Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (PDA) - COLOMBIA

Uribe es el jefe del ocultamiento (Segunda parte)

Sobre el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia.
Por el Polo Democrático Alternativo

Artículos del Polo Democrático Alternativo editados en Rebanadas:

Información relacionada:

Colombia: Uribe es el jefe del ocultamiento (Primera parte) - Por el Polo Democrático Alternativo

Rebanadas de Realidad - Bogotá, 01/09/07.-

El caso del director del DAS

Uno de los casos más graves en las relaciones entre el poder del Estado y el paramilitarismo es el de Jorge Noguera, en ese entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policía secreta que depende directamente del Presidente de la República. Porque, para empezar, además de Noguera, también cayeron por graves cargos sobre sus vínculos con las organizaciones criminales otros cuatro importantes jefes de ese organismo de inteligencia y porque los actos de corrupción obligaron a que el Presidente hablara, en octubre de 2005, hasta de clausurar el DAS, luego de que una comisión ad hoc nombrada por el mismo gobierno informara sobre las graves anomalías encontradas, anomalías en las que Noguera apareció “severamente comprometido” (El de febrero de 2007). Pero no obstante estos y otros hechos posteriores, la conducta de Álvaro Uribe en este caso ha sido la de ejercer la más descarada presión a favor de Noguera, desconociendo en la práctica el respeto a la independencia de la rama judicial del poder público establecida en la Constitución que él juró defender.

Cuando los medios de comunicación reclamaron porque el gobierno nombró a Jorge Noguera como cónsul de Colombia en Milán, Italia, luego de salir del DAS por las acusaciones en su contra, el presidente Uribe maltrató personalmente y a través de la televisión al director de Semana, destacada revista de análisis político. Entre las frases que en tono airado le espetó en la cara, resaltaron: que en este caso “no estamos jugando a las muñecas”, que él no iba a permitir que un “circulito bogotano” le pusiera en duda sus decisiones, que esa era una prensa “frívola y graciosa”, cuyas informaciones atentaban contra el “superior interés nacional” y la “bonanza de confianza” extranjera en el país, y que “quién sabe por qué maniobra política detrás del periodismo, a la gente le da por hacer escándalos, por hacer amarillismos y por conseguir dinero”. Tono evidentemente intimidatorio que el Presidente suele usar en contra de cualquiera que se atreva a poner en duda sus decisiones sobre el paramilitarismo y la parapolítica.

Para completar el cuadro del desenfrenado respaldo de Álvaro Uribe a Noguera, el Presidente también lo trató de “incontaminado y buena persona”. Y dijo: “Seguiré creyendo en Jorge Noguera, porque lo he conocido como un hombre honesto y claro” … “pongo las manos en el fuego por él” (Semana, 12 de abril de 2006 y 22 de noviembre de 2006). Human Rights Watch también denunció que “el abogado del señor Noguera ha visitado la Casa de Nariño en nueve ocasiones durante los últimos meses –incluyendo ocho ocasiones entre febrero y marzo del presente año– para discutir el caso del señor Noguera. También sabemos que por lo menos en algunas de esas ocasiones, el abogado se reunió personalmente con Su Excelencia”, el presidente Uribe. ¿Cómo puede hablar el uribismo de que Álvaro Uribe respeta la separación de los poderes como uno de los pilares del tipo de democracia que se practica en Colombia, si de manera abierta este respalda a su protegido con todo el peso de su gran poder?

Otra faceta del ocultamiento

La primera reacción de Álvaro Uribe frente a las medidas de aseguramiento que la Corte Suprema de Justicia empezó a dictar en contra de congresistas afectos a su causa fue de cinismo. El 29 de noviembre 2006, al instalar en Bogotá el Sexagésimo Sexto Congreso Nacional de Cafeteros, afirmó:

“No podemos dejar que la crisis política sea un pretexto para los que quieren sabotear la agenda legislativa. Les voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Esa trampita de que yo no les puedo pedir el voto porque es inmoral, pero eso sí que la oposición nos deje sin aprobar esta agenda legislativa, de ninguna manera.”

Y ante los reclamos de muchos colombianos porque los congresistas encarcelados por la parapolítica serían sustituidos por otros miembros de los mismos partidos, a pesar de que lo espurio de los métodos utilizados para conseguir los votos también cubre a los reemplazos, con todo descaro Uribe determinó:

“Congresista que haya cometido un delito, congresista sobre quien vengan unas dudas que obliguen a la justicia a detenerlo o algo por el estilo, pues que lo reemplace el que sigue en la lista, para que se preserve la institucionalidad” (Caracol Radio, SNE, 29 de noviembre de 2006).

Aunque parezca mentira –porque van ya tres años desde que uno de los principales jefes paramilitares informó que con el respaldo de ellos se había elegido el 35 por ciento del Congreso, cuatro años de iniciado el trámite de los acuerdos entre el paramilitarismo y el gobierno, dos años a partir de la aprobación de la ley que los beneficia y ocho meses desde que fueron llevados tras las rejas los primeros jefes de la parapolítica–, todavía no se ha aprobado ninguna ley que apunte a reducir las posibilidades de coacción a los electores por parte de cualquier organización armada. E incluso se mantienen las normas que permiten reemplazar por miembros del mismo partido a los congresistas que resulten condenados por el delito de obligar a los electores a votar por ellos.

El ministro del Interior también oculta

En momentos en que el futuro de la paz de Colombia depende en muy buena medida de que se conozca la verdad sobre el paramilitarismo y sus relaciones con los poderes nacionales, el ministro de Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, quien debiera encabezar el cumplimiento de la ley que así lo ordena, es, al lado del propio jefe del Estado, uno de los protagonistas de la campaña del tapen-tapen. Si lo que estuviera en juego no fueran cosas tan caras a los colombianos, hasta para comentarios humorísticos se prestaría la desfachatez con la que ha actuado. En una de sus primeras salidas para defender que no se conozca la verdad sobre la violencia paramilitar, apeló al pacto del silencio que se hizo hace cincuenta años para que nadie respondiera, como en efecto ocurrió, por la muerte de cerca de 400 mil colombianos durante la llamada Violencia en Colombia, determinación monstruosa que sin duda también ayuda a explicar los orígenes de la violencia actual:

“Yo que soy de la generación del Frente Nacional, puedo decirlo con alguna autoridad: en qué andaríamos los colombianos si todavía a estas alturas estuviéramos buscando en qué consistió la verdad en la violencia entre conservadores y liberales. ¿A dónde estaríamos todavía? Qué nos habría pasado si la grandeza de Laureano Gómez y de Alberto Lleras no hubieran dicho borrón y cuenta nueva, arranquemos con el Frente Nacional hacia un nuevo país y no volvamos a pensar en lo que nos hicimos los unos a los otros” (sesión del Senado, 18 de octubre de 2006).

A tanto ha llegado Holguín en su labor de menospreciar la gravedad del fenómeno paramilitar y parapolítico, para restarle importancia a la necesidad de que se conozca la verdad, que la revista Semana hizo con sus opiniones un artículo que tituló “Frases célebres de Holguín” (6 de marzo de 2007). En los días en que se discutía sobre si los partidos debían respaldar candidaturas al Congreso de personas relacionadas con los paramilitares, y particularmente la de alguien hoy en prisión, el ministro –que era el presidente del Partido Conservador, fuerza pilar del uribismo– explicó: “No se le puede negar la inscripción a nadie, así sea el hijo de Al Capone” (Semana, 6 de marzo de 2007). Cuando le preguntaron: “¿Supo de la cita de Ordosgoitia con los paras?” (un alto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, también en la cárcel por esa reunión), respondió: “Algo alcancé a oírle, pero muy anecdóticamente, de esas cosas que nadie les para bolas”. También dijo: “En las pasadas elecciones presidenciales y del Congreso, no hubo ningún tipo de infiltración paramilitar”, y agregó: “Ya están dadas todas las garantías para las elecciones de octubre” (Ibíd). Y sobre el pacto suscrito en Santa Fe de Ralito entre altos jefes políticos colombianos y la cúpula de los paramilitares, por el que están en la cárcel, por decisiones de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, cinco congresistas y otros quince altos dirigentes políticos, el ministro del Interior afirmó: “El documento es un compendio de la Constitución y desde ese punto de vista no tiene nada de impropio (…) yo lo refrendaría”.

En estas circunstancias, no debe extrañar que el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el encargado de desarrollar todo el trámite de negociaciones y acuerdos con los paramilitares, una vez llegó la hora de contar lo sucedido, exclamara: “Este es el momento de la verdad y no sé hasta donde el país está preparado para dar este paso” (Colprensa, 3 de septiembre de 2006, El Tiempo, 25 de febrero de 2007).

Ominoso silencio

El 14 de marzo de 2007, los 14 principales jefes del paramilitarismo beneficiados por la Ley de Justicia, Paz y Reparación le escribieron una extensa carta al presidente Uribe, en la que cuestionaron la conveniencia de avanzar en el conocimiento de la verdad sobre las andanzas del paramilitarismo, porque, según ellos, podría tener consecuencias negativas sobre “la gobernabilidad del Estado y sobre la credibilidad de las instituciones democráticas y de las clases políticas y dirigenciales de este país”. Y Álvaro Uribe, al responder a dicha carta, abrió la posibilidad para que estos hicieran política desde la cárcel y no repudió tal concepción, a pesar de que ella implica el desconocimiento de lo definido por la ley a favor de sus signatarios y de que estos no dejaron dudas acerca de sus propósitos:

“Sobre esto de la verdad y su relación estrecha con la gobernabilidad, en la coyuntura que nos ocupa, nuestra reflexión no puede evadir el tema de la razonabilidad y el imperio de la razón sobre cuestiones que no pueden agotarse en consideraciones solamente moralistas cuando algunos pretenden absolutizar el valor de la verdad y convertirlo en un dios bajo cuyo designio todo otro valor ha de quedar relegado.”

Agredir para silenciar

Si algo caracteriza al presidente Uribe es su obsesión de vilipendiar a quien se atreva a cuestionar su política frente al paramilitarismo o que se atreva siquiera a poner en duda sus decisiones en casos como el del director del DAS. Y su agresividad llega al colmo cuando se cuestionan hechos que lo involucran a él o a sus familiares con el fenómeno paramilitar, porque literalmente se apodera de todos los medios de comunicación del país para difamar y agredir, en una conducta que permite cuestionar con severidad su actitud hacia las concepciones democráticas. Que su propósito es intimidar a sus contradictores para silenciarlos y para impedir que otros se sumen a los cuestionamientos, no puede ponerse en duda.

“No voy a permitir que el debate politiquero afecte a la Canciller” (El Tiempo, 18 de noviembre de 2006), les lanzó Uribe a los millones de colombianos que le pedían sustituir a su ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo, porque un hermano de esta, senador de la República, había sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia (que después lo envió a la cárcel), en respuesta a acusaciones de tener vínculos con los paramilitares. Aunque nunca hubo razones de Estado para sostener a la ministra, el Presidente solo aceptó sustituirla cuando el Vicepresidente de la República trajo a Colombia la noticia de lo mal que se estaba viendo en Washington su terquedad. Ha sido especialmente escandalosa su actitud de calumniar y difamar a los dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA), la principal fuerza de oposición del país, a quienes les ha endilgado unos vínculos que no tienen con las organizaciones guerrilleras colombianas, con el propósito de callarlos utilizando como truco la lógica perversa de que quien no está con el gobierno es porque es cómplice del terrorismo. Para desacreditar a los congresistas del Polo, y en especial al senador Gustavo Petro, el autor de valerosas investigaciones y denuncias que jugaron un papel fundamental para poner tras las rejas a los primeros congresistas acusados de parapolíticos, Álvaro Uribe dijo que estos “pasaron de ser terroristas de camuflado a ser terroristas en traje civil” (El Tiempo, 5 de febrero de 2007). Y refiriéndose a Carlos Gaviria, presidente del Polo, ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia y quien obtuviera 2.600.000 en las pasadas elecciones presidenciales, Uribe afirmó: “Lo que va a tener que decir el doctor Gaviria al país es sobre su sesgo guerrillero (…) cuál es su amistad con el ELN y las FARC” (El Tiempo, 24 de febrero de 2007).

En su tarea de perseguir al Polo Democrático Alternativo para intentar silenciarlo y disuadir a otros que piensen desafiar su gestión de gobierno, Álvaro Uribe fue capaz de dar la orden de poner en cadena toda la televisión colombiana para, entre otras cosas, decir que le estaba haciendo “inteligencia militar y policiva” a los congresistas de ese partido, a quienes les endilgó que “no se cuidan tanto como deben cuidarse” (19 de abril de 2006). Semanas después se supo que se cuentan por centenares o por miles los colombianos a quienes el gobierno les tiene interceptados sus teléfonos sin que medie orden judicial, procedimiento de Estado policiaco expresamente prohibido en las leyes del país y del que se ufanó el ministro de Defensa ante la plenaria del Congreso.

Otro fracaso de la táctica del ocultamiento

En la medida en que han aumentado los involucrados por la justicia en las relaciones entre políticos y paramilitares y que, como ya se dijo, entre esos implicados es altísimo el porcentaje de altos dirigentes uribistas, el Presidente padece por el auténtico cerco legal y político que le tienden los hechos, situación que podría complicársele si llegasen a aparecer vínculos aún mayores entre sus actividades y las de los parauribistas. Son muchos los que opinan, entonces, que el manejo irresponsable que el presidente Uribe le ha dado a la liberación de un importante número de guerrilleros de las Farc encarcelados, manejo que nunca ha tenido explicación satisfactoria, busca preparar condiciones para presentar una ley que libere a sus amigos presos, ley que se tramitaría con la cortina de humo de ser de aplicación general, para paramilitares y guerrilleros, con el propósito de amnistiarlos o indultarlos, luego de definir el paramilitarismo como un delito de sedición. La propuesta de Álvaro Uribe, que ha recibido fuertes rechazos en Colombia y en el exterior, se presentó en los siguientes términos:

“Lo que sí creo es que sin amnistiar y sin indultar, en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darle el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad” (Casa de Nariño, 22 de mayo de 2007).

Semanas después, ante una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que le negó el carácter de sedicioso a un paramilitar beneficiado por la ley de Justicia y Paz, porque “el delito de concierto para delinquir bajo ningún pretexto puede transmutarse en sedición” (El Tiempo, 27 de julio de 2007), los jefes del paramilitarismo presos en la cárcel de Itagüí atacaron a la Corte y, como mecanismo de presión, decidieron no participar más en el proceso de aplicación de dicha ley. Por su parte, Álvaro Uribe clamó por una nueva legislación que “reviva la sedición” o que “nos den la alternativa de otra figura que permita que… se les pueda dar la figura de la cesación penal” a los implicados. Y lo peor fue que la exigencia presidencial se hizo en términos de tan descarada presión a la Corte Suprema de Justicia, que su Sala Plena tuvo que afirmar, por unanimidad:

“La Corte Suprema de Justicia, sin pasar por alto el derecho de los ciudadanos a disentir de las resoluciones judiciales, rechaza enérgicamente las recientes declaraciones del Gobierno Nacional acerca de la forma como esta Corporación cumple con su misión constitucional, pues tales manifestaciones constituyen una injerencia indebida e inaceptable en la actividad judicial, toda vez que con ellas no se pretende más que usurpar la facultad interpretativa de que gozan los jueces de la República e imponerles veladamente un determinado criterio para el pronunciamiento de sus decisiones.

Esta actitud desconoce que los jueces de la República están sometidos únicamente al ordenamiento jurídico y quebranta la independencia de la función judicial, con lo que no sólo propicia una infundada desconfianza sobre esta Corporación, sino que busca deslegitimar, sin apoyo alguno, la actividad que la misma desarrolla con plena imparcialidad y objetividad, a la vez que la expone a serios peligros y amenazas.

Por tanto, la Corte rechaza enfáticamente los injustos calificativos empleados en su contra, pues, ni por asomo, puede siquiera insinuarse que exista un presunto sesgo ideológico en sus fallos, por cuanto éstos sólo han estado apoyados en el orden legal, como tampoco se le puede tildar de ser un obstáculo para el proceso de paz, ya que no puede olvidarse que la labor de la Rama Judicial del Poder Público consiste esencialmente en interpretar y aplicar las normas vigentes, sin que cuente con la potestad de elaborarlas o modificarlas, ni se le pueda atribuir la responsabilidad por los vacíos, flaquezas o deficiencias que las mismas puedan contener”.

Aunque las últimas noticias dan cuenta de que el gobierno no presentará su anunciado proyecto de ley para convertir a los paramilitares en sediciosos, proyecto que alcanzó a estar expuesto en la página web de la Presidencia de la República, no dejan de ser manifiestas las graves implicaciones de este otro intento de obstaculizar que se sepa la verdad sobre lo ocurrido con el paramilitarismo y la parapolítica.

Conclusiones

Aunque podrían esgrimirse más hechos y razones, los anteriores son suficientes para demostrar que Álvaro Uribe y la cúpula de sus partidarios no están cumpliendo con su deber político y legal de poner el peso del Estado para que se conozca la verdad sobre el paramilitarismo en Colombia y sobre las relaciones entre muchos dirigentes políticos y otros sectores de la sociedad, a pesar de que ella es la primera condición para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

Sigue sin resolverse, entonces, la contradicción existente entre los jefes del tapen-tapen y los muchos colombianos que pugnamos porque se avance en el conocimiento de la verdad, no con ánimo de vindicta, sino como un elemento fundamental para el logro de la paz anhelada, la cual exige también la justicia y la reparación, los otros dos elementos que se espera abran el camino para hacer que algún día los colombianos dejen de emplear los instrumentos bélicos para resolver sus contradicciones económicas, políticas y sociales. El Polo Democrático Alternativo hace votos porque este análisis contribuya a esos propósitos.

El presente material se publica en Rebanadas por gentileza del PDA-MOIR
Rebanadas de Realidad - Envíenos sus comentarios e informaciones