en negro en muchos casos y que les resulta verdaderamente imposible realizar aquellos aportes. Según estimaciones serias, en esta situación hay entre 6 y 8 millones de compatriotas.

Estos verdaderos "parias" de la sociedad argentina, trabajadores en relación de dependencia, privados y públicos, no registrados o en negro o contratados con contratos "basura", autónomos de ingresos paupérrimos y personal doméstico no blanqueado, que tienen absolutamente comprometidas sus jubilaciones futuras, en la enorme mayoría de los casos, no por propia voluntad, son la expresión más rotunda de la gigantesca fragmentación del mercado laboral no atendida por el gobierno K, y los verdaderos frutos de la más absoluta desprotección por parte de un Estado que dicharachea ominosamente sobre el "reparto" de la riqueza ante un pueblo imposibilitado de hacerse oír.

En el discurso y en el proyecto oficiales sobre la estatización jubilatoria -así como lo fuera con el de la ley de movilidad jubilatoria hace apenas unos días- abundan expresiones que encomian las garantías del Estado en el pago de las jubilaciones, algo que la historia de los últimos cincuenta años desmiente tras los permanentes y reiterados saqueos a las cajas jubilatorias de todos los gobiernos civiles y militares, pero no aparece una sola línea dedicada a los "excluidos" del sistema. Todo el texto se limita -al igual que los discursos de CFK, Boudou o Tomada- a los incluidos, olvidándose o ninguneando a una enorme mayoría -más del doble de los incluidos- de la población activa (trabajadores ocupados) y que no aporta regularmente.

Esta precaria, sacada de apuro e imprecisa ley de estatización de las jubilaciones producto de la necesidad de hacer caja fiscal por parte de un gobierno que dice respetar e impulsar los derechos humanos y el reparto de la riqueza es por aquel prioritario "olvido" lo menos parecido al régimen previsional universal y solidario que tanto pregona CFK y los legisladores obsecuentes del Frente para la Victoria. Como si no alcanzasen tantas otras razones que generan semejante agujero en la confianza popular, este increíble olvido en el tratamiento de la ley termina por invalidar absolutamente tanto el discurso como el proyecto mismo, ya que existen múltiples estudios privados y académicos que ensayan y proponen fórmulas precisas para incorporar a los actuales excluidos y que ni siquiera fueron tenidos en cuenta por el Gobierno.

¡Solo primó la urgencia, mandó la necesidad del saqueo y la apropiación!

Y tanto es así que ni siquiera pensaron en los efectos colaterales de semejante decisión, y los mismos se presentaron en forma abrupta generándole a CFK una verdadera carrera de obstáculos imprevistos, por impericia o por apuro se olvidaron del Juez Griesa que automáticamente le bloqueo U$s 550 millones y en segunda instancia a bloqueado más de U$s 2.000 millones de las AFJP depositados en EEUU, y que además a exigido se le informe como van a ser usados los recursos del régimen hoy privado. Nadie en el Gobierno se tomó el trabajo de consultar al excesivamente costoso estudio de abogados newyorkino que asesora al Estado contra los bonistas. Menos aún se reparó en el desfinanciamiento que ya comienza a operar sobre las tasas de interés bancario y que gracias a la desconfianza generada entre los ahorristas terminaron por llevarlos en corrida estrepitosa hacia el dólar produciendo encarecimiento de la divisa por encima de las expectativas oficiales y una disparada de las tasas de interés.

Imprevisión, soberbia y más imprevisión, aderezado con mucha improvisación y apuro, no podían dar otro resultado que una decisión irresponsable, y que como no podía ser de otra forma generó un profundo rechazo por parte de una sociedad que en su enorme mayoría apoya la estatización del sistema previsional. Tanto esto es así que hasta la misma CGT Azul y Blanca, netamente opositora, y hasta la UCR y el PS claman por cambios profundos que permitan acompañar este verdadero descalabro legislativo producto del autismo gubernamental. Así llegamos tras tensas negociaciones del jefe de bloque oficial de Diputados Agustín Rossi y de los presidentes de las Comisiones de Previsión Social y Presupuesto a instrumentar 15 cambios de último momento, entre los que se encuentran los de "fondo", y verdaderamente trascendentes que permitirán en el debate continuar quizás con las mejoras y modificaciones que terminen por corregir el actual mamarracho.

Entre los más significativos se encuentra el que condiciona el uso y el destino de los fondos recaudados, el de los controles -aún sumamente perfectible- y la definición de que la ANSeS no cobrará comisiones. Si bien es cierto que estas modificaciones aún no cumplen todos los requisitos necesarios para poder apoyar este proyecto existen siete (7) cambios de fondo realmente importantes y que nos acerca a una ley seria. Estas 7 modificaciones ponen el acento y la lupa sobre el uso que tendrán en el futuro esos fondos y su control; de estas 3 verdaderamente modificaron radicalmente el eje propuesto por CFK y Néstor inicialmente, y en el Art. 8º se incluyó que los recursos que ingresan al sistema de reparto "únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA" cumpliendo así puntualmente con el requisito más exigido por oficialistas y opositores, y en ese mismo artículo se le permite al nuevo sistema jubilatorio invertir "de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados" y se prohíbe "la inversión de los fondos en el exterior".

Otra importante modificación obtenida es que la ANSeS "no percibirá por la administración de los fondos comisión alguna de los aportantes al sistema". Este artículo al igual que el 9º fueron redactados íntegramente a última hora del martes y para poder aprobar el despacho de las comisiones. Así también se logró en el Art. 12 detallar la composición del Consejo Asesor que estará compuesto por un miembro de la ANSeS, uno de la Jefatura de Gabinete, dos representantes de los jubilados, tres de los trabajadores, dos por las entidades empresarias y dos legisladores -un Diputado y un Senador-, todos ellos ad honorem y seleccionados por el PEN, a este Consejo asesor se sumará la Comisión Bicameral formada por Diputados y Senadores como órganos de control y contralor, o sea que estarán facultadas para monitorear los fondos y sus destinos.

Aún se adolece de gruesas omisiones, tales como que nada se dice respecto de eventuales pagos de deuda externa, ni de aquellas colocaciones en títulos públicos a tasas de interés bajas o fuera de mercado y que financian al Estado perjudicando a los fondos jubilatorias y acelerando la descapitalización del sistema. Sin embargo estas modificaciones iniciales, y que esperamos que no sean las últimas a realizarse, agregan alguna certidumbre a la ley; si bien la iniciativa k sigue teniendo un profundo déficit, como legislar sobre un tema que afectará décadas de vida del pueblo y que cambia radicalmente las cuentas futuras del Estado sin merecer el tiempo y el debate imprescindibles y un análisis verdaderamente detallado, se ha avanzado realmente muchísimo en estas últimas horas.

¡Pero la realidad en el Gobierno K hizo que pesaran más las urgencias de la crisis financiera que los recomendables pasos que acompañasen, este cambio de sistema esperado por una amplia mayoría, con un sentido amplio de confianza popular la medida propuesta!

Lo que se advierte claramente es un Gobierno que corre detrás de los acontecimientos, la enorme mayoría creados por él mismo o gestados durante la presidencia del ahora consorte, y observamos como en una economía con crédito muy magro y caro, la enormidad de los recursos trasladados a la ANSeS será una fuente de financiamiento sin par en el mercado, tanto para el sector público como para el privado, pero el punto es que un sistema laxo -cuando no corrupto- pueda dar lugar a privilegios o a manejos espurios en el destino de esos recursos.

Así descubrimos el porque de la exigencia del Gobierno para que las AFJP repatríen los fondos colocados en el exterior, posiblemente malvendiéndolos de apuro, que busca contener la presión sobre el dólar generada por la desconfianza provocada tomando medidas para frenar la fuga de capitales, y metiéndole presión a bancos y empresas con inspecciones del BCRA, la AFIP y llamados del inescrupuloso Guillermo Moreno. Estas acciones combinadas causaron alarma entre los operadores, traducida en una notoria baja de aquellas y provocando aún más desconfianzas populares.

Los pedidos de volver a un tipo de cambio "competitivo" reclamados por AEA, la UIA, el campo y los mismos gremios deberán supeditarse a la actual prioridad oficial de "mantener en calma" la principal variable financiera seguida por el pueblo, al menos hasta lograr aprobar el proyecto previsional de estatización de los fondos, este virtual "control de cambios" es la respuesta a las sospechas de "conspiración antigubernamental" de Néstor y CFK; lo importante, pareciera, es operar para hacerle pensar a los ahorristas que hoy escapan hacia el dólar, que éste puede ser una mala opción de ahorro.

Es tal la imprevisión y la improvisación que recién ahora repara en que los subsidios indiscriminados benefician más a quienes más tienen y ya alcanzan una magnitud insostenible, y retoca los precios de la electricidad, los peajes y muy posiblemente en corto tiempo el de los combustibles, los transportes, el gas, así como ya lo hiciera con las cuotas de las escuelas y la medicina prepaga cobrándole a la clase media otra factura por el apoyo dado en la pelea con el campo.

¿Cuánto más nos costará esta prolija demolición de aquel modelo que nos levantó de la crisis del 2001?