Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO (MSICG)

Propuesta frente a la crisis económica, financiera y social promovida por el MSICG con el ánimo de que la crisis no la paguemos los y las trabajadoras

Informaciones del MSICG editadas en Rebanadas:

Información relacionada:

Presentación de propuesta del MSICG frente a la crisis económica y social

Rebanadas de Realidad - MSICG, Ciudad de Guatemala, 15/08/09.-

1. Introducción

Guatemala históricamente ha sacrificado el desarrollo humano. Si bien los Acuerdos de Paz han permitido un avance formal en los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos, aún es difícil percibir que el Estado, en el período democrático, haya podido construir la indivisibilidad, ética y práctica, que debe existir entre estos derechos -civiles y políticos- y los derechos sociales como la educación, la salud, y el derecho al trabajo, entre otros.

Aunque el país tiene un nivel de desarrollo que podría permitir a una proporción significativa de excluidos dejar de serlo, actualmente más del 50% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentra bajo la línea de la pobreza, mientras cerca de un 15% vive en condiciones de extrema pobreza, (1) revelando así la desigual distribución del ingreso, que a su vez es causa y efecto de otras desigualdades, que se manifiestan tanto en la segmentación por inserción productiva y por factores territoriales, étnicos y de género, como en las históricas inequidades en el acceso a activos y patrimonios, tales como el conocimiento y la tierra, entre otros.

La desigualdad distributiva ha representado un perjuicio para la sociedad guatemalteca, en varios sentidos. En primer lugar, porque la concentración del ingreso ha atentado contra la posibilidad, para un gran número de hombres y mujeres, de alcanzar la calidad de una vida digna y ejercer sus legítimos derechos. En Guatemala, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional. (2) En segundo término, la distribución del ingreso ha determinado, dramáticamente para el caso de las madres, mayores o menores posibilidades de sobrevivir en el periodo de gestación, pues la concentración de la riqueza segmenta implícitamente el pleno derecho a la vida, que es el primero de todos los derechos. Los registros de muertes maternas revelan que a menores niveles de ingreso y educación, existen mayores posibilidades de morir durante el embarazo. (3)

En tercer lugar, otra de las peores manifestaciones de la inequitativa distribución del ingreso se manifiesta en las áreas rurales, en donde se concentran, paradójicamente, la producción de alimentos y la mayoría de hombres, mujeres y niños hambrientos. (4) En Guatemala, el flagelo del hambre se manifiesta con mayor intensidad en las áreas rurales, con predominancia indígena, y entre personas con bajos niveles de educación. Y, finalmente, la inequitativa distribución de la riqueza ha provocado que en el país, más de un millón de niños de entre 5 y 17 años, provenientes en su mayoría de hogares pobres, rurales e indígenas, deban insertarse al mercado laboral, (5) lo que en muchos casos no solamente viola las normas nacionales e internacionales que regulan el trabajo infantil, sino que sacrifica las posibilidades que tienen estos niños y jóvenes de construir un proyecto de vida que permita romper el círculo de la pobreza.

El mercado laboral es un fiel reflejo de la desigualdad y exclusión prevaleciente en el país. Por un lado, la flexibilidad en las relaciones laborales ha provocado una disminución de los empleos dignos, asalariados y estables, transformando a los trabajadores en cuenta propistas, que en su mayoría obtienen bajos ingresos. En la actualidad, aunque el 49% de los trabajadores se encuentran en la economía formal, más del 80% no cuenta con un contrato de trabajo, además de carecer del acceso a la seguridad social. (6) Por otro lado, en el mercado laboral hay una tendencia al aumento de los trabajadores informales. La mayor parte de esta población tiene en común la poca experiencia laboral, la limitada educación y el provenir de hogares pobres y en su mayoría de zonas rurales, en donde la baja cobertura y calidad del sistema escolar, aunada a la pobreza, los ha hecho integrarse de manera temprana al mercado laboral, desempeñando trabajos de baja productividad, baja remuneración, fuera del marco legal establecido y sin la protección del Estado, otorgada por medio de la Seguridad Social. La insuficiente supervisión laboral del Estado, ha fomentado el incumplimiento de los derechos laborales.

En materia de género, Guatemala es el país de América Latina con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, y en donde aún subsisten mecanismos de discriminación hacia las mujeres trabajadoras, tales como la solicitud de pruebas de embarazo, como requisito previo para acceder al empleo. Este tipo de pruebas son solicitadas, incluso, por entidades del Estado.(7) Otra desventaja para las madres trabajadoras guatemaltecas, lo constituye la carencia de centros de aprendizaje y cuidado infantil públicos.

En cuanto al diálogo tripartito (gobierno, trabajadores y patronos), este se ha visto afectado por la falta de voluntad política del Estado, para respetar y promover el cumplimiento de los convenios internacionales y de las normas nacionales vigentes en materia laboral, lo que se evidencia, tanto en la fijación arbitraria y sin consulta con los trabajadores, del salario mínimo para el sector de la exportación y la maquila, como en el congelamiento del mismo en 2009. (8) En este sentido, conviene recordar que el salario mínimo se ha mantenido siempre muy por debajo del Costo de la Canasta Básica Vital –CCBV-. Actualmente, el 87% de los trabajadores obtiene ingresos inferiores al CCBV, mientras el 50.1% no devenga el salario mínimo fijado legalmente. (9)

Así como el salario no ha cumplido su función de mecanismo directo para redistribuir la riqueza, tampoco la política fiscal ha tenido éxito como mecanismo indirecto para generar una mayor equidad social. Los ciudadanos con menores ingresos soportan, proporcionalmente a sus recursos, una carga de impuestos superior a la que recae sobre los ciudadanos con ingresos más altos, como resultado de una estructura tributaria alejada de los principios de equidad horizontal (a igual ingreso, igual impuesto) y vertical (a más ingresos, más impuestos), (10) en donde los privilegios fiscales (subsidios, exenciones y exoneraciones de impuestos), no solamente se otorgan de manera subjetiva, en su mayoría, a sectores económicos pujantes, sino que limitan las posibilidades del Estado de obtener suficientes recursos para ejecutar políticas públicas de beneficio social, que logren una mayor gobernabilidad y estabilidad política, que promuevan una mayor inversión privada, y que encaminen a la sociedad por la senda del desarrollo humano sostenible, entendido este como la mezcla idónea de competitividad nacional para el crecimiento económico, respeto y promoción de los derechos humanos y compromiso con los recursos naturales.

La magnitud de la actual crisis económica empeorará las condiciones de desigualdad anteriormente descritas. Las principales propuestas gubernamentales para enfrentar la crisis proponen, por un lado, priorizar el gasto social, (11) lo cual debe observarse como una medida atinada, y la reforma tributaria, actualmente en el Congreso de la República, constituye un primer avance para el aumento de las capacidades del Estado para financiar las políticas públicas. Sin embargo, en materia laboral, las propuestas han girado en torno a la flexibilización, de hecho y de derecho, de las garantías mínimas que protegen a los trabajadores, lo que aleja aún más al Estado del cumplimiento de sus compromisos y obligaciones para con los hombres y mujeres trabajadores.

Ante este panorama es de crucial importancia elaborar una propuesta integral, desde los sectores de la sociedad civil, que permita, en el marco de la crisis económica y social, replantear el modelo de crecimiento económico vigente, para encontrar solución a los problemas del desarrollo humano, de la justicia social y del trabajo decente.

2. Políticas para afrontar la crisis económica actual

  • 2.1 Educación, salud, asistencia social y vivienda, las principales áreas del gasto social

1. El Estado de Guatemala, por medio de su Organismo Ejecutivo, se compromete a respetar el presupuesto de gasto social (12) asignado en 2009 (Q17,262.6 millones, aproximadamente el 5.5% del PIB), así como la asignación de 2010 (Q21,160.3 millones, aproximadamente el 6.3% del PIB), contenida en el presupuesto multianual 2009-2011.

2. El Estado de Guatemala se compromete a reintegar al presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social los 375 millones de quetzales que fueron reducidos de su presupuesto durante el año 2009. Adicionalmente, de compromete a incrementar en 500 millones de quetzales durante este año, el presupuesto de dicho Ministerio e incrementar en 500 millones de quetzales el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para la implementación de la Política de Desarrollo Rural recientemente publicada en el Diario de Centro América.

3. EL Organismo Ejecutivo se compromete a suspender mediante Decreto cualquier tipo de transferencia presupuestaria que afecte de manera negativa a los Ministerios que prestan servicios básicos esenciales.

  • 2.2 Trabajo

En este renglón se plantean las siguientes medidas.

1) El Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, debe comprometerse a aumentar y mejorar la supervisión de las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente de los trabajadores que laboran en los sectores exportadores del país. Esto requiere, en los próximos cinco meses, de un aumento aproximado de Q5.0 millones en el presupuesto destinado para esta actividad, la que actualmente cuenta con Q11.5 millones dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión social.

El MSICG se compromete a elaborar un programa y cronograma individualizando los centros de trabajo en los que el Organismo Ejecutivo y el MSICG habrán de fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales y sindicales en el país, en este programa de fiscalización se priorizarán los centros de trabajo dedicados a la producción para la exportación.

El Organismo Ejecutivo se compromete a designar los inspectores y recursos necesarios para llevar a cabo estas fiscalizaciones, en el mismo sentido el Organismo Ejecutivo se compromete a dejarse acompañar en las fiscalizaciones por las personas designadas por el Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco, las cuáles tendrán plenas facultades para impartir en cada centro de trabajo fiscalizado capacitación e información a los trabajadores sobre sus derechos laborales y sindicales.

2) El Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo, se compromete a crear y mantener de manera indefinida la “Bolsa Nacional de Empleo”. Dicha oficina deberá encargarse de registrar y publicar en medios masivos (escritos, radiales, televisivos o electrónicos), las ofertas de empleo vigentes.

La Bolsa Nacional de Empleo, deberá administrar la oferta y la demanda laboral de manera eficaz tanto para los patronos como para los trabajadores, proveyéndoles a ambas partes, de manera gratuita, la información necesaria.

Este programa, puede financiarse, los próximos cinco meses, con Q3.4 millones con los que cuenta el Ministerio de Trabajo para ejecutar la actividad denominada “Servicio Nacional de Empleo”, actividad que, al 10 de julio de 2009, apenas había ejecutado Q1.0 millón, sin resultados justificables.

3) El Organismo Ejecutivo, por medio del Instituto Nacional de Estadísticas, con el apoyo del INTECAP, y del ICTA, se comprometen a generar estadísticas laborales y empresariales con carácter semestral e indefinido, a partir de octubre de 2009. Las estadísticas deberán elaborarse según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y tomando en cuenta las sugerencias hechas por el Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco. La metodología para el diseño de los indicadores deberá ser consensuada con el MSICG.

Dichas estadísticas deberán revelar como mínimo; por un lado, las características socioeconómicas de los trabajadores, por género, por departamento, por origen étnico, entre otras variables. Por otro lado, deberán profundizar en cuanto a las capacidades laborales que demandan las empresas. El MSICG dará seguimiento a los avances de este programa, mediante un Observatorio Laboral que será instalado con el apoyo y financiamiento del Organismo Ejecutivo.

4) El Organismo Ejecutivo, por intermedio del MINEDUC, INTECAP e ICTA se compromete a crear el “Servicio Nacional de Capacitación”. Dicho programa, deberá adecuar sus contenidos a la mejora de las competencias laborales de los trabajadores del sector formal e informal de la economía, reveladas tanto por medio de las estadísticas de la Bolsa Nacional de Empleo, como por el sistema de estadísticas de empleo, citados anteriormente.

Los procesos de capacitación deberán ser certificados, constar de un periodo de práctica en alguna empresa afín a lo capacitado de por lo menos 6 meses, y desarrollarse en puntos estratégicos del país, que permitan el acceso a la población más vulnerable. Durante los 06 meses de práctica los trabajadores deberán gozar de todos los derechos que garantizan las leyes del país, y bajo ninguna circunstancia deberán ser tratados como trabajadores en relación de aprendizaje. Tendrán acceso a los mismos, todos los hombres y mujeres, mayores de 18 años que deseen mejorar sus oportunidades laborales, debiendo darse prioridad a los ciudadanos jefes o jefas de hogar, que estén desempleados, subempleados o sean pequeños empresarios, de las áreas rurales del país.

Se propone un consejo directivo, integrado por el, CACIF, INTECAP, PYMES, los Cooperativistas y MISCG, que tendrá a su cargo la definición de prioridades, según las características laborales de cada departamento. El Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de trabajo tendrá a su cargo la facilitación de insumos y los espacios de debate requeridos por dicho Consejo. Los programas de capacitación, expertos, contenidos y cronogramas deberán ser determinados con el aval del MSICG y deberán incluir una formación integral en materia de derechos laborales y sindicales la cuál será impartida por el MSICG.

Se estima un costo aproximado de Q33.2 millones, en el primer año del proyecto, asumiendo la capacitación de 50,000 personas, las cuales tendrán derecho a percibir integro el salario mínimo durante la capacitación, una ayuda para transporte y almuerzo (con el fin de reducir la deserción). En los años siguientes se deberá incrementar el número de capacitaciones hasta alcanzar 100,000 anuales en el quinto año. Reiteramos que la práctica de los trabajadores en cualquier centro de trabajo estará sujeta al cumplimiento de los derechos laborales que emanan de las relaciones de trabajo y a estos trabajadores no se les aplicará el régimen especial del trabajo de aprendizaje establecido en el Código de trabajo. Si se trataré de centros de trabajo del sector público se les aplicarán las leyes respectivas derivadas de la relación de trabajo.

5) El Organismo Ejecutivo, mediante el Ministerio de Trabajo, se compromete a crear el programa “Seguro Público de Desempleo”, el cual deberá apoyar a las y los ciudadanos, de entre 35 y 65 años de edad, jefes o jefas de hogar, que vivan en condiciones de pobreza y que hayan perdido su fuente de ingreso como resultado de la crisis económica actual. Dicho seguro será equivalente al 50% del salario mínimo vigente para la fecha en que se aplique. Estimando que una tasa de desempleo de veinticinco por ciento, se esperaría que el 65% de los beneficiarios sean personas de las áreas rurales.

Los beneficiarios de dicho seguro deberán ser reinsertados en el mercado laboral y en tanto estén gozando del mismo deberán someterse a los servicios del Programa Nacional de Capacitación y participarán de la Bolsa Nacional de Empleo.

El costo del programa ascendería a Q229.0 millones (incluyendo un costo de 5% por la administración del mismo).

6) El Organismo Ejecutivo se compromete a fijar mediante Acuerdo para el año 2010 el salario mínimo de las actividades agrícolas, no agrícolas y de la Industria de la Maquila y exportación ajustado al Costo de la Canasta básica vital con la finalidad de que pueda llenar medianamente las necesidades materiales y espirituales de los trabajadores, trabajadoras y sus familias. De esta manera se reducirá la pobreza, pobreza extrema y exclusión social pero sobretodo se fomentara el consumo, porque todo trabajador es un consumidor con su familia, de esta forma también se desarrollará el mercado interno.

El gobierno pondrá en marcha una política de inversión productiva mediante el cual creará empresas de capital mixto con una inversión privada no mayor al 49% del total del capital y dirigidas de manera tripartita con la finalidad de emplear a los trabajadores y trabajadoras de aquellas empresas que dejen de operar y con las utilidades que se generen se mantendrá un fondo para la inversión productiva.

7) El Organismo Ejecutivo y el Sector empresarial que opera en Guatemala se comprometen a implementar todas las medidas necesarias para desarrollar el Mercado Interno de tal manera que pueda garantizarse que las exportaciones se desarrollen con Valor agregado pues esto implicará trabajo para las y los guatemaltecos. Para llevar a cabo esta labor el Organismo Ejecutivo se compromete a facilitar un espacio de dialogo entre la iniciativa privada y los representantes de los trabajadores y trabajadoras del país.

8) El Organismo Legislativo, Ejecutivo, Judicial y gobiernos locales se comprometen a eliminar las dietas que perciben cualquier funcionario público, incluidas las dietas recibidas por los Diputados del Congreso de la República, Alcaldes, Concejales, Síndicos y cualquier otro funcionario público. El MSICG ha propuesto al Congreso de la República la propuesta de iniciativa de Ley que pretende eliminar el pago de dietas a los representantes de los trabajadores en los diferentes espacios, con el ánimo de dignificar la representación laboral.

9) El Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco se compromete a apoyar la modernización fiscal integral una vez el Estado de Guatemala garantice la permanencia de los trabajadores del Sector público en sus puestos de trabajo y el pleno respeto a los derechos laborales y sindicales.

10) El Estado de Guatemala se compromete en su calidad de empleador a través de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial a cumplir con la normativa laboral reconociendo las relaciones de trabajo disfrazadas que tiene con sus trabajadores, garantizándoles de esta manera el acceso a los derechos laborales amparados en las leyes del país y Convenios Internacionales. A cambio los trabajadores del sector público se comprometen a trabajar con eficiencia maximizando los recursos de los que se disponga. En este sentido es prioritario que el Organismo Legislativo apruebe las propuestas de iniciativas de Ley presentadas por el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco a los jefes de Bloque el día 6 de agosto del año en curso, especialmente las siguientes: Ley de regularización de las relaciones laborales, Reformas a Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, Reformas a la Ley de sindicalización y reguladora de la huelga de los trabajadores del Estado, Reformas a la Ley del Servicio Civil y Reformas a la Ley del Servicio Municipal.

11) Para proteger a los trabajadores frente a la crisis el Organismo Legislativo se compromete a aprobar las propuestas de iniciativas de ley presentadas por el Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco a las diversas bancadas y que se relacionan intrínsecamente con el respeto a la libertad sindical de los trabajadores del Estado, la formalización del empleo y su estabilidad y la protección inmediata a todo trabajador o trabajadora frente a cualquier vulneración de los derechos garantizados en la normativa nacional e internacional del trabajo, la eficacia de la administración pública, la protección de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Economía informal, entre otros derechos no menos relevantes. (13) El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco propondrá la reformas necesarias a la legislación para dotar a dichas trabajadoras y trabajadores de mecanismos legales para el ejercicio y defensa de tales derechos.

12) El Organismo Legislativo se compromete a no aprobar ninguna normativa relacionada con la desregulación o flexibilización de los derechos de los y las trabajadoras, en este sentido deberá rechazar la ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del trabajo, Sobre el trabajo a tiempo parcial o su inclusión en la legislación por medio de cualquier reforma. Un Convenio de esta naturaleza que sólo ha sido ratificado por 11 países del mundo en su mayoría cooperantes de Guatemala y por ningún país de América Latina sólo traerá mayor precarización de las relaciones de trabajo.

13) El Organismo Ejecutivo se compromete a fortalecer el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

  • 2.3 Seguridad social

En este rubro se plantean cinco propuestas.

1) En primer término, se debe ampliar el programa del adulto mayor, el cual deberá universalizarse, en los próximos 3 años, dotando de una pensión mínima a los adultos mayores que vivan en condiciones de pobreza, para que esta cubra sus necesidades básicas. En este sentido, el Organismo Ejecutivo debe comprometerse a elevar la pensión no contributiva del adulto mayor, a por lo menos Q650.0 mensuales, lo que equivale a la línea de pobreza general mensual.

En la actualidad la pensión otorgada al adulto mayor, beneficia a 49,500 personas. Las estimaciones de población en pobreza revelan que, en 2009, aproximadamente 200 mil ciudadanos mayores de 65 años viven en estas condiciones, por lo que es imperativo aumentar la cobertura del programa. Otorgarle una pensión mínima digna, en 2010, al 50% de este grupo vulnerable costará al Estado aproximadamente Q853.4 millones, para los cuales se deberá buscar fuentes de financiamiento.

El MSICG se compromete a apoyar las gestiones del Organismo Ejecutivo para encontrar fuentes de financiamiento adecuadas y sostenibles para este programa.

2) El Estado de Guatemala a través del Organismo Ejecutivo incluirá en el Presupuesto del Estado una partida específica e intransferible para la amortización y pago de la deuda que tiene con el IGSS en materia de cuota patronal, laboral y como Estado y garantizará una efectiva fiscalización para que las Municipalidades del país cumplan con pagar la deuda que tienen al IGSS en materia de cuota laboral y patronal, para tales efectos una vez establecido el monto de la deuda, regulará un plan de pago a un plazo no mayor de 10 años, descontará del aporte de constitucional la amortización correspondiente y la trasladará al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social . Así mismo garantizará una efectiva fiscalización para que los empleadores de la iniciativa privada cumplan con estas obligaciones. El MSICG se compromete a apoyar y acompañar estas fiscalizaciones.

3) El Estado de Guatemala a través del Organismo Ejecutivo se comprometen a cancelar en tiempo las cuotas al IGSS, tanto laboral, patronal y como Estado.

4) El Organismo Ejecutivo se compromete a ampliar la Cobertura Social para los trabajadores del sector agrícola, de tal forma que estén cubiertos por el IGSS desde el primer día de labores.

5) El MSICG se compromete con apoyo del Organismo Ejecutivo a abrir un debate nacional con la sociedad civil para generar una propuesta que garantice la efectiva autonomía del IGSS, y la efectiva y transparente gestión de sus recursos. El MISCG se compromete a organizar seminarios y foros abiertos con expertos sobre el tema.

6) El Organismo Ejecutivo se compromete a discutir una propuesta integral con el MSICG y los sectores de la sociedad civil para incorporar a los trabajadores del sector informal de la economía en los programas del IGSS.

  • 2.4. Inversión en infraestructura para la generación de empleo

1) El Estado de Guatemala a través del Organismo Ejecutivo se compromete a implementar un programa de generación de empelo sobre la base de obras de construcción comunal las cuales deberán ser ejecutadas vía las autoridades comunales, dentro de ellas los COCODES, Comités comunitarios, autoridades de pueblos indígenas, otros.

2) El Organismo Ejecutivo promoverá a través de los canales correspondientes la creación de una línea de crédito inmobiliaria con bajos intereses para funcionarios y empleados públicos con cargas familiares que carezcan de vivienda como forma de estimular la construcción civil. Las líneas de crédito para este rubro deben ser flexibles y dar preferencia a las mujeres jefas de hogar. No podrán beneficiarse dos miembros de la misma familia.

3) Se promoverá la inversión en infraestructura vial.

4) El Estado implementará a través del Organismo Ejecutivo un programa de construcción de vivienda popular y garantizará créditos con bajos intereses para el acceso a las mismas por parte de familias de escasos recursos principalmente indígenas y campesinos que carezcan de vivienda y que se hayan visto afectadas por la crisis. Las mujeres jefas de hogar tendrán preferencia en los créditos y acceso a viviendas populares, no podrán beneficiarse dos miembros de la misma familia.

5) El Estado garantizará a través del Organismo Ejecutivo asistencia hipotecaria para aquellos propietarios que están en riego de perder sus viviendas por la pérdida del empleo producto de la crisis, siempre y cuando la persona que optó al crédito tenga cargas familiares y no posea otro bien inmueble. Las mujeres jefas de hogar tendrán preferencia para acceder a esta asistencia.

  • 2.5. Implementación de la política de desarrollo rural

1) EL Estado de Guatemala a través del Organismo Ejecutivo se compromete a implementar la política de desarrollo rural recientemente aprobada y publicada en el Diario Oficial de Centroamérica.

2) El Estado de compromete a través del Organismo Ejecutivo a renegociar la deuda de las pequeñas y medianas empresas que se hayan visto afectadas por la crisis hasta por 3 años, fijando como requisito para acceder a tal beneficio el cumplimiento de las normas laborales.

3) El Estado se compromete a través del Organismo Ejecutivo a negociar con los Bancos para que se reduzcan las tasas de interés al menos en un 3% para los préstamos de la pequeña y mediana empresa. No serán admisibles descuentos o rebajas en pago de impuestos a los empresarios.

4) El Estado a través del Organismo Ejecutivo dotará de infraestructura suficiente y de calidad a los pequeños y medianos productores con la finalidad de crear una reserva estratégica alimentaria que como mínimo contenga granos básicos, verduras, frutas y legumbres. Paralelo a esto apoyará la propuesta de producir para comer que se adjunta a este acuerdo.

5) El Estado a través del Organismo Ejecutivo y Legislativo facilitará la novación del crédito agrario a los campesinos a los que se les otorgo tierras por el FONDO DE TIERRAS. Esta novación debe incluir como mínimo la renegociación del capital adeudado y de los plazos, la revisión de la valuación de las fincas para que se adapten a precios reales, la condonación de los intereses y mora. La revisión y seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el FONDO DE TIERRAS.

6) El Estado a través del Organismo Ejecutivo respaldará de ser necesario los créditos de la pequeña y mediana empresa. Estos créditos serán otorgados prioritariamente a mujeres jefas de hogar.

7) El Estado regularizará a través del Organismo Ejecutivo los precios topes de los productos de la Canasta básica vital, controlará y aplicará el peso de la ley a los especuladores de precios y a todos los que no cumplan con mantener los precios topes establecidos por el Estado.

8) El Estado de Guatemala, a través de las autoridades competentes, garantizará la vigencia nuevamente del Acuerdo 0040 de 1947 en aras de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población.

9) El Estado a través del Organismo Ejecutivo Asignará presupuesto para la ejecución de manera coordinada con las organizaciones indígenas y campesinas Del plan de emergencia Nacional “producir para comer” presentado por el CCDA para contrarrestar la crisis alimentaria.

10) El Organismo Legislativo se compromete a aprobar las propuestas de iniciativa de Ley siguientes: Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral consensuada entre el gobierno y las instancias de la sociedad civil aglutinadas en La Alianza para el Desarrollo Rural Integral ADRI y la Ley de tribunales agrarios establecida en los Acuerdos de Paz.

10) El Organismo Ejecutivo garantizará la creación de un instituto de servicios agrícolas dentro del MAGA no vinculado a Pro Rural que de soporte técnico y asistencia crediticia al pequeño Productor campesino.

  • 2.6 Consulta a los pueblos indigenas

1. El Organismo Ejecutivo se compromete a través del Ministerio de ambiente y recursos naturales y del Ministerio de Energía Minas o cualquier otra dependencia relacionada con la materia a no otorgar ni renovar ninguna licencia de exploración y explotación de recursos naturales en tanto no se lleve a cabo la participación de los pueblos indígenas. Acatando de esta manera la conminación que le hicieren este año los 183 países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo a través de la Observación que hiciera la Comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones CEACR sobre el Convenio 169 de OIT Convenio sobre pueblos indígenas y tribales.

2. El Organismo Ejecutivo a través de las dependencias respectivas se compromete a hacer participes a los pueblos indígenas en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, acatando de esta manera la conminación que le hicieren este año los 183 países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo a través de la Observación que hiciera la Comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones CEACR sobre el Convenio 169 de OIT Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, durante este año.

3. El Organismo El Organismo Ejecutivo se compromete a través del Ministerio de ambiente y recursos naturales y del Ministerio de Energía Minas o cualquier otra dependencia relacionada con la materia se compromete a revocar todas aquellas concesiones de exploración y explotación de recursos naturales que se hayan implementado en violación a los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales.

4. El Organismo Ejecutivo se compromete a implementar un diálogo de buena fe a fin de garantizar la creación y presentación de una Ley de Minería acorde con los intereses de las mayorías. El MSICG se compromete a dar seguimiento a ese dialogo fiscalizando que el mismo se implemente de buena fe y sea incluyente.

  • 2.7 Materia Energética

1) El Organismo Ejecutivo nacionalizará la generación y distribución de energía eléctrica y fortalecerá el INDE e impulsará la creación de empresas eléctricas municipales.

2. El Organismo Legislativo de compromete a aprobar reformas a la Ley general de electricidad las cuales serán consensuadas con el MSICG y los sectores sociales.

3. Recursos

1) Los recursos necesarios para implementar esta propuesta frente a la crisis económica y social serán financiados por la Reforma Fiscal la cual deberá ser integral.

En tanto dicha reforma es implementada, el Estado suspenderá el pago de la deuda pública interna y externa, a efecto de utilizar tales recursos para la recuperación económica del país y la suspensión de dicho pago se mantendrá vigente hasta en tanto no se cumplan las metas de recaudación establecidas como producto de la reforma fiscal integral.

2) El Estado se compromete a Combatir a la corrupción y la evasión fiscal.

Las acciones presentadas anteriormente ayudaran, en el corto plazo, a que los grupos más vulnerables de la población tengan, por medio de la política pública, algún apoyo para hacer frente a la crisis. Sin embargo, quedarán para el debate y el diálogo los grandes desafíos de la sociedad guatemalteca: educación de calidad para todos, salud para todos, empleos dignos para todos, seguridad para todos y competitividad para todos.

El gobierno y la sociedad civil guatemalteca deben, en estos momentos de crisis, recordar aquel famoso dilema que provocó la búsqueda de consensos en la Moncloa: “O los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis económica acaba con la democracia”. En la actualidad, nuestra nación está urgida de consensos políticos, que definan, con una visión justa, equitativa, sostenible y competitiva del desarrollo, la nación que anhelamos todos, hombres, mujeres, ancianos y niños, empresarios, trabajadores y campesinos. Estos consensos deben permitir no solo para enfrentar la crisis económica sino también buscar los medios y recursos para erradicar la pobreza, la ignorancia y el hambre que padecen muchos de nuestros conciudadanos en pleno siglo XXI.

POR QUE LA CRISIS NO DEBEMOS PAGARALA LOS TRABAJADORES

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO POR UN TRABAJO DECENTE

Notas:

(1) Datos tomados de la Encuesta de Condiciones de Vida, 2006.

(2) Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- (2008). “Anuario Estadístico 2007”. Santiago de Chile.

(3) Véase la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, 2002.

(4) Para más detalle, véase las estadísticas de desnutrición, crónica y global, reveladas en las Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil –ENSMI- de 1987 y 2002.

(5) Oficina Internacional del Trabajo –OIT- (2005). “Construir futuro, invertir en la infancia. Estudio económico para medir los costos y beneficios de erradicar el trabajo infantil en América Central y República Dominicana”. San José.

(6) Veáse el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- (2008). “Guatemala: ¿Una economía al servicio del desarrollo humano?”. Informe Nacional de desarrollo humano 2007- 2008. Volumen I, y el Informe del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG. “El mercado de trabajo en Guatemala en el siglo XXI”. Guatemala.

(7) Oficina Internacional del Trabajo –OIT- (2003). “La hora de la Igualdad en el trabajo”.

(8) Véase comunicaciones del mes de enero de 2008 y de febrero de 2009, dirigidas al Presidente de la República por el Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG- y observaciones de la CEACR a Guatemala en materia del Convenio 144.

(9) Véase los acuerdos que han fijado el salario mínimo desde el año 2000 y Estadísticas del INE relacionadas con la Canasta básica vital y Canasta básica de alimentos.

(10) Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI- (2008). Observatorio Fiscal Centroamericano. No. 69.

(11) Gobierno de Guatemala (2009). Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica. Enero.

(12) Se entenderá por gasto social, las asignaciones para Educación, Ciencia y Cultura, Salud y Asistencia Social y Vivienda.

(13) Adicionalmente a las citadas en el numeral anterior el MSICG se refiere en esta parte a la propuesta de iniciativa de Ley de dignificación de los trabajadores.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Javier de León, Coordinador de Relaciones Internacionales de la UNSITRAGUA.