Artículos de Julio Godio editados en Rebanadas

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 15/06/06.-

Sumario

• 1. La tendencia a favor de Kirchner
• 2. La tensión sobre los cambios en la legislación laboral
• 3. Apoyo de los empresarios desde la gran prensa y reacciones del gobierno
• 4. Conclusiones

1. La tendencia a favor de Kirchner

El crecimiento de la economía argentina según el prestigioso economista Roberto Frenkel, mostró, en el primer trimestre de este año 2006, una tasa anual de 9.3%, explicada principalmente por las actividades de industria y construcción. El año pasado el producto aumentó 9.2%. Un amplio espectro de pronósticos espera en 2006 una tasa de crecimiento del orden de 7.5%. Por otro lado, entre 2003 y 2005 el crecimiento acumulado fue 30%. En ese mismo período la inversión aumentó 100%. La inversión creció a razón de 3 puntos por cada punto de crecimiento del producto. Esto no es extraordinario ni sorprendente, la elasticidad inversión-PIB es similar a la observada en la década de los noventa, tanto en las expansiones como en las contracciones. Consecuentemente, la tasa de inversión ha venido creciendo continuadamente.

A fines del año pasado la tasa de inversión alcanzó 21.3% y seguirá subiendo, porque la economía sigue creciendo rápido. Un reflejo puede verse en el índice de utilización de la capacidad instalada en la industria: la capacidad utilizada fue aumentando hasta principios de 2004, pero la tendencia se estabilizó desde entonces, pese al persistente incremento de la producción, porque las inversiones no fueron ampliando la capacidad. Subsisten distintos problemas que traban la inversión en áreas importantes, particularmente en energía y en servicios públicos. Estos problemas deben ser resueltos para que no se generen cuellos de botella en esos sectores. (1)

Es cierto que en los últimos cincuenta años las expansiones fueron interrumpidas por crisis causadas por la evolución de las cuentas fiscales o el sector externo de la economía y frecuentemente, por ambas a la vez. Las expansiones no se sostuvieron porque en su curso aumentaban los desequilibrios externo o fiscal y se generaban tendencias explosivas en el sector monetario y financiero, en el endeudamiento público o en la deuda externa del país. En particular, desde finales de los años setenta, el desequilibrio exterior y la deuda externa constituyeron el principal factor de esas crisis.

La situación actual de los factores es radicalmente diferente. Del lado fiscal, el superávit primario del sector público consolidado representó en 2005 el 3.7% del PIB y se pronostica para 2006 un 3.5%. Para que el contraste resulte más claro, debe tenerse en cuenta que entre 1961 y 2001 el superávit primario medio fue -3% del PIB, es decir, hubo un déficit primario de 3% del PIB. Por otro lado, mientras en 2001 los intereses involucraban 3.8% del PIB, gracias a la reestructuración de la deuda, los intereses en los próximos años representan 1.5% del PIB. De modo que el sector público ostenta hoy un significativo superávit global que implica la reducción de la deuda pública.

El drástico cambio de las cuentas fiscales resulta principalmente de la reestructuración de la deuda y de la imposición de las retenciones (por lo cual también es consecuencia indirecta del tipo de cambio competitivo) pero también de una tendencia de mayor plazo. El déficit primario tuvo un pico a mediados de los años setenta y luego tendió a reducirse. En la primera mitad de los noventa se había alcanzado equilibrio, que a mediados de los noventa se transformó en un déficit del orden del 2% del PIB por la reforma provisional. Grosso modo, la magnitud actual del superávit primario es similar a la recaudación por retenciones, lo que implica que las cuentas fiscales, sin contar retenciones, absorbieron el déficit generado por la reforma previsional.

En el sector externo, pese al crecimiento rápido del país y al lento crecimiento de Brasil, el superávit comercial en 2005 alcanzó el 6.1% del PIB, con exportaciones por 40 mil millones de dólares. El superávit de cuenta corriente fue de 3% del PIB, gracias al resultado comercial y a la reducción de intereses por la reestructuración de la deuda. El cambio en las cuentas externas resulta de la mencionada reestructuración, del tipo de cambio competitivo y de buenos precios de nuestras exportaciones. Pero también, como las cuentas fiscales, es consecuencia de tendencias de mayor plazo en las bases de nuestro comercio exterior. Desde finales de los años setenta, los problemas del sector externo fueron generados por las apreciaciones del tipo de cambio y la carga de la deuda externa y si algo hemos aprendido, no deberían repetirse.

En resumen, los factores tradicionales de insostenibilidad están neutralizados. Pero en las grandes empresas nacionales y extranjeras existen motivos de preocupación. Esta es la percepción que impulsa a los grandes empresarios a sostener con reservas al Presidente Kirchner.

A tres días de que el Presidente Kirchner celebrara en mayo último con un acto de masas la fecha patria del 25 de mayo, siete principales organizaciones empresarias( con adhesión de la CGT) publicaron el 21 una solicitada de reconocimiento a la gestión del gobierno(hemos comentado en otro artículo este gran acto, en el cual Kirchner llamó a constituir una "Concertación" política para sustentar políticamente a su gobierno.(2) ) La solicitada de las grandes organizaciones empresarias no se asociaba el objetivo de la "Concertación política", peo sí llamaba a una concertación social entre el gobierno, los trabajadores y el sector empresario: (3)

La adhesión de las grandes organizaciones empresarias a la gestión de Kirchner a tres años de su mandato no significa que ellos piensen que la crisis iniciada en 2001 haya terminado. Si bien reconocen la importancia del crecimiento económico, una encuesta elaborada por Universidad Austral - IAE, que es la "escuela de negocios" de los grandes empresarios, muestra que sobre 1.300 ejecutivos encuestados (que incluyen a las 200 grandes empresas líderes), el 74% cree que la crisis no ha terminado, y sólo el 1% dice que votaría por el Presidente Kirchner en 2007.(4) El siguiente cuadro de la encuesta es ilustrativo:

Los ejecutivos encuestados creen que existen "amenazas" sobre la política económica, que serían: inflación, falta de inversión, crisis energética antes del 2009 y fuerte caída del ritmo de crecimiento corriente. En diversos foros empresarios se registran voces críticas hacia el gobierno por las mencionadas "amenazas", referidas a que desde las esferas oficiales se amenaza periódicamente a ejecutivos cuando se trata de establecer "precios administrados" para productos y servicios.(5) El propio presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez.- interlocutor permanente del gobierno- ha señalado públicamente su oposición a lo que calificó de "chantajes". (6)

2. La tensión sobre los cambios en la legislación laboral

Durante los años 2004-2005, por vía judicial o legislativa, y con resistencia empresaria, se han ido modificando algunas normas laborales aprobadas durante los años noventa.(7) Muy resumidamente la situación es la siguiente.

La Ley 25.887 restableció el principio de que el convenio colectivo de actividad actúa como "Piso" de los acuerdos por rama o empresa, lo cual autoriza a los sindicatos a discutir temas no incluidos en el convenio mayor (como premios, presentismo, productividad, jornada de trabajo, etc.); también se restableció el régimen de ultraactividad, por el cual el convenio colectivo sigue vigente hasta tanto sea sustituido por otro nuevo. En materia de indemnizaciones se ha vuelto al sistema de un mes de sueldo por cada año o fracción mayor de tres meses, decisión que se refuerza por decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha aprobado la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo (ART), que le impedía al trabajador recurrir a la justicia si no está de acuerdo con las indemnizaciones y rentas del sistema, la inconstitucionalidad del pago en mensualidades de las indemnizaciones y, por último, que la indemnización no puede ser reducida en más del 33%, porque sería confiscatorio. La Cámara Nacional del Trabajo determinó que en el caso de obligaciones terciarizadas o solidarias entre un contratista principal y el empleador directo, el trabajador puede demandar al principal sin estar obligado a accionar contra el empleador directo.

A su vez, el Congreso Nacional reformó la Ley de Concursos y Quiebras, estableciendo que se desplaza al Juzgado Comercial en caso de trabajadores afectados que ahora tramitaran causas para el Juzgado de Trabajo. También el Congreso modificó el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, habilitando al trabajador individualmente para considerarse despedido si el empleador modifica unilateralmente sus condiciones de trabajo.

Por último, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados está considerando un dictamen favorable a proyectos que eliminan el tope a las indemnizaciones, extienden de 2 a 5 años la prescripción de las causas laborales, fijan en 2 sueldos el piso indemnizatorio y anulan las cláusulas PyME que permiten el fraccionamiento de las vacaciones y el pago a 3 cuotas del aguinaldo. También esta en curso una importante reforma a la ley de ART.

Como era previsible, ante el despliegue de esta batería de medias y proyectos "garantistas", las grandes organizaciones empresarias han decidido resistir. Según Daniel Funes de Rioja, asesor de grandes empresas y responsable del área jurídico-laboral de la UIA, los cambios en la legislación del trabajo "afectan no sólo el funcionamiento de las empresas desde un punto de vista organizativo, sino también sus costos laborales, además de la previsibilidad y asegurabilidad de las contingencias en materias de riesgos o accidentes laborales", agregando que suman "mayores rigideces a un sistema laboral ya de por sí complejo y gravoso, en especial para las PyME". (8)

La crítica empresaria tiene un destinatario: el gobierno nacional. Los empresarios creen que los acuerdos entre Kirchner y la Confederación General del Trabajo (CGT) conducen a un escenario "demagógico y populista" que afectará a las empresas y al buen funcionamiento de la economía nacional. Así las cosas, el día 17 de mayo, antes del gran acto, los mismos firmantes de la solicitada empresaria del 21 de mayo, más otros (pero obviamente sin la CGT) habían producido un comunicado en el que señalaban que "El sector empresario en su conjunto aspira a contar con un régimen legal cumplible tanto para trabajadores como para empleadores". Lo firman nueve entidades empresarias nacionales y siete delegaciones provinciales, que agregaron que los cambios en la legislación laboral propiciados desde la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, según el comunicado, "afectan seriamente la actividad económica general y el desenvolvimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país".

Es la primera vez, durante el gobierno de Kirchner, que prácticamente la totalidad del arco empresario emite una manifestación conjunta de alto voltaje político. Suscribieron el comunicado: Asociación Empresaria Argentina (AEA), Unión Industrial (UIA), Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Sociedad Rural (SRA), Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara de Comercio (CAC), Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y Federación Argentina de Entidades Empresariales del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). (9)

3. Apoyo de los empresarios desde la gran prensa y reacciones del gobierno

El 21 de mayo, el importante editorialista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, publicó un editorial titulado "Las sensación de acoso ronda al mundo empresario". En esta nota se critica indirectamente a Kirchner a través de una fuerte requisitoria a Guillermo Moreno, responsable del área de política de precios, que se caracteriza por su violencia en el trato con los empresarios. Moreno estaba preocupado por lograr que en mayo se lograra la "inflación cero". Escribe Morales Solá:

"La Argentina no podía salir alegremente de la hiperdevaluación de hace cuatro años. Una inflación muy alta la esperaba, cerca, si dejaba todo librado a los empresarios y a los sindicatos. El problema consiste en el método. Precios y salarios podrían ir actualizándose en un proceso gradual; el gobierno debería ser el árbitro natural de esa negociación.

Pero Kirchner decidió sentarse sobre los precios, con Moreno anunciando balaceras y subsidiar tarifas mediante miles de millones de pesos del superávit. Sujeta y libera a los sindicatos, pero nunca habla mal de ellos en público.

Hugo Moyano tiene tanto poder como Moreno. Las reformas laborales de su ahijado, el diputado kirchnerista Héctor Recalde, han provocado la primera reacción conjunta de todos los empresarios".

La respuesta del gobierno nacional a las organizaciones empresarias - y al propio Morales Sola- no se hizo esperar; el 30 de abril el diario Clarín, aliado actual del gobierno, publica un largo artículo del Ministro de Trabajo Carlos Tomada, titulado "La ley como valor social", en este alto funcionario dice:

"No existen posibilidades de consolidar en el tiempo el crecimiento económico si no es dentro de un marco de responsabilidad social. Esto debe ser aceptado por ciertos sectores empresarios que a pesar de haber aumentado fuertemente las ganancias continúan sin registrar a sus trabajadores. Y también por algunos que con planteos intolerantes atentan contra el bienestar de las mayorías"

Los certeros dardos del Ministro tenían un destinatario preciso: la posición adoptada por las organizaciones empresarias firmantes de la declaración del 21 de mayo.

4. Conclusiones

Las organizaciones empresarias no están disconformes con la situación económica. Algunas grandes empresas (entre ellas Techint, Repsol, Aluar, Fiat, Volkswagen, y otras) tienen relaciones estrechas con el gobierno. Pero, como se analiza en este artículo, comparten ciertas preocupaciones sobre la evolución económica y social. Estas son:

• a) Que en el horizonte surjan dificultades - principalmente de inversión e inflación - que afecten al crecimiento y la estabilidad de la economía;
• b) Que la alianza entre el gobierno y los sindicatos aumente el poder sindical y fomente lo que consideran "indisciplina laboral" y huelgas, factores que según entiende con exageración evidente el gran capital concentrado. podrían originar desórdenes de difícil control al momento que se produzca un eventual freno en el crecimiento económico.

La encuesta de la Universidad Austral- IAE demuestra que las 200 principales empresas nacionales y extranjeras (sobre un universo de 150.000 empresas de todos los tamaños existente en el país) que concentran el 50% del Producto Bruto Interno y el 60% de las exportaciones, conviven con el gobierno kirchnerista, pero orientan sus preferencias políticas hacia figuras de la oposición: así, Macri, Lavagna, López Murphy y Jorge Sobisch concentran el 41% de las identificaciones con las futuras candidaturas presidenciales. Kirchner sólo suma el 2%. Dicho de otro modo, el gobierno nacional no cuenta con adhesiones sólidas en el mundo empresarial. Se repite así un cuadro parecido al de 1946 cuando el gran empresariado argentino se opuso a Perón pese a que era beneficiario del progreso económico, social con paz laboral.

La resistencia de las organizaciones empresarias a los cambios en la legislación del trabajo es unificada y muy fuerte. En esa resistencia se mezclan actitudes reaccionarias y antisindicales, con reclamos reales empresarios sobre la necesidad de adecuar la organización del trabajo asalariado a las realidades de las empresas. Pero la ausencia de una cultura y prácticas estables de diálogo social entre los actores sociales -enfermedad vieja en este país- dificulta el análisis desapasionado de la legitimidad o no de las aspiraciones e intereses de cada sector. Esta claro que el aumento de 19% promedio para los salarios en 2006 ha sido una medida correcta.

El gobierno de Kirchner trata de regular a los mercados de trabajo, mejorar paulatinamente los salarios, lograr que los conflictos laborales se canalicen por vía de la negociación colectiva e intervenie en la formación de precios para controlar la inflación. Pero su debilidad a la hora de contar con instrumentos aptos para el diálogo y la concertación social lo hace recurrir a presiones que lucen inevitables para disciplinar a los empresarios.