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ARGENTINA

Un acuerdo social tripartito positivo: el aumento del salario mínimo, vital y móvil

Por Julio Godio (*)

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 03/09/04.-

1. El acontecimiento

El día 2 de septiembre del corriente año, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, convocado una semana atrás por el Poder Ejecutivo, acordó por amplia mayoría de sus miembros un aumento del salario mínimo para el sector privado de la economía. El Consejo se había reunido por última vez en 1993. A partir del 1° de septiembre el salario mínimo aumenta a $450, más 50 pesos no remunerativos (equivalentes a U$S 170). Para los trabajadores mensualizados será de $2,25 por hora.

Sobre 16 delegados por el sector empresario, 13 votaron a favor y se abstuvieron 3. Sobre 16 representantes de los trabajadores, 12 votaron a favor y 3 se abstuvieron. No estuvo presente en la votación el solitario delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que participó por fuera de la delegación de la CGT.

Un breve análisis político de la votación indica lo siguiente: (1)

  • · La mayoría de las organizaciones empresarias y sindicales representadas votaron a favor del aumento propuesto por el Poder Ejecutivo. Son las siguientes:
Representación empresaria
- Unión Industrial Argentina (UIA)
- Bolsa de Comercio
- Cámara de Comercio
- Cámara Mercantil (CAME)
Total: 13 representantes
Representación sindical
- Confederación General del Trabajo (central con personería gremial)
Total: 12 representantes
  • · Una minoría de organizaciones empresarias y sindicales, que se identifican con posiciones políticas de centro-izquierda y favorables a un "capitalismo nacional", votó en contra. Son las siguientes:
Representación empresaria
- Consejo de Empresarios Nacionales (CEEN)
- Federación Agraria Argentina (FAA)
Total: 3 representantes
 
Representación sindical
- Central de Trabajadores Argentinos (central sin personería gremial)
Total: 3 representantes

El resultado de la votación muestra que se constituyó una "mayoría social" (empresarios y sindicatos) que decidió apoyar la postura del Poder Ejecutivo. Hasta momentos previos a la votación las organizaciones empresarias sólo aceptaban aumentar el salario básico a $400, mientras que la CGT exigía un aumento de $500 y una agenda para elevarlo en enero de 2005 a $730 (actual canasta familiar de pobreza).

Ambas representaciones se preocuparon por mantener sus perfiles institucionales-corporativos y su prestigio frente a la sociedad. Votaron de esta manera porque existía el acuerdo político entre ellos para apoyar la postura sostenida públicamente por el Presidente Néstor Kirchner y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, de limitar el aumento a $450. De todos modos, en el acta acordada por las partes se recoge la posición de la CGT de que la meta es superar los $730 de la canasta básica a principios de 2005, y negociar ahora el aumento del salario familiar (o asignaciones familiares) de 60 a 130 pesos mensuales.

Las mencionadas organizaciones empresarias y sindicales que votaron a favor del acuerdo salarial con el gobierno son organizaciones sumamente fuertes y arraigadas en las empresas del sector privado, que optan tácticamente por el "pragmatismo" frente al poder político. Son organizaciones empresarias y sindicales acostumbradas desde hace década a negociar con gobiernos democráticos o autoritarios. Priorizan sus intereses sectoriales a las ideologías políticas.

Pero la agenda de aumentos actuales y potenciales establecidos en el acta acordada también recoge las posiciones disidentes de la CTA, la CEEN y la FAA. Estas organizaciones empresarias y sindicales disidentes decidieron votar en contra para diferenciarse políticamente del resto de las organizaciones empresarias y sindicales, preservar las alianzas entre ellas que se han establecido en la llamada "multisectorial", reiterar su posición favorable a un desarrollo capitalista "autónomo" y centrado en el mercado interno y establecer límites al apoyo que actualmente todos ellos dan al propio gobierno de Kirchner.

2. Vinculación entre el aumento salarial y el comportamiento de la economía nacional

El gobierno nacional ha optado por promover el aumento del salario mínimo porque espera que esta y otras mejoras salariales incidan positivamente sobre la economía nacional, y permitan dar inicio a una nueva etapa de la política económica. Colateralmente, el gobierno aspira a que una mejora en la economía y en los niveles de empleo serán factores favorables para ir reduciendo las altas cuotas de inseguridad y criminalidad. De todos modos, los niveles actuales de los salarios medios en Argentina están por debajo de la canasta básica mensual (aprox., $1.900).

En referencia al universo de trabajadores del sector privado que se verán beneficiados por el aumento del salario mínimo, se destacan los siguientes aspectos: unos 350.000 trabajadores verán mejorados sus ingresos, y 6.000.000 de trabajadores amparados por negociaciones colectivas vigentes podrían ver mejorados sus salarios básicos de convenio, que ahora se colocan por debajo del salario mínimo.

Esta última alternativa de mejorar los salarios básicos es la que ha estimulado la CGT, que cuenta con las grandes uniones y confederaciones de rama / actividad del sector privado. La CGT pretende que un aumento en los salarios básicos de los convenios favorezca a su vez la apertura de una nueva fase de renegociación a la "suba" de las escalas salariales y estándares de condiciones de trabajo en los convenios colectivos.

En la primera fase de las negociaciones informales que el PE desarrolla durante el mes de agosto, el Ministro de Economía, Roberto Lavagna, apareció en los medios de comunicación como opuesto al aumento del salario mínimo. Argumentó que podría incidir negativamente sobre la inflación y sobre la rentabilidad de las empresas. Pero, supuestamente por presión del propio Presidente Kirchner, Lavagna modificó su posición y pasó a defender la decisión gubernamental. No sólo apostó al aumento, sino que agregó que el gobierno destinará parte del elevado superávit fiscal (que este año será de unos $13.488 millones, entre 4 y 5% del PBI) para aumentar la ayuda social, técnica y educativa. (2)

Dicho de otra manera, Lavagna parecería orientarse a priorizar las demandas sociolaborales internas y a usar este argumento para recuperar la iniciativa política frente a las presiones del FMI y los acreedores de la deuda externa privada en default. El aumento del salario mínimo sería el primer paso para aumentos salariales cuyo objetivo es sacar a la economía argentina de la meseta en la que ha entrado en los últimos dos meses del corriente año.

Lavagna necesita sustituir los impactos "negativos" de la presión del FMI (la exigencia de cancelación de deudas en diciembre por U$S 1.500 "como mínimo"), la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas, con previsibles ajustes de tarifas y la ausencia de estímulos internos con suficiente fuerza como para estimular la reanudación de las inversiones directas externas.

El gobierno argentino no cree que el aumento salarial vaya a desembocar en más inflación. Es, por otro lado, la opinión de la mayoría de los analistas economías locales, que ahora parecen volcarse a posiciones "heterodoxas", favorables al intervencionismo estatal en la economía y los mercados de trabajo, (3) en sintonía con las políticas "neodesarrollistas e industrialistas" del gobierno peronista-kirchnerista.

3. Algunas implicancias políticas de la decisión gubernamental

La decisión del gobierno de iniciar un curso económico más favorable a la expansión de la demanda efectiva, a través principalmente de políticas de "salarios administrados", de programas de obras públicas y de políticas sociales, consolida la opinión de que persiste la línea "keynesiana" kirchnerista y que el gobierno pretende con estas políticas consolidar sus acercamientos hacia ciertos sectores políticos: el "duhaldismo" y la UCR. No era desconocido para el público argentino que tanto el ex-presidente Duhalde como el ex-presidente Alfonsín se venían manifestando desde hacía varios meses a favor de la concertación social para mejorar los salarios e ingresos.

Duhalde ha abandonando desde un año su actitud distante hacia los sindicatos y ahora aparece con asiduidad como "referente" de la propia CGT. El ex-presidente Alfonsín impulsa, dentro de la UCR (con fuerte apoyo del Presidente de la UCR de la Provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moreau), una posición favorable al "compromiso estratégico" con el kirchnerismo y el duhaldismo. Lógicamente, tanto Duhalde como Alfonsín reclaman, según sus intereses particulares, una mayor "apertura" del kirchnerismo hacia los sectores que representan (reconocimiento de la autoridad de Duhalde en la Provincia de Buenos Aires, consultas del gobierno a la UCR sobre políticas nacionales e internacionales, etc.).

Dado que está creando un "polo político" de sustentación del gobierno, la decisión de Kirchner de colocar como objetivo prioritario aumentar progresivamente los salarios debe ser valorada como un nuevo paso político favorable aun compromiso político basado en el Partido Justicialista y la UCR. Es cierto que Kirchner no ha abandonado su estrategia de demarrar la "transversalidad", ni tampoco su decisión de vincularse "directamente" (mediáticamente, a través de actos masivos, etc.) con la sociedad. En síntesis, como hemos analizado en otro artículo, (4) el kirchnerismo busca instalar anclajes en los grandes partidos y también en las organizaciones empresarias y sindicales. En el contexto político de la concertación política y social es necesario incorporar el significado del aumento del salario mínimo.

4. Revaloración de las posiciones de las organizaciones empresarias y sindicales luego del acuerdo tripartito

Argentina es un país en el cual las organizaciones sociales priorizan sus comportamientos corporativos y sectoriales exageradamente. Esos comportamientos corporativos son el resultado de una situación paradójica: por un lado, el relativo pero importante desarrollo capitalista a permitido la formación -desde 1889 hasta la fecha, y en sucesivas fases histórico-políticas- de importantes instituciones representativas de los intereses privados en el agro, la industria, servicios, sistema financiero, etc. Del mismo modo se han estructurado los sindicatos, cuya fuerza se potenció a partir de 1945 por la combinación de la expansión de la sociedad salarial con la constitución y conquista del poder político por un movimiento policlasista mayoritaria nacional-industrialista: el peronismo.

Pero por otro lado, la centralidad política de las diferentes fracciones del empresariado local y de los propios sindicatos es inestable, pasándose constantemente en los últimos 50 años de momentos de acuerdo a momentos de dispersión y confrontación. En rigor, es el Estado quien monopoliza las capacidades políticas de convocar periódicamente a las organizaciones empresarias y sindicales para acordar políticas económicas y sociales. Las organizaciones sociales carecen de tradiciones de autoconvocatoria. El Estado es en última instancia la fuerza que garantiza la cohesión en la sociedad.

Las negociaciones sociales espontáneas y autónomas son limitadas. Esto explica entre otros fenómenos la inexistencia en Argentina de un Consejo Económico-Social. Predomina la puja de intereses sectoriales sobre el "bien común". Inclusive esa preeminencia de intereses sectoriales es fuerte al interior de las propias organizaciones: ello explica por ejemplo que la CGT se haya reunificado, pero que persistan "feudos" político-sindicales en su interior.

El ejemplo más significativo de las prácticas corporativistas sindicales se registró durante el funcionamiento del Consejo del Salario. Así, pese a que la CGT es dirigida por un triunvirato colegiado de Secretarios Generales (Moyano, Rueda y Lingieri), al momento de elevar los miembros de la delegación fue excluida por decisión del "primus inter pares", Hugo Moyano, la propia Susana Rueda. (5) El objetivo de Moyano era reducir el poder dentro de la CGT de los sindicatos "gordos" (comercio, salud, alimentación, energía, etc.), a los cuales representa la sindicalista mencionada. Así, la CGT siguió siendo un escenario de luchas sindicales internas, en el mismo momento en que participaba de la reunión del Consejo.

5. Sobre el futuro del Consejo

El Consejo del Salario Mínimo tiene atribuciones genéricas y potenciales para vincular la evolución salarial con las metas y la perfomance de la economía nacional. Es decir, el Consejo podría funcionar como un espacio apto para negociar y acordar políticas consensuadas entre las organizaciones sociales y el gobierno. El Consejo del Salario ha sido convocado por el gobierno de Kirchner para funcionar durante cuatro años.

De consolidarse la actual tendencia favorable a las negociaciones tripartitas, el Consejo podría jugar un importante papel en el futuro. La grave situación económica social y política exige una nueva racionalidad a los actores sociales. Pero nada garantiza que las tendencias e intereses corporativos no produzcan nuevas divisiones y desacuerdos.

En síntesis, es positivo que además de la decisión sobre aumento del salario mínimo, en la reunión del 2 de septiembre se haya acordado una agenda de temas para las nuevas reuniones. Esos temas son:

  • - Asignaciones familiares: la CGT y la CTA planean aumentar de 60 a 130 pesos.
  • - Aumento del salario mínimo en enero de 2005: los sindicatos plantean un piso de $700.
  • - Reformas a la ley de contratos de trabajo (indemnizaciones por despido) para estimular el aumento del empleo: la UIA y otras organizaciones empresarias analizarán este tema en el Consejo en octubre del corriente año. Se trata de una propuesta resistida por los sindicatos.
  • - Programa de capacitación para desempleados, gestionado en forma conjunta por las organizaciones de empleadores y trabajadores (dentro de los Planes de Jefas y Jefes de Hogar). Este tema fue planteado por varias organizaciones empresarias y por la representación de la CGT, y el objetivo es "reentrenar" a trabajadores desocupados por especialidad. Existen experiencias y exploraciones entre algunas confederaciones sindicales de la CGT y organizaciones empresarias sobre programas de capacitación.

6. Las seis principales personalidades que participaron de la reunión

  • · Carlos Tomada - Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
  • · Norberto Ciaravino - Jefe de Gabinete del MTESS
  • · Hugo Moyano - Secretario General de la CGT
  • · Víctor de Gennaro - Secretario General de la CTA
  • · Alberto Alvarez Giani - Presidente de la UIA
  • · Guillermo Gotelli - Presidente de la lista de oposición en la UIA
  • · Daniel Funes de Rioja - Asesor de la UIA

7. Conclusión final

Dados los altos niveles de desempleo, subempleo y precariedad laboral existentes en Argentina, este nuevo paso en el mejoramiento de los salarios debe ser considerado como positivo. Se abre un escenario de "puja distributiva" que podría favorecer el logro de demandas de los trabajadores ocupados para renegociar convenios colectivos y/o lograr aumentos generados por vía de decisiones del Estado y diferentes formas de concertación social tripartitas. De todos modos, el acuerdo que hemos analizado no tendrá mayor impacto sobre la disminución del desempleo, salvo que se genere una nueva voluntad política tripartita para acelerar la vinculación de los programas de desempleo de Jefes y Jefas de Hogar, y otras iniciativas de creación empresas comunitarias, cooperativas, etc., con el trabajo productivo en sus diversas formas.

Notas
(1)El salario mínimo en el sector público es de $350.
(2)"Gremios y empresarios acordaron subir a 450 pesos el sueldo mínimo", Clarín, 3/9/04.
(3)"Mucho más que un tironeo sobre salarios y precios", Clarín, 26/8/04.
(4)La Nación, Editorial, 31/8/04.
(5)Julio Godio, "¿Es posible una nueva centralidad política consensuada en el PJ?", 18/7/04.
(*)Director del Instituto del Mundo del Trabajo.
El presente material se publica por gentileza del Estudio Cuartango.
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