Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Martello plantea objeciones a la reforma judicial impulsada por Scioli

El diputado provincial de la Coalición Cíva, Walter Martello, adelantó sus críticas a la reforma judicial promovida por el Gobierno bonaerense. Tras un análisis de las medidas implementadas en política criminal en los últimos años, el legislador aseguró que "se trata de una reforma más que no resuelve el problema de fondo, que es la desigualdad social".
Walter Martello

Informaciones de la Prov. de Buenos Aires editadas en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - La Plata, 05/02/08.- En el marco de las negociaciones entre el Gobierno provincial y la Legislatura para aprobar lo antes posible la reforma judicial, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Walter Martello, anticipó sus objeciones al proyecto oficialista por considerar que no ataca el problema de fondo: la inequidad social. “Desde 1998 hasta la fecha se ha cambiado sustancialmente de política criminal al menos cuatro veces, y no ha habido resultados positivos, ¿Por qué habrá de mejorar ahora si las causales de fondo son las mismas?”, se preguntó el legislador.

Un informe pormenorizado de las medidas implementadas en materia de política criminal en la última década respaldan las dudas del diputado arista sobre el proyecto del gobernador Daniel Scioli, que entre otros puntos, buscan eliminar funciones a la Cámara de Casación Penal y propone modificaciones al Código Procesal Penal tendientes a agilizar los procesos judiciales. Según el diputado, tanto este proyecto como las iniciativas tomadas por gestiones anteriores, nacieron bajo “al amparo de una crisis socioeconómica irresuelta vinculados a conceptos que hoy están ausentes en este debate como son los de desigualdad y exclusión social”.

“Recordemos que ya el ex ministro Di Rocco (ex ministro de Justicia bonaerense), refiriéndose a la situación de colapso del sistema judicial y penitenciario había advertido que los delincuentes eran cada vez mas jóvenes, menos instruidos y mas pobres, situación que nos lleva a pensar ¿serán las reformas al código de procedimiento la solución a la actual crisis y colapso del sistema de seguridad y judicial?, o habrá que, alguna vez comenzar a emplear más y mejores recursos para que los jóvenes sean mas instruidos y se acorte la brecha entre ricos y pobres asegurando condiciones de igualdad que los saque de la marginación”, reflexionó Martello.

El diputado enumeró algunos antecedentes de políticas públicas en materia criminal implementados en la provincia de Buenos Aires. “En 1998, bajo el Gobierno de Duhalde se sanciona la Ley 11.922 –conocida como Reforma Arslanián-Falbo-, que creó el sistema de Juzgados de Garantías de Ejecución Penal, las Cámaras de Garantías, los Juicios Orales, las UFI, quitándole a la Policía Bonaerense las facultades instructoras, que serian llevadas a cabo directamente por los fiscales en turno”. Esta norma no se pudo poner en funcionamiento por cuestiones económicas y funcionales.

“En 2.000, durante la gestión del ex gobernador Carlos Ruckauf, se sancionó la Ley 12.405, conocida como “Reforma Ruckauf -Rico “, orientada a la persecución del delito a través de un sistema, que el mismo ex Gobernador dijo sería para “ mano dura” y que disponía evitar las excarcelaciones, principalmente en aquellos ilícitos que para su cometido, se empleara violencia, circunstancia que originó un desmedido incremento en detenidos alojados tanto en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, como en las dependencias policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta medida no tardó en demostrar su fracaso, ya que los índices delictivos aumentaron y la superpoblación carcelaria originó un serio problema aún vigente.

Luego, con la asunción del ex gobernador Felipe Solá se inicia una nueva etapa donde se sanciona ley 13.260, por la cual se incorpora al Código, el “Procedimiento de Flagrancia” y de la Ley 13.392 – De Competencia Delitos Penados en la ley de Estupefacientes, por la cual se pretendía perseguir a los delitos menores tipificados en la Ley 23.737. Sin embargo los efectos del Código de Ruckauf, la presión publica y de organismos de derechos humanos, los fallos de la Corte respecto a los detenidos hicieron que se sancione la Ley 13.449 que permite excarcelaciones en muchos de los delitos, circunstancia que llegó a significar la liberación sistemática de presos, con la consecuente desestabilidad delictual en todo el ámbito provincial.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Elisabet Contrera, 15-5960-0762 / Web - Correo