Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO (MSICG)

Guatemala, el costo de la libertad sindical (Capítulo III)

Período 2005, enero de 2010
Por el Consejo Político del MSICG

Informaciones del MSICG editadas en Rebanadas:

Información relacionada:

Guatemala, el costo de la libertad sindical (Introducción)
Guatemala, el costo de la libertad sindical (Capítulo I)
Guatemala, el costo de la libertad sindical (Capítulo II)

Rebanadas de Realidad - MSICG, Ciudad de Guatemala, 29/03/10.-

Capítulo III
La respuesta institucional del Estado de Guatemala

Cometido de los gobiernos

  • 3.1 La voluntad política del Estado de Guatemala

Tal y como lo ha expresado la OIT la existencia de un entorno favorable a la libertad sindical y a la negociación colectiva requiere la implantación de una legislación y práctica idónea y de instituciones eficaces para ello, inclusive con miras a la resolución de conflictos. La voluntad política es indispensable para que se promulgue la legislación adecuada y se le dé cumplimiento efectivo.

El Convenio 87 de la OIT fue ratificado por el Estado de Guatemala desde el año 1952, hace ya 58 años; y la libertad sindical reconocida en nuestra legislación desde el año 1947, hace ya 63 años.

De esos años a la fecha el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado infinidad de instrumentos relacionados con su voluntad de dar vigencia a los derechos sindicales ante diversas instancias internacionales, dentro de ellas, ante la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas; Los Tratados y acuerdos comerciales han sido otra instancia en la que el Gobierno ha ratificado sus eternas buenas intenciones de cumplir con los derechos relacionados con la libertad sindical puede verse, por ejemplo : el Libro Blanco: La dimensión laboral en Centroamérica y República Dominicana "Construyendo sobre el progreso, reforzando el cumplimiento y potenciando las capacidades"; la Declaración Ministerial adoptada en el curso de la primera conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (Singapur 9-13 de diciembre de 1996), Cuarta conferencia Ministerial DOHA, 9-14 de Noviembre de 2001, el Capitulo XVI del CAFTA, el SGP PLUS entre Guatemala y la Unión Europea, entre otros no menos relevantes.

A la fecha la situación se ha agravado principalmente en lo concerniente al tema de violencia, tal y como lo evidencia el presente informe y las observaciones de los órganos de control de OIT.

La propia CEACR ha hecho observaciones al Estado de Guatemala durante 17 años por graves violaciones al Convenio 87, estas observaciones han sido continuas desde el año 1999 al 2009. Durante todos estos años también el Gobierno ha manifestado tener la voluntad política de resolver las graves violaciones a la libertad sindical.

Por su lado, la Comisión de aplicación de normas de la Conferencia Internacional del trabajo CAN ha hecho observaciones al Estado de Guatemala durante 13 años relacionadas con graves violaciones al Convenio 87 específicamente sobre la ausencia de condiciones para el ejercicio de los derechos sindicales dentro de los que se encuentra el imperante clima de violencia antisindical. (32) A esto hay que agregar la innumerable cantidad de veces que el Comité de Libertad sindical se ha pronunciado en similar sentido.

La ratificación de los convenios internacionales es ciertamente un elemento importante para cualquier Estado, pero lo verdaderamente esencial es lograr su aplicación efectiva. En cuanto al convenio 87 lo más importante es lograr un clima propicio para el desarrollo de la libertad sindical, para el cuál es imprescindible el respeto el derecho a la vida, integridad física, sedes y residencias sindicales. No obstante los retrocesos en el caso de Guatemala son contundentes y la respuesta institucional no parece ser alentadora como se expresa en seguida.

Debilitamiento de la institucionalidad encargada de la persecución penal

  • 3.2 La persecución Penal

Frente al incremento de violencia que pretende exterminar al sindicalismo como actor social, la principal medida tomada por el Estado de Guatemala ha sido el debilitamiento de la institucionalidad encargada de la persecución penal, nos referimos a la eliminación de la Fiscalía de delitos contra sindicalistas y periodistas ocurrida en el año 2,005 mediante acuerdo general número 03-2005 del Consejo del Ministerio Público de fecha 9 de marzo de 2005. Paralelo a la eliminación de la Fiscalía el Estado crea mediante el acuerdo 03-2005 la sección de Fiscalía de derechos humanos que tendrá la función investigar y procesar penalmente a quienes se imputen hechos delictivos cometidos contra periodistas, sindicalistas, operadores de justicia, activistas de derechos humanos, y todos aquellos hechos que afecten intereses colectivos, especialmente los que puedan derivar de las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Esclarecimiento Histórico, delitos cometidos por Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos, y otros.

La eliminación de la fiscalía de delitos contra sindicalistas y periodistas y la creación de una sección con carácter para investigar una serie de delitos entre los cuáles se encuentran todos aquellos cometidos contra sindicalistas, reduce en la práctica la importancia de la investigación de los delitos cometidos contra sindicalistas, disminuye el presupuesto destinado para la investigación de estos hechos delictivos y elimina el personal técnico que se encargará de la investigación.

Actualmente la unidad de delitos contra sindicalistas sólo cuenta con un notificador y un oficial, ninguno de los dos especialistas, tampoco profesionales y quienes además deben atender los casos de todo el país. (33) De esta suerte es que la eliminación de la Fiscalía de delitos contra sindicalistas y periodistas debe verse como un retroceso y falta de voluntad política del Estado de Guatemala por dar cumplimiento a los derechos sindicales. En necesario informarle a la CEACR que lo que actualmente existe es dentro de la Sección de Fiscalía de derechos humanos una unidad de delitos contra sindicalistas y periodistas con el personal descrito anteriormente.

No obstante lo citado, en un doble discurso ante la Comunidad Internacional incluso ante los propios órganos de Control de la OIT, el Gobierno de Guatemala ha presentado la creación y funcionamiento de esta supuesta "Fiscalía de delitos contra sindicalistas y periodistas" como un avance para frenar los actos de violencia cometidos contra sindicalistas. Prueba de que la creación de esta fiscalía inexistente ha sido anunciada como avance por el gobierno de Guatemala son las citas que se hacen de la misma en las Observaciones que la CEACR de los años 2008-2009, entre otros, en materia del Convenio 87 al Estado de Guatemala.

En este sentido también es menester señalar que cada vez que el Estado de Guatemala ha sido señalado por los órganos de control de la OIT de tolerar o ejecutar actos de violencia antisindical, ha respondido estratégicamente aduciendo que ha creado en cada ocasión la Fiscalía de delitos contra sindicalistas y periodistas. Este fue el caso acaecido en la Comisión de aplicación de normas de la Conferencia internacional del trabajo CAN durante el año 2009 en la cual el Gobierno adujo "que se creó una fiscalía específica para investigación de actos de violencia contra sindicalistas dentro de la Fiscalía General".

La inexistencia de la Fiscalía de delitos contra sindicalistas y periodistas fue constatada personalmente por la Misión de Alto Nivel de la OIT que visitó el país en el mes de febrero del presente año, por ello en el Informe la Misión menciona la existencia únicamente de la unidad de delitos contra sindicalistas y periodistas, tal y como existe en la práctica.

La falta de esclarecimiento de los actos de violencia antisindical

A la fecha de presentación de este informe no se ha individualizado, juzgado y sentenciado a los autores materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra la vida e integridad física de sindicalistas y defensores de derechos sindicales.

Preocupados por esta grave impunidad y el incremento de la violencia antisindical el MSICG solicita al Ministerio Público le informe el estado en que se encuentran las investigaciones de los casos relacionados con delitos cometidos contra sindicalistas, particularmente de los casos relacionados con las denuncias interpuestas por este movimiento. La respuesta entregada por el Ministerio a este movimiento es desconcertante, con fecha 29 de octubre de 2009 el Ministerio Público comunica al MSICG que no lleva un registro de los casos de delitos cometidos contra sindicalistas.

  • 3.3 La violencia y discriminación institucionalidad contra la mujer sindicalizada

Con fecha 6 de noviembre de 2009, las compañeras: Vianka Martínez, Margarita Muñoz, María Gonzales, Dora Bajan, Blanca Villatoro, María Reyes, Cristina Ardón, Ingrid Ruano, Rosa Mérida, Deysi Gonzales, Olimpia Cruz, Hortencia Gómez, María Ruano, María Barrios, Silvia Ibáñez, Irma Aquino, Etelvina Tojín, Marta Tojil y Marleni Hernández, liderezas del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG-, en el marco de la campaña permanente por el Trabajo Decente que libra el MSICG, se presentaron a las instalaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con la finalidad de presentar una denuncia por violaciones a los derechos laborales de las mujeres en las fincas que producen banano en Guatemala para las multinacionales Chiquita Brand y Del Monte Frehs, banano que es exportado a Estados Unidos y Europa.

En la referida denuncia, se pedía la asignación de grupo de inspectores de trabajo a efecto de que se apersonara con acompañamiento del MSICG en las más de 20 fincas denunciadas a efecto de constatar el incumplimiento permanente de las garantías reconocidas por la legislación nacional a favor de la mujer así como la retención de las cuotas al seguro social y la negativa a respetarles su derecho de asistir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Para dicha acción, se había convocado a una conferencia de prensa en las instalaciones del Ministerio a efecto de informar a la población e instar la fiscalización social de la población sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de la Inspección de Trabajo, obligaciones que se circunscriben a garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de los y las trabajadoras del país.

Al encontrarse las compañeras en la sede del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, agentes particulares de la seguridad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, personal y funcionarios procedieron a cerrar las puertas del edificio y a encerrarlas tras las rejas que rodean el edificio, impidiendo el acceso de los medios de comunicación social y la salida de las compañeras del lugar.

Durante el tiempo que las compañeras fueron retenidas contra su voluntad, personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social procedió a fotografiarlas a realizar tomas de video y a proferir ataques verbales contra ellas con el ánimo de intimidarlas.

Ante la presión de los medios de comunicación social y de trabajadoras y trabajadores que se habían apersonado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a denunciar las constantes violaciones hacia sus derechos laborales, las compañeras fueron finalmente liberadas.

Este hecho ha motivado que el MSICG presentara una denuncia en el Ministerio Público en contra del Señor Ministro de Trabajo y Previsión Social por los delitos de detención -ilegal con agravantes específicas, abuso de autoridad y discriminación

La represión institucionalizada contra las mujeres trabajadoras ha llegado al extremo de reflejarse en los puestos de representación de los trabajadores en donde la mayoría de sus integrantes son hombres. Estos nombramientos han sido hechos por el Ministerio de Trabajo desechando las propuestas con equidad de género presentadas por el MSICG.

  • 3.4 La suspensión de las garantías constitucionales

A los crecientes actos de violencia, los procesos de estigmatización, campañas de desprestigio, impunidad y todas las formas en que se expresa la privación a las guatemaltecas y guatemaltecos de las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad sindical, durante el actual gobierno se ha sumado una nueva y mucho más peligrosa modalidad que consiste en la utilización de los mecanismos excepcionales de protección del orden público como herramientas para acallar la protesta social.

Desde el año 1986, en que Guatemala retorna a la democracia formal, hasta el año 2007, no ha habido un solo gobierno que haya hecho de los Estados excepcionales que prevé la Ley de Orden Público con la finalidad exclusiva de desarticular las luchas de la sociedad.

Solo durante este gobierno, se han utilizado ya en 5 los mecanismos de excepción que regula la Ley de Orden Público para restringir las garantías constitucionales y legitimar incluso la participación del ejército en actos de represión contra la población organizada.

En el caso de la huelga de los pilotos del transporte pesado, su lucha por reivindicaciones laborales básicas fue desarticulada mediante un Estado de Prevención decretado por el Presidente de la República. En este caso, hubo intervención del ejército contra la sociedad civil.

La lucha del pueblo de San Juan Sacatepéquez contra la instalación de una cantera de cemento sin la debida consulta a la comunidad del municipio, fue igualmente reprimida mediante un Estado de Prevención decretado por el Presidente de la República de Guatemala. En este caso, hubo intervención del ejército contra la sociedad civil.

En el municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, se dictó un Estado de Prevención con la finalidad de reprimir la protesta de los compañeros del Sindicato de comerciantes independientes de Coatepeque contra el saqueo de sus objetos de trabajo, el traslado a un lugar que no reúne las condiciones necesarias para el desempeño de sus labores y los asesinatos de buena parte de los miembros de su Comité Ejecutivo e incluso del asesor de la organización

En el departamento de San Marcos, en el cual se ha librado una lucha en contra de los abusos de las empresas distribuidoras de energía eléctrica vinculadas a la multinacional española, Unión Fenosa, se han decretado dos Estados de Prevención, uno de los cuales ha se encuentra vigente aún actualmente.

Este nuevo patrón de represión resulta por demás preocupante a partir de que el mismo se expresa a través del abuso de las normas previstas en el Estado derecho, justifica el acallamiento de la protesta social, legitima el uso de fuerza desmedida y legitima desde una percepción jurídico-formal, la negativa del gobierno a solucionar la problemática social por la vía del diálogo.

Es necesario señalar que estos mecanismos han sido utilizados en un 80% (cuatro de los cinco casos) para reprimir acciones encabezadas por organizaciones de base del MSICG.

  • 3.5 La deslegitimación del MSICG y sus organizaciones miembros

En el marco internacional y especialmente ante los mecanismos de control de la Organización Internacional del Trabajo, El Estado de Guatemala ha implementado la política nacional de desconocimiento y deslegitimación del MSICG y sus organizaciones miembros.

Mediante el oficio 286-2009 MRIA/ag, fechado 21 de diciembre de 2009, suscrito por el Primer Viceministro de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Mario Roberto Illescas Aguirre y que fuera transmitida vía correo electrónico a la Organización Internacional del Trabajo el día 22 de diciembre de 2009 desde la cuenta de correo agonzalez@mintrabajo.gob.gt, refiriéndose a la queja 2609 presentada contra el Estado de Guatemala por el MSICG, el Gobierno de Guatemala declara que expresamente que no se pronunciará respecto a los casos planteados por el MSICG y UNSITRAGUA ante los órganos de control de la OIT aduciendo que las mismas carecen de personalidad jurídica inscrita.

Bajo este argumento, el Estado de Guatemala se niega a pronunciarse respecto a los casos 2203, 2241, 2295, 2341, 2413, 2568, 2609, 2708 y 2709, en instancia ante el Comité de Libertad Sindical.

Más allá de que en el marco de las normas y procedimientos aplicables a las quejas, los argumentos del Estado de Guatemala carecen también de fundamento toda vez que en el Anexo II del Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración de OIT, primera edición, de febrero de 2006, se establece en el párrafo 34: "34. Las quejas presentadas ante la OIT, ya sea directamente, o por conducto de las Naciones Unidas, deben emanar de organizaciones de trabajadores, de empleadores, o de gobiernos. Los alegatos sólo serán admisibles a trámite si son presentados por una organización nacional directamente interesada en la cuestión, por organizaciones internacionales de empleadores o de trabajadores que tengan estatuto consultivo ante la OIT, o si emanan de otras organizaciones internacionales de empleadores o de trabajadores, cuando se refieran a cuestiones que afecten directamente a las organizaciones afiliadas a dichas organizaciones internacionales. Estas quejas pueden ser presentadas con independencia de que el país de que se trate haya ratificado o no los convenios sobre libertad sindical. El Comité tiene plena libertad para decidir si una organización puede o no ser considerada como una "organización profesional" según la Constitución de la OIT y no se considera vinculado por definición nacional alguna de la expresión. El Comité no considera inadmisible a trámite una queja solamente por el hecho de que proceda de organizaciones sindicales que hayan sido disueltas o que se encuentren en exilio."

De que el mismo compendio, establezca también: "35. El Comité, en su primera reunión de enero de 1952 (primer informe, Comentarios generales, párrafo 28), formuló un principio según el cual goza de entera libertad para decidir si una organización puede ser considerada como organización profesional desde el punto de vista de la Constitución de la OIT, y no se considera vinculado por ninguna definición nacional de ese término.".

De que también dicho compendio prevea: "36. El Comité no ha considerado que una queja es inadmisible a trámite por el mero hecho de que el gobierno implicado haya disuelto o se proponga disolver la organización en cuyo nombre se presenta la queja, o porque la persona o personas de las que provenía la queja se hayan refugiado en el extranjero.".

Que el mismo compendio, en cuanto a la falta de inscripción legal de una organización, preceptúe: "37. El hecho de que un sindicato no haya presentado sus estatutos como pudiera requerirlo la ley nacional no sería suficiente para que una queja se declarase inadmisible a trámite, dado que los principios de la libertad sindical exigen precisamente que los trabajadores puedan constituir, sin autorización previa, las organizaciones profesionales que estimen convenientes."

Y de que, finalmente, el mismo compendio regule: "38. La ausencia de reconocimiento oficial de una organización no puede justificar el rechazo de los alegatos cuando se desprende de la queja que dicha organización tiene por lo menos una existencia de hecho.".

Resulta por demás preocupante que ante los graves hechos que involucran una violación sistemática de los derechos humanos en función de la limitación de las condiciones para el ejercicio de la libertad sindical, el Estado de Guatemala adopte una posición que, lejos de ser reflexiva y de búsqueda de soluciones, opte por la descalificación de los interlocutores sociales y sobre todo, que tal actitud en marco internacional resulte peligrosamente coincidente con la focalización a nivel nacional de la violencia y ataques contra el MSICG y sus organizaciones miembros.

  • 3.6 La exclusión sistemática del MSICG y sus organizaciones miembros de los espacios de representación

Si bien es cierto, que durante períodos anteriores al año 2007, las organizaciones ahora miembros del MSICG tenían la mayoría de los puestos de representación en los diferentes espacios de diálogo social, al comenzar a actuar en unidad, de manera paulatina, han sido excluidos de los mismos.

De manera simultánea, estos espacios han sido asignados por el Gobierno de Guatemala a organizaciones que han apoyado abiertamente sus políticas.

En el caso de las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo y la Comisión Nacional del Salario, las organizaciones del MSICG que en el período anterior contaban con la mayoría de representantes, lo que permitió presentar una propuesta coherente con los intereses de los trabajadores, hoy día cuentan con representaciones minoritarias y suplencias.

En la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo, las organizaciones que conforman el MSICG han sido excluidas de cualquier participación.

En la Junta Directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, las organizaciones que conforman el MSICG no poseen representación alguna.

En el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional -CONASSO-, las organizaciones que conforman el MSICG tampoco poseen algún puesto de representación.

Todo lo anterior, a pesar de haber presentado en tiempo las propuestas respectivas.

A ello se suma el hecho de que, CUSG y UNSITRAGUA, a pesar de haber conformado el grupo promotor del Consejo Económico Social, hayan sido excluidas de este proceso y sustituidas por el representante de una organización afín al actual gobierno y por el hermano de la Primera Dama de la Nación, Licenciado Enrique Torres Lezama. En el caso de CGTG, si bien es cierto fue llamada de manera inconsulta a integrarlo, hubo de declinar la participación debido a las anomalías en cuanto al proceso y representatividad de los nuevos integrantes del grupo promotor.

Conclusiones

1. Los actos de violencia y demás violaciones de los derechos humanos vinculadas al ejercicio de la libertad sindical han mostrado un incremento alarmante a partir del año 2007, incremento que coincide con el surgimiento del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG- como esfuerzo unitario.

2. Los actos de violencia y demás violaciones a los derechos humanos vinculadas al ejercicio de la libertad sindical en el período comprendido del año 2007 a enero del 2010 han tenido un impacto casi exclusivo (en más de un 90%) en las organizaciones que conforman el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG-.

3. A la fecha de presentación de este informe en ninguno de los casos relacionados con violencia antisindical citados se ha individualizado, procesado y sentenciado a los autores materiales e intelectuales, por lo tanto puede decirse que el 100% de los casos se encuentran impunes.

4. Este incremento del número de ataque contra sindicalistas enfocado casi exclusivamente en el MSICG y la impunidad que los envuelve ha sido complementado por la exclusión de las organizaciones del MSICG de los puestos de representación de las trabajadoras y los trabajadores en los espacios de diálogo social y por la negativa del Estado de Guatemala de responder a los cuestionamientos planteados por tales violaciones ante los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo sobre la base de argumentos que coinciden con los esgrimidos en las campañas de desprestigio y estigmatización emprendidas contra el MSICG y sus organizaciones miembros.

5. La marcada concentración de los actos de violencia y demás violaciones de los derechos humanos vinculadas al ejercicio de la libertad sindical en el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG- y sus organizaciones miembros y la impunidad que los envuelve hace que resulte poco probable que sean el resultado de un fenómeno aleatorio como lo supondría un clima de violencia generalizada.

6. Los actos de violencia, discriminación, estigmatización y otras formas de represión sindical, implementadas tanto en sectores de la administración pública, como en sectores de la iniciativa privada evidencian la implementación de estrategias tendientes a impedir el ejercicio de los derechos sindicales situación que es sumamente peligrosa en un país con una democracia incipiente como Guatemala.

Notas:

(32) Véase las observaciones de la CAN al convenio 87 y 98.

(33) Vale recalcar el doble discurso del Estado de Guatemala quién por años ha remitido a la OIT información oficial citando la Fiscalía de delitos contra sindicalistas y periodistas inexistente dentro del país.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), integrado por: CCDA, CGTG, CNAIC-P, CNSP, CUSG, FNL y UNSITRAGUA

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Efrén Emigdio Sandoval Sanabria, Coordinación Pro tempore del MSICG.