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Bolivia: El país después de la guerra social contra el impuestazo

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Rebanadas de Realidad - BoliviaPress, 6/03/03.- Es evidente que después del 12 y 13 de febrero el país ya no es el mismo. De pronto ha quedado a la vista que el gobierno (como el rey de la parábola) está desnudo, que su único sostén son las fuerzas del orden, y que si éstas se hacen a un lado el estado puede colapsar. Por lo demás las heridas del conflicto están sin restañar, y el futuro económico y político del país se presenta entre incierto y sombrío. Empecemos por las heridas.

1. Militares y Policías. Ahora ¿quién responde?

Es claro que los hechos de febrero habrían sido otros sin el motín de la Policía, y sin la respuesta feroz del Ejército que parecía querer desquitarse de su histórica derrota de abril del 52. Por una parte la Policía ha mostrado cohesión y decisión, por otra parte ha recuperado parte de la confianza popular (los entierros de los policías muertos se convirtieron en actos de masas), a la vez que ha perdido la confianza del Gobierno, y finalmente ha conseguido una parte de sus demandas: mejora de su infraestructura, su dotación y su presupuesto de alimentación; mejoras en la capacitación de los policías y en el reglamento de la institución; derecho de participación de los suboficiales; intervención en los batallones de seguridad privada; recuperación del Registro de Identidad; promesas de un “bono de seguridad ciudadana”, de viáticos y de un mejor presupuesto para investigaciones; además de indemnización para las familias de los policías fallecidos y garantía de que no habrá represalias contra los amotinados. Si a esto le añadimos la satisfacción de haber doblegado a un presidente con fama de implacable, se puede afirmar que el resultado final no ha sido malo para la Policía.

Pero también parece que la cosa no se acaba ahí. Por una parte hemos visto a oficiales y suboficiales jurando venganza por sus diez muertos. Por otra el mayor David Vargas se dice que el cerebro del amotinamiento, él dice que el ministro Sánchez Berzain prometió dinero a quien lo matara habla de la reestructuración de la institución y de comandantes “sin visión institucional”. Además la Policía tiene brazos de élite de acción imprevisible, entre ellos Umopar (que esta vez no llegó a entrar en acción) y el Grupo de Acción Inmediata (GAI, un comando exclusivo financiado directamente por la Embajada de EE UU) que en este momento está en el ojo del huracán. Resulta que el Instituto de Investigaciones Forenses verificó que había sido este grupo el que disparó contra el Palacio de Gobierno el día 12, desde el edificio del INRA y desde el Hotel París; por toda respuesta el Fiscal General descabezó a los investigadores. ¿Se podrá ocultar definitivamente la verdad?

En cuanto a las Fuerzas Armadas, han vuelto a profundizar la brecha que las separa de la población, y se encuentran en una difícil situación judicial. Los mandos militares niegan que los francotiradores de los días 12 y 13 fueran suyos; las autoridades de Gobierno también lo niegan; pero nadie responde por las muertes (que entre tanto ya suman 35). La prensa ha recibido amenazas para que no publique fotos de militares disparando, sin embargo la Asamblea de Derechos Humanos ha publicado un video en que se ve a militares disparando en el lugar y hora en que murió una enfermera y quedó malherida una médica. Por lo demás se sabe que un helicóptero fue dejando francotiradores en algunos techos, y en Cochabamba consta que el Ejército quiso colocar militares con ametralladoras pesadas en el techo de la Alcaldía (lo que no fue autorizado por el Presidente el Concejo Municipal), y sí los colocó en el techo de la Prefectura.

Todos prometen que se va a investigar. Pero por un lado la Fiscalía aparta de dicha tarea a la Policía Técnica Judicial (encargada por ley de iniciar las investigaciones) y por otro lado nombra dos fiscales que para Derechos Humanos son corruptos y vinculados con el Ejército. Y cuando se detiene a un capitán, identificado junto con otros como francotirador, el Juez lo pone en libertad. Como dijo Sacha Llorente (de Derechos Humanos), suman cerca de 200 los asesinatos cometidos por el estado “democrático” en los últimos 17 años, y hasta ahora nunca nadie ha sido condenado por ellos. El comandante en jefe de las FFAA dice que será la historia quienes los juzgará, por tanto no los tribunales de justicia. ¿Será la vía adecuada para la pacificación?

2. El Gobierno mira para otro lado

La prensa nacional coincide en comentar que el Presidente y sus colaboradores no asumen responsabilidades ni reconocen errores, llegando incluso a culpar de los hechos al MAS (el partido que dirige Evo Morales) que evidentemente estuvo al margen de los acontecimientos. Después de negarse a dialogar sobre el “impuestazo” con la sociedad civil, el Presidente repite machaconamente que los problemas no se solucionan con conflictos sociales ni con violencia, que se solucionan con diálogo. Es tanta la orfandad en que lo deja su incapacidad autocrítica que ha llegado al extremo de quejarse ante la OEA de alguien intenta desestabilizar la democracia, y formalmente el vocero presidencial difundió una curiosa teoría de intento de golpe de estado (que incluía el intento de asesinar al Presidente); pero cuando la Comisión de Derechos Humanos de Diputados lo convocó a declarar, escapó por los vericuetos de la Cámara y prefirió no recordar su fantasiosa versión.

Por lo demás la última interpelación parlamentaria a los ministros responsables de las trágicas jornadas urbanas de febrero ha quedado en nada (o en la formación de una comisión, que viene a ser lo mismo), como quedó en nada la interpelación por las jornadas rurales de enero, igualmente trágicas. La mayoría parlamentaria encubre al Ejecutivo, y el Presidente ratifica en el gabinete a los principales responsables del impuestazo y de la represión militar. La falta de seriedad y responsabilidad, la falta de autocrítica, y sobre todo la falta de visión de futuro que muestra el Gobierno, han hecho que las voces que piden la renuncia del Presidente y Vicepresidente se multipliquen, y que en todo caso la población haya perdido toda confianza en su gobierno.

3. La oposición aparece más fuerte

Si bien los hechos suscitados el 12 y 13 se produjeron más bien de forma espontánea, y gracias al detonante imprevisto del amotinamiento policial, es evidente que sirvieron para fortalecer a la oposición. Mientras el MAS pedía la renuncia del Presidente y pedía la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la NFR calificaba de incapaces a Sánchez de Lozada y Mesa Gisbert, y acababa también pidiendo su renuncia; el MIP y e PS se sumaban a las críticas y amenazas.

Pero más allá de los partidos se ha ido consolidando el llamado “Estado Mayor del Pueblo”, compuesto por una larga lista de organismos sindicales y no sindicales (como la Coordinadora del Agua), y por el que firman Evo Morales y Saturnino Mallku. Este “Estado Mayor” ha lanzado varios comunicados pidiendo la renuncia de los mandatarios, la convocatoria a elecciones o a Asamblea Constituyente, la recuperación de las empresas capitalizadas, la erradicación de tierras y la pausa en la erradicación de cocales, y viene convocando a las organizaciones populares a la movilización y la vigilia.

Cierto que el paro decretado por la COB y los paros del Magisterio no han mostrado mayor contundencia. Pero cierto también que la presencia del Estado Mayor en las mesas de discusión que se establecieron como consecuencia de los conflictos cuenta con un número creciente de intelectuales solventes, en muchos casos bastante más preparados que los representantes gubernamentales. Y éste es un fortalecimiento probablemente más importante que el de los paros exitosos.

En esta misma línea van los pronunciamientos en contra del “binomio neoliberal” (al que acusan de traición a la patria) y en defensa de los recursos naturales por parte del Centro de Altos Estudios Militares y del Comité de Defensa del Gas y los Hidrocarburos.

Por su parte Evo Morales parece contar con fuentes de información dentro del aparato del estado; de lo contrario no se explicaría su denuncia pública, y basada en fuentes militares, en el sentido de que el presidente Sánchez de Lozada se habría refugiado los días 12 y 13 en la Embajada de los Estados Unidos, incumpliendo así sus más elementales responsabilidades como jefe del estado, por lo que pide su enjuiciamiento.

Se puede decir pues, en resumen, que el movimiento popular, pese a lo mucho que sin lugar a dudas todavía tiene que avanzar, en estas semanas ha ganado en fuerza y en unidad. Precisamente cuando al bloque gobernante le ocurre lo contrario y se apresta a enfrentar varias demandas de juicios de responsabilidades.

4. Nuevo Gabinete ¿parto de los montes?

La inoperancia del primer gabinete de Goni estaba a la vista: se equivocó en la elaboración del presupuesto y se equivocó en el manejo del conflicto. La convicción generalizada era que muchos se tenían que ir. Pero también está claro que el problema es mucho más de fondo, de ahí que el Presidente tardó una semana en reorganizar su gabinete (muchos recordaban las largas transiciones ministeriales de la UDP). Parece que no se ponían de acuerdo ni entre los partidos de gobierno ni dentro del mismo MNR. La cosa se complicaba por la decisión presidencial de reducir el Gabinete para acortar un poco el déficit fiscal.

Por fin el día 19 apareció el nuevo gabinete, con sólo 13 ministros en lugar de 18, y aparentemente con la reducción de 15 viceministerios (y el desplazamiento de otros). Aparte de esto, los elementos que llaman la atención en esta nueva organización del Poder Ejecutivo son los siguientes:

  • El fortalecimiento del Ministerio de la Presidencia, cuyo “superministro” (ratificado) Guillermo Justiniano se encargará de la coordinación entre los 3 poderes, a la vez que asume la ex cartera de Justicia y DD HH.
  • La creación de un Ministerio de Infraestructura y Servicios Básicos (como si no hubiera otros ministerios que sectorialmente se encargan de eso), en el que se ratifica a Carlos Morales.
  • La ratificación de los principales responsables del impuestazo (J. Comboni, Finanzas) y de la represión militar (F. Teodovich, Defensa).
  • La reposición del antiguo Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos (al que se añade Asuntos Indígenas, por tanto un paso atrás en el reconocimiento de lo étnico-cultural).
  • La designación como Ministro de Gobierno al principal responsable de la masacre de Amayapampa (Y. Kukoc), lo que supone una mala señal para las relaciones del gobierno con el movimiento popular.
  • La consolidación del MIR en el Gabinete, que además de conservar RR. Exteriores y Agricultura incorpora a dos de sus más connotados dirigentes (J. Torres en Desarrollo Económico y H. Carvajal en Educación).
  • El retiro a la fuerza del hombre fuerte Sánchez Berzain y su designación como Secretario Privado de Goni.
  • Se trata de un gabinete poco novedoso (“más de lo mismo” ha dicho la oposición) e incluso provocador para una oposición política y civil que quería cambios más visibles.

5. Revisar las empresas “capitalizadas”

Ya antes de la crisis de febrero el Gobierno anunció una evaluación de las empresas “capitalizadas”, como reacción a la creciente ola de protestas contra la gran estafa que supuso dicha “capitalización” para el país (ahí está como último botón de muestra la detención en la PTJ del Gerente de la empresa eléctrica Guaracachi por haber vendido en 1 millón generadores que cuestan 75 millones). Pero al designar el nuevo gabinete, el Presidente nombró “Delegado presidencial” para la revisión de las “capitalizadas” al hasta ese momento ministro de Comercio Exterior J.C. Virreina, cuyo partido (MIR) había prometido en la campaña electoral una revisión a fondo de los contratos de “capitalización”, y uno de cuyos voceros, ahora ministro de Desarrollo Económico Jorge Torres, acababa de afirmar que los conflictos que vive el país son secuelas de la capitalización.

Pese a ello, las declaraciones del nuevo Delegado Presidencial suenan al peor discurso oficialista, pues afirma textualmente que la población está “lamentablemente desinformada” respecto de la temática del gas (como también del ALCA) y que por tanto la línea correcta es la que el Gobierno viene sosteniendo. ¿Será que un señor con semejantes anteojeras pueda revisar la capitalización?

La cosa aparece más complicada y por supuesto más necesaria en momentos en que, según noticias de prensa, las reservas petroleras se han cuadruplicado (de 200 a 800 millones de barriles diarios), pese a lo cual el país no se beneficia más que con dólares al año; o cuando ocurre que al pagar Petrobras 60 millones por el gas que no demandó durante el 2002 ese dinero fue a parar a las empresas sin ninguna regalía ni siquiera para las regiones; o cuando las refinerías (también propiedad de Petrobras) amenazan con juicio al estado si no revoca el decreto que eliminaba el “gasolinazo” (ver Bolivia Press, Noticia 3); o cuando el Gobierno parece que se verá obligado a subvencionar el diesel por cuanto su escasez pone a los transportistas en pie de huelga; esto por citar sólo ejemplos del sector más sensible que es el de hidrocarburos.

Cada vez son más las voces que reclaman una revisión de los contratos de capitalización, y sobre todo de su cumplimiento; cada días está más a la vista la necesidad de que los bolivianos/as tengamos la opción de designar a nuestros representantes en los directorios de las empresas capitalizadas; pero el “delegado presidencial” no parece la persona más adecuada para encabezar ese proceso, tendría que ser alguien que por lo menos se tome en serio las opiniones diferentes de la suya y no las descalifique como “desinformadas”…

6. El Presupuesto en la encrucijada de la crisis y el endeudamiento

Llegamos a marzo y el país no tiene presupuesto, pues la crisis económica ya no sólo afecta a la mayoría de la población, sino que afecta directamente al estado. Los indicadores oficiales nos dicen que Bolivia creció en 2002 el 2,02 por ciento (frente al 0,51 del 2001) pero también nos dicen que la tasa de devaluación llegó al 5 % (frente al 3,1 del 2001) y que el déficit del sector público llegó al 4,4 % del PIB (frente al 3,0 del 2001). Es decir que la crisis se sigue agravando y es parte de la recesión generalizada de la región, cuya expresión más aguda y sentida es el desempleo. Datos de prensa informan por ejemplo que la pequeña empresa ha reducido sus ventas en un 50 % y fue el 40 % de las firmas afiliadas han cerrado sus puertas para el 2003.

En estas condiciones el FMI le plantea al gobierno una negociación que como siempre apunta a la estabilidad y a la disminución del déficit, lo que según el presidente de los empresarios privados conduce a empeorar la situación; en su criterio la negociación con el FMI debería apuntar a crecimiento y empleo. Y aquí tenemos la causa inmediata de la guerra social contra el “impuestazo”, es decir contra una medida presupuestaria que tendía a la estabilidad y disminución del déficit a costa de mayor recesión y mayor desempleo.

Obligado a retirar el impuestazo, el Gobierno parece encontrarse sin otra salida que el incremento de la deuda externa; de hecho las últimas informaciones son que la Unión Europea dará un “respaldo” de 50 millones de dólares, con lo que se equilibra un Presupuesto que no super el déficit considerado máximo por el FMI. ¿Acaso una contabilidad realista no considera los pasivos como déficit? ¿Será que tiene sentido equilibrar el déficit por la vía de incrementarlo?

A propósito el “Estado Mayor del Pueblo” ha planteado en la mesa de Presupuesto un análisis que puede resumirse de la siguiente manera:

Respecto de los ingresos:

  • El estado neoliberal se ha convertido en una temible maquinaria de recaudación de impuestos, ya que éstos, sumando los directos (IT, RC-IVA) y los indirectos (IVA, ICE, IEHD), constituyen el 40 % de los ingresos fiscales; mientras los impuestos y regalías que pagan las petroleras y el conjunto de empresarios nacionales y extranjeros apenas cubre el 15 % de dichos ingresos.
  • El estado recurre más y más al endeudamiento, tanto interno (AFPs y Banca Privada) como externo (BM, FMI, BID, CAF y bilaterales), además de donaciones condicionadas que vienen a financiar los gastos de la burocracia estatal y de la represión. Entre donaciones y préstamos hacen el 30 % de los ingresos fiscales.
  • Esta “bancarización” del estado se expresa peligrosamente en los constantes préstamos contraídos de las AFPs, con lo que los aportes de los trabajadores se están malgastando sin una planificación que asegure su devolución. Es decir que los aportantes a las AFPs corren el riesgo de perder su jubilación.

Respecto de los gastos:

  • Los presupuestos de los últimos años muestran una tendencia a privilegiar los gastos de los ministerios que no tienen ninguna vinculación con educación, salud y producción.
  • El 70 % de los gastos se destinan a pagar quiebras bancarias, deudas subrogadas de las empresas “capitalizadas”, intereses y amortizaciones de préstamos internos y externos, y gastos del entorno presidencial y represivo.
  • En un estado al borde de la quiebra se sigue gastando anualmente 18 millones de dólares en “gastos reservados”(es decir prebendalismo, represión y corrupción) que no están sometidos a control alguno.
  • De ahí que la calidad de vida de la población se vea condenada a un deterioro permanente. La magra inversión en educación es incompatible con un plan de desarrollo nacional.

Propuestas de solución

Tanto el mencionado “Estado Mayor” como algunos partidos políticos (MAS, NFR e incluso MIR) apuntan a los hidrocarburos como vía central de solución (al menos duplicando los impuestos y regalías que pagan las petroleras). Por su parte los empresarios coinciden con el “Estado Mayor” en la propuesta de reducción del IVA y el IT; a lo que este último añade el incremento de las utilidades empresariales y de la tasa impuesta a las remesas monetarias al exterior. Y cada vez se multiplican las voces que reclaman la recuperación de las acciones de las “capitalizadas” que teóricamente son propiedad de los bolivianos.

Una propuesta central es la selección de donaciones (sólo para inversión productiva, y de servicios de educación y salud), así como la restricción del endeudamiento a rubros de inversión. También se plantea la ampliación del universo impositivo (hay sectores poderosos, como las empresas de buses, que apenas tributan).

En cuanto a gastos las propuestas se concentran en la eliminación de los “gastos reservados”, la disminución mucho mayor de los gastos burocráticos del Ejecutivo y el Legislativo, así como de los gastos represivos; el incremento de gastos en educación, salud y vivienda; y finalmente la condonación de la deuda externa (cuyo pago en 2002 fueron 231 millones de dólares es incompatible con un equilibrio presupuestario).

A modo de conclusiones

  • Primera: Es imposible seguir aferrándose a un modelo que ha mostrado su ineficacia. Hasta los empresarios privados creen que llegó la hora de “revisar” el 21060 con toda su carga de privatización y librecambismo, de apartamiento del estado de toda responsabilidad productiva, de sometimiento a los organismos multinacionales. ¿Cuál sería el nuevo modelo? Es algo que sólo irá madurando al ritmo de las luchas sociales.
  • Segunda: Como ha dicho el cineasta Jorge Sanjinés, que no es un “politólogo” pero ha demostrado conocer el país real mejor que todos los políticos, “Estamos viviendo una verdadera insurgencia social, colectiva... Por primera vez los indios han accedido a una parte importante del poder político… Hablamos de actores sociales que no abandonan la lucha callejera, los bloqueos de rutas, la movilización en defensa de sus reivindicaciones.

Frente a este fenómeno ascendente, se constata la incomprensión estúpida del segmento dominante del poder y de los partidos tradicionales. No quieren ver ese cambio, esa nueva realidad, porque están acostumbrados, desde siempre, a excluir. No entienden o no quieren entender esa otra Bolivia…No llegan a visualizar que los indígenas funcionan con otra lógica diferente a la occidental: colectivista, no piramidal, de no respeto a la relación *orden-obediencia*, que nace, emerge y actúa en la base del pueblo… En la medida en que se mantenga vigente esa incomprensión de parte del poder seguiremos sufriendo masacres, muertos, alto costo social. No quiero ser tremendista pero el escenario de la confrontación social es marcante en tanto la clase blanco-mestiza no acepte que Bolivia puede ser gobernada por indios. Y es una cuestión de poco tiempo…”

Gentileza de: BoliviaPress, e-mail, web.

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