Continua la corrupción e impunidad en el sistema de justicia laboral guatemalteco

Informaciones del MSICG editadas en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - MSICG, Ciudad de Guatemala, 12/10/09.- En febrero del año 2009, Guatemala fue visitada por una Misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo que, al referirse al sistema de justicia laboral manifestó que “La cuestión de la eficacia y finalidad del proceso judicial así como la ejecución de las decisiones judiciales constituyen el punto central de la frustración en lo que respecta a la efectiva protección de la libertad sindical…” y en consecuencia de todos los derechos laborales.

En junio de 2009, en la 98ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Guatemala recibió de la Comisión de aplicación de normas las recomendaciones más fuertes que haya recibido el país en los últimos trece años estableciendo: “La Comisión tomó nota también de la ineficacia de los procedimientos penales en relación con estos actos de violencia que dan lugar a una situación grave de impunidad y de los retrasos excesivos en los juicios laborales. Tomó nota también de alegatos relativos a la falta de independencia del Poder Judicial…” “…A este respecto, la Comisión observó que además de la cuestión de la impunidad, las conclusiones de la Misión de Alto Nivel hacen hincapié en la necesidad de una acción concertada en relación con la eficacia del sistema judicial, el respeto efectivo de la libertad sindical por todas las partes y el efectivo funcionamiento de la Comisión Tripartita Nacional. En particular, la lentitud y la falta de independencia del sistema judicial dan lugar a significativos desafíos para el desarrollo del movimiento sindical. La Comisión observó que a pesar de la gravedad de los problemas no ha habido progresos significativos en la aplicación del Convenio, ni en la legislación ni en la práctica.”

El MSICG, con fecha 30 de septiembre de 2009, presentó al Congreso de la República y a las diferentes bancadas cuestionamientos hacia algunos candidatos a magistrados en la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de apelaciones de trabajo y previsión social adjuntando la documentación relacionada.

Entre los cuestionados por el MSICG se encontraban Mynor Custodio Franco (Cuestionado también por la CICIG), por haber agredido físicamente a un sindicalista durante su gestión como asesor del Ministerio de Educación en el año 2003 y por haber emitido una resolución que avala la imposición de modalidades de trabajo asimilables al trabajo forzoso cuestión incluso citada por la OIT; en contra de Dimas Gustavo Bonilla (Cuestionado también por la CICIG), por haber emitido dos resoluciones que avalan la imposición de modalidades asimilables al trabajo forzoso cuyos casos motivaron la inclusión de Guatemala en el Informe del Director de la OIT: “El Costo de la coacción”. En el caso de José Israel Jiatz Chalí por su labor de dilación maliciosa de los procesos laborales en su ejercicio profesional al servicio de la Procuraduría General de la Nación y, en el caso de la Abogada, Aura Nelly García de León cuya falta de ética en la promoción de dilación de los procesos fue cuestionada por la propia Corte de Constitucionalidad en el expediente 3520-2007.

Con fecha 5 de octubre de 2009, luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, el MSICG confirmó sus cuestionamientos en cuanto a los abogados electos para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Pese a lo anterior, el Congreso de la República de Guatemala, ha confirmado como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los abogados Mynor Custodio Franco y Dimas Gustavo Bonilla a pesar de los cuestionamientos de CICIG y sus antecedentes de agresión a sindicalistas y de aquiescencia en la violación de los Convenios Fundamentales de OIT.

De la misma manera, ha elegido como magistrada titular de las Salas de la Corte de Apelaciones a la Abogada Aura Nelly Garcia de León y como magistrado suplente al abogado José Israel Jiatz Chalí, pese a que su ejercicio profesional se ha caracterizado por la obstrucción de la justicia laboral.

El MSICG condena la actitud del Congreso de la República de Guatemala al haber confirmado como miembros de la Corte Suprema de Justicia a los Abogados Mynor Custodio Franco y Dimas Gustavo Bonilla y lamenta aún más la actitud poco coherente de la Corte de Constitucionalidad al haber avalado un actuar por parte del Congreso de la República que nuevamente conduce a la instalación de una Corte Suprema de Justicia que genera una absoluta desconfianza entre la población y que conducirá a una mayor debilidad del sistema de justicia.