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HIDROCARBUROS

Presiones y amenazas contra una ley digna y soberana

Por la Redacción del MAS-IPSP

Rebanadas de Realidad - Bolivia, 26/10/04.- Son varias las fuentes de donde viene un solo mensaje: seguridad jurídica para las empresas transnacionales petroleras en la nueva ley de hidrocarburos; no alejemos a la inversión extranjera.

En primera línea: nuestro gobierno. El ministro de la Presidencia, José Galindo, califica de confiscatorio al proyecto de ley aprobado en grande por la Cámara de Diputados hace unos días. Poco a poco fue subiendo el tono, porque primero lo llamó estatista, monopólico, centralizador y ahora le dice confiscatorio.

Los comités cívicos de Tarija y Santa Cruz también tienen el mismo discurso; están empecinados en que se venda el gas, sin importarles nada más que las ganancias que puedan obtener hoy. Los comités cívicos son la representación del empresariado de cada departamento, con muy escasa participación de las organizaciones populares. Así, los empresarios de estos dos departamentos dicen que esta ley ahuyentará a la inversión extranjera.

CAINCO, organización donde se agrupan los empresarios del oriente, es decir de Santa Cruz, en una posición que por lo general instiga a la violencia contra el pueblo, exige al gobierno que gobierne, que vete el proyecto de ley aprobado por los diputados y que se elabore una tercera opción, ni la del gobierno ni la de los diputados. Zvonko Matkovic, presidente de CAINCO, expresó su temor porque el país sea bloqueado por los organismos internacionales y exigió una ley de hidrocarburos que garantice la seguridad jurídica para las empresas extranjeras.

Por otro lado, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, en la persona de su asesor Carlos Alberto López, alertó que la incertidumbre que genera la situación actual de la ley de hidrocarburos, podría alejar del país una inversión de 1.800 millones de dólares, en caso de las reservas probadas y si se habla en cifras de reservas probadas y probables, la inversión ahuyentada llegaría a 3.100 millones de dólares.

No podía faltar el gobierno de los Estados Unidos, mediante el secretario adjunto de su Departamento de Estado para la Región Andina, Charles Shapiro, quien hizo conocer que si no existe seguridad jurídica para las empresas estadounidenses, su gobierno las defendería.

Como vemos, Estados Unidos defenderá a sus empresarios, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos representa a empresarios petroleros, CAINCO a empresarios cruceños, los comités cívicos agrupan a empresarios, y el gobierno boliviano, con el mismo discurso que todos los anteriores, está peleando por una ley que beneficie a todos, ¿a quiénes?, ¿a todos los empresarios?

Presiones

Veamos qué pasó cuando el gobierno y los cocaleros del trópico de Cochabamba firmaron un acuerdo que determina que se seguirá erradicando la hoja de coca en el sector, pero durante un año, no se tocará 3.200 hectáreas.

Al día siguiente de firmada el acta de entendimiento, mediante un comunicado, la embajada de Estados Unidos afirmó que este convenio "da continuidad a las labores de erradicación pacífica de coca en todo el trópico de Cochabamba y además no legaliza la producción de las 3.200 hectáreas que se "respetarán" durante un año" (La Prensa, 5 de octubre). Una tibia aprobación.

Quince días después, el lunes de la anterior semana, Frederick Scheick, administrador mundial de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), en reunión con el presidente Carlos Mesa, aseguró: "Creemos que el nuevo acuerdo ha creado un tiempo de paz en el Chapare y va a dar más oportunidad para desarrollar en ese sector y sembrar otras cosas" y anunció, además, que su país no suspenderá el financiamiento al desarrollo alternativo (100 millones de dólares). Esta fue una aprobación directa que algunos medios de comunicación inclusive la interpretaron como un espaldarazo a Carlos Mesa.

Sin embargo, en la casual visita de Shapiro -así la califica él mismo-, el funcionario aprovechó para, junto a su paisano embajador Greenlee, expresar oficialmente la preocupación que significa para su gobierno el acuerdo firmado a principios de octubre entre cocaleros y gobierno. "La parte preocupante del acuerdo es que hay una excepción a la erradicación de la coca durante un año. Para nosotros es preocupante, es la posición del gobierno de Estados Unidos, sin matices", dijo Greenlee.

Y, casualmente también, sale a la luz la advertencia de que si no tenemos una ley de hidrocarburos "apropiada", nos castigarán evitando el ingreso de Bolivia al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, versión camuflada del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), ambos intentos de someternos económicamente aún más al imperio.

Ambas son presiones, con seguridad, y la visita del señor Shapiro no es casual. Este funcionario ha sido enviado con una misión: presionar para evitar una ley de hidrocarburos que recoja el mandato del referéndum del 18 de julio que beneficie al Estado boliviano.

Pero el gobierno no considera que haya algún tipo de presión. A pesar de que Shapiro aseguró que su gobierno protegerá a las empresas norteamericanas, el ministro Galindo dice que no lo han presionada "para nada", sólo le han dicho que después, el gobierno boliviano no vaya a pedir plata a Estados Unidos para salvar el déficit fiscal.

¿Cómo más habrá que presionar a Galindo para que sienta presión?

Miedo, ¿a qué?

Shapiro aseveró que "una de las ventajas de captar mayor interés del capital extranjero, y también del nacional, es la creación de más fuentes de empleo y mayores ingresos en favor del Estado" (La Prensa, 22 de octubre).

La realidad es que desde que abrimos las puertas a la inversión extranjera, el desempleo ha aumentado y los ingresos en favor del Estado han disminuido.

"La década del 90 cerró con un desempleo abierto del 7,2%. Entre los años 1994 y 1997 hubo una significativa mejora, bajando la tasa a 3,1%, sin embargo, la crisis de fines de la década volvió a elevar las tasas hasta un 8,7%. Para el 2002, el desempleo abierto fue cercano al 9%, el nivel más alto conocido hasta hoy en el país, llegando al 13% a fines del año pasado", estas cifras se encuentran en un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

Esta institución atribuye estos impactos en el empleo a la política económica imperante desde 1985, para hablar claro: al neoliberalismo, esto es que el Estado pase a un segundo plano frente a la apertura a la inversión extranjera y a la libre oferta y demanda en el mercado.

Diversas informaciones señalan que las empresas capitalizadoras (inversión extranjera) han dejado en la calle a casi de 10 mil personas en cinco años. Antes de la capitalización, estas empresas daban empleo a 13.975 bolivianos, ahora sólo ofrecen 4.398 empleos directos.

"La masiva supresión de empleos se dio en las actividades económicas vinculadas al transporte férreo, las telecomunicaciones y la industria petrolera, según establecen los datos consignados en un informe de la Fundación Milenio", se asegura. Estas actividades son las que fueron antes administradas por el Estado y pasaron, a partir de 1996, a manos de inversionistas extranjeros, empresas transnacionales capitalizadoras: la ferroviaria chilena Cruz Blanca, antes Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), la otrora Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), manejada ahora por la italiana Eti Eurotelecom International, y la actividad hidrocarburífera en manos antes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y ahora a cargo de empresas extranjeras.

Entonces que Shapiro no venga a mostrar su falsa preocupación por este pobre país. A los empresarios sólo les interesan sus propios beneficios; satisfacer las necesidades de las mayorías va en contra de esas necesidades.

Por otro lado, desde la apertura a la inversión extranjera, los ingresos al Estado han disminuido de manera dramática. Otro informe noticioso señala que la rentabilidad de las empresas capitalizadas "significa una utilidad de apenas 116 millones de dólares, cifra que es muy desalentadora si se la compara con los ingresos que generaban estas empresas cuando estaban en manos del Estado". Sólo ENTEL había reportado una utilidad de 52 millones de dólares para el TGN antes de la capitalización. "Sin embargo, en 1999, la ENTEL capitalizada generó una utilidad de apenas 8 millones de dólares para los bolivianos", dice un informe oficial del Ministerio de Desarrollo Económico.

TLC: no me ayude compadre

Latinoamérica ha tenido un fuerte movimiento contra los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. El gobierno estadounidense quiere convertir ahora al TLC en un premio, en un beneficio y nos amenaza con excluirnos de él si aprobamos una ley de hidrocarburos popular.

Los pueblos latinoamericanos se oponen al TLC porque, según un manifiesto del Movimiento Boliviano de lucha contra el ALCA:

  • 1) Reduce el rol del Estado para controlar a las empresas transnacionales e impide que el Estado pueda recuperar y tener el control sobre sectores claves de la economía como los hidrocarburos.
  • 2) Promueve y consolida la privatización y extranjerización de todos los servicios administrados por el sector público o privado nacional.
  • 3) Elimina la posibilidad de emplear las compras estatales para reactivar el aparato productivo nacional.
  • 4) Reduce y limita el acceso a la salud y a los medicamentos para la población boliviana.
  • 5) Promueve los derechos de propiedad intelectual de las transnacionales sobre plantas y animales atentando peligrosamente contra la biodiversidad de Bolivia y de la región Andina.
  • 6) Coloca a los empresarios agrícolas y mucho más a los pequeños productores campesinos e indígenas ante una competencia absolutamente desigual y desleal frente a los productos agrícolas estadounidenses que cuentan con subsidios millonarios.
  • 7) Incentiva la comercialización de alimentos y semillas transgénicas que son nocivas para la salud, la naturaleza y la biodiversidad.
  • 8) Prioriza al sector exportador sin tomar en cuenta que la mayoría de la población trabaja y produce para el mercado nacional.
  • 9) No protege a los trabajadores, genera mayor desempleo y deteriora las condiciones laborales atentando contra el derecho a la vida y sobrevivencia.
  • 10) Es negociado por funcionarios públicos capacitados por agencias de cooperación de los EEUU. Además es encarado por el gobierno con una gran falta de transparencia pues han firmado una cláusula de confidencialidad que prohíbe a la sociedad civil acceder a los contenidos de esa negociación.
  • 11) Viola los artículos 1, 4, 30, 135, 139, 141, 142, 144 y 145 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, así como otros instrumentos de la legislación, atentando a nuestro futuro y soberanía, al territorio y a los derechos humanos y fundamentalmente a nuestra voluntad de mejorar nuestro país mediante la Asamblea Constituyente.

Entonces, no hay por qué asustarse, estar fuera del TLC es preservar nuestra soberanía y bienestar económico, no hay duda. El TLC no es un premio, es un instrumento más de sometimiento.

Evo gestionando

Según una entrevista publicada en el periódico La Prensa este domingo 24, se evidencia que el diputado nacional, líder indígena y máximo dirigente del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, está realizando gestiones internacionales para captar apoyo para que Bolivia pueda tener una ley de hidrocarburos que respete la decisión del pueblo en el referéndum.

Su campaña consiste en conversar con los presidentes de los países que tengan inversiones petroleras en Bolivia, como Brasil y España, o que así lo deseen, como China.

Él asegura que, en el proyecto de los diputados, no se está pidiendo que se vayan las transnacionales, no se está ahuyentando el capital extranjero. Lo que se está haciendo es que, de alguna forma, la seguridad jurídica para las empresas sea equilibrada con la seguridad social para el pueblo boliviano.

Estas son gestiones que debería estar haciendo el presidente Carlos Mesa, pero el gobierno está del lado empresarial, aunque quiera ocultarlo. La ley de los diputados trata de impulsar acciones para que el Estado y el pueblo tengan mayores beneficios, para mejorar la calidad de vida, para evitar que sigamos con la mano extendida pidiendo limosnas a organismos internacionales.

En noviembre se tratará en detalle esta ley en el parlamento. Los cambios deberán ser para mejorarla y no para adecuarla al beneficio de las empresas. De todas formas, el pueblo vigila.

Gentileza del Equipo de Prensa del Movimiento al Socialismo (Bolivia). Web.
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