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Tweet OPINIÓN - MÉXICO
Las lecciones de Ayotzinapa
Por Daniel Carlos García

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Rebanadas de Realidad - Distrito Federal, 21/10/14.- Ayotzinapa se ha convertido en el punto máximo de tolerancia, ante la falta de eficacia por contener al crimen organizado, atacar firmemente la impunidad y aplicar la ley a los responsables de ese hecho y de la inseguridad presente en todo México. El país entero empieza a reaccionar y movilizarse, aunque el gobierno en sus tres niveles siga en su soliloquio autocomplaciente.

Los mexicanos estamos molestos e indignados, así lo han hecho saber a través de las múltiples manifestaciones de protesta y repudio que ahora van en aumento, contra lo ocurrido en Guerrero, que no podemos considerar como un hecho aislado, lamentablemente es constante en todo el territorio nacional. Ya no hay ni Estado de Derecho ni gobernabilidad.

Aún las manifestaciones histriónicas de Enrique Peña Nieto extrafronteras y en sus actos locales, los medios masivos de comunicación y sobre todo la intensidad con que hemos visto comentarios que circulan por las redes sociales, se han encargado de mostrar la realidad nacional, al grado que se han presentado ya opiniones y exigencias esclarecimiento del caso, de entidades reconocidas como el Parlamento Europeo o la Organización de Estados Americanos.

Reitero, queda en evidencia que Ayotzinapa, con todo el horror que pueda provocarnos, no es singular ni el único hecho en un país donde presuntamente priva paz social y seguridad pública, a decir de sus gobernantes. Corresponde a la exageración de la aplicación del poder por el Estado, a la práctica propia de gobiernos autoritarios y fascistas, a la falta de respeto a la vida humana. Esa es la generalidad, así lo demuestra los asesinatos arteros, los cotidianos levantones y las fosas clandestinas que ahora aparecen por todos lados.

Describe la política y práctica cotidiana del crimen organizado, que más allá de su involucramiento en el tráfico de enervantes, se han apoderado por distintos medios de los gobiernos municipales, donde han encontrado una rica veta para sacar recursos a partir de la extorsión, el cobro de derecho de piso o "hacerse" de empresas boyantes locales. Su ubicación privilegiada les permite utilizar con plena libertad los catastros municipales y así identificar empresas y empresarios que estén en su interés. Para lograr su propósito recurren a cooptar funcionarios y dirigentes sociales o en su caso, si es necesario, eliminarlos. Es la estrategia de atraer y/o sembrar el terror.

Sin embargo esto no lo podrían hacer sin la complicidad gubernamental de los tres niveles, los cuales, por comisión u omisión, prohíjan la impunidad con que actúan los grupos del crimen organizado. De aquí la pertinencia del investigador dela Universidad de Notre Dame, Guillermo Trejo, cuando afirma que, "la masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acción estratégica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aledaños participaban en distintos procesos de articulación social -incluyendo policías comunitarias- para hacerle frente a extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las autoridades públicas a su servicio."

Ayotzinapa no puede ocultar los acontecimientos en Tlatlaya, (que habrá que decir, no es el único que involucra al ejército) o la situación que todavía prevalece en estados como Michoacán y Tamaulipas. En todos ellos se expresa la colusión del crimen organizado con funcionarios gubernamentales y la impunidad es una constante, que espero que Peña Nieto no explique ni justifique como una cuestión cultural de los mexicanos, como le hizo con la corrupción.

En el caso guerrerense estamos viviendo una política precisa y pensada de dominación, que en este caso en particular se pudo haber salido de control y que involucra a los tres niveles de gobierno. Implica la aplicación de una práctica común del capitalismo, para actuar y conducirse con los opositores, prevalecientes desde la "guerra sucia" de la década de los setenta del siglo pasado.

Por ello no podemos limitarnos a exigir la aplicación del peso de la ley del edil José Luís Abarca y demás funcionarios municipales implicados en los hechos, sino sumarnos a la demanda por la renuncia del gobernador Aguirre y del propio primer mandatario. Y en este último caso el soporte de la exigencia no está dado sólo por el caso de Ayotzinapa, sino por el caos en que tiene hundido al país. La conclusión es simple, sino puede, mejor que se vaya.

Esto porque aún la grave situación por la desaparición de los 43 normalistas no se puede desvincular los hechos de Ayotzinapa a lo que sucede en el país, que aún con magnitudes y efectos diferentes, es expresión del mismo mal, donde la responsabilidad principal es de quien conduce este carro en el que todos nos transportamos.

Es evidente que hasta ahora hay falta de voluntad política para esclarecer el caso de Ayozinapa. En el fondo el gobierno federal y estatal no alcanzan o quieren comprender la magnitud del hecho. La indignación se está convirtiendo en acción, incluso en radicalización. Tampoco pueden tomar con desdén que cuatro organizaciones armadas se han manifestado al respecto, entre éstas el EZLN, ERP y ERPI.

Es tiempo de cambiar el rumbo, allá ellos si no lo hacen.