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Violan derechos de los migrantes

Una juez determina que el gobierno de Estados Unidos no cumple con sus propios estándares en centros de detención.
Por Pilar Marrero

Rebanadas de Realidad - La Opinión, Estados Unidos, 01/08/07.- El gobierno federal no cumple sus propios estándares en los centros de detención para inmigrantes, muchos de los cuales no satisfacen las reglas esenciales de acceso a materiales legales, teléfonos y abogados, así como higiene y visitas.

Con base en reportes hasta ahora confidenciales sobre las condiciones de detención en los 201 centros para inmigrantes que hay en todo el país, la juez federal Margaret Morrow determinó esta semana que es poco lo que ha cambiado en los últimos 20 años dentro de estas instalaciones.

Por esta razón, la magistrada rechazó esta semana una petición del gobierno para levantar una orden judicial en vigor desde 1988, que reguló las condiciones de detención de salvadoreños que pedían asilo durante la época de la guerra civil en ese país.

Aunque el caso tiene que ver con los salvadoreños que piden asilo político (la mayor cantidad de casos se dieron en los años 80, durante la guerra civil, aunque en 2005, unos 3,630 salvadoreños solicitaron ese beneficio y sólo 64 lo obtuvieron), las condiciones en los centros de detención afectan a todos los inmigrantes presos, dijeron abogados.

El gobierno federal pidió en 2005 que se levantara dicha orden alegando no sólo que las condiciones que existían en 1988 en El Salvador ya no son las mismas hoy en día, sino argumentando la adopción de estándares que supuestamente han mejorado las condiciones en los centros de detención.

Sin embargo, durante el juicio, se dieron a conocer los reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y de la Barra Americana de Abogados enumeran una serie de deficiencias en la detención de inmigrantes y señalan además que los reportes internos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) no describen todas las irregularidades existentes.

"El tribunal concluye que el gobierno no estableció que la promulgación de los estándares de detención de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el final de la guerra civil en El Salvador son circunstancias suficientes como para disolver la protección de la orden Orantes", escribió la juez en su decisión. "Los niveles de no cumplimiento de sus estándares documentados durante el juicio demuestran que la orden sigue siendo necesaria".

En Los Ángeles, el portavoz del Departamento de Justicia indicó que el caso lo maneja la Oficina de Litigios de Inmigración en Washington. Allí, los encargados de prensa no devolvieron un llamado pidiendo comentarios, aunque se espera que el gobierno apele la decisión.

Los reportes confidenciales fueron revelados en el transcurso del proceso legal. Aunque las organizaciones mencionadas reciben acceso a los centros de detención, la condición es que los reportes que ellas producen sean para el consumo interno, dijo Linton Joaquín, principal litigador del caso por parte del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

"Esto es una reivindicación y reafirmación de que hay una necesidad de mayor transparencia en la detención de inmigrantes. La realidad es que las condiciones de detención ocurren en secreto", dijo Joaquín.

Entre las condiciones de los centros de detención se encuentran varias que pueden afectar el resultado del proceso legal y la capacidad de los inmigrantes de defender su caso o ganar asilo político, argumentó el abogado.

Por ejemplo, en algunos centros de detención se identificaron deficiencias en el acceso de los detenidos a materiales legales con información sobre las leyes de inmigración y refugiados, procedimientos de asilo, así como falta de computadoras o máquinas de escribir. En un centro no había siquiera papel para escribir.

El acceso a teléfonos es otro caso de estándares mínimos que no se cumplen de manera uniforme. La existencia de un teléfono por cada 40 detenidos (cuando el máximo debe de ser 25), teléfonos que no funcionan o se estropean a menudo, falta de privacidad en las conversaciones, restricciones de tiempo y otros.

Los reportes también detallaban límites en las visitas de abogados y horarios problemáticos para las mismas, revisión de correspondencia personal sin la presencia del detenido y ausencia de políticas sobre efectos personales perdidos o extraviados.

En dos centros de detención se hallaron serias deficiencias de higiene: no había papel de baño y las paredes estaban llenas de porquería. No habían jabones, tazas o papel de ningún tipo. En uno de los centros, el baño era un hueco en el suelo.

Los abogados argumentan que estas condiciones y la falta de cumplimiento de los estándares de detención que el propio gobierno adoptó en el año 2000, pueden limitar los derechos legales de los detenidos.

"Lo que ocurre con los inmigrantes detenidos debería perturbarnos a todos", dijo la abogada Ranjana Natarajan, de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), que también formó parte del equipo legal. "Quienes buscan la protección estadounidense contra la persecución que sufren en sus países merecen una audiencia justa y respeto a sus derechos básicos".

Esta lucha legal se inició en 2005, cuando el gobierno federal pidió al tribunal que levantara una orden judicial impuesta por el Tribunal de Distrito en Los Ángeles en 1988 en el caso Orantes, una demanda de clase que cuestionó las prácticas de detención a refugiados salvadoreños.

En aquel caso, el tribunal federal determinó que los salvadoreños detenidos por las autoridades de inmigración recibían información insuficiente, falsa y manipulada para evitar que presentaran casos de asilo.

En 1988, el juez David Kenyon, de Los Ángeles, emitió una orden preventiva permanente regulando las condiciones de detención, procesamiento y deportación de inmigrantes salvadoreños.

La juez Morrow, quien revisó la petición gubernamental de eliminar esta orden, también determinó que aunque las condiciones en El Salvador han cambiado, ya que la guerra civil terminó, aún hay problemas sociales en ese país que permiten a algunos salvadoreños el pedir, y recibir, asilo político en Estados Unidos.

No obstante, su decisión se basó principalmente en la falta de evidencia de que el gobierno haya eliminado las condiciones coercitivas contra los solicitantes de asilo, dadas por la situación y el trato recibido mientras están detenidos.

Gentileza del diario La Opinión.
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