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Critican un nuevo plan migratorio

Organizaciones refutan el borrador de la Casa Blanca.
Por Maribel Hastings, Corresponsal de La Opinión

Rebanadas de Realidad - La Opinión, WASHINGTON, D. C 30/03/07.- Grupos pro inmigrantes catalogaron de "decepcionante" el borrador de un plan de reforma migratoria que negocian la Casa Blanca y senadores republicanos, pues, según los activistas, dificultaría que los indocumentados se legalicen y negaría ese derecho a futuros trabajadores temporales.

Propuesta de unidad

Un plan de reforma migratoria, en el que participaron alrededor de mil organizaciones pro inmigrantes de todo el país, fue anunciado ayer con el objetivo de complementar las iniciativas de ley que ya existen en el Congreso.

"Es una propuesta ideal de reforma migratoria basada en los sueños de los inmigrantes", definió Pablo Alvarado, coordinador de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Reunidos en el Club de Prensa de Los Ángeles, líderes comunitarios presentaron el anteproyecto de ley, el cual consideran que serviría de base y guía para la legislación sobre el tema migratorio y vendría a mejorar la propuesta presentada hace días por los congresistas.

Peter Schey, director del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional (CHRCL), anunció también el inicio de una campaña en todo el país para dar a conocer lo que llamaron el Unity Blueprint for Immigration Reform o anteproyecto de unidad.

Indicó que se estarán reuniendo con legisladores clave para entregarles ese borrador de ley.

Básicamente, dijo, el anteproyecto expone la necesidad de legalizar a los indocumentados, ofrecer más visas de trabajo para los futuros trabajadores inmigrantes, que "el sistema represivo a través de deportaciones no soluciona el problema" y que el actual sistema provoca mayor explotación de trabajadores.

Aquiles Magaña, representante del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), dijo que se trata de un documento histórico muy importante para aquellos que han estado abogando por los inmigrantes y para los inmigrantes mismos.

"Es un vehículo, una herramienta, que nos ha permitido darle una interpretación sistemática al debate legislativo sobre migración, para analizar los detalles que son importantes de la crisis de inmigración que tiene este país, es un documento base, guía, para futuras legislaciones", mencionó.

Para Álvaro Huerta, de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), la idea es presentar algo sobre lo que se esté a favor y no sólo rechazar lo que no se desea, como la propuesta Sensenbrenner.

Entre otras de las organizaciones que apoyan el Unity Blueprint están la Central Sindical AFL-CIO, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Servicio Nacional Coreano Americano y Consorcio Educacional (NAKASEC), la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC), la Fundación Dolores Huerta, el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA) y la Federación Americana de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME).

Sus dirigentes insistieron en que la comunidad debe seguir participando en los eventos que se lleven a cabo para apoyar la reforma y en llamar y escribir a los legisladores.

Víctor Narro, del Centro Laboral de UCLA, destacó que el anteproyecto de ley pone énfasis en la protección de los derechos laborales.

Como líder de los jornaleros, Pablo Alvarado señaló que son estos trabajadores los que más saben del quebranto del sistema de inmigración en el país, ya que son los que más sufren de la explotación y los abusos.

"Este blueprint encierra los sueños y las aspiraciones de las comunidades inmigrantes", mencionó.

Antonio González, director del Instituto William C. Velázquez, dijo que están conscientes de que el actual diálogo sobre reforma migratoria no ha incluido los temas más importantes que defienden los intereses de los inmigrantes.

"El proceso que se dio para formar este blueprint fue muy inclusivo, tomó en cuenta los intereses de los sectores de todos los inmigrantes, de todas las clases, de todos los países de origen, y es una decisión muy importante para la conversación nacional", comentó. "Estamos optimistas de que esa presentación de blueprint que se dará en Washington, D.C., enriquecerá ese diálogo".

Por su parte, Nativo López, de la Asociación Política Mexicoamericana (MAPA), señaló que el anteproyecto es el resultado de muchos meses de trabajo.

"De discusiones, conferencias, reuniones, debates entre los grupos que llevan años trabajando y defendiendo los intereses de los inmigrantes; es un consenso para contraponer lo que se está debatiendo en este momento en el Congreso, es la voz del inmigrante".

Es necesario recalcar, sin embrago, que no se trata aún de un texto final, sino de una propuesta en borrador, por lo que las pláticas al respecto continúan.

Según el nuevo plan, antes de que entre en vigor cualquier programa de regularización o de trabajadores temporales habría que cumplir con unos requisitos de seguridad fronteriza que incluirían más bardas y más patrulleros fronterizos, entre otras cosas.

"Es un paso atrás, no hacia adelante", dijo la subdirectora del Foro Nacional de Inmigración (NIF), Ángela Kelley.

Pero agregó que sólo es un punto de partida y "no es el final del juego".

Los activistas anticipan que durante el receso de Pascua del Congreso las partes involucradas negocien un lenguaje sensible que apele a demócratas y republicanos porque tal y como se ha presentado no puede "ni aprobarse ni implementarse".

"Son ideas que ya fueron rechazadas el año pasado por un Senado republicano", dijo por su parte en teleconferencia Tom Snyder, director de política nacional de UNITE HERE, que representa a un sector sindical.

La propuesta es producto de las negocaciones entre la Casa Blanca y senadores republicanos que durante los pasados días han intentado obtener un lenguaje de consenso antes de negociar con los demócratas.

El borrador sugiere que se cree una nueva visa, la "Z", para los indocumentados en Estados Unidos, renovable de manera indefinida cada tres años, lo cual potencialmente los llevaría a obtener la residencia permanente. Pero implicaría que cada vez que la renueven deberían pagar 3,500 dólares.

Según dicho plan, si quieren obtener la residencia permanente tendrían que pagar otra suma de 2,000 dólares al inicio y 8,000 dólares al completar el proceso. Pero no son cifras finales.

El senador republicano de Florida, Mel Martínez, recomendó a los activistas que se tranquilicen antes de emitir un juicio sobre el lenguaje, que catalogó como una "base" de un potencial acuerdo migratorio.

Para que los indocumentados puedan legalizarse primero habría que eliminar el rezago existente de visas de reunificación familiar, pero como no se aumentaría la cifra de visas, los activistas cuestionan cuándo, si alguna vez, los indocumentados podrían legalizarse.

Aparentemente los indocumentados tampoco tendrían derecho a pedir por sus familiares.

Asimismo, se eliminarían algunas categorías de visas familiares -por ejemplo, hijos adultos y hermanos de ciudadanos- para sumarlas a visas por empleo.

Según dicho borrador, para obtener la residencia permanente los jefes de familia tendrían que hacerlo desde su país de origen, pero una vez iniciado el trámite pueden volver a entrar en Estados Unidos.

Crearía además un programa de trabajadores temporales que tendrían derecho a una visa, la "Y", de seis años en total renovable cada dos años. Es decir, trabajarían por dos años y regresarían por seis meses a su país de origen y tendrían derecho a dos rondas adicionales de dos años de trabajo. No podrían traer familiares ni solicitar la residencia permanente.

Snyder dijo que los sindicatos nunca aceptarán un programa de trabajadores temporales, que sólo es una versión del siglo XXI del programa bracero de mediados del siglo XX. Sobre el lenguaje de legalización de indocumentados, consideró que tal y como se ha propuesto, sólo resultará en que los indocumentados "se internen más en las sombras".

Pero Kelley y Laura Reiff, copresidentas de la Essential Worker Coalition, dijeron que pese al lenguaje, todavía están "muy optimistas" en que al retorno del receso el Senado pueda negociar abiertamente en el Comité Judicial del Senado, como ocurrió el año pasado.

El problema es que algunos de los republicanos que el año pasado se unieron a los demócratas para hacer avanzar una reforma integral, este año se han distanciado por razones políticas, como el senador republicano John McCain, quien también aspira a la nominación presidencial republicana en 2008.

Con todo, los grupos de interés mantienen la presión y ayer líderes evangélicos se dieron cita en el Congreso a cabildear por la reforma migratoria.

Esta semana también se llevó a cabo una campaña de llamadas telefónicas a las oficinas de los legisladores en el Congreso y hasta ayer sumaban más de 50 mil las llamadas recibidas.

En la Cámara Baja, la semana pasada los congresistas Luis Gutiérrez y Jeff Flake, demócrata de Illinois y republicano de Arizona, respectivamente, presentaron una medidade ambos partidos que permite la legalización de millones de indocumentados que hayan llegado a este país en o antes del 1 de junio de 2006.

Hoy viernes, el panel Judicial de la Cámara Baja realizará una audiencia desde la simbólica e histórica Ellis Island en Nueva York.

El reto es acordar un lenguaje que obtenga votos de ambos partidos y sobre todo de republicanos.

El año pasado el Senado aprobó un proyecto de reforma integral que obtuvo el apoyo de 23 senadores republicanos.

Los negociadores quieren garantizar que cualquier propuesta tenga el apoyo de 60 senadores para que pueda sobrevivir cualquier maniobra dilatoria que surja.

La Cámara Baja nunca consideró una medida integral y este año la tarea es difícil porque no sólo hay que atraer republicanos, sino a demócratas conservadores opuestos a cualquier lenguaje que cataloguen de amnistía.

La idea es avanzar un proyecto antes del receso legislativo de agosto, porque después la política electoral entorpecerá el avance de cualquier proyecto.

Gentileza del diario La Opinión.
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