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Tweet MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO (MSICG) / Web

Comunicado del MSICG ante los casos Portillo y Ríos Montt

Por el Consejo Político

Informaciones del MSICG editadas en Rebanadas:

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Rebanadas de Realidad - MSICG, Ciudad de Guatemala, 25/05/13.- El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- recuerda que durante la administración de Dwight Eisenhower en los Estados Unidos de América, el gobierno estadounidense orquestó el rompimiento del orden Constitucional guatemalteco y que sus aparatos de inteligencia, bajo las ordenes y directrices de su gobierno, proporcionaron a los golpistas del Proceso Revolucionario listados de dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, políticos e intelectuales que fueron perseguidos, torturados y en muchos casos desaparecidos o asesinados por defender la Democracia y el Estado de derecho Guatemaltecos, por defender simplemente nuestro derecho a la autodeterminación.

Esta política, dirigida por los servicios de inteligencia estadounidenses, se mantuvo y se intensificó durante todo el conflicto armado interno en las diversas administraciones que, vale citar, propiciaron invasiones y graves actos de interferencia y violación a la soberanía de muchas naciones y, particularmente las latinoamericanas, que siguen siendo consideradas por los Estados Unidos de América, como lo afirmara su Secretario de Estado, John Kerry, como su patio trasero.

El Estado de los Estados Unidos de América, ha impuesto en contra del consenso internacional, un bloqueo inhumano al hermano pueblo de Cuba y ha desatendido todos los llamamientos internacionales para ponerle fin, de la misma manera en que hizo caso omiso de la comunidad internacional al ejecutar la invasión y genocidio en Irak. Hoy día se mantienen también procesos de desestabilización y debilitamiento de las democracias de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, entre otras.

Durante los conflictos armados internos en Latinoamérica, las estrategias contra insurgentes obedecieron a las directrices geopolíticas del gobierno estadounidense y no solo dieron lugar al asesinato de dirigentes y activistas sino también a políticas de exterminio de nuestros pueblos mediante el establecimiento en nuestros países de grupos de poder y estructuras que se han mantenido y son las responsables de los graves niveles de exclusión, marginación, pobreza y la muerte en estas condiciones de miles personas, sometidos a la vulnerabilidad por la imposición de un modelo económico que ha fracasado incluso dentro de sus propias fronteras y que operan el genocidio de quien nadie habla ya que impacta primordialmente a los pueblos indígenas de Guatemala.

Son estas estructuras de poder, las mismas que se han erigido en defensoras de personajes como Efraín Ríos Montt, sentenciado por genocidio y delitos de lesa humanidad, hechos sobre los cuales ha sido señalado también el mayor Tito Arias (hoy presidente de la República de Guatemala) y los cuales pueden quedar en la impunidad debido al actuar irresponsable y carente de autonomía del Ministerio Público.

Basta recordar como en su momento la Fiscalía a cargo de la Fiscal de la República, Claudia Paz y Paz Bayle, postuló que en el caso de los autores de una de las masacres en el área Ixil no había línea de mando entre los ejecutores materiales y la comandancia de la zona militar rompiendo de esta manera no sólo la posibilidad de hacer justicia en esta masacre sino en todas las demás cometidas durante el conflicto armado interno; como esa misma Fiscal buscó darle explicaciones al Ex Mayor Tito Arias porque su nombre había figurado en uno de los testimonios dados durante el juicio contra Ríos Montt, esto expresado por el mismo Ex mayor Tito Arias a Fernando del Rincón de CNN; la misma Fiscal que omitió presentar al juicio contra Ríos Montt el testimonio de Allan Nairm para evitar que nuevamente figurara en el proceso la mención del Mayor Tito Arias.

Nos tenemos que referir también a la misma fiscal que ha omitido iniciar algún tipo de investigación respecto al nivel de participación del actual Presidente de la República de Guatemala en los hechos que se le imputan a Ríos Montt, la misma que ha omitido investigar quienes se beneficiaron económicamente del genocidio, quienes se apropiaron de las tierras de los pueblos masacrados o desplazados y, paradójicamente (o tal vez muy congruentemente), la misma fiscal que se refiere al establecimiento de un protocolo de intervención en los desalojos de las fincas y comunidades; es también la misma fiscal que se ha prestado a la criminalización de la protesta social sumándose a la estrategia gobierno-empresarial de estigmatizar bajo la vinculación al crimen organizado de los dirigentes sociales, la misma fiscal que hasta ahora ha omitido pedir la cancelación de la autorización e inscripción registral de la Minera San Rafael aún a pesar de que ha detenido a un funcionario de la misma vinculados a actos delictivos cometidos con la finalidad de imponer sus operaciones en Guatemala; la misma que ha omitido establecer el nivel de responsabilidad del Ex presidente Oscar Berger en la operación Pavo Real, la que ha auspiciado el estancamiento del caso Rosemberg a efecto de que los acusados no tengan la oportunidad de establecer un vínculo entre este asesinato y el ex gobernante Álvaro Colom, o al menos debatir esta posibilidad más allá del power point.

Son también estas mismas estructuras de poder las que han impulsado la persecución del Ex presidente Alfonso Portillo Cabrera como un claro mensaje del costo que puede tener la toma de medidas que afecten sus intereses como el incremento durante sus cuatro años de gobierno de los salarios mínimos aún con la oposición servil de las dirigencias sindicales tradicionales que hacían y hacen parte aún de las comisiones del salario, la aprobación de reformas al Código de Trabajo tratando de cumplir con los requerimientos de la OIT, el debilitamiento de los monopolios del pollo, huevo, harina, azúcar y cemento, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria a las grandes empresas en Guatemala y la publicación de los nombres de los grandes evasores de tributos en el país, así como la escasa atención a las autorizaciones de prospección y extracción de recursos mineros guatemaltecos.

Coincidentemente de nuevo es también la misma Fiscal la que ha consentido la extradición del ex presidente Alfonso Portillo Cabrera en aplicación retroactiva de la ley, aún y cuando este ha sido absuelto del delito en virtud del cual podría haberse cometido el que se le imputa en los Estados Unidos de América, quien permitió que la extradición operara habiendo recursos pendientes aún y cuando esto tiene en riesgo la vida del Ex presidente Alfonso Portillo, sometiéndole a un trato inhumano, de estigmatización mediática pese a que ha sido absuelto por la justicia guatemalteca, quien lo mantuvo en prisión a pesar de ello y sin que haya sido escuchado dentro del plazo que establecen nuestras leyes para la legalidad de la detención, por el juez competente del hecho por el cual se le detuvo preventivamente.

El MSICG lamenta la total opacidad con que se manejó la extradición del ex presidente Alfonso Portillo, que la misma se haya operado en incumplimiento del deber fundamental del Estado de Guatemala de resguardar y proteger la vida poniendo en riesgo la de un guatemalteco que fue absuelto por la justicia guatemalteca de los hechos que se le imputaban y que fue mantenido en prisión sin que se pusiera a disposición del juez competente para conocer del delito por el cual se le extraditaba, lo cual viola integralmente los artículos 4, 5, 7 y 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la cual son parte tanto Guatemala como los Estados Unidos de América.

El MSICG lamenta que nuevamente, la injerencia del gobierno de los Estados Unidos de América se sume a la debilidad de nuestras instituciones y a los intereses de los grupos de poder que ha auspiciado en nuestro país, y que lejos de contribuir a nuestra democracia y Estado de derecho, nos coloque ante el frustrante escenario de total inexistencia de ambos.

El MSICG exige al gobierno de los Estados Unidos de América la plena garantía de la vida, salud, integridad física, de igualdad ante la ley, derecho defensa y debido proceso del ciudadano guatemalteco Alfonso Portillo Cabrera así como su inmediata repatriación a nuestro país; la desclasificación total de toda la documentación e informes de inteligencia relacionados con el conflicto armado interno en Guatemala, correspondientes al período de 1952 a 1997 e identificar a los funcionarios del gobierno estadounidense en todos sus niveles, del gobierno de Guatemala y guatemaltecos que tuvieron participación directa e indirecta de los mismos así como la extradición inmediata de quienes deben responder por las consecuencias de tales acciones ante la justicia guatemalteca.

El MSICG exige al gobierno de los Estados de América la investigación de la procedencia de los fondos e inmovilización de todas las cuentas bancarias de todos los funcionarios públicos y militares guatemaltecos vinculados por los informes de inteligencia a los hechos acontecidos en Guatemala de 1952 a 1997; así como de todas las cuentas de empresarios, representantes legales o accionistas de empresas en Guatemala, particularmente dedicadas a la producción de banano, café, caña de azúcar, palma africana, hule, cacao, cardamomo y señaladas por incumplimiento del pago del salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras ya que, tales fondos, provienen de la apropiación indebida de dichos recursos que de conformidad con la ley guatemalteca deben pagarse a los trabajadores y trabajadoras.

Finalmente, el MSICG solicita a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que recapacite sobre el daño que se le causa a nuestro país al someter la autonomía del Ministerio Público a intereses ajenos a los de la justicia, a recuperar la objetividad del Ministerio Público y no pretender que, sobre la base de la arbitrariedad, los distractores y el litigio mediático, se sostenga una imagen que distorsiona la realidad que vivimos los guatemaltecos y guatemaltecas y le recuerda que el ejercicio de una función pública, aún así sea la del Presidente de la República de Guatemala, no es excusa para impedir o demorar la justicia por el genocidio en Guatemala y le exige, iniciar una investigación verdadera y efectiva que permita identificar, juzgar y condenar a los autores materiales e instigadores de los crímenes que han llenado de dolor a nuestros pueblos.