Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
ESTADOS UNIDOS / La Opinión - Los Ángeles / Web

Familiares de los mineros de Utah piden justicia

Comité del Senado investiga la tragedia que dejó nueve muertos.

Por Claudia Núñez

Rebanadas de Realidad - La Opinión, LOS ÁNGELES., 05/10/07.- Un bono de consuelo de 15 mil dólares y la certeza de que ya no volverán a ver a sus seres queridos es, en resumen, lo que han recibido los familiares de los seis mineros, tres de ellos mexicanos, que quedaron atrapados en la mina Crandall Cayon de Utah, a escasas horas de cumplirse dos meses de la tragedia que, en total, apagó nueve vidas, incluyendo la de tres rescatistas.

"Mi hermano sigue ahí enterrado y no hay nadie que se haga responsable. No buscamos cartas de consuelo, ni ceremonias, y ni con todo el dinero del mundo se acaba nuestro dolor. Nosotros necesitamos respuestas", declaró en entrevista telefónica a La Opinión César Sánchez, hermano de Manuel Sánchez, quien quedó sepultado tras el derrumbe de la mina el pasado 6 de agosto.

Para estas familias, tres de ellas de origen mexicano, la justicia aún brilla por su ausencia y se ha convertido en el tesoro más ansiado que oculta la mina.

Para el pueblo de Huntington, localidad donde se ubica la mina, la falta de dinero y desempleo impacta a la comunidad.

Más de 200 mineros se quedaron sin su fuente de trabajo tras el cierre inmediato de dos minas, entre ellas la Crandall, por considerarlas, tras la tragedia, lugares de alto riesgo.

"Aquí está la cosa muy triste. No hay dinero, no hay trabajo. Ya muchos se han ido del pueblo y la familia que vino de México ya se regresó porque se les terminó el permiso de la visa humanitaria. Lo más triste es que se fueron con las manos vacías, sin tener siquiera un cuerpo que enterrar", comentó Abel Olivas, primo del minero sepultado Luis Hernández y ex voluntario del cuerpo de rescate.

Actualmente, dos comités federales, entre ellos un subcomité del Senado de Estados Unidos y cuatro agencias estatales y federales analizan los detalles del accidente para determinar si fueron causas naturales lo que provocó el colapso o el resultado del proceso llamado retreat mining (extracción extrema), en el cual, a base de dinamitar los soportes que sostienen el techo de los socavones se obtienen los últimos recursos minerales de las minas antes de su cierre definitivo.

Así mismo se investiga si hubo negligencia por parte de la Agencia Federal de Seguridad e Inspección de Minas (MSHA) que al parecer autorizó el retiro de los soportes a lo largo de 500 pies, hecho que pudo haber causado que la presión de la montaña sobre el socavón fuera excesiva y originara el colapso.

Bob Murray, dueño mayoritario de la empresa que opera la mina Crandall, se ha negado a declarar ante los comités de investigación alegando enfermedad.

En declaraciones dadas a La Opinión tras el incidente, Murray negó que la mina fuera insegura y que el colapso hubiera sido provocado por error humano. Al respecto, dijo en su momento: "Mi mina es segura. Los mineros están ahí por culpa de un terremoto que sacudió esta diabólica montaña".

Aunado a la investigación de los hechos, el comité del Senado también estudia el trato que recibieron los mineros por parte de Murray. Quieren establecer si Murray fue amenazante con las familias de las víctimas y si la respuesta de las autoridades ante la tragedia fue la adecuada.

El gobernador de Utah, Jon Huntsman se presentó el miércoles 3 de octubre a declarar ante el comité del Senado y, al igual que los familiares de los mineros, exigió que se aclare esta situación y que establezcan leyes más estrictas para proteger a los trabajadores en las minas de todo el país, según informó su departamento de prensa.

La madrugada del lunes 6 de agosto en punto de las 2:48, los mineros Carlos Payán, Luis Hernández, Manuel Sánchez, Don Erickson, Kerry Allred y Brandon Phillips quedaron atrapados bajo miles de toneladas de carbón. Sin embargo, durante los días posteriores, se mantuvo viva la esperanza de que los mineros habrían podido permanecer en zonas de resguardo a la espera de ser rescatados.

Las labores de rescate incluyeron la perforación de seis túneles por los que se pretendía escuchar sonidos o ver imágenes de los mineros atrapados, mientras cuadrillas de rescate removían los escombros del socavón intentando llegar a los atrapados.

Sin embargo, 10 días después del derrumbe, el 16 de agosto, los rescatistas, Dale Rayblack, Brandon Kimber y Gary Jensen también perdieron la vida tras un segundo colapso de la mina.

"Ya nadie quería entrar a esa mina, pero nos remordió la conciencia. Desde antes de que pasara la tragedia le dijimos al patrón que esa mina no era segura, pero no nos escuchó y ahí están los resultados; no sólo se murieron los trabajadores, también los rescatistas", dijo Olivas, uno de los pocos familiares de los mineros mexicanos que aún permanecen en la localidad de Huntington.

"No hay nada que les dé consuelo para mis padres. La mina les quitó a un hijo y nos cambió la vida a todos. Yo creo que lo menos que merecemos es que se haga justicia y se castigue a todos los responsables. Mi hermano tenía mucha vida por delante", expresó José Luis Payán, minero de profesión y hermano de Carlos Payán, de 21 años, quien soñaba con casarse con una muchacha de su pueblo y ser feliz en su natal Sinaloa.

A lo largo de este mes el comité del Senado escuchará los testimonios de autoridades, expertos y familiares de los mineros sobre los hechos, aunque aún se desconoce cuándo surgirá el veredicto final.

Gentileza del diario La Opinión.
Rebanadas de Realidad - Envíenos sus comentarios e informaciones