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  La ley de la selva porteña I
Ir a sección Gob. Locales Por María José Grenni
 

Buenos Aires, Agencia SICLA, 5/11/02.- En el marco de una argentina donde los discursos de inseguridad rebrotan en todos los medios de comunicación, y donde el Ministro de Justicia presentó un conjunto de propuestas legislativas destinadas a enfrentar el aumento de los secuestros extorsivos, los porteños no parecen confiar en las fuerzas policiales a la hora de hacer una denuncia.

Una encuesta oficial refleja que apenas sólo un 24% de las víctimas de delitos hacen la denuncia a la policía. Y dos de cada tres personas evalúan como regular el trabajo de la policía federal.

Esta razonable desconfianza, producto de sobrados casos de participación policial en hechos delictivos y de violencia, se refleja en el aumento de un 20% en la contratación de agencias de seguridad privada y en el aumento de la venta de armas para defensa personal.

Pese a la proliferación de agencias de seguridad privada - que nuclean a 130 mil agentes-, por la privatización del aparato estatal, el monopolio de la fuerza es una de las pocas funciones inalienables del Estado, como en algún momento lo fueran los sostenes básicos de la economía.

La solución no parece encontrarse en su privatización sino en la reorientación a una función social y no empresarial.

En la Ciudad de Buenos Aires según en artículo 125 se debería crear una policía local. Los plazos vencieron en Octubre de 2001.

En una Ciudad que es autónoma, la no creación de esta fuerza policial constituye una inconstitucionalidad del poder ejecutivo y legislativo local, convirtiéndose en la única provincia que en un país federal pretende ser unitaria.

La falta de presupuesto resulta un argumento poco convincente cuando dicha ciudad goza del producto bruto más elevado del país, con una producción total que representa el 26% de la nacional. Y cuando provincias extremadamente más pobres mantienen una fuerza policial local.

Sin embargo es evidente que la violencia y corrupción policial no encontrarán factibles frenos con la mera creación de una policía local -el funcionamiento de las policías provinciales sirven a modo de ejemplificación-. La sociedad porteña, y argentina en general tendría que replantear los principios que hoy rigen a las fuerzas de seguridad con la reelaboración de los programas de estudio basados en los principios democráticos y de respeto de los derechos humanos. Separándolas definitivamente del antiguo modelo policial reclutado en dictaduras.

Ley de la Selva porteña II

 

Mientras tanto una noticia de dos días atrás puede tomarse por el lector como insólita o como una burla a sus derechos ciudadanos.

En la Ciudad de Buenos Aires existen un sin fin de artículos de la CCABA que no se legislan y un sin fin de leyes anacrónicas de una Municipalidad de Buenos Aires que desde 1996 dejó de existir. Así es como un porteño se puede encontrar desde prohibiciones en los corsos hasta menciones de corsarios. Pero los artículos de la CCBA, que consagró a esta ciudad como la más progresista, brillan por su ausencia.

Esta situación de inconstitucionalidad de los poderes locales es retroalimentada por la falta de información de los porteños sobre las facultades que tiene una ciudad que ya no tiene el rango de municipalidad sino de provincia.

La Ciudad de Buenos Aires no sólo no tiene una fuerza policial propia sino que tampoco tiene municipios. Requisito democrático que hasta los feudos provinciales cumplen.

Los municipios de esta nueva provincia llevan el nombre de comunas: unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial que ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia.

Esta descentralización en materia política y económica podría ser el principio de acercamiento de la sociedad al control de un Estado y un gobierno que desde hace tiempo se desencuentran.


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