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POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO (PDA) - COLOMBIA

¿Es el contrato de protección de precio del café una política pública?

Por Aurelio Suárez Montoya

Rebanadas de Realidad - La Tarde, Bogotá, 29/10/08.- Desde octubre de 2008, como parte del Acuerdo de Política Cafetera, el Contrato de Protección de Precio del Café reemplazó el Apoyo General al Caficultor (AGC), por el cual se garantizaba un subsidio fijo, proveniente del Presupuesto Nacional, cuando el precio interno de una arroba del grano bajaba de un valor previamente determinado. Hay que evaluar si este Contrato cumple con los requisitos de una verdadera política pública ya que así se ha presentado. Si, en cuanto al respaldo estatal al 95% de los productores, que tienen menos de 5 hectáreas, hubo un avance o un retroceso.

Una política pública exitosa debe ser de cobertura universal, a la que todos pueden acceder, y tener una buena y sostenida calidad. El denominado Contrato de Protección de Precio del Café es un seguro que los caficultores han de comprar para proteger la mitad de su cosecha, con dos meses de anticipación, en caso de que el promedio mensual del precio índice -fijado a diario por la Federación de Cafeteros- se ubique por debajo de $474.000 pesos, que es el costo de producción estimado de una carga de café. Quiere decir que este precio pactado descarta cualquier rentabilidad adicional y no cubre contra eventuales pérdidas a quienes tengan aún mayores costos

Para evaluar la calidad de esta política pueden hacerse algunas cuentas. La producción nacional es de 12 millones de sacos de café y, si se divide esta cifra entre 550.000 caficultores, se obtiene un promedio de 22 sacos por cada uno; lo que equivale a 11 cargas. Según el nuevo Acuerdo, cada productor podrá asegurar la mitad de la cosecha, cada cuatro meses, pagando $10.000 por carga, lo cual implica que mínimo pagará $55.000 al año. Con esto sólo garantiza que 5,5 cargas, la mitad de su producción, tendrá una remuneración de $474.000, para la otra mitad no habrá cobertura. Es decir, los cafeteros quedarán “medio arruinados”, y siempre y cuando, el precio promedio del mes sea menor a $474.000, ya que no se tiene en cuenta el día en el que se hizo la venta.

La comparación entre este Contrato con el instrumento anterior, AGC, no exige mayor examen. El AGC otorgaba al menos un auxilio fijo a la hora de la transacción, venido del Presupuesto de la Nación. Ahora, no sólo el mecanismo es insuficiente y depende del azar sino que está financiado por los mismos productores tanto en el pago del seguro de cobertura como en la porción que para la compra de la póliza general coloca la Federación de Cafeteros, que también es dinero de los productores. Se trocó un mecanismo gratuito y fijo por uno limitado, aleatorio y por cuenta de los cafeteros.

¿Pueden todos los cultivadores recurrir a este instrumento? Quien conozca la estructura minifundista de la industria, la inmensa pobreza, que obliga a la mitad de cafeteros a vender el “café mojado”, las dificultades por la reciente caída de los precios internacionales, la pérdida de poder adquisitivo, ocasionada por la devastadora revaluación del peso de los últimos años, comprenderá que muy pocos podrán suscribir este Contrato y que además quienes lo hagan no tendrán seguridad plena de que operará efectivamente. ¿Cómo es posible que miembros del Comité Nacional de Cafeteros, como Mario Gómez Estrada, descalifiquen a quienes criticamos esta “política cafetera”?

El martes 28 de octubre, en sesión del Senado de la República, se envió por conducto del presidente de esa Corporación y merced a gestión del senador Robledo, un memorial con cerca de 30.000 firmas de productores de todo el país, desde la Costa Norte hasta el Cauca, dirigido al Presidente de la República. En él se pide un precio mínimo de sustentación, con respaldo fiscal del Gobierno, de $550.000 por carga, que se condonen las deudas de 25.000 cafeteros, que están a punto de perder sus predios por no haber podido honrar sus créditos del programa PRAN, y que se controlen eficazmente los precios de insumos y fertilizantes, convertidos en vena rota del ingreso del hogar cafetero.

La “ruleta” a la cual se ha relegado la protección efectiva del café no es superior a una política enunciada bajo esos tres criterios, que son de cobertura universal y que ponen un piso de salvación para la inmensa mayoría de los caficultores. Quiera la vida que la crisis, que se está gestando y que se agravará en 2009, no tenga las catastróficas consecuencias sociales y económicas que se presagian, para lo cual los programados mecanismos prescritos en el Acuerdo de Política Cafetera, como se ha visto, no servirían siquiera como paliativo.

El presente material se publica en Rebanadas por gentileza del PDA-MOIR