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Colombia: El Momento Político

Por Cristóbal Silva González - Equipo de Derechos Humanos - Instituto Nacional Sindical.

Rebanadas de Realidad - Colombia, 18/06/04.- Entre los años de 1996-1998, un grupo denominado Destino Colombia, que representa a las élites políticas, económicas y militares, discutieron varios escenarios para la salida de la crisis que vive el país. Previendo la posibilidad del rompimiento de los Diálogos entre la administración Pastrana y la guerrilla de las Farc, optaron por una opción Autoritaria y militarista llamada Todos a Marchar. Este proyecto busca destruir los avances formales de la Constitución de 1991, que fue producto de un proceso de diálogo entre las guerrillas del M-19, El E.P.L., Quintin Lame y el gobierno Colombiano. En la Constitución del 91 se apela a la noción del Estado Social y Democrático del Derecho. La propuesta del estado Comunitario de Uribe, intenta desmantelar las pocas garantías sociales plasmadas en la constitución, como las acciones de Tutela.

El proyecto Todos a Marchar busca la pacificación del País, darle una salida militarista, con apoyo de los Estados Unidos, al conflicto social y armado. La administración Uribe (2002-2006) se basa en dos pilares fundamentales: La seguridad del Capital, y El ajuste fiscal para viabilizar el pago de la deuda interna y externa, y lograr con esto la confianza de los inversionistas extranjeros.

Este modelo económico se basa en la supeditación de la economía nacional al capital transnacional. El crecimiento económico de los últimos años ha estado concentrado en el sector financiero, las telecomunicaciones y exportaciones, producto de la extracción de los recursos naturales como el petróleo y carbón.

Las utilidades de este modelo económico no se han revertido en beneficio de la sociedad. Según algunas estadísticas, la distribución del ingreso se ha concentrado cada vez más en un pequeño grupo. Mientras que el 66.3% de la población colombiana vive en la línea de la pobreza solo un 10% de la población concentra el 46.5% de la riqueza.

Este aparente éxito económico esta acompañado por una estrategia de control militar sobre la población. El 10 de Diciembre de 2003- cuando se conmemoraba el día internacional de los de los Derechos Humanos- el Congreso de la República aprobó el estatuto antiterrorista, que va en contravía con la carta fundamental de Derechos humanos. Con esta medida no solo se busca una reforma constitucional, sino además eliminar derechos fundamentales como el de la intimidad, la presunción de inocencia, la libre circulación. En el contenido de dicho estatuto se busca someter la sociedad civil al control militar. Esto también se observa en el sometimiento de la rama judicial a la entidad militar, ya que se piensa dotar de instrumentos judiciales a los militares. Estos pueden allanar, interrogar, interceptar comunicaciones, sin ninguna orden judicial previa, destruyendo así los mínimos presupuestos de un Estado de Derecho.

Este fenómeno de represión y control social se viene ya realizando en algunas zonas del país donde se han transado gigantescas inversiones del capital transnacional. Arauca, es un buen ejemplo de dicha estrategia, en esta zona abundan grandes reservas de petróleo que son extraídas por transnacionales como la O.X.I. o la B.P. que necesitan ejercer un dominio regional para garantizar el flujo de dicho recurso. Para lograr este control poblacional se han combinado varias estrategias: militarización de la zona acompañada de mercenarios norteamericanos, presencia de grupos paramilitares y una persecución judicial permanente contra las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares. Las abominables detenciones masivas sin ninguna investigación y procedimiento judicial previo, ha corroborado este dispositivo de represión y control estatal buscando con ello, destruir cualquier forma de organización que cuestione el modelo económico.

Al analizar un mapa de Colombia, se puede observar como en las zonas donde confluyen los grandes mega-proyectos económicos se ha concentrado la guerra, desde la intervención norteamericana hasta el control social por parte del paramilitarismo. En búsqueda de esta pacificación, se ha intentado un acercamiento con los grupos paramilitares, que han estado a la vez encubiertos bajo la manta de la impunidad. Dentro del narcoparamilitarismo se ha visto el afianzamiento de una élite regional terrateniente que esta en pugna por el mundo de los negocios de la mafia. Ya se ha visto algo de las guerras entre los carteles, como la que sucede entre el grupo de la Costa Atlántica, la del Valle, y la de Antioquia. El caso de Guaitarilla, así lo corrobora; en éste se vieron involucrados el ejército, la policía y otros organismo se seguridad y de inteligencia del Estado. Según algunas investigaciones, 7 policías fueros masacrados por miembros del ejército, y parece ser que todo esto producto de la pugna entre los carteles que ha filtrado miembros de la fuerza pública. La desaparición del líder paramilitar Carlos Castaño ha vuelto más turbio el panorama, parece ser que la tarea ahora de los paramilitares es ser los guardianes del capital, ejerciendo dicha tarea desde el terror y el control poblacional.

Ante el fenómeno del Desplazamiento, que ya suman 3.7 millones de personas afectadas, el Estado se ha planteado un mecanismo para involucrarlos en la guerra. Por medio del programa institucional alrededor del retorno se intenta reubicar a la población desplazada en las zonas de disputa institucional con la insurgencia. La inserción de esta población ha estado concentrada en los batallones de soldados campesinos, en la red de informantes, y en las familias guardabosques.

Bajo esta modalidad de represión se han venido asesinando y exiliando a los dirigentes sindicales.

En el año de 2003, a 617 sindicalistas se les violaron sus derechos fundamentales. Y lo corrido en el primer semestre de 2004, se han asesinado 27 sindicalistas, muchos de ellos trabajadores de empresas transnacionales. Crímenes y persecuciones que se han ocultado bajo la impunidad. Además el estado de la seguridad democrática, ha utilizado toda una serie de herramientas jurídicas para acabar con el sindicalismo colombiano. El caso de Telecom- la empresa de telecomunicaciones de Colombia- que era patrimonio de la nación, fue liquidada de una manera arbitraria, repoblando su planta de personal sin ninguna garantía laboral.

El caso de la U.S.O. y la huelga en la empresa de Petróleos de Colombia -Ecopetrol-, merece una descripción. El Estado declaró ilegal el derecho de los trabajadores a la huelga, despidió a casi todos los que participaron en dicho acto en defensa de los trabajadores y el patrimonio nacional, liquidó además a toda la dirigencia sindical por medio de los planes de pensión anticipada, debilitando, con ello, la capacidad de negociación y de incidencia social y política de la U.S.O.

Reformas como la nueva legislación laboral y la destrucción sistemática de los sindicatos va asociada a la nueva dinámica de acumulación de capitales; lo que se busca con todo esto, es hacer atractivo el país para las inversiones de capital. En esta correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, el Estado Comunitario de la administración Uribe lo que busca es defender los intereses del capital, destruyéndose así derechos fundamentales de la población colombiana, que cada vez se ve más asfixiada por la falta de oportunidades para lograr una vida digna.

Este proyecto de corte neoliberal y de represión social, conocido como Todos a Marchar, apunta extenderse hasta el 2014. Por ello el afán de pasar otra reforma constitucional, como lo es la Reelección. Procedimiento que se ha visto acorralado por escándalos de corrupción y politiquería. El mismo Congreso de la república puede suspender la democracia en nombre de la democracia y así se ha visto con la aprobación de medidas como el estatuto antiterrorista, la reelección y otra reforma tributaria que irá a menoscabar cada vez más los niveles de vida de la población. Mientras que en el congreso se aprueban cargas tributarias como la del I.V.A. que busca cobrarle impuestos a la canasta familiar, no se ha aprobado un impuesto al patrimonio que compensaría las insoportables condiciones de miseria de la gran mayoría de la población colombiana.

La administración Uribe ha recortado el gasto para la inversión social, concentrando la gran mayoría del presupuesto nacional en la maquinaria de la guerra, la cual ha alcanzado la cifra del 5% del producto interno bruto en el 2003. Guerra, que como se sabe, ha beneficiado a las élites económicas, políticas y militares tanto del capitalismo nacional, como transnacional.

¿Que hacer?

Ante el estado actual de cosas, es necesaria e imprescindible la reconstrucción de los Movimientos Sociales. El movimiento obrero debe replantearse su praxis ante el momento político. Ante las expectativas de la alcaldía de lucho Garzón, el sindicalismo debe llevar a cabo un liderazgo ante una alternativa de Ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial debe ser replanteado desde los movimientos cívicos, populares y sindicales. Derechos fundamentales como la educación, la alimentación, la salud, los servicios públicos deben ser los derroteros de las acciones y las movilizaciones de todos los actores sociales. La construcción de propuestas sectoriales y regionales dentro del marco de un nuevo modelo de desarrollo para Colombia es una exigencia para la búsqueda de la paz con justicia social.

Hay que seguir acompañando desde los diferentes esfuerzos, la lucha mundial contra la globalización neoliberal. El caso de confrontación contra la transnacional Coca-cola, es un buen ejemplo. Es importante desenmascarar el papel de las transnacionales ante el nuevo orden imperial y su dinámica de guerra. Así mismo, reinvidicar las alternativas del movimiento antiglobalización, que vienen planteando nuevas dinámicas políticas y de desarrollo económico.

El tema de la soberanía económica, social, y cultural debe ser un referente fundamental para dinamizar las luchas de la población colombiana. Por ello es importante politizar la reflexión sobre el fenómeno del ALCA o T.L.C. para poder generar conciencia, movilización y confrontación ante el modelo económico totalitario.

Un proceso de unidad con los sectores democráticos, debe ser una tarea impostergable en defensa de los derechos fundamentales de la población, replanteando una salida política al conflicto social-armado y una distribución equitativa del ingreso.

La industrialización, así como la alternativa de desarrollo incluyente y equitativo debe ser parte de una agenda política e ideológica.

Ante la constante militarización de la sociedad es importante la reivindicación de los derechos fundamentales y los derroteros políticos del Estado Social y democrático del derecho, para hacer participe a otros actores que se han visto arrinconados por la represión y la persecución.

Es también fundamental la construcción de una nueva estrategia de medios alternativos, para así afrontar el dispositivo de control de los medios masivos, que han demostrado estar al servicio de las elites nacionales y del capital transnacional.

Gentileza de Edgar Páez, Dirección Nacional de SINALTRAINAL (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos) - Colombia.
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