Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
ARGENTINA

Drogas: Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos - Nuestra respuesta

Por Claudio Izaguirre (*)

Rebanadas de Realidad - Ciudad de Buenos Aires, 13/08/07.-

Al señor Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en Argentina
Don Earl Wayne
S/D
Para ser entregado a la Oficina Internacional para Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos
De mi consideración:

Respecto del Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2007 sobre Argentina, divulgado por la Oficina Internacional para Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es considerado por ésta Institución como carente de verosimilitud, lo que hace mucho daño a la lucha contra las drogas, que estamos encarando en soledad y carentes de todo recurso los ciudadanos.

Las inexactitudes y los comentarios de ese informe muestran un desconocimiento de la realidad Argentina en cuanto a las drogas que nos entristece, debilitando la tarea que venimos realizando, para obligar a las autoridades nacionales a actuar en la lucha contra los mercaderes de la muerte.

  • 1) Hay tres cárteles instalados en la Capital Argentina hace más de tres años, los que se han dividido las zonas de venta.
  • 2) Hay más de 500 bocas de expendio de drogas solamente en la Capital Federal.
  • 3) Hay cocinas de cocaína diseminadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
  • 4) La desfederalización de las causa por drogas en la Provincia de Buenos Aires a dejado en libertad de acción a los vendedores minoristas de estupefacientes.
  • 5) La falta de control aéreo en Argentina. No somos soberanos en nuestro espacio aéreo.
  • 6) Hay más de 500 pistas clandestinas en el norte argentino.
  • 7) 750 pasos clandestinos en la frontera con Bolivia.
  • 8) 60 pasos clandestinos en la frontera con Paraguay.
  • 9) La estadía en Argentina de Marco Antonio Estrada Gonzalez de nacionalidad peruana, guerrillero de Sendero Luminoso y máximo exponente del Cártel de Buenos Aires.
  • 10) Pretensión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de despenalizar a los vendedores minoristas de drogas.
  • 11) Sistemática separación de sus cargos a los Jueces contrarios a la despenalización de las drogas.
  • 12) El gobierno ahoga económicamente a la SEDRONAR, con la intención de desguasarla por supuesta inoperancia. SEDRONAR tiene el mismo presupuesto que maestranza del Ministerio de Economía.
  • 13) Hay un niño muerto por día por consumo de drogas.
  • 14) No existen las campañas preventivas masivas de largo plazo.
  • 15) No existe la asistencia gratuita para drogadependientes.
  • 16) El Ministro del Interior ordenó públicamente a las fuerzas de seguridad no perseguir a los vendedores minoristas de drogas.
  • 17) El comité asesor del Ministro del Interior en materia de narcotráfico está formado por despenalizadores. Entre ellos el Juez Roberto FALCONE al que se le “perdieron” de la bóveda de su juzgado más de 100 kilos de droga sin explicación alguna.
  • 18) Los grupos de Reducción de Daño que son solventados por Goerge SOROS, hacen estragos con su accionar. Enseñan a los jóvenes como drogarse con éxito. El consumo de PACO aumento un 500%, el consumo de marihuana un 200% y el consumo de cocaína un 170% desde que actua Reducción de Daño en nuestro país.
  • 19) Según ONU, Argentina es primer consumidor de cocaína de Latinoamérica en escuelas secundarias.
  • 20) No existen en Argentina intervenciones por lavado de dinero.
  • 21) Las cámaras federales integradas por jueces despenalizadores inconstitucionalizan el accionar policial en los procedimientos antidrogas.

Espero puedan tomar debida nota de estos puntos que solo ha sido plasmadas en esta carta a mera de introducción al gravísimo problema que enfrentamos en la República Argentina.

Atentamente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Agosto 6 de 2007

Claudio Izaguirre
 
Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2007
Divulgado por la Oficina Internacional para Asuntos de Narcóticos y Aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos Marzo, 2007.
Argentina
Volumen I

I. Resumen

Argentina es un país de tránsito para la cocaína proveniente de Bolivia, Perú y Colombia con destinos europeos, principalmente. Asimismo, Argentina es un país de tránsito para la heroína de Colombia en tránsito hacia Estados Unidos y fuente de precursores químicos debido a sus modernas instalaciones de producción de químicos. Si bien no se dispone de estadísticas completas, el gobierno de Argentina informa que los decomisos de cocaína aumentaron en los primeros tres trimestres de 2006 en comparación con el mismo período del 2005. Las autoridades también informan un aumento en la cantidad de pequeños laboratorios que convierten la pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína. Los decomisos de marihuana que habían disminuido en el 2005 han aumentado nuevamente en el 2006. Argentina ha suscripto la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas de 1988.

II. Condición del País

Argentina no es uno de los principales países productores de drogas; no obstante, debido a sus modernas instalaciones de producción de sustancias químicas, es uno de los mayores fabricantes de precursores químicos de América del Sur. Las autoridades de aplicación de la ley estiman que la cantidad de cocaína que pasa a través de la Argentina ha continuado en aumento en 2006. La marihuana se mantiene como la droga de mayor contrabando y consumo, seguida del clorhidrato de cocaína e inhalantes, en segundo y tercer lugar; respectivamente. Los estupefacientes entran en Argentina principalmente vía Bolivia pero también por Paraguay y Brasil. Las autoridades de aplicación de la ley del gobierno argentino, interceptaron pequeñas cantidades de heroína colombiana con destino a los Estados Unidos. Se ha registrado un aumento de los decomisos de estimulantes del tipo anfetamínico y de éxtasis.

III. Acciones contra el Tráfico de Drogas en el país durante 2006

Iniciativas de Políticas. El gobierno argentino focaliza sus acciones en el tráfico, venta y consumo de drogas. En 2006, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) implementó un estudio abarcador e interdisciplinario sobre el tráfico de drogas y delitos relacionados como así también un análisis de la aplicación de la ley nacional de narcóticos de modo de lograr una mejor comprensión de la naturaleza y alcance del problema y así poder focalizar las políticas anti-drogas y los recursos.

Logros. Si bien el gobierno argentino no contaba con estadísticas completas, la DEA (Agencia Anti-drogas) de Estados Unidos informa que colaboró con las autoridades argentinas en el decomiso de 2.532 Kg. de cocaína durante el año 2006. La DEA también colaboró con el gobierno argentino en el decomiso de 9,12 Kg. de heroína y 77 Kg. de marihuana. En junio de 2006, la Gendarmería incautó un camión con una cantidad aproximada de 1.105 Kg. de hojas de coca. Si bien la población autóctona local de diversas provincias del Norte argentino consume hojas de coca, las incautaciones de este volumen son poco frecuentes. Desde enero de 2006 a septiembre de 2006, la Fuerza de Tareas Frontera Norte asistida por el gobierno estadounidense decomisó aproximadamente 684.220 Kg. de estupefacientes, lo cual representa un aumento significativo sobre las cantidades incautadas durante los mismos períodos de 2005 y 2004. Dicha Fuerza de Tareas también incautó 9,12 Kg. de heroína en La Quiaca, puerto internacional de entrada, en la provincia de Jujuy.

Esfuerzos de Fiscalización. El Ministro del Interior realizó un esfuerzo concertado para mejorar la coordinación entre las agencias de fiscalización al crear unidades de fiscalización especial en numerosas provincias para mejorar la comunicación entre los fiscales y la policía, y entre las autoridades nacionales y provinciales. El Ministro junto con el SEDRONAR dirige la política nacional contra el tráfico de drogas y las principales fuerzas que participan son la Policía Federal, la Gendarmería, Aduanas, Policía Aeronáutica Nacional y Prefectura Naval. Las fuerzas provinciales de policía también participarán de las operaciones anti-drogas. En la actualidad, el sistema judicial argentino está siendo transformado de un sistema de investigación a otro de acusación. No obstante, debido a los vestigios del sistema de investigación caracterizado por ser más lento y menos eficiente, los índices de confianza en el sistema legal permanecieron bajos durante 2006 consecuencia de las demoras excesivas entre la detención y la decisión final de la justicia como así también por la falta de transparencia judicial. Los decretos presidenciales establecieron controles sobre los precursores y químicos esenciales al requerir el registro ante el SEDRONAR de todos los fabricantes, importadores o exportadores, transportistas y distribuidores de dichas sustancias químicas.

Corrupción. El gobierno argentino está públicamente comprometido a luchar contra la corrupción y procesar a las personas implicadas en casos de corrupción. Por política, se desconoce si algún alto funcionario del gobierno argentino participa, promueve o facilita la producción o distribución ilícita de dichas drogas o sustancias o el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Dos casos registrados en el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2005 en el que estaban involucrados dos funcionarios de organismos de fiscalización y de seguridad continúan bajo investigación. En 2006, hubo pocos avances en la causa de cuatro miembros de la unidad anti-drogas de la Policía Federal apostada en Salta y acusados del contrabando de 116 Kg. de cocaína en agosto de 2005. No obstante, dos sospechosos de nacionalidad española fueron extraditados a la Argentina en noviembre por una causa de contrabando de 60 Kg. de cocaína enviada a España en 2004 en valijas sin acompañante en un vuelo de una empresa aérea argentina.

Acuerdos y Tratados. Argentina es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra el Delito Transnacional Organizado y dos de sus protocolos (tráfico de personas y contrabando extranjero) pero aún no ha ratificado el tercer protocolo (armas). Estados Unidos y Argentina son signatarios de un tratado de extradición que entró en vigencia el 14 de junio de 2000 y un tratado bilateral de asistencia legal recíproca que comenzó a regir el 9 de febrero de 1994. Ambos acuerdos son muy utilizados por Estados Unidos. El gobierno argentino tiene acuerdos de cooperación bilateral en cuestiones de tráfico de drogas con diversos países vecinos. El Reino Unido, Alemania, Australia, Francia e Italia proporcionan ayuda limitada en entrenamiento y equipos. Argentina ha suscripto la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. En 1990, la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos firmó un Acuerdo de Asistencia Aduanera Recíproca con el gobierno argentino. Dicho acuerdo establece las bases para el intercambio de información de modo de prevenir, investigar y resarcir cualquier delito contra las leyes aduaneras de Estados Unidos o Argentina.

Cultivo/Producción. El cultivo ilegal de marihuana en Argentina es ínfimo y no se trafica hacia Estados Unidos. Si bien, las estadísticas no fueron provistas por el gobierno argentino, se estima que la cantidad de cocaína producida en forma anual en Argentina es baja. Según estadísticas preliminares, se descubrieron y destruyeron siete laboratorios clandestinos de cocaína en 2006. No obstante, las organizaciones de tráfico supuestamente se están instalando en Argentina debido a que los traficantes pueden controlar mejor la pureza del producto final, la disponibilidad de precursores químicos y enfrentan menores riesgos al embarcar la mercadería.

Movimiento/Tránsito de Drogas. La mayor cantidad de cocaína y marihuana entra a la Argentina proveniente de Bolivia a través de las extensas fronteras terrestres y frecuentemente escarpadas. Los traficantes de drogas también trafican cocaína y marihuana por la frontera ribereña con Paraguay. La heroína de Colombia y la cocaína de Bolivia y Perú entran a Argentina en vuelos comerciales. En 2006, el decomiso de 9,12 kg. de heroína contrabandeada desde Bolivia fue muy inusual. Los funcionarios del gobierno argentino están cada vez más preocupados por la utilización de aviones privados pequeños para introducir en el país la carga de estupefacientes proveniente de Bolivia y Paraguay. Según las cantidades de cocaína decomisada con la asistencia e información de investigación de la DEA, dicha agencia informa que la cantidad de cocaína que entra en Argentina continuó aumentando en 2006, del anterior récord de 5,399 kg. de los diez años anteriores que el gobierno argentino había incautado en 2005. La mayor parte del volumen de drogas pasa por Argentina en contenedores que atraviesan el sistema marítimo portuario del país; especialmente en contenedores de carga con destino principal Europa. La DEA informa que aproximadamente el 52% de los decomisos en que colaboró durante 2006 se relacionaron con contenedores; lo cual indica que la cantidad de cocaína en tránsito por Argentina es considerablemente mayor de los que se creía con anterioridad. Por ejemplo, 937 Kg. de los 1.225 Kg. provenientes de las incautaciones de cocaína en las que la DEA colaboró durante el primer trimestre de 2006 fueron realizadas ya sea en contenedores en España o en los puertos argentinos antes del embarque hacia España u otros destinos.

Programas de Reducción de la Demanda. El SEDRONAR coordina los esfuerzos de reducción de la demanda por parte del gobierno argentino. En 2006, inmediatamente después de la aprobación del primer plan nacional anti-drogas del año anterior, el SEDRONAR implementó una iniciativa nacional para extender el programa nacional de educación anti-drogas destinado a niños en edad escolar de 10 a 14 años. Las autoridades nacionales y provinciales argentinas están cada vez más preocupadas por el aumento del consumo de pasta base barata de cocaína, llamada “paco”, por los efectos devastadores para la salud y los delitos relacionados cometidos por los consumidores para financiar su adicción. Las autoridades implementaron diversas campañas de información en los medios gráficos, radio y televisión durante el 2006 para concientizar a la población sobre este problema.

IV. Iniciativas de Políticas y Programas de Estados Unidos

Iniciativas de Políticas. La piedra angular de los esfuerzos estadounidenses en Argentina es la Fuerza de Tareas Frontera Norte en la frontera argentina con Bolivia. Dicha Fuerza promueve la coordinación entre los organismos fiscalizadores del gobierno argentino y brinda asistencia para desbaratar la entrada de estupefacientes provenientes de Bolivia. Además de proporcionar apoyo para dicha Fuerza, el gobierno estadounidense ha trabajado con organismos fiscalizadores provinciales y nacionales para repetir el modelo de esta Fuerza de Tareas Frontera Norte en Misiones y Formosa de modo de tratar el problema de contrabando y tráfico de drogas en la zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil. Este plan será implementado en 2007. Asimismo, el gobierno estadounidense proporcionó entrenamiento en Aplicación del Derecho Marítimo y Seguridad Portuaria a la Prefectura Naval en 2006. En 2005, el gobierno estadounidense implementó la Iniciativa de Seguridad en Contenedores en el puerto de Buenos Aires, Argentina, para promover la seguridad de las cargas en contenedores hacia los Estados Unidos. El gobierno estadounidense también ha trabajado con los organismos e instituciones financieras pertinentes de Argentina para fortalecer la estrategia y régimen del país en contra del lavado de dinero y del financiamiento de las acciones contra el terrorismo.

Perspectivas. En 2007, el gobierno de Estados Unidos continuará trabajando con el de Argentina para combatir las recientes tendencias de aumento en la cantidad de droga en tránsito por el país, el aumento de la producción y consumo locales. El gobierno argentino está implementando medidas concretas para combatir tanto el narcotráfico como el consumo de drogas y Estados Unidos continuará brindando asistencia y alentando al gobierno argentino en este proceso. Algunas áreas de posible cooperación incluyen la expansión del programa de fuerzas de tareas de modo de incluir la creación de una fuerza de este tipo para el puerto de Buenos Aires y la provincia de Misiones. Asimismo, el gobierno estadounidense continuará alentando al gobierno argentino para que mejore su sistema de radares e implemente una legislación más dura en contra del lavado de dinero y financiamiento de acciones contra el terrorismo.

Volumen

II Argentina

Argentina no es un centro financiero regional de importancia ni tampoco un centro financiero offshore. Se cree que el lavado de dinero vinculado con el tráfico de drogas, corrupción, contrabando y evasión impositiva se realiza a través del sistema financiero a pesar de los esfuerzos del Gobierno de Argentina por detenerlo. La gradual recuperación del sector financiero desde la crisis financiera de 2001-02 y los controles de capital posteriores a la crisis pueden haber disminuido la incidencia del lavado de dinero a través del sistema bancario. No obstante, las transacciones que se realizan a través de los sectores no bancarios y profesionales, tales como la industria del seguro, los asesores financieros, contadores, escribanos, síndicos y compañías, reales o ficticias, continúan siendo mecanismos viables para lavar fondos ilícitos. La evasión impositiva es el delito autónomo vinculado a la mayoría de las investigaciones de lavado de dinero en Argentina. Argentina tiene un largo historial de fuga de capitales y evasión impositiva, y los argentinos mantienen miles de millones de dólares fuera del país, gran parte del cual es dinero obtenido en forma legítima pero que nunca estuvo gravado.

Durante 2006, el gobierno argentino tomó diversas medidas de importancia destinadas a combatir el lavado de dinero, incluyendo la sanción de enmiendas a la legislación pertinente a través de la sanción de la Ley 26.087 en marzo, la cual otorgaba mayores facultades a la unidad de inteligencia financiera argentina (la Unidad de Información Financiera, o UIF), creando una nueva Unidad de Coordinación Nacional dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para monitorear y administrar los esfuerzos globales en materia de lucha contra el lavado de dinero del Gobierno de Argentina, y una Unidad de Fiscales Especiales dentro de la Oficina del Procurador General de la Nación para casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó los planes para una unidad de examen bancario especializado, que fuera anunciada en 2005, que estaba dedicada específicamente a lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El 20 de diciembre de 2006, el Presidente Kirchner aprobó el largamente esperado proyecto de ley en contra del terrorismo y financiamiento del terrorismo, que envió al Congreso para su aprobación ese mismo día.

La legislación fundamental de la Argentina contra el lavado de dinero es la Ley 25.246, de mayo de 2000. La Ley 25.246 extiende los delitos autónomos vinculados con lavado de dinero a todos los delitos enumerados en el Código Penal, establece un marco de reglamentación más estricto para el sector financiero, y crea una UIF, bajo la égida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La legislación requiere identificación del cliente, mantenimiento de archivos, y derivación de operaciones sospechosas por parte de todas las instituciones financieras y empresas supervisadas por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (o CNV), y la Superintendencia de Seguros de la Nación (o SSN). La ley prohíbe que las instituciones notifiquen a sus clientes al detectar informes de operaciones sospechosas, y ofrece protección de toda responsabilidad por haber informado acerca de tales operaciones. Los informes que la UIF considere que requieren investigación ulterior se derivarán a la Oficina del Procurador General de la Nación. El 31 octubre de 2006, la UIF había recibido 2174 informes de actividades sospechosas o inusuales desde su inicio en 2002, derivó 136 casos sospechados de lavado de dinero para su revisión por fiscales, y asistió a los fiscales en 107 cases. Solamente han habido dos sentencias relacionadas con lavado de dinero en Argentina desde que se penalizó el lavado de dinero en 1989, y ninguna desde la sanción de la Ley 25.246 in 2000.

 

El 29 de marzo de 2006, el Congreso de la República Argentina sancionó la Ley 26.087, enmendando y modificando la Ley 25.246, a fin de abordar las inquietudes de la Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) acerca de las imperfecciones en la legislación argentina contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo y su puesta en vigor. El FATF/GAFI realizó una evaluación mutua de Argentina en octubre de 2003, la cual fue aceptada en el plenario del FATF/GAFI en junio de 2004 y en las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica (GAFISUD) en julio de 2004. Si bien la evaluación de Argentina demostró que la UIF estaba funcionando en forma satisfactoria, se identificaron deficiencias en la legislación contra el lavado de dinero, así como la carencia de una legislación contra el financiamiento del terrorismo o de una estrategia coordinada contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La Ley 26.087 responde a varias de las deficiencias observadas por el FAFT/GAFI y efectiviza mejoras substanciales en la legislación vigente, incluyendo el levantamiento de las restricciones impuestas por el secreto bancario, cambiario y profesional sobre los informes de actividades sospechosas; el levantamiento parcial de disposiciones vinculadas con el secreto impositivo; la aclaración acerca de qué tribunales están facultados a hacer lugar a solicitudes para levantar pedidos de secreto impositivo; y el requerimiento de las decisiones pertinentes dentro de los treinta (30) días. La Ley 26.087 también dispone bajar el nivel de evidencia requerido para que la UIF pueda pasar los casos a los fiscales, y eliminar la llamada excepción de "amigos y familia" contenida en el Artículo 277 del Código Penal Argentino para casos de lavado de dinero, mientras reduce el rango de la excepción en los casos de encubrimiento. En términos generales, la ley clarifica la relación existente entre la UIF y la Oficina del Procurador General de la Nación, así como sus respectivas áreas de competencia y responsabilidades, y mejora la distribución y coordinación de información. La ley reduce también las restricciones que hayan impedido a la UIF obtener la información requerida para las investigaciones vinculadas con lavado de dinero mediante el otorgamiento de mayor acceso bancario a los informes sobre operaciones sospechosas. No obstante, la ley no levanta las disposiciones relacionadas con el secreto financiero en registros de abultadas transacciones en efectivo, las cuales son mantenidas por los bancos cuando los clientes realizan una transacción en efectivo por encima de 10,000 pesos (aproximadamente 3,225 dólares estadounidenses). Además, en respuesta a las inquietudes del FATF/GAFI, como se observa en el informe de evaluación mutua, el gobierno argentino estableció una nueva Unidad de Coordinación Nacional en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Unidad de Coordinación Nacional representa a Argentina en el FATF/GAFI y el GAFISUD, tiene la iniciativa en el desarrollo de legislación contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y gestiona toda iniciativa gubernamental dirigida a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La UIF, que empezó a funcionar en junio de 2002, ha emitido resoluciones que amplían el rango de las instituciones y empresas a las que se les requiere reportar a la UIF transacciones sospechosas o inusuales más allá de las establecidas en la Ley 25.246. Las entidades obligadas incluyen la autoridad impositiva (Administración Federal de Ingresos Públicos, o AFIP), aduanas, bancos, casas de cambio, casinos, corredores de títulos, compañías de seguros, despachantes de dinero postal, contadores, escribanos públicos, y empresarios dedicados a la venta de obras de arte, antigüedades y metales preciosos. Las resoluciones emitidas por la UIF también proveen orientación para identificar transacciones sospechosas o inusuales. Toda transacción sospechosa o inusual, independientemente del monto, debe ser notificada directamente a la UIF. Antes de la sanción de la Resolución 4/2005 de 2005, sólo las transacciones sospechosas o inusuales que superaban los 50,000 pesos (aproximadamente 16,130 dólares estadounidenses) debían ser notificadas; antes de 2004, las transacciones sospechosas por debajo del umbral de 500,000 pesos eran primeramente notificadas al cuerpo supervisor pertinente para un análisis previo. Se requiere que las entidades obligadas mantengan una base de datos relacionados con las transacciones de los clientes, incluyendo informes sobre transacciones sospechosas o inusuales, por lo menos durante 5 (cinco) años y que respondan dentro de las 48 horas a las solicitudes de información realizadas por la UIF.

En septiembre de 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.119, que enmienda la Ley 25.246 para modificar la composición de la UIF. La nueva ley reorganiza la estructura ejecutiva de la UIF, reemplazando su junta directiva de cinco miembros con presidencia rotativa por una estructura con un presidente permanente (cuya designación es política) y un vice-presidente. La Ley 26.119 también establece una Junta de Asesores de la UIF, compuesta por representantes de entidades gubernamentales clave, incluyendo el Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, la secretaria anti-drogas a nivel nacional (SEDRONAR), y los Ministerios de Justicia, Economía e Interior. Las opiniones de la Junta de Asesores acerca de las decisiones y las acciones de la UIF no son vinculantes.

El Banco Central requiere por resolución que todos los bancos mantengan una bases de datos acerca de todas las transacciones que superen 10,000 pesos, y que eleven la información periódicamente al Banco Central. La Ley 25.246 requiere que los bancos hagan disponible a pedido de la UIF los archivos de transacciones que involucren transferencias de fondos (salientes y entrantes), depósitos de efectivo, o compra de moneda extranjera a partir de 10,000 pesos. Posteriormente, la UIF recibe copias de las declaraciones a ser efectuadas por todo individuo (argentino o extranjero) que entre o salga de Argentina con más de US$10,000 en efectivo o títulos. Estas declaraciones se requieren en virtud de las Resoluciones 1172/2001 y 1176/2001 emitidas por el Servicio de Aduanas de Argentina en diciembre de 2001. En 2003, el Congreso de Argentina sancionó la Ley 22.415/25.821, que habría establecido la multa inmediata de 25 por ciento del monto no declarado, así como la confiscación y embargo del efectivo y/o títulos dinerarios restantes no declarados. No obstante, el Presidente vetó la ley porque estaba en conflicto con los compromisos de Argentina con el MERCOSUR (Mercado Común del Cono Sur).

La Ley anti-Narcóticos de Argentina de 1989 autoriza el embargo de activos y utilidades, y establece que éstos o el producido de su venta serán utilizados en la lucha contra el tráfico de drogas ilegales. La Ley 25.246 establece que los ingresos procedentes de activos confiscados de conformidad con esta ley también pueden ser utilizados para financiar la UIF.

Si bien la Ley 25.246 de 2000 extiende el número de delitos específicos que pueden redundar en lavado de dinero más allá de los delitos relacionados con narcóticos y crea la UIF, limita su rol solamente a la investigación de lavado de dinero proveniente de seis delitos específicos. La ley también define el lavado de dinero como agravación del hecho cometido en el delito subyacente. Una persona que comete un delito no puede ser procesada por lavado de dinero obtenido de tal delito. Sólo quien ayuda al delincuente luego del hecho a ocultar el origen del dinero puede ser hallado culpable de lavado de dinero. Otro impedimento para el régimen anti-lavado de dinero de Argentina es que solamente las transacciones (o serie de transacciones vinculadas) que superen 50,000 pesos pueden constituir lavado de dinero. Las transacciones inferiores a 50,000 pesos solo pueden dar lugar a encubrimiento, un delito menor.

El terrorismo y los actos terroristas no están penalizados todavía por la legislación argentina. Dado que estos actos no son delitos autónomos, el financiamiento del terrorismo no constituye delito principal para lavado de dinero. Durante 2005 y 2006, se sometieron varios proyectos de ley al Congreso a efectos de implementar las disposiciones de tratados internacionales sobre financiamiento del terrorismo de conformidad con la legislación argentina. Distintos ministerios gubernamentales, así como la "Comisión Mixta" (compuesta por el Banco Central, el Congreso, el Ministerio de Economía, SEDRONAR, y el Poder Judicial), también desarrollaron proyectos de legislación financiera contra el terrorismo. El nuevo Coordinador Nacional de Argentina revisó y compaginó los proyectos de ley, y compaginó un proyecto final para que el Presidente elevara a consideración del Congreso. El Presidente aprobó el proyecto y lo envió al Congreso el 20 de diciembre de 2006. El Congreso lo tratará en marzo de 2007, o en febrero si el Presidente llama a sesión extraordinaria. El proyecto de ley penaliza tanto el terrorismo como el financiamiento del terrorismo, y de ser aprobado, suministraría base legal para que la UIF, el Banco Central y otras instituciones encargadas del cumplimiento de la ley investiguen y procesen dichos delitos. Los miembros del FATF/GAFI revisarán tanto el proyecto como la legislación recientemente sancionada durante el plenario del mes de febrero de 2007 a fin de determinar si cumplimentan las normas internacionales.

En ausencia de legislación vinculada con el financiamiento del terrorismo, el Banco Central emitió la Circular A 4273 en 2005 (titulada "Normas sobre ‘Prevención del Financiamiento del Terrorismo'), que dispone que los bancos informen cualquier instancia detectada de financiamiento del terrorismo. El Banco Central ha actualizado y modificado periódicamente la Circular original, siendo la modificación más reciente la Circular A 4599 del 17 de noviembre de 2006. Los banqueros se quejan de que la reglamentación no ha sido respaldada por ninguna definición legal de lo que constituye financiamiento del terrorismo en Argentina, y que la ausencia de legislación interna significa que los bancos no cuentan con protección respecto de juicios entablados por clientes para el caso en que reporten casos sospechados de financiamiento de terrorismo. El proyecto de ley contra el terrorismo actualmente a consideración del Congreso suministraría respaldo legal necesario para las medidas administrativas del Banco Central. El Banco Central de Argentina también emitió la Circular B-6986 en 2004, la cual daba instrucciones a las instituciones financieras para identificar y congelar fondos y activos financieros de los particulares y entidades enumeradas en la nómina de Terroristas Globales Especialmente Designados por EEUU de conformidad con la Orden Ejecutiva No. 13224. Modificó esta circular con la Resolución 319 en octubre de 2005, la cual extiende la Circular B-6986 para disponer que las instituciones financieras verifiquen las transacciones teniendo en cuenta las nóminas de terroristas de Naciones Unidas, EEUU, la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá. Ningún activo ha sido identificado o congelado a la fecha.

El 6 de diciembre de 2006, el Departamento del Tesoro de EEUU designó nueve individuos y dos entidades en el Área de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay que han suministrado apoyo financiero o logístico a Hezbollah. De acuerdo con este señalamiento, los nueve individuos operan en el Área de la Triple Frontera y han suministrado apoyo financiero y otros servicios para el Terrorista Global Especialmente Designado Assad Ahmad Barakat, quien previamente había sido señalado por el Departamento del Tesoro en junio de 2004 por su apoyo a la cúpula de Hezbollah. Las dos entidades, Galería Page and Casa Hamze, están ubicadas en Ciudad del Este, Paraguay, y han sido utilizadas para generar o mover fondos terroristas. El Gobierno de Argentina ha expresado públicamente su disenso con las designaciones, manifestando que EEUU no ha suministrado ninguna información nueva que haya probado actividad alguna vinculada con el financiamiento del terrorismo en el Área de la Triple Frontera.

Trabajando conjuntamente con la Oficina de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interior de EEUU, Argentina has establecido una Unidad de Transparencia Comercial (UTC). The UTC examina anomalías en la información comercial que pudieran resultar indicativas de fraude en Aduana y lavado de dinero basado en el comercio internacional. La UTC generará, iniciará y respaldará las investigaciones y procesamientos vinculados con lavado de dinero basado en intercambios comerciales y con la transferencia de de utilidades delictivas a través de las fronteras internacionales. Un punto clave de la UTC, así como de otras UTCs en la región serán los delitos financieros cometidos en el Área de la Triple Frontera, la cual se encuentra delimitada entre Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguacu (Brasil), y Ciudad del Este (Paraguay). La creación de la UTC fue un paso positivo hacia la cumplimentación de la Recomendación Especial VI sobre Financiamiento del Terrorismo vía sistemas de despacho alternativos. Los sistemas basados en los movimientos comerciales, tales como el hawala, a menudo utilizan documentos comerciales fraudulentos y esquemas de sobre-facturación y sub-facturación para proveer una contra-valuación en transferencia de valor y conciliación de cuentas.

El Gobierno de Argentina permanece activo en organizaciones anti-narcóticos multilaterales e instituciones internacionales que combaten el lavado de dinero. Es miembro del Grupo de Expertos para Control del Lavado de Dinero de la Comisión Inter-Americana de Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), el FATF/GAFI y el GAFISUD. El Gobierno de Argentina es parte de la Convención de Drogas de 1988, la Convención Internacional de la ONU para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, y la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional. Argentina ratificó la Convención de la ONU contra la Corrupción el 28 de agosto de 2006. Argentina participa en el Grupo de Seguridad "3 Más 1" (anteriormente el Diálogo sobre Contra-terrorismo) entre EEUU y los países del Área de la Triple Frontera. La UIF ha sido miembro del Grupo Egmont desde julio de 2003, y ha firmado memorandos de entendimiento relacionados con el intercambio de información con una serie de unidades de inteligencia financiera. Los Gobiernos de Argentina y EEUU firmaron un Tratado de Asistencia Legal Recíproca que entró en vigencia en 1993, y un tratado de extradición que entró en vigor en 2000.

Con los mecanismos fortalecidos que están disponibles de conformidad con las Leyes 26.119, 26.087 y 25.246, la ratificación de la Convención Internacional de la ONU para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo, una UIF reorganizada, y una mayor capacidad de ejecución de la ley a través de la Unidad de Fiscales Especiales y la unidad de verificación bancaria especializada del Banco Central, Argentina tiene la capacidad legal y reglamentaria para evitar y combatir el lavado de dinero de una manera más efectiva. Las modificaciones legislativas y reglamentarias adicionales mejorarían en forma significativa el régimen financiero contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina, sobre todo la sanción de legislación interna que tiene como objeto penalizar el financiamiento del terrorismo, la cual se encuentra actualmente a consideración del Congreso. El Gobierno de Argentina debería sancionar legislación que extienda el rol de la UIF a efectos de facultarla para investigar el lavado de dinero que surja de todos los delitos, no sólo el proveniente de seis delitos enumerados; establecer el lavado de dinero como delito autónomo; y eliminar el actual umbral de 50,000 pesos requerido para establecer un delito de lavado de dinero. A efectos de cumplir con la más reciente recomendación del FATF/GAFI sobre la reglamentación de transacciones de montos abultados, Argentina también deberá revisar la legislación vetada en 2003 para hallar una manera de reglamentar dichas transacciones de acuerdo con sus obligaciones con el MERCOSUR. Continúan siendo prioridad: el castigo efectivo de funcionarios e instituciones que no cumplimenten los requisitos de notificación establecidos por ley, la búsqueda de un programa de capacitación para todos los niveles del sistema judicial penal, y la provisión de los recursos necesarios par que la UIF lleve a cabo su misión. También existe la necesidad de una mayor conciencia pública del problema del lavado de dinero y su vinculación con narcóticos, corrupción y terrorismo. Finalmente, la Oficina del Coordinador Nacional debería resolver los problemas del pasado relacionados con una deficiente coordinación y cooperación entre dependencias gubernamentales.

(*) Presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Miembro de ONU DC; Delegado por Argentina ante la Drug Watch International, Entidad Afiliada a EURAD (Europa Contra las Drogas), Estados Unidos 1312 Capital Federal - 4942-1789 y 155 132 8916 / Web - Correo

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