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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (PDA) - COLOMBIA

Uribe es el jefe del ocultamiento (Primera parte)

Sobre el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia.
Por el Polo Democrático Alternativo

Artículos del Polo Democrático Alternativo editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Bogotá, 29/08/07.- No hay colombiano que en público no exprese estar a favor de que cesen todas las violencias que desangran a Colombia. Y parece haber coincidencia en torno a que la justicia transicional debe ser un pilar de cualquier proceso de paz que se adelante, que la reparación de las víctimas debe ser otra de las condiciones y que los comprometidos con los actos violentos deben contar toda la verdad sobre lo ocurrido, como requisitos para hacerse beneficiarios de la generosidad de la sociedad para con ellos. En especial, la verdad aparece como el primer elemento en que deben sustentarse los otros dos, para contribuir con la efectiva erradicación de todos los factores que conforman el poder de los violentos y acercar el momento en que las contradicciones económicas, sociales y políticas entre los colombianos se afronten sin apelar a los instrumentos de la guerra. Pero también es cierto que estas coincidencias no existieron desde el inicio del proceso de paz del presidente Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares y que puede demostrarse, como se hará en este texto, que el gobierno no solo no ha sido consecuente con sus afirmaciones en torno a la importancia de que se conozca toda la verdad sobre dichos grupos y sobre sus vínculos con los diversos poderes dominantes en el país, sino que ha puesto su enorme poder para manipularla y ocultarla.

El calibre del horror

Desde el inicio del proceso de paz de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares –proceso que los beneficiará al reducir la penas probables de hasta 60 años de cárcel a máximo ocho de reclusión en condiciones especiales de favorabilidad– el Presidente y sus partidarios se han negado a reconocer el paramilitarismo como la peor de las actividades criminales, porque ella es, por definición, ejecutada con la participación directa de dirigentes del Estado o con el respaldo o la complicidad de estos, violando el que se supone es el fin primordial de cualquier organización estatal: mantener en sus manos el monopolio sobre las armas y la fuerza, bajo el supuesto de que las normas y su cumplimiento también aseguran que dicha prerrogativa se ejerce con sujeción a precisas reglamentaciones y a rigurosos controles constitucionales y legales. Y se trata de una toma del poder del Estado de grandes proporciones, puesto que tiene bastante que ver con el desplazamiento de sus lares de cerca de tres millones de colombianos (865.000 entre 2002 y 2005), con decenas de miles de asesinatos (incluidos los de tres candidatos a la Presidencia de la República, ocho congresistas y centenares de alcaldes, diputados de los departamentos y concejales de los municipios), entre 2,6 y 6,8 millones de hectáreas de tierras rurales arrebatadas a campesinos y empresarios, enormes negocios de narcotráfico y la acumulación de descomunales fortunas por parte de los jefes de esas organizaciones. En el caso de la persecución a los sindicalistas colombianos, entre 1991 y 2006 van 1.113 asesinados, 70 desaparecidos y 896 desplazados, para un total, contando otros delitos, de 3.388 víctimas, cifras que han convertido los derechos laborales de los trabajadores colombianos en una ficción, mediante el brutal expediente de haber hecho del país el más peligroso en el mundo para ejercer las actividades sindicales.

En carta dirigida al presidente Uribe por Kenneth Roth, presidente de Human Rights Watch (2 de mayo de 2007), en respuesta a explicaciones oficiales, se refutan las afirmaciones del gobierno de Colombia sobre los supuestos “grandes avances” en el control de la violencia contra los sindicalistas y se explican otras realidades que la propaganda oficial dice que se han modificado:

“Su carta afirma que tan sólo 25 sindicalistas fueron asesinados en el 2006 en Colombia, y que, hasta el momento, este año sólo ha sido asesinado un sindicalista en Colombia. Sin embargo, la única manera de generar estas cifras artificialmente reducidas es excluyendo a los profesores sindicalizados de la categoría de sindicalistas. De hecho, de acuerdo a las cifras oficiales de su propio gobierno, si se incluye a los profesores sindicalizados, 58 sindicalistas fueron asesinados el año pasado, un incremento sustancial con relación a los 40 asesinados del año anterior (…) en realidad, los índices actuales de asesinatos de sindicalistas son similares a aquellos que fueron comunes en 1998 y 1999 (…) El número de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército, por ejemplo, se está incrementando considerablemente –un hecho que su propio Ministro de Defensa admitió en una reunión conmigo y otros colegas. Las Naciones Unidas tienen una lista de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el ejército en todo el país en los últimos dos años”.

El gran poder del paramilitarismo en el Estado colombiano se ilustra también con el resultado de las investigaciones –que apenas empiezan– de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, las cuales han llevado a que estén presos o prófugos catorce senadores y representantes a la Cámara, dos gobernadores, seis alcaldes y quince ex congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes. Además, está encarcelado por graves cargos de complicidad con los paramilitares Jorge Noguera, quien fuera nada menos que director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta que le responde directamente al presidente de la República. Y la Fundación Arco Iris, en investigación respaldada por el gobierno de Suecia, concluyó que, en 2002, en las regiones con fuerte presencia paramilitar fueron elegidos 28 senadores con sus fórmulas de Cámara y que en las elecciones locales del año siguiente los electos en esas mismas zonas sumaron 285 alcaldes, 6 gobernadores de departamento y 3.500 concejales de municipios. La misma investigación concluyó que, en 2006, 83 senadores y representantes (de un total de 268) fueron elegidos en dichas áreas. Entonces no se cae en una exageración cuando en Colombia se habla de la parapolítica y los parapolíticos para describir las relaciones entre estas organizaciones armadas ilegales y muchos dirigentes políticos.

Parapolíticos y parauribistas

Pero la cabal comprensión del fenómeno exige conocer la militancia política de los legalmente acusados por sus vínculos con el paramilitarismo. Los datos dicen que trece de los catorce congresistas presos o prófugos son uribistas, es decir, partidarios del presidente Álvaro Uribe Vélez. También es un hombre del Presidente, como es obvio, el jefe de su policía secreta. Son uribistas los dos gobernadores y los seis alcaldes encarcelados, al igual que casi todos los otros quince altos dirigentes políticos recluidos en las cárceles. Y militan en fuerzas uribistas el 87 por ciento de los 83 congresistas señalados por la Fundación Arco Iris, estadísticas que llevaron a acuñar el término de parauribismo para calificar mejor lo que ocurre y que les concede la razón a los medios de comunicación que en Estados Unidos hablan del paragate.

No fue por una arbitrariedad, entonces, que Patrick Leahy, senador del Partido Demócrata de Estados Unidos, expresó su convencimiento acerca de las relaciones entre los paramilitares y el gobierno de Colombia, posición que sin duda es una de las razones de la determinación de su partido de detener en el Congreso recursos para el Plan Colombia y de no tramitar la aprobación del TLC entre los dos países, hasta tanto la administración de Álvaro Uribe no dé pruebas fehacientes de un cambio en la actitud gubernamental con respecto a los asesinatos de los sindicalistas colombianos y en las relaciones entre el Estado, el paramilitarismo y los parapolíticos. El senador Leahy dijo:

“Esto confirma las preocupaciones que muchos han tenido por varios años, que los paramilitares han infiltrado el establecimiento económico y político de la sociedad colombiana. Y debería provocar una pausa para determinar con quién es que estamos tratando” (El Tiempo, 19 de febrero de 2007). “Durante años mucha gente le insistió al gobierno que tomara medidas más fuertes contra los paras, cuando era obvio que adquirían más poder y riqueza (…) Lo que dije es que el gobierno no es simplemente una víctima. También permitió que los paramilitares florecieran, algunas veces actuando junto a ellos, otras, estimulándolos (...) Los arrestos son el comienzo. Pero si el gobierno es serio en cortar sus vínculos con el paramilitarismo debe dedicar muchos más recursos y personal a la investigación” (El Tiempo, 4 de marzo de 2007).

Y de especial gravedad ha sido la cada vez más abierta opinión del Presidente tendiente a justificar los horrores de los paramilitares y a solicitar la benevolencia de la sociedad para con ellos. En su discurso del 20 de julio pasado, ante el Congreso en pleno, Álvaro Uribe fue capaz de afirmar: “No puede ser que impere el ánimo benigno en relación con la guerrilla y la cólera de vindicta con los paramilitares”.

El silencio del Presidente

A pesar de la contundencia de los hechos y del tiempo transcurrido, todavía Álvaro Uribe no les ha dado ninguna explicación a los colombianos acerca de por qué tantos importantes amigos políticos suyos –que pasan de cien si se suman los presos, prófugos, sindicados e investigados– resultaron ser parapolíticos ni por qué quienes le pusieron una votación enorme para elegirlo Presidente, y a los que él, a su vez, respaldó entregándoles a sus partidarios cargos en el gobierno nacional, terminaron involucrados en esas actividades criminales, las cuales, sin la menor duda, incluyeron la coacción a los electores en su beneficio personal, en el de sus organizaciones políticas y en el del actual jefe del Estado. Los votos obtenidos en 2006 por los congresistas uribistas hasta ahora presos y prófugos alcanzan los 624.580.

Entre los hechos no explicados debidamente por Álvaro Uribe está el notable impulso que él, como gobernador del departamento de Antioquia entre 1995 y 1997, les dio a las Convivir, unas organizaciones conformadas por propietarios rurales que jugaron un papel clave en la justificación y organización de lo que luego se llamaría el paramilitarismo. De acuerdo con Jorge Humberto Botero, quien fuera hasta diciembre de 2006 ministro de Comercio de la administración Uribe, “A nadie debe sorprender que el fenómeno paramilitar tenga una dimensión política. En sus albores, en los años noventa, se manifestaba en las autodefensas (los paramilitares)… estos grupos armados tuvieron, en aquella época, una dimensión legal, las ‘Convivir’” (El Espectador.com, 9 de febrero de 2007).

Manipulaciones desde el principio

El presidente Uribe y sus partidarios han dicho que es por sus iniciativas, como la llamada Ley de Justicia y Paz –Ley 975 del 25 de julio de 2005, que se supone debe acabar con el fenómeno paramilitar–, que se están conociendo e investigando penalmente las relaciones entre dirigentes políticos y paramilitares. Pero ello no es cierto, como puede comprobarse de diferentes maneras.

Primero, porque la Corte Suprema de Justicia, que ha sido la que ha llevado el peso de las investigaciones y las decisiones, no actúa bajo las órdenes del poder Ejecutivo. Incluso, hay que poner en duda el efectivo respeto del gobierno por el principio de separación de los poderes cuando se iniciaba este proceso, pues fue evidente que el Ejecutivo volcó todo el peso de su influencia para que se designara como fiscal a Mario Iguarán, hasta ese momento viceministro de Justicia del presidente Uribe, con el obvio propósito de tener un fiscal amigo. Y tampoco es ejemplarizante que el anterior fiscal, Luís Camilo Osorio, con graves acusaciones por su complicidad o por lo menos negligencia en relación con el paramilitarismo cuando desempeñó ese cargo, sea hoy embajador de Colombia ante la República de México.

Segundo, porque desde que se inició el proceso de paz con los paramilitares era conocido que la Fiscalía no tendría la capacidad para atender los miles de complejos procesos que le llegarían (ya van 2.800 a su cargo, y eso que 28.000 de los paramilitares que se desmovilizaron hoy andan en libertad y no tendrán que darle ningún tipo de explicación a la justicia). A pesar de ello, el gobierno no le ha aumentado los recursos para que pueda atender sus nuevas responsabilidades, luego de cuatro años desde el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, cuando la cúpula paramilitar se comprometió a desmovilizar sus tropas, y dos años desde la aprobación de la ley diseñada en su beneficio. Al decir del jefe de la sección encargada por la Fiscalía, esta tiene solo 23 fiscales y 150 investigadores para atender por lo menos 2.800 casos, y solo dos de los jefes paramilitares comprometidos han anunciado que declararán sobre 2.567 asesinatos, además de los otros delitos cometidos. Es tal el riesgo de que el proceso termine en una farsa, en el sentido de que lo único que se cumpla de la ley sea la rebaja de las penas, que el editorial de El Tiempo del 24 de junio de 2007, titulado “¿Colapso anunciado?”, alertó al respecto:

“So pena de que colapse el proceso, el Gobierno y las autoridades judiciales están en mora de agarrar este toro por lo cuernos y dictar medidas de emergencia. Resulta urgente asignar más fiscales, investigadores y presupuesto (…) Si esto no sucede, el país tendrá que contentarse con saber solo lo que los jefes paramilitares quieran contar, en medio del mar de inconsistencias y contradicciones que ya salen a flote. Y, en este caso, no habrá justicia, ni verdad, ni reparación, ni mucho menos reconciliación, que fueron precisamente los objetivos de este controvertido proceso con las Auc (los paramilitares)”.

Y tercero, la primera propuesta del gobierno sobre la ley que beneficiaría a los jefes paramilitares es bien diferente a la que a la postre se aprobó en el Congreso y, en especial, a aquella que le dio el pase la Corte Constitucional. Porque inicialmente los paramilitares no tenían que pagar ninguna pena, ni siquiera la menor, para redimir sus crímenes, así como tampoco se les exigía narrar la verdad sobre sus actividades criminales para hacerse merecedores de los beneficios legales otorgados. Fue por presiones nacionales e internacionales que las mayorías uribistas en el Senado y la Cámara de Representantes –que son del orden del 70 por ciento– tuvieron que incluir periodos de reclusión para poder disfrutar de los beneficios de la ley, y eso que no los definieron en cárceles sino en establecimientos especiales. Y si hoy esas gabelas tienen que ganárselas declarando la verdad sobre los crímenes cometidos, no fue porque así lo exigiera la norma aprobada, sino porque ello lo determinó mediante sentencia la Corte Constitucional, la cual, en esa misma decisión, también declaró ilegal el artículo que convertía en sediciosos a los paramilitares, con el fin de hacerlos acreedores a las ventajas de que gozan en Colombia los delincuentes políticos, incluida la posibilidad de ser cobijados por indultos y amnistías. El desagrado del gobierno en relación con la sentencia de la Corte Constitucional que modificó la Ley de Justicia y Paz lo expresó el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega: “Estoy preocupadísimo y perplejo”. “Y luego, tras advertir su acatamiento a regañadientes al Estado de derecho, agregó en tono resignado: ‘Ahora hay que pedir la ayuda de Dios’” (El Espectador, 21 de mayo de 2006.) ¡La ayuda de Dios porque los paramilitares tendrían que declarar sobre sus delitos y porque no iban a poder ampararse bajo la figura de la sedición! Por su parte, uno de los senadores uribistas que hoy está tras las rejas por sus vínculos con el paramilitarismo exclamó: “La ley de justicia queda sirviendo para nada” (Ibíd).

Entre las cosas que deberán esclarecerse está la relativa a quién cooptó a quién. Porque según el fiscal, Mario Iguarán: “No fueron las autodefensas (los paramilitares) las que reclutaron a la clase política, sino fue la clase política la que reclutó a las autodefensas”, afirmación que inmediata y curiosamente rechazó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, al decir que “son indebidas esas generalizaciones” (Caracol Radio, 15 de marzo de 2007.

Incluso lo mucho que se ufanan Álvaro Uribe y sus partidarios sobre el “gran” éxito de la ley de Justicia y Paz, porque con ella –dicen– se desmovilizaron 30.915 paramilitares, silencia verdades al respecto. Aun cuando en la cuentas del gobierno aparecen como desmovilizadas esas tropas, las armas entregadas apenas sumaron 17.540, el encargado de la reinserción a la vida civil de esos combatientes, Frank Pearl, informó que no tiene ninguna noticia sobre 4.731 de ellos (El Tiempo, 13 de febrero de 2007), hubo grupos paramilitares que no se acogieron a la Ley y volvieron a sus actividades ilegales muchos de los que se comprometieron a salirse de ellas, todo lo cual ayuda a explicar por qué la OEA calcula en 3.200 el número de nuevos paramilitares. Y seguramente no es posible encontrar un solo colombiano que exprese su convencimiento acerca de que los jefes paramilitares que se acogieron a las normas que los favorecen hayan efectivamente cesado todo vínculo con los instrumentos de coacción que se comprometieron a abandonar. No es sorprendente, entonces, que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 5 de marzo de 2007, informara: “Resulta de especial preocupación el hecho de que numerosos integrantes de los cuadros medios del paramilitarismo no se desmovilizaron o han vuelto a armarse y dirigen nuevos grupos armados ilegales que han ido surgiendo en distintas partes del país. Las características de éstos revelan una fuerte compenetración con el crimen organizado y el narcotráfico. Preocupa a la Alta Comisionada el hecho de que sigan en pie estructuras políticas y económicas creadas por paramilitares en varias entidades territoriales y diversos sectores sociales.

“Se recibieron quejas sobre casos en los cuales la libertad de opinión y de expresión se vio afectada por las condiciones de riesgo en que desarrollan su labor quienes opinan o informan sobre temas relacionados con el proceso de desmovilización de los paramilitares y la actuación de servidores públicos comprometidos en actos de violencia o corrupción, o con el paramilitarismo. Casos de esta índole se dieron en Bogotá, Atlántico, Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba, Magdalena, Arauca, Antioquia, Cauca y Valle.

La laxitud del Presidente y del uribismo

La actitud laxa del presidente Uribe y de las organizaciones políticas uribistas con respecto a dirigentes políticos que tenían vínculos con los paramilitares puede documentarse de muchas maneras. A tanto llegaron las cosas, que la propia Embajada de Estados Unidos en Bogotá tuvo que ejercer presiones para que se desvinculara de dichas colectividades políticas a algunos congresistas que aspiraban a reelegirse en las elecciones de 2006 y para que Álvaro Uribe solicitara que fuera investigado uno de esos partidos. Pero una vez pasadas las elecciones y asegurada la reelección del Presidente, el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, se encargó de desnudar la farsa, según lo explicó en el periódico El Tiempo del 9 de julio de 2006:

“– ¿Qué va a pasar con las personas que fueron expulsadas del uribismo y fueron elegidas en el Congreso? – El gobierno siempre respetó las decisiones de los partidos. Ellos tienen la facultad de ver con quién trabajan o no en sus organizaciones. Una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y aprecio del gobierno colombiano. – ¿Aceptarán la ayuda de los parlamentarios a los que el gobierno pidió investigar? – El Presidente no tomó partido. Cuando conoció las denuncias hizo lo que todo buen demócrata: pidió que las investigara la Fiscalía. Si alguien tiene credencial de congresistas, a esa persona hay que respetarla. Y, como ministro, trabajaré con cada uno de ellos. Si están en la oposición, para entenderme con ellos. Y si no, para que nos apoyen con entusiasmo en la aprobación de los proyectos. El apoyo de todos los congresistas es bienvenido” (El Tiempo, 9 de julio de 2006).

Entre los analistas que han denunciado la alcahuetería de Álvaro Uribe frente a las andanzas de los parapolíticos, resaltan las opiniones de César Gaviria Trujillo, ex presidente de la República, jefe único del Partido Liberal y ex secretario general de la OEA:

“Uribe ha sido laxo con los paramilitares” (El Espectador, 4 de febrero de 2007). “El presidente no usó todos los mecanismos que tenía para averiguar por las fechorías de muchas personas sobre las cuales ya había información de que podrían estar vinculados con el paramilitarismo. No la usó para que sus amigos pudieran hacer sus listas” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006). “En la campaña le pedí al Presidente que dijera que no quería ningún tipo de apoyo de sectores vinculados al paramilitarismo. Lo dije muchas veces. Infortunadamente, fracasé en conseguir respuesta… el Presidente ha debido decir de manera expresa que él no quería apoyo paramilitar” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006). “El presidente tuvo una actitud pasiva ante el tema de los congresistas vinculados con los paras. No se puede poner de espectador y mucho menos hacerse el de la vista gorda” (Cambio, 20 de noviembre de 2006). “El Presidente y el gobierno deberían anunciar que van a contribuir con toda su capacidad de investigación en el proceso que ha iniciado la Corte y que el DAS, la policía y la inteligencia militar contribuirán” (El Tiempo, 19 de noviembre de 2006).

El presente material se publica en Rebanadas por gentileza del PDA-MOIR
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