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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (PDA) - COLOMBIA

Carimagua: ¿Mentiras para ocultar ilícitos? o ¿Ilícitos cubiertos con mentiras?

Por Aurelio Suárez Montoya

Rebanadas de Realidad - La Tarde, Bogotá, 26/02/08.- La Procuraduría solicitó al INCODER la revocatoria de la Resolución No. 1791 del 10 de julio por el cual destinó cuatro predios, “El Tomo”, “Mapiria”, “Yopare” y “La Alegría”, que suman 17.095 hectáreas ubicados en “el globo de mayor extensión denominado Carimagua”, a desarrollos agroindustriales de cultivos como palma, caucho y madera. El motivo de la solicitud fue que la cesión que el ICA, entidad que antes poseía esas tierras, hizo al INCODER en abril de 2005 estaba condicionada a la ejecución de “Programas de asentamiento de desplazados, reincorporados orientado a brindar opciones productivas y de futuro a familias desplazadas por la violencia”. La Procuraduría expresó que con el cambio de destinación de los predios no se había preservado “fines superiores consagrados en la Constitución”. Se está entonces no sólo ante la comisión de un peculado por destinación sino además frente a la violación de preceptos del bloque de constitucionalidad en relación con lo establecido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T- 025 de 2004 y los respectivos autos por los cuales “el tema humanitario está por encima de cualquier cosa".

Tan censurable como la maniobra del INCODER, y la licitación que de inmediato se puso en marcha para ceder los predios a firmas particulares hasta el año 2057, han sido las astucias del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, para encubrir el disparate. Atacando en retirada, manifestó como principal razón que las tierras de dicha zona son “ácidas” y que su mejoramiento implica “muy altos costos”. El mismo razonamiento -en solidaridad con su funcionario- hizo el presidente Uribe. En gracia de discusión, si la labor gubernamental con los desplazados se limita a la entrega de tierras y no a brindarles acompañamiento adicional alguno -contrariando de nuevo lo que ha definido la Corte- con la manida tesis del ministro Arias la reparación a las víctimas tendría que darse en otro país en tanto, como lo han dicho voces autorizadas, el 86% de las tierras de Colombia son “ácidas”.

Por esa razón, diversos estudios han desarrollado técnicas alternativas con fertilizantes y “fuentes de tipo orgánico y microorganismos” que corrigen la invocada “baja concentración de nutrientes” en ese tipo de suelos. Investigaciones de CORPOICA, la Universidad del Llano y Colciencias, entre otros, “permitió concluir que los cultivos de estas tierras sí pueden ser productivos”, y para hacerlo de manera económica y sostenible han elaborado varias metodologías, como la denominada “formación de una capa arable” basada en la que se llama “labranza vertical”, validada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.

El documento “Resultados de 30 años de Investigación Agropecuaria en los Llanos Orientales de Colombia” compila más de 80 estudios sobre los suelos de Carimagua que sugieren múltiples propuestas para mejorarlos, inclusive a partir de variedades de maíz y soya tolerantes a la “acidez”. En el primer caso, no es necesario reducir la saturación de aluminio del suelo a menos del 50 por ciento ni hacer altas adiciones de fósforo y, en el segundo, mediante aplicaciones moderadas de cal y “una nutrición nitrogenada eficiente y de bajo costo”, es posible obtener rendimientos “que superan 1.5 ton/ha”, igual al promedio nacional en 2005. En ese documento hay casi una veintena de estudios para hacer viables géneros como tabaco, marañón (que tanto le gusta a Arias) y arroz secano del cual se afirma que en la variedad tolerante a la acidez “es posible obtener por lo menos dos cosechas consecutivas”. Y ni hablar de la ganadería instalada con capacidad de carga de hasta 6 animales por hectárea.

Con seguridad Arias desconoce los aspectos técnicos antes expuestos pues es sabido que la agricultura siempre le ha sido ajena (el país recuerda que recomienda sembrar uchuva en lugar de trigo); pero esto no le otorga licencia para recurrir a rústicas argucias a fin de encubrir procedimientos tachados por los organismos de control. Falacias similares son las utilizadas cuando habla de las limitaciones de Carimagua en infraestructura, de la abundante “generación de empleo” de los cultivos de palma, de la justificación de los precios a los cuales pensaba alquilar las tierras y hasta de las bondades del cultivo de palma aceitera en extensiones del tamaño de Carimagua. Esto, junto con otros asuntos todavía más espinosos, tendrá que develarse en los debates que están por venir sobre tan indignante e insólita irregularidad.

El presente material se publica en Rebanadas por gentileza del PDA-MOIR