Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
AGUPACIÓN GLOBAL UNIONS / Web

Declaración a la Cumbre del G20

Rebanadas de Realidad - Global Unions, Londres, 20/03/09.-

I. Introducción y resumen

1. La economía mundial se encuentra sumida en una triple crisis de amplio alcance, que se inició en el mercado inmobiliario de EE UU, se extendió por todo el sistema financiero no regulado, desembocando en una crisis del mercado de créditos que se trasladaría más tarde a una crisis del empleo. Finalmente, ha evolucionado hasta convertirse en un círculo vicioso complejo y pernicioso, donde la caída de los precios de la vivienda y el creciente desempleo se combinan para alimentar la crisis del mercado de créditos. Esta crisis se está extendiendo por las economías industrializadas, emergentes y en desarrollo.

2. Cuando los líderes del G20 se reunieron por primera vez en noviembre de 2008 en Washington, el mundo se enfrentaba ya a una ralentización sin precedentes en el crecimiento, con un descenso de la producción en los países industrializados. La situación es ahora muchísimo peor. Se registraron caídas impresionantes en el PIB durante el último trimestre de 2008. En función de una tasa anualizada, el PIB descendió en un 6 por ciento en las economías del G7, la Unión Europea y la OCDE en su conjunto (1). Se trata de las peores cifras jamás registradas. El contagio se ha extendido a las economías emergentes y en desarrollo, donde el crecimiento se ha estancado y el PIB per cápita está descendiendo - el mundo entra actualmente en una profunda recesión. El impacto de la recesión se está intensificando rápidamente en las regiones en desarrollo en 2009, a causa del fuerte descenso en las exportaciones y el agotamiento de los flujos de capital privado. Veintiséis países de bajos ingresos en África, Asia, las Américas y Europa del Este han sido identificados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como "altamente vulnerables" a los efectos adversos de la recesión global en 2009 (2). El logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen objetivos mínimos para un esfuerzo global con vistas a combatir las causas originales de la pobreza, está resultando perjudicado por la crisis. Diez años de progresos en términos de reducción de la pobreza se han desvanecido en pocos meses.

3. El desempleo ha seguido aumentando en los primeros meses de 2009. Ahora parece ser que el escenario "tremendista" de la OIT que vaticinaba un incremento del desempleo en 50 millones en todo el mundo para 2009 podría ser incluso excesivamente optimista (3). Más de 200 millones de trabajadores podrían encontrarse sumidos en la más absoluta pobreza, principalmente en los países en desarrollo y emergentes, que no cuentan con redes de seguridad social adecuadas, lo que implica que el número de pobres que trabajan - que ganan menos de 2 USD al día por para cada miembro de la familia - podría llegar a alcanzar 1.400 millones. El 60% de los pobres del mundo son mujeres. Los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, que están perdiendo sus puestos de trabajo y sus hogares, son las víctimas inocentes de esta crisis: una crisis precipitada por la codicia y la incompetencia en el sector financiero, pero que se fundamenta en las políticas de privatización, liberalización y desregulación del mercado laboral de las últimas décadas. Los efectos de estas políticas - salarios estancados, recortes en la protección social, erosión de los derechos de los trabajadores/as, una creciente precarización del empleo, y la financialización - se han combinado para profundizar las desigualdades y la vulnerabilidad. La escala de esta crisis sirve como testimonio del fracaso de dichas políticas. Sin una respuesta radical por parte de los gobiernos, la crisis económica más grave desde la Gran Depresión de los 1930 podría transformarse en una crisis social y, en última instancia, también política.

4. Cuando nuestras economías empiecen a recuperarse no podrá volverse a la situación anterior como si nada hubiese pasado. La crisis ha de marcar el final de una ideología de mercados financieros desenfrenados, donde la auto-regulación ha quedado en evidencia como un fraude y la codicia ha anulado cualquier consideración racional en detrimento de la economía real. Es necesario establecer una arquitectura regulatoria a escala nacional y global, que restaure a los mercados financieros su función primaria de garantizar una financiación estable y rentable de la inversión productiva en la economía real. Además de ello hace falta establecer un nuevo modelo de desarrollo económico, que resulte eficiente económicamente, socialmente justo y sostenible medioambientalmente. Debe ponerse fin a las políticas que han generado enormes desigualdades en las dos últimas décadas. Esto requiere un cambio de paradigma en el establecimiento de políticas. Los líderes del G20 deben iniciar un proceso multilateral, trabajando conjuntamente con otros gobiernos, la ONU y otras instituciones, con vistas a reorientar la gobernanza de la economía mundial de manera que se asigne a las cuestiones sociales y medioambientales el mismo nivel de prioridad que tienen el comercio y las finanzas.

5. El movimiento sindical internacional insta por tanto a los líderes del G20, trabajando conjuntamente con otros gobiernos e instituciones internacionales, a desarrollar una estrategia de cinco puntos para, ante todo, abordar la crisis y por otro lado establecer una economía mundial más justa y sostenible para las generaciones venideras. La estrategia deberá:

  • poner en marcha un plan de recuperación y de crecimiento sostenible pactado a nivel internacional que dé un fuerte impulso a la creación de empleo centrándose en la inversión pública, políticas activas del mercado de trabajo, la protección de los más vulnerables mediante la creación de amplias redes de protección social, así como inversiones en la "economía verde" capaces de orientar la economía mundial hacia un modelo de crecimiento con bajas emisiones de carbono. Las economías en desarrollo y emergentes deberán disponer de los recursos y el espacio político necesarios para la aplicación de políticas anticíclicas (párrafos n° 6-17);
  • nacionalizar de inmediato los bancos insolventes de tal forma que se restaure la confianza y los créditos en el sistema financiero y, más importante aún, establecer nuevas reglas y mecanismos de control del sector financiero con una fuerte implicación de los interesados. Proponemos un plan de acción en ocho puntos a tal efecto (párrafos nº 18-22);
  • luchar contra el riesgo de deflación salarial y contra el aumento de las desigualdades de ingresos, ampliando la cobertura de la negociación colectiva y reforzando las instituciones encargadas de fijar los salarios, de tal manera que se establezca una base decente en los mercados laborales (párrafos n° 23-26);
  • sentar las bases para la consecución de un acuerdo internacional ambicioso y cabal sobre el cambio climático en la COP15 en Copenhague, en diciembre de 2009 (párrafos nº 27-29);
  • establecer un marco de normas e instrumentos jurídicos de referencia para las instituciones internacionales en la esfera económica y social - la OIT, el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OCDE -, y proceder a la reforma de tales instituciones, constituyendo una gobernanza económica mundial eficaz, que cuente con mecanismos de rendición de cuentas (párrafos nº 30-33).

II. Plan coordinado y sostenible de recuperación internacional

La necesidad de coordinación

6. La primera prioridad para los líderes del G20 ha de ser restaurar la confianza poniendo fin a la caída libre del crecimiento mundial y revertir el descenso del empleo. Los Gobiernos deben adoptar todas las medidas necesarias a tal efecto y utilizar su influencia con los bancos para conseguir que los créditos vuelvan a circular y proporcionen liquidez adicional. Desde noviembre de 2008, la mayoría de los países del G7, del G20 y otros, han anunciado o aplicado medidas fiscales para fomentar el crecimiento. Dichas medidas tendrían el doble de impacto sobre el empleo y el crecimiento de haberse coordinado y complementado internacionalmente (4). De momento esta coordinación no existe: el plan de estímulo en EE UU es de cerca del 3 por ciento del PIB al año, mientras que las medidas nacionales en la UE anunciadas a principios de febrero de 2009 ascienden a apenas el 0,8 por ciento del PIB de la UE. El G20 debe lograr que todos los "free-riders" actúen y tomen medidas coordinadas para estimular la economía mundial, y los países con excedentes comerciales deberían tomar la iniciativa. Reiteramos nuestro llamamiento para que se apruebe un plan adicional de recuperación europeo correspondiente al menos al 2 por ciento de la producción mundial. Los bancos centrales deberían seguir reduciendo las tasas de interés y emprender una relajación cuantitativa de la política monetaria, de manera que las inversiones estatales puedan financiarse con un coste reducido en cuanto a las tasas de interés.

Gasto público orientado al empleo

7. Deben tomarse medidas además dentro de los países, a fin de tener el máximo impacto posible sobre el crecimiento y el empleo. Es necesario trazar un nuevo mapa económico, que identifique aquellos sectores que ofrecen mayores oportunidades para el futuro crecimiento. Los Gobiernos deberían emprender programas de infraestructura atrevidos que estimulen el crecimiento de la demanda a corto plazo y aumenten la productividad a medio plazo. Convendría introducir medidas y subsidios para incrementar el poder adquisitivo de los asalariados con menores ingresos, incluyendo los hogares donde entra un único salario y donde el cabeza de familia suele ser la mujer. Inyectando más dinero en los bolsillos y las carteras de las personas con ingresos bajos se estimulará la economía, puesto que dispondrán de mayores posibilidades de gastar el dinero extra rápidamente, contribuyendo a superar la recesión. Esto puede lograrse incrementando las prestaciones, con programas de creación de empleo y cambiando los niveles impositivos. Pero no deben desperdiciarse recursos mediante ineficaces recortes generalizados de los impuestos: durante una recesión, invertir en redes de seguridad social y transferencias de servicios gubernamentales locales, incluyendo educación y salud, tendrían prácticamente el doble de impacto que los recortes de impuestos.

Inversiones y empleos verdes

8. No se presentará mejor ocasión que ésta para lanzar el "Nuevo Trato Verde", solicitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El programa de "Empleos Verdes" requiere que los gobiernos realicen inversiones a gran escala en infraestructuras verdes, como las que producen eficiencia energética y energías renovables - estimulando así la creación de empleo de calidad en una serie de sectores - además de incrementar el nivel de recursos financieros para investigación y desarrollo, la difusión y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la mejora de los sistemas de desarrollo de capacidades.

Servicios públicos de calidad

9. Como parte del nuevo modelo de desarrollo, los gobiernos deben mejorar el papel del sector público - a escala nacional y municipal - en la aportación de servicios esenciales de calidad, incluyendo educación, salud, agua, servicios sanitarios, cobertura legal, seguridad, bomberos y protección civil. Unos servicios públicos de calidad pueden realizar una contribución vital a la cohesión y justicia social, lo que junto con una administración ética y efectiva de la legislación y la aplicación de marcos regulatorios, constituyen las piedras angulares de unas sociedades democráticas saludables.

10. Es hora también de invertir en las personas - en su educación y salud, y en atención para los más pequeños y los ancianos. Teniendo en cuenta el ritmo acelerado de pérdidas de puestos de trabajo en las industrias afectadas por la crisis, se justifica plenamente la inversión en educación y formación para apoyar la transferencia de trabajadores/as a sectores donde se necesite más mano de obra. En los sectores de la sanidad/cuidado de personas, por ejemplo, debido entre otros factores al envejecimiento de la población, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se necesitarán 4,2 puestos de trabajo adicionales en todo el mundo. En el sector educativo, es preciso dar formación a 18 millones de nuevos docentes para alcanzar el objetivo de una educación de calidad para todos los niños en primaria para el año 2015. Millones más de profesores e instructores son necesarios para la educación y formación profesional en cualificaciones que contribuyan a apuntalar la economía real y para la reconversión de los trabajadores/as a medida que se produce la restructuración de las economías. Además, los gobiernos deberán redoblar esfuerzos para reducir la pobreza entre las mujeres, que constituyen actualmente la mayoría de los pobres en el mundo.

Políticas activas del mercado de trabajo

11. La principal prioridad debe ser mantener a la gente trabajando, las plantillas en pie y a los trabajadores en activo. Las Políticas Activas del Mercado de Trabajo (PAMT) desempeñan un papel esencial, sin embargo la inversión en PAMT ha supuesto apenas una mínima parte de los paquetes fiscales adoptados por la mayoría de los países. Se necesitan políticas y programas diseñados e implementados para reducir el riesgo de desempleo y pérdidas de puestos de trabajo, además de proporcionar subsidios. En estos momentos difíciles, las empresas deben ser socialmente responsables e intentar retener a los trabajadores el mayor tiempo posible. En la OIT, trabajadores, gobiernos y empleadores acordaron que "la reestructuración debe basarse en el diálogo y consultas entre gerencia, sindicatos y representantes de los trabajadores" (5). Las compañías que reciban asistencia pública deben respetar los acuerdos con gobiernos y sindicatos y aplicar programas de reestructuración consensuados que incluyan componentes de empleo y formación.

12. Los gobiernos deben adoptar políticas del mercado de trabajo que:

  • impidan que las compañías recurran automáticamente a la reducción de plantilla al más mínimo signo de dificultades y brinden apoyo a las empresas afectadas por dificultades crediticias temporales;
  • se centren en los grupos más afectados por la crisis, como los trabajadores/as jóvenes, mayores y no cualificados, los que tienen contratos a tiempo parcial o temporal, las mujeres y los migrantes;
  • redoblen esfuerzos para eliminar la brecha salarial, que se estima actualmente en más del 22 por ciento (6);
  • proporcionen subvenciones, particularmente prestaciones de desempleo ampliadas;
  • garanticen el pleno respeto de las normas nacionales e internacionales relativas a los derechos de los trabajadores en lo que respecta a la terminación del empleo;
  • promuevan la inversión en recursos humanos y ofrezcan mejores oportunidades de formación para facilitar la adquisición de nuevas cualificaciones a los trabajadores/as de todas las edades;
  • garanticen a los trabajadores/as migrantes los mismos derechos que a los demás ciudadanos, puesto que su estigmatización no sólo conduce a la xenofobia sino que contribuye a exacerbar la pobreza.

Apoyo a las economías emergentes y en desarrollo

13. Con el rápido aumento del desempleo, la mayoría de los trabajadores/as en el mundo no tienen derecho a recibir prestaciones de desempleo cuando pierden su trabajo, y sólo pueden recurrir a sus propios ahorros o a la ayuda de sus familiares cuando llegan a la vejez. La crisis presenta tanto una obligación como una oportunidad para establecer redes decentes de seguridad social que puedan actuar como estabilizadores automáticos en países que de momento no las tienen, independientemente del nivel de desarrollo.

14. Incrementar los ingresos de los trabajadores y ampliar la protección social serán particularmente importantes para la recuperación de las economías emergentes que habían alcanzado un alto crecimiento gracias al desarrollo orientado a la exportación y que ahora se enfrentan a un colapso de sus principales mercados de exportación. La recuperación económica en estos países y el logro de un crecimiento sostenible a más largo plazo, dependerán de su capacidad para crear una demanda doméstica más sólida. Esto requerirá un mayor respeto de los derechos de los trabajadores, de manera que los sindicatos puedan negociar incrementos salariales proporcionales a la mayor productividad, y una protección social más completa por medio de programas como pensiones de jubilación y cobertura sanitaria. Tales estrategias contribuirán a corregir los 'desequilibrios globales' en los flujos comerciales y financieros y a revertir las crecientes desigualdades de ingresos que se registran en muchos de estos países.

15. Conforme las economías industrializadas y emergentes luchan por recuperarse, existe el riesgo de dejar al margen a los países con bajos ingresos. Los pobres sufren realmente de la crisis alimentaria. Aunque los precios de los alimentos y de los productos básicos se han moderado con la recesión global, aún se dejan sentir sus efectos: los precios de los cereales, por ejemplo, siguen siendo un 71 por ciento superiores a los de 2005. La crisis económica, con un descenso de los ingresos, exacerbará aún más los efectos de la crisis alimentaria, afectando principalmente a los pobres de los entornos rurales y urbanos, los agricultores sin tierras, los hogares con una mujer como cabeza de familia y los que han quedado desempleados recientemente, incluyendo trabajadores/as migrantes. Resulta absolutamente esencial mantener y mejorar los niveles de la asistencia oficial al desarrollo (AOD). Los presupuestos de asistencia al desarrollo, particularmente para los Países Menos Avanzados (PMA) deben mantenerse, adoptando compromisos vinculantes y estableciendo un calendario para alcanzar el objetivo fijado por la ONU de destinar el 0,7% del PIB a la AOD. Los gobiernos deben seguir prestando atención a la seguridad alimentaria y trabajar de manera conjunta para lograr una capacidad de recuperación de la agricultura a más largo plazo, con objeto de asegurarse de los productos básicos resulten abordables a toda la población y ésta disfrute de un acceso seguro y sostenible a los alimentos.

16. La mayoría de los países en desarrollo y algunos emergentes están aplicando políticas fiscales pro-cíclicas, porque se ven presionados por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a practicar una "disciplina fiscal" en tiempos de crisis. La comunidad internacional debe apoyar los programas expansivos de recuperación en los países en desarrollo, que resultan necesarios para evitar que la pobreza aumente aún más y para contribuir a la demanda global. Los bancos internacionales y regionales de desarrollo, así como otras agencias, pueden desempeñar un importante papel a la hora de garantizar que todas las regiones del mundo participen en el esfuerzo de recuperación. Esto requiere tanto incrementar la asistencia financiera de las IFI y los países donantes como poner fin a la dañina condicionalidad de la política económica vinculada a la asistencia por parte de las IFI. Las IFI deberían ampliar sus iniciativas destinadas al alivio de la deuda y emprender reformas de gobernanza para que los países más afectados por sus acciones tengan mayor peso a la hora de establecer sus políticas.

Restaurar el apoyo de la opinión pública hacia el sistema comercial mundial

17. El comercio se está derrumbando, pero más debido a la contracción de la economía real que al proteccionismo. Debemos evitar los errores de la crisis de los 1930 de recurrir a políticas de "empobrecer al vecino". El comercio puede promover el crecimiento económico, la recuperación y el desarrollo, pero sólo si se dan las condiciones adecuadas. Para restaurar la legitimidad y el apoyo de la opinión pública al sistema comercial mundial y concluir la Ronda Doha de negociaciones, es necesario realizar progresos respecto al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. Hace falta además que los países en desarrollo sean capaces de lograr una recuperación económica, crear empleo y garantizar su desarrollo industrial en el futuro y, cuando fuese necesario, controlar los flujos de capital a corto plazo para cumplir objetivos de desarrollo. Se requerirán igualmente medidas adicionales, incluyendo buffer stocks y mecanismos compensatorios, para proteger a los países de bajos ingresos frente a la volatilidad del mercado de productos de primera necesidad.

III Nuevas normas para los mercados financieros mundiales

18. Los líderes del G20 deben tomar medidas inmediatas para restaurar la liquidez y la solvencia del sistema bancario con el fin de que cumpla su papel esencial de financiar la inversión productiva. Además de ello, los líderes del G20 tendrán que iniciar el proceso de una auténtica reforma en el sistema financiero mundial, a fin de poner fin a la financialización que ha devastado la economía real. Los gobiernos deberán asegurarse de que no vuelva a producirse nunca otra crisis a tal escala.

Restaurar la confianza, nacionalizar los bancos

19. El sector bancario incluye gran número de bancos insolventes, que habrían ya quebrado de no ser por la magnitud de la crisis y el hecho de que son sencillamente 'demasiado grandes como para caer'. Los gobiernos tienen ante sí dos opciones: (i) crear reservas de 'activos malos' subvencionados por los contribuyentes, donde los banqueros puedan librarse de sus activos tóxicos; o bien (ii) nacionalizar todos los bancos débiles basándose en el riesgo que representan para el sistema. La primera opción no separará los activos 'malos' de los 'buenos', ni restaurar la confianza, y únicamente servirá para empeorar el estado de las finanzas públicas. Además esta forma de 'sacar de apuros' a los accionistas de los bancos equivale en realidad a efectuar transferencias de los hogares de los trabajadores a los de los más ricos del mundo, representados de forma desproporcionada entre los accionistas de las instituciones financieras. En las actuales circunstancias, la nacionalización es la única manera de restaurar la confianza, compartir los riesgos de manera justa y garantizar que los contribuyentes salgan también beneficiados una vez se restaure la solvencia.

Reforma del sistema financiero

20. Los gobiernos deben corregir además el déficit democrático que ha caracterizado hasta la fecha los esfuerzos desplegados para diseñar la arquitectura financiera tras la crisis. No deben dejar la reforma del sistema financiero en manos de los expertos del Foro para la Estabilidad Financiera (FEF) - los mismos expertos que crearon el sistema actual que se ha hundido ahora estrepitosamente. Además el FEF no ha colaborado hasta la fecha con los sindicatos, grupos de la sociedad civil y otras partes interesadas, incluyendo la ONU y la OIT, y no cuenta con una estructura de gobernanza adecuada, con los expertos ni los recursos necesarios para hacerlo en el futuro.

21. La actual crisis ha revelado los límites del enfoque de "supervisión delegada", que estipula que únicamente una parte reducida del sistema financiero (los bancos comerciales) requieren una vigilancia adecuada. Varias iniciativas posteriores a septiembre de 2008 identificaron la necesidad de revertir el enfoque de regulación ligera a las finanzas mundiales aplicado en el pasado (7). Ha llegado el momento de adoptar unas reglas vinculantes para asegurar el control público y supervisar todas las instituciones, los productos y las transacciones financieras. Proponemos el siguiente plan de ocho puntos:

Medidas contra la economía financiera "sumergida". Los gobiernos deben asegurarse de una cobertura regulatoria absoluta de todas las instituciones, los productos y las transacciones financieras. En particular, los fondos privados de capital (fondos especulativos y private equity) no deben quedar eximidos de una regulación aplicable a otras entidades de gestión de activos, que garantice la rendición de cuenta a los inversores, transparencia y, cuando sea necesario, la responsabilidad del empleador. Toda forma de transacción no recogida en los estados contables en relación con los créditos deberá estar prohibida. Los productos financieros que transfieren los riesgos crediticios (como seguros en caso de impago o credit default swaps) y otros 'productos estructurados' opacos que se encuentran asegurados en los mercados deberán ser controlados y supervisados por parte de las autoridades públicas. Como norma general, las operaciones comerciales deberán estar vinculadas al beneficiario real. Las agencias de calificación de crédito deben estar debidamente reguladas para evitar conflictos de intereses en la valoración de productos e instituciones.

Poner fin a los paraísos fiscales y regulatorios y crear nuevos mecanismos fiscales internacionales. Los líderes del G20 deben llegar a un acuerdo para adoptar medidas internacionales de cooperación con objeto de conseguir que los paraísos fiscales, centros financieros offshore y jurisdicciones donde se aplica el secreto bancario - incluyendo los 38 territorios que figuran en la lista que mantiene la OCDE, aunque sin limitarse a ellos - estén conformes con las normas internacionales. Deberá actuarse además para poner fin a la 'carrera hacia el fondo' entre distintas jurisdicciones fiscales, que está erosionando los ingresos fiscales de muchos países. Los gobiernos deben desarrollar un paquete de sanciones destinados a proteger su base impositiva, incluyendo restricciones de inversiones para inversores institucionales y penas importantes en caso de delitos fiscales. Además, debería introducirse un impuesto internacional sobre las transacciones financieras, por ejemplo en caso de movimientos de capital a corto plazo, para financiar la deuda pública a cargo del contribuyente que se ha contraído como resultado de la crisis. Dicho impuesto contribuiría a proteger a los países en desarrollo frente a la volatilidad del mercado global.

Garantizar un acceso justo y sostenible a la financiación internacional para los países en desarrollo. Los países en desarrollo han de tener acceso a términos de concesión de créditos proporcionales a sus necesidades y su capacidad de pago. Las medidas incluyen activar el programa de Derechos Especiales de Giro (DEG) de la FMI, acelerar la cooperación monetaria regional, y re-dirigir los flujos de capital de los países que registran un superávit en la balanza de pagos, incluyendo sus Fondos de Riqueza Soberana, hacia objetivos de desarrollo.

Reforma del modelo comercial de banca privada para prevenir burbujas de activos y reducir los riesgos de apalancamiento. Las normas de adecuación del capital - la cantidad de capital que los bancos deben tener en reserva para colateralizar la actividad crediticia - deben quedar más vinculados al crecimiento de las provisiones en activos del banco y al nivel de riesgo experimentado por dichos activos. Esto evitaría que los bancos se expongan a excesivos riesgos de activos. También contribuiría a orientar la asignación de activos hacia objetivos socialmente aceptables y facilitaría el control de la inflación en el precio de los activos por parte de los bancos centrales.

Controlar la remuneración de directivos, accionistas e intermediarios financieros. Los sistemas de remuneración deben regularse de forma legal para que reflejen y promuevan el rendimiento económico, social y medioambiental a largo plazo y permitan a las empresas asignar los beneficios a sus reservas para la reinversión en activos productivos. En la remuneración de los cargos directivos y financieros debe establecerse un tope, en línea con los salarios y las pensiones de los trabajadores y, en el caso de los servicios financieros, vincularlos a unas prácticas responsables de ventas y concesión de créditos. Debería prohibirse el cobro de primas y otros beneficios relacionados con el desempeño durante cinco años. Ha de evitarse que los accionistas puedan consumir toda la riqueza de las empresas durante los períodos de crecimiento por medio de dividendos y programas de readquisición, que dejan a las empresas con hojas de balance sin suficiente capitalización en los momentos de desaceleración económica. En particular el modelo insostenible de compraventas apalancadas de los private equity ha hecho peligrar millones de puestos de trabajo.

Proteger a las familias trabajadoras frente a los préstamos predadores. Los gobiernos deben tomar medidas para incrementar la seguridad de los préstamos para las familias trabajadoras, exigiendo transparencia en los contratos financieros (vivienda, tarjetas de crédito, seguros), acceso a un recurso efectivo, proximidad de los servicios y asequibilidad (topes en los tipos de interés y los recargos). La remuneración y los sistemas de incentivos de los bancos y otros suministradores de créditos deberían estar diseñados para garantizar unas prácticas comerciales y crediticias responsables que sirvan los intereses de los clientes.

Consolidar y mejorar la rendición de cuentas, el mandato y los recursos de las autoridades supervisoras. Los gobiernos deben tomar medidas para poner fin al enfoque fragmentado a la regulación financiera, que actualmente se divide en función de la actividad comercial y la jurisdicción nacional. Deberá contarse con una consolidación supra-nacional cuando sea preciso, particularmente en Europa. Las autoridades supervisoras deberán disponer de suficientes poderes de aplicación y de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus tareas. En particular, su mandato deberá ampliarse para cubrir la supervisión de la inflación en el precio de activos. En sus estructuras de gobernanza debe contarse con la participación de los sindicatos. Además, el marco de supervisión, incluyendo 'colegios de supervisores', deberá facilitar la cooperación de las autoridades financiera con los sindicatos y otras estructuras representativas de los empleadores en el lugar de trabajo dentro del sector financiero: por ej. comités de empresa y acuerdos marco internacionales establecidos entre las Federaciones Sindicales Internacionales y las empresas multinacionales.

Reestructurar y diversificar el sector bancario. Se requieren diversos modelos de negocios y formas legales para contribuir a establecer unos servicios financieros nacionales equilibrados y robustos que beneficien a la economía real y que cubran las necesidades de las familias trabajadoras. Los gobiernos deben promover modelos alternativos a la banca comercial, como las uniones de crédito, los bancos cooperativos, las mutuas de seguros, y otros servicios financieros públicos y centrados en las comunidades. Deben tomarse medidas además para asegurarse de que no vuelvan a crearse grandes conglomerados que sean 'demasiado grandes como para caer', o que combinen distintos tipos de negocio: banca, seguros, banco de inversiones, etc. La reestructuración deberá realizarse respetando las reglas más estrictas del diálogo social y mitigar su impacto sobre el empleo.

Proteger las pensiones de los trabajadores

22. Los líderes del G20 deben tomar medidas también para proteger el régimen de pensiones basado en la capitalización. La crisis ha revelado el peligro de una inversión ilimitada de las pensiones de los trabajadores en el sector financiero 'encubierto'. Los fondos de pensiones basados en la OCDE han descendido en valor de más de USD 3,3 billones, en un 20 por ciento en términos reales, durante 2008, a causa de la disminución en valor de los valores de renta variable, los activos de renta fija, los fondos especulativos y los productos estructurados. El impacto inmediato de la crisis se hará sentir especialmente para aquellos que están cerca de la edad de jubilación, con pensiones en regímenes no protegidos de 'contribuciones definidas', donde el nivel final de jubilación depende del rendimiento obtenido por el fondo de pensiones. Los gobiernos han de tomar medidas además para garantizar una jubilación adecuada para los trabajadores con sistemas de pensiones basados en la capitalización, incluyendo asegurarse de que los empleadores asuman también su parte en cuanto a los riesgos y la financiación de las pensiones, y para reforzar los regímenes de pensiones con garantía del Estado y la regulación de la inversión de fondos de pensiones en general.

IV. Poner fin a la deflación salarial y combatir la crisis de justicia distributiva

23. La 'flexibilización' de los mercados del trabajo que ha tenido lugar en prácticamente todas las economías en los últimos 25 años ha incrementado el riesgo de una deflación salarial que contribuye a profundizar la crisis debido a los recortes en el poder adquisitivo y el aumento de la inseguridad. Los gobiernos no pueden repetir el error cometido en los 30 y permitir una deflación salarial competitiva. En lugar de adoptar políticas que debiliten la protección de los trabajadores e incrementen la precariedad del trabajo, los gobiernos deben asegurarse de que se establezcan unos valores mínimos en los mercados de trabajo, para prevenir una espiral descendente de deflación en ingresos y precios. Deben tomar medidas para proteger los derechos básicos de los trabajadores y la ampliación de la negociación colectiva, y promover la reconstrucción de instituciones que contribuyan a distribuir los ingresos y la riqueza de forma más equitativa. Los salarios mínimos deben ser lo suficientemente elevados para permitir que los trabajadores y sus familias dispongan de condiciones de vida decentes, a fin de prevenir que aumente aún más el número de los pobres que trabajan. Las mujeres representan la mayor parte de los trabajadores con condiciones de trabajo más precarias, por lo que lograr la equidad de género y la eliminación de la discriminación contra la mujer en el empleo ha de convertirse en una prioridad en el programa político nacional e internacional.

24. Antes de la crisis, las desigualdades salariales habían aumentado tanto entre los países como dentro de cada nación. El aumento de los salarios se quedó atrás respecto al tasas de crecimiento más importantes en la productividad en dos tercios de los países más ricos que componen la OCDE (8), y la proporción de los salarios en los ingresos nacionales descendió en todos los países para los que se dispone de datos. En los países en desarrollo, incluso antes de la crisis de los precios de los alimentos de 2007-2008 y la actual crisis financiera, el Banco Mundial señaló que en 46 de 59 países examinados, la desigualdad había aumentado durante la década anterior. El empeoramiento de la situación económica, a la que se añadió la crisis alimentaria, acentuará aún más las desigualdades existentes. En lugar de un crecimiento económico constante basado en la inversión, la productividad y la prosperidad creciente de los trabajadores y trabajadoras, hemos tenido una serie de burbujas especulativas que enriquecieron a unos pocos pero que están ahora siendo pagadas por muchos. Se requiere un nuevo modelo de desarrollo económico que resulte sostenible medioambientalmente y que garantice un crecimiento equilibrado de los salarios reales, en línea con los aumentos de la productividad. Se necesita asimismo un sistema fiscal más justo, que combata las desigualdades mediante una imposición sobre el capital y no sobre el trabajo.

25. En la mayoría de los países en desarrollo, las instituciones del mercado de trabajo son aún más débiles que en los países industrializados y una gran proporción de la fuerza laboral está pluriempleada en la 'economía informal', donde no gozan de ninguna protección. Las regulaciones básicas del mercado de trabajo - como salarios mínimos, horas de trabajo máximas, prestaciones en caso de pérdida del empleo y limitaciones en el recurso a contratos de duración determinada - resultan esenciales para proteger a los trabajadores de abusos, del mismo modo que el respeto de las normas fundamentales del trabajo para que los trabajadores puedan organizarse y negociar colectivamente a fin de mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo. Las IFI no deberían promover una regulación aún mayor del mercado de trabajo en los países en desarrollo durante la actual crisis, puesto que sólo contribuiría a exacerbar la difícil situación de los trabajadores, especialmente teniendo en cuenta que la gran mayoría de los trabajadores/as en los países en desarrollo no cuentan con programas de apoyo a los ingresos a los que acogerse. Las IFI deberían trabajar conjuntamente con la OIT y apoyar sus esfuerzos para promover la creación de un empleo seguro con salarios adecuados, protección social y respeto de los derechos.

26. A más largo plazo, deberían recrearse las estructuras tripartitas para la consulta económica y social y la planificación política, que sirvieron de trampolín para los 30 años de alto crecimiento económico y para mejorar el nivel de vida durante la post-guerra. Implicando a representantes de los trabajadores y trabajadoras en las decisiones que determinan el empleo y el crecimiento económico no sólo resulta coherente con los principios democráticos, sino que además es beneficioso económicamente. El modelo alternativo neoliberal nos condena a repetir los errores de los años 1920 y 1990, y a mantener los niveles de creciente desigualdad que desembocaron en la inestabilidad financiera y en última instancia produjeron el crash de la bolsa.

V. Establecer las bases de un acuerdo internacional para mitigar el cambio climático

27. Los líderes del G20 deben asegurarse de que las medidas urgentes necesarias para hacer frente al cambio climático se vean desbaratadas a causa de la crisis. Más bien, tal como reclama esta declaración, los gobiernos deben aprovechar la respuesta global fiscal coordinada a la crisis para avanzar en el 'programa de la economía verde', preparando así el terreno para que en Copenhague se alcance un ambicioso acuerdo sobre cambio climático. Se trata de pasos esenciales si queremos evitar que la temperatura media mundial aumente en más del 2 por ciento dando lugar a un desastre climático de gran magnitud: en el mejor de los casos, la pérdida del 5 por ciento de la producción global "ahora y para siempre" según el informe Stern, o en el peor de los casos, el colapso de las sociedades provocado por los actuales modelos de interacciones económicas y medioambientales a largo plazo. Resulta esencial que la Cumbre del G20 envíe un mensaje firme sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo en Copenhague. Dicho acuerdo ha de incluir objetivos ambiciosos respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados, así como una acción eficaz para lograr reducciones de las emisiones o incrementos controlados para garantizar un desarrollo bajo en carbono en los países en desarrollo.

28. Los gobiernos deben reconocer que alcanzar dicho acuerdo sobre cambio climático depende del establecimiento de un consenso político amplio y sostenible sobre los objetivos, y sobre los medios para alcanzarlos. El acuerdo ha de mostrar que los gobiernos firmantes reconocen el impacto social y económico de su implementación, incorporando una estrategia clara para hacerles frente dado que, hasta la fecha, no se han abordado debidamente los retos y los beneficios sociales para el empleo. Además, el nuevo acuerdo sobre cambio climático debe pedir a los gobiernos que consulten, planifiquen y apliquen una estrategia de 'transición justa', destinada a proteger a los más vulnerables de los riesgos asociados al cambio climático y de las consecuencias de las posibles medidas de adaptación o mitigación. Estas estrategias 'de transición' requieren entre otras cosas que se establezcan consultas con los sindicatos, las empresas y la sociedad civil, además de políticas de protección social y diversificación económica.

29. Los países desarrollados deberán aportar apoyo financiero y de otro tipo a los países más pobres, para permitirles hacer frente a los retos del cambio climático, incluyendo la contribución al Fondo de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

VI. Una gobernanza económica mundial eficaz y responsable

30. En 1944 los principales países del mundo se reunieron en Bretton Woods para establecer nuevos arreglos financieros globales que apoyasen la recuperación económica. Necesitamos ahora mostrar una ambición mucho mayor: el cambio ha de ir más allá de la regulación financiera. Esta crisis ha revelado serias faltas de solidez en los mecanismos para la gobernanza de la economía global. Aunque no hay un modelo básico para una gobernanza mundial óptima, los gobiernos pueden empezar por identificar los requisitos de la coherencia global en áreas como el medio ambiente, las finanzas, la asistencia al desarrollo, la migración, el trabajo, la salud y la energía, donde es claramente evidente que la gobernanza nacional por sí sola no basta y que se requiere una nueva arquitectura institucional en un 'gran trato global'. Para que progrese la agenda de negociaciones comerciales, es necesario incluir un pilar social mucho más firme para anticipar y suavizar las alteraciones en el empleo que ocasionará una competencia más intensa probablemente. El proceso del G20 contiene algunos elementos de este tipo, pero sigue estando marcadamente inclinado hacia cuestiones financieras. La economía real, el trabajo decente y la reducción de la pobreza están siendo tratados de manera marginal en las discusiones. Además, algunos países que representan un tercio de la población mundial no están representados en la mesa de negociación por lo que no tienen la posibilidad de influir en las labores del G20.

31. Se necesita un nuevo foro sobre políticas económicas y sociales a nivel global, que combine efectividad, legitimidad y rendición de cuentas. Un punto de partida sería la carta de gobernanza económica y social global, basada en instrumentos de la OCDE, la OMC, la OIT, el FMI y el Banco Mundial, propuesta por la Canciller alemana y el Ministro de Finanzas italiano. Constituiría una síntesis de los principios rectores de dichos organismos, con referencias a elementos como las normas fundamentales del trabajo de la OIT, las Directrices para las EMN, la Convención para Combatir el Cohecho y los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. Se combinan así normas relativas al comportamiento de los mercados con "elementos complementarios relativos al empleo y el desarrollo de las empresas, la protección social, unas condiciones de trabajo humanas, relaciones laborales sólidas y los derechos en el trabajo" (9) de la Agenda de Trabajo Decente de la OIT. Exhortamos a los líderes del G20 a considerar seriamente esta propuesta y a iniciar el proceso de consultas necesario para obtener respaldo con vistas a la organización de las cumbres globales realmente autoritativas de los líderes mundiales, indispensables para gestionar nuestra economía mundial cada vez más interdependiente.

32. Los gobiernos deben iniciar el trabajo, pero no pueden dejarlo luego en manos de banqueros y funcionarios de los ministerios de finanzas que se reúnen a puerta cerrada. Los sindicatos están dispuestos a participar de forma constructiva en este proceso y piden a los gobiernos que se les permita sentarse en la mesa de negociación. Los sindicatos deben participar plenamente en las nuevas estructuras de gobernanza y asesoramiento de las organizaciones internacionales, como ocurre ya en la OCDE. En línea con el mandato acordado en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2008, la OIT debe constituir un elemento central de una nueva arquitectura multilateral, para que pueda responder de manera eficaz a la actual crisis en una globalización impulsada por los mercados situando el empleo, las prioridades sociales y la promoción del trabajo decente en el núcleo mismo de la toma de decisiones.

33. Es necesario incrementar la representación y el peso de los países más pobres en las instituciones y los procesos globales. Los gobiernos de las economías emergentes y de los países en desarrollo deben participar plenamente en las instituciones para un nuevo orden económico. En particular el Banco Mundial, cuyo mandato se centra en los países en desarrollo, ha de concederles un poder de voto - basado tanto en criterios económicos como sociales - que sea al menos equivalente al que tienen los países industrializados. El FMI requiere igualmente una reforma urgente y debería cambiar su estructura de gobernanza para incrementar la representación de los países 'clientes' de bajos ingresos y de las economías emergentes, cuyo papel en la economía global ha aumentado en los últimos años. Los líderes del G20 han acordado ya destinar mayores recursos a las IFI (10) pero, a cambio, tanto el Banco como el FMI deben dejar de imponer a los países en desarrollo y emergentes la condicionalidad que les obliga a adoptar políticas pro-cíclicas. Por ejemplo, los préstamos de emergencia negociados por el FMI con varios gobiernos desde octubre de 2008 incluyen subidas de los tipos de interés, reducción de salarios y pensiones, incremento de tarifas para los servicios públicos y la privatización de entidades estatales; algunos acuerdos incluyen además la obligación de efectuar reformas de la protección social que eliminarían su acceso a aquellos que no figuren entre los más vulnerables. En su lugar, el objetivo del trabajo decente y el respeto de las normas fundamentales del trabajo deben apuntalar los nuevos arreglos. Organismos regionales como la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Organización de Estados Americanos (OEA) deben tener un lugar en el G20, del mismo modo que lo tiene la Comisión Europea (CE).

VI. Conclusión

34. Los sindicatos han criticado reiteradamente el desequilibrio existente en cuanto a la prioridad relativa concedida a las instituciones económicas y sociales, así como la creciente preponderancia de mercados financieros desregulados e incontrolables en detrimento de las necesidades de financiación de la economía real, socavando su capacidad de proporcionar trabajo decente para todos. Los gobiernos, trabajando conjuntamente con los interlocutores sociales y contando con la contribución de organizaciones internacionales relevantes como la OIT, deben crear un nuevo orden económico mundial. Se necesita un cambio de paradigma en el establecimiento de políticas, que 'sitúe a las personas en primer término'. Los sindicatos y los trabajadores a los que representamos, ya no tenemos confianza en que esta vez los banqueros y los gobiernos consigan arreglar la situación. Los trabajadores y trabajadoras deben sentarse en la mesa de negociación. Ha de garantizarse la plena transparencia, la divulgación de la información y la consulta. Las organizaciones de la Agrupación Global Unions están dispuestas a desempeñar el papel que les corresponde en la construcción de este futuro más justo y más verde.

Notas:

(1) Cuentas nacionales trimestrales (Quarterly National Accounts), OCDE, 18 de febrero de 2009

(2) FMI, The Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries, 2009

(3) Tendencias Mundiales del Empleo, OIT, 28 de enero de 2009

(4) FMI, Fiscal Policy for the Crisis, 29 de diciembre de 2008

(5) OIT - Foro de Diálogo Mundial sobre el Impacto de la Crisis Financiera en los Trabajadores del Sector Financiero, 24-25 de febrero de 2009

(6) CSI, Desigualdad de género en el mercado laboral: Visión general de las tendencias y progresos mundiales, 2009

(7) Modernizing the American Financial Regulatory System, Congressional Oversight Panel (COP), Special Report on Regulatory Reform, enero de 2009; Principles for a New Financial Architecture, Stiglitz, Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional, enero de 2009.

(8) Growing Unequal? (¿Crecimiento desigual?), OCDE, octubre de 2008

(9) Declaración de la OIT, la OMC, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y Alemania, 5 de febrero de 2009 - disponible (en inglés y francés) en:

(10) Comunicado de los Ministros de Finanzas del G20 y los Gobernadores de los Bancos Centrales - 14 de marzo de 2009.

La Agrupación Global Unions está compuesta por organizaciones sindicales internacionales que trabajan juntas y que pertenecen a la misma “familia sindical”. La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC-CSC) afilian a las centrales sindicales nacionales integradas por sindicatos de diversos sectores. Las once Federaciones Sindicales Internacionales agrupan a los sindicatos nacionales en función del sector u ocupación que cubren.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Héctor Vásquez Fernández, de la Escuela Nacional Sindical.