Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
MESA POLÍTICO SINDICAL JOSÉ IGNACIO RUCCI

Hacia una Política de Estado de Seguridad

La inseguridad es un verdadero problema social, su crecimiento exponencial en delitos y la baja pronunciada en la edad de los delincuentes es un factor a ser atendido prioritariamente por el Estado Nacional y los Estados Provinciales.
Por José Marcelino García Rozado, Secretario General Político

Artículos de José Marcelino García Rozado editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 07/04/09.- Desde hace ya casi un cuarto de siglo la inseguridad es una permanente preocupación central de la sociedad argentina, por un lado por el crecimiento exponencial, continuo y sostenido del número e intensidad de los delitos, así como por la baja continua y alarmante de la edad en que nuestra juventud se inicia en el delito. Acompaña a estas nuevas variables la muy importante presencia de armas de fuego de muy altísimo poder y la permanente presencia de la droga actuando como parte integral del delito.

Es imprescindible reconocer, y aclarar, ante todo que el fenómeno aquí descripto no es de exclusividad nacional, ya que éste se presenta en la enorme mayoría de las sociedades desde hace ya casi medio siglo; siendo una materia de estudio e investigación en la enorme mayoría de las naciones desarrolladas ya que este incremento exponencial del delito y la baja en la edad de los delincuentes preocupan a investigadores, sociólogos, juristas y expertos de seguridad, pero muy especialmente alarman y preocupan a las sociedades en su conjunto.

En nuestro país, el fenómeno descripto comenzó a notarse abiertamente desde la misma recuperación democrática, marcando una tendencia al incremento continuo y permanente, y perforando el cuerpo social en medidas totalmente desconocidas hasta ese mismo momento. La violencia sufrida y ejercida en nuestra patria durante los años "de plomo" de la dictadura militar de 1976, acompañada de la violencia social instalada durante los 70 ejercieron una importantísima influencia en el cuerpo de la sociedad argentina.

A todas estas causas preexistentes, incrementadas exponencialmente por el "desmanejo" llevado a cabo por las autoridades represivas en las fuerzas de seguridad provinciales y federales, que condujeron a muchos de sus integrantes por el camino equivocado de la impunidad, la práctica de actos corruptos y hasta el ejercicio, liso y llano, de prácticas abiertamente delictivas, debemos sumarle al reincorporarnos a la práctica democrática infinidad de medidas desacertadas -cuando no abiertamente corruptas- por parte de la clase dirigente nacional.

Dirigencia nacional -empresaria, política, deportiva, social, sindical y hasta religiosa- que en un afán desmedido de imbuir sus nuevas decisiones y prácticas de un amplio espectro libertario, terminaron cayendo en muchísimos casos en el más craso y llano libertinaje, conduciendo a la sociedad argentina por el camino de la "permisividad" irrestricta, la falta de sentido en la "autoridad" y un equivocado discurso "garantista" y de "derechos humanos" aplicado a los sectores delictuales.

Es muy cierto también, que en una enorme medida, la expansión y el crecimiento del delito ha sido consecuencia del incremento de la marginación social, reflejada especialmente en el enorme número de actos delictivos en que hallamos menores implicados. Esta "marginación social" que acompañada por un excesivo incremento del desempleo -años 90- y la pobreza terminaron de erosionar la frágil base en que nuestra sociedad estaba asentada, situación agravada radicalmente tras la crisis de 2001.

Pero todo lo expuesto se vio totalmente potenciado por una verdadera y real ineficiencia de los sistemas de contención social, seguridad y Justicia, durante todos los períodos presidenciales que gobernaron la Patria desde 1983 hasta el presente. Alfonsin recuperó la democracia, pero falló en las máximas declamadas durante su campaña electoral de que con "la democracia se come, se educa y trabaja", y entonces no supo como encarar un proceso inclusivo y de crecimiento y desarrollo nacional abarcativo de todo su pueblo.

Menem, luego de estabilizar económicamente la nación encaró un proceso privatizador y de extranjerización económica y empresaria, que acompañado por la convertibilidad trajo un aparente crecimiento social inicial, pero que en el segundo período presidencial desnudó abiertamente las consecuencias de aquella fallida política económica, incrementando exponencialmente la desocupación, la pobreza y la miseria, y generando toda una clase social de excluidos pauperizados y sin horizonte posible. De la Rúa por su incapacidad y soberbia incrementó aún más aquellas consecuencias sociales, comenzando durante su gobierno los tiempos de la inclusión nacional como destino del narcotráfico en forma abierta. Este "nuevo" fenómeno desembarcado abiertamente, venía desarrollándose silenciosamente, es cierto, desde los comienzos mismos de la dictadura videlista, y sus asociaciones con la narcodictadura boliviana.

La crisis de inicio del siglo XXI ahonda y profundiza aquellos fenómenos sociales, que acompañados por inexperiencias e ineptitudes de los sistemas de seguridad y justicia -especialmente en la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal- durante el último quinquenio del siglo XX ayudaron a incrementar el fenómeno de inseguridad generalizada en el mismo cuerpo social totalmente desprotegido por las clases dirigenciales. El kirchnerismo mantuvo un discurso de negación y ninguneo respecto de este problema, y tras casi seis años de gobierno anuncia durante marzo de 2009 un "Plan de Seguridad Ciudadana", que busca mejorar el funcionamiento de los eslabones del dispositivo policial y preventivo.

El plan anunciado viene a ser un "nuevo y verdadero" reconocimiento oficial del "fenómeno-problema" de inseguridad que se registra, que más allá de llegar muy tardíamente es importante porque es el único modo de comenzar a enfrentar un problema. Mayor inversión para reforzar la lucha contra el delito a nivel federal, buscando mejorar el equipamiento de las policías provinciales, la incorporación de cámaras de video y la formación de redes sociales de prevención, no es algo que deba rechazarse, pero debe aclararse que no serán de verdadera y positiva ayuda para comenzar a solucionar el problema.

La reincorporación de efectivos policiales jubilados o desafectados, es una medida que genera enormes dudas ciudadanas, ya que de no realizarse con sumo cuidado de los antecedentes personales de dicho personal podría implicar la vuelta al servicio de cierto personal excluido por mal desempeño. Siendo el sistema policial uno de los más cuestionados socialmente, ya sea por su ineficiencia, su falta de preparación o porque en muchísimos casos se halla infiltrado abiertamente por el delito y el narcotráfico, es justamente uno de los pilares sobre los que se debe asentar la imprescindible reestructuración del sistema de seguridad, por lo que es verdaderamente peligroso reincorporar efectivos en forma indiscriminada.

El plan propuesto puede entenderse como un paso destinado a suplir debilidades y relevamientos del área de seguridad pública, negadas hasta aquella fecha por todo el funcionariado gubernamental. En ese sentido, no puede ni debe olvidarse que es el Estado el que tiene como función básica e indelegable el proveer mecanismos legítimos para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos del pueblo todo. Las políticas de seguridad son, decididamente, instrumentos estatales centrales y básicos, los cuales deben renovarse, investigarse y aplicarse a fin de acompañar las demandas sociales y mejorar permanentemente las prestaciones.

No puede ni debe desconocerse que este tardío anuncio se efectiviza en un contexto claramente electoral, reiterando promesas formuladas en otras ocasiones para enfrentar infructuosamente el delito. En la última década -1999 a 2009- se han presentado Cuarenta y cinco (45) planes para luchar contra el delito en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires con una casi total inutilidad.

Al realizarse éstos, atados a contextos electorales o presionados socialmente por coyunturas -asesinatos, violaciones, secuestros, etc.- terminan por oscilar entre su incumplimiento o una total insuficiencia de resultados, explicando -entre otras cuestiones- que en los últimos diez años el número de delitos creció, se estima, en un 33%. Datos provisorios y estimados debido a la "política de ocultamiento" de datos llevada a cabo por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la nación.

El anuncio de planes y medidas inconexas al estar separados de una verdadera "estrategia definida, articulada y a corto, mediano y largo plazo" termina por reducirse a intencionalidades buenas, regulares o malas, pero que poco ayudan a resolver -y ni siquiera- o paliar los déficit en materia de seguridad, generando profundas, nuevas y cotidianas frustraciones en el pueblo.

A pesar de la gravedad del problema y de la intensidad con que lo vive la población, sigue habiendo enormes carencias de Políticas Públicas -Políticas de Estado- que encaren y puedan dar respuestas urgentes, pero que asimismo, vayan fijando el camino a transitar para brindar miradas y respuestas lógicas, realistas y posibles a mediano y largo plazo, y que fundamentalmente, sumen recursos, planes y respuestas en distintas áreas y jurisdicciones.

Este pensamiento es el que nos convoca a llamar a la discusión de ideas y propuestas en pos de generar un verdadero debate popular, intelectual, de investigadores y expertos, sobre la presente problemática de la inseguridad hoy totalmente asentadas en el seño social argentino, librándonos de las urgencias electorales que desvirtuarían aquellos debates, partidizando las propuestas y las discusiones mismas, y alejándonos del camino de seriedad que éstas políticas requieren.

Así como la pobreza no se soluciona, ni a través del clientelismo y la prebenda política, ni con políticas sectoriales aisladas o dádivas y subsidios humillantes, tampoco el tema de la seguridad se podrá restablecer sólo mediante cierto nuevo equipamiento y la reincorporación de efectivos y/o a través de medidas espasmódicas o movidas por situaciones coyunturales o electoralistas.

Aunque es imprescindible, sin duda, invertir mucho más en seguridad, es verdaderamente necesario que las medidas tengan detrás un verdadero plan, una brújula clara y coordinada, que además de atacar el delito subsane las causas de éste, prevenga además de atacar erradicando la marginación de chicos, adolescentes, adultos y gerentes. Para que esto sea posible no es necesaria una política social y educativa solamente, sino que es imprescindible abordar el problema de la desocupación y la falta de oportunidades laborales.

Se necesita imperiosamente abordar la problemática desde los campos educativos, laborales, sociales con políticas decididamente inclusivas, que recreen las expectativas de futuro en las clases más desprotegidas y sumergidas y muy especialmente entre la niñez y los adolescentes argentinos. Pero si a la vez no atacamos, encarando abiertamente y de cara a la sociedad, el narcotráfico y el narco lavado que han punsonado e infiltrado casi totalmente a las fuerzas de seguridad y la justicia, las medidas a adoptar no darán ningún tipo de resultado positivo.

Se va a necesitar una mejor capacitación de las fuerzas policiales, un mejor rendimiento de la Justicia, cárceles que dejen de se r fábricas de reincidencia criminal, y una sustancial mejora en las redes asistenciales, laborales y educativas. En fin una política de estado abarcativa de todas y cada una de las variables que inciden en el tema de seguridad, pero fundamentalmente es imprescindible la decisión política de llevarlas adelante. Y para eso es imprescindible que la sociedad toda se concientice en la necesidad de darse la discusión sobre el tema seguridad.