Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO (MSICG) / Web

Sentencia sobre salarios mínimos diferenciados de la Corte de Constitucionalidad nos condena a la miseria

Informaciones del MSICG editadas en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - MSICG, Ciudad de Guatemala, 14/09/15.- En su oportunidad, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- presentó ante la Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad en contra de la totalidad de disposiciones que integran el sistema de salarios mínimos discriminatorios impulsado en su momento por el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- y retomado por el Gobierno del Partido Patriota –PP- Gobierno mediante el cual se crearon cuatro circunscripciones económicas en cuatro municipios del país y se les fijó un salario mínimo diferenciado de Q.1,233.00 mensuales para lo que se denominó “actividades de manufactura ligera”, salario que después se impondría a todos los y las trabajadoras en todo el país según declaraciones del propio Gobierno.

El objeto de la impugnación del MSICG de los nueve Acuerdos Gubernativos que fijaron un salario mínimo de Q1, 233.00 mensuales, era atacar por un lado, el sistema de discriminación fijado para favorecer a determinados sectores empresariales y en el cual los criterios de fijación del salario mínimo se establecieron, básicamente, sobre la base del destino de los productos elaborados por el patrono, sus relaciones comerciales y los privilegios fiscales de los cuales gozaban esos patronos y, por el otro, impugnar el monto de los mismos, ambos establecidos para garantizar la explotación en condiciones de cuasi esclavitud de los trabajadores y trabajadoras.

La acción del MSICG fue la primera impugnación presentada e ingresó a la Corte de Constitucionalidad el día 1 de enero de 2015 en horas de la mañana.

La ausencia de pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos en la acción promovida por el MSICG sobre el sistema de fijación de estos salarios de manera integral y sobre la tasa fijada para estos a pesar de habérselo requerido la Corte de Constitucionalidad, así como la presentación de una acción tardía por parte del Procurador de los Derechos Humanos presentada hasta el 23 de enero del año 2,015 y únicamente en contra del artículo 2 de los Acuerdos Gubernativos que fijaban los salarios mínimos, es decir impugnando sólo la tasa de los mismos y la posterior suspensión otorgada por la Corte de Constitucionalidad en dicha acción a pesar de que el monto de dichos salarios era uno de los argumentos fundamentados en la acción del MSICG anticiparon lo que finalmente sucedió con la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad.

Para entender los efectos de esto es necesario establecer que una impugnación exclusivamente de la tasa del salario, como la realizada por el Procurador de los Derechos Humanos, no llevaba a la eliminación de la posibilidad de que pudieran fijarse en el futuro este tipo de salarios discriminativos sino que, a lo sumo, lograría demorar la implementación de los mismos con el agravante de la legitimación tácita de que los trabajadores y trabajadoras pudieran ser sujetos a estas modalidades de salarios mínimos en cualquier momento.

Luego de meses de demoras injustificadas la Corte de Constitucionalidad finalmente emitió la resolución de las acciones de inconstitucionalidad presentadas dentro de ellas la Acción del MSICG, no obstante la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad se emitió en torno a la estrategia planteada por el Procurador de los Derechos Humanos asegurando la implementación y generalización de estos salarios mínimos diferenciados tal y como lo había venido requiriendo el sector empresarial a fin de favorecer e incrementar las utilidades que tales empresarios obtienen a costa del no pago de impuestos y del sometimiento de los trabajadores y trabajadoras a condiciones de miseria y explotación.

Cabe recordar que fue el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- el que instaló por primera vez en Guatemala el sistema de salarios diferenciados con la finalidad de favorecer al sector de la maquila y la exportación adicionando a los privilegios fiscales un mayor nivel de rentabilidad sobre la base de la precarización del ingreso de los trabajadores y trabajadoras, también fue el Gobierno de la UNE el que intentó implementar los salarios denominados “por productividad” así como el tiempo parcial, esto con la finalidad de impulsar una supuesta inversión sobre la base del sacrificio de las mayorías, obviando que, ningún programa asistencialista tiene sentido cuando el empleo no cumple con la finalidad de redistribuir el desarrollo.

También es necesario tener en cuenta para dimensionar la gravedad de la Sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad que el Comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras –CACIF- para justificar que los salarios mínimos no alcancen siquiera a cubrir la mitad del costo de la Canasta Básica Vital –CBV- ha promovido la tesis de los “perceptores” según la cual existe una mala medición por parte de los trabajadores quienes pretenden a través de su salario cubrir el costo de la Canasta Básica Vital, toda vez que en una familia, según el sector empresarial debe trabajar más de una persona y en consecuencia en los casos en que trabaja el padre, la madre y los hijos, la suma del ingreso obtenido por todos estos perceptores, es la que debe acercarse al costo de la Canasta Básica Vital.

En ese sentido, es necesario resaltar que el salario mínimo es una prestación individual cuya garantía consiste en que el salario de una persona alcance para la subsistencia en condiciones dignas de quien trabaja y su familia, de tal cuenta que el derecho de una persona a decidir respecto a si tiene familia o no y, en su caso, el derecho de decidir si trabaja solamente el padre o lo hace también la madre, no puede ser convertido en una obligación de subsistencia así como tampoco puede asumirse una posición machista y discriminativa en el sentido de negar de hecho esta posibilidad a la madre que es jefa de hogar u obligarle a buscar pareja para sobrevivir.

Pretender que dos o más personas laboren para garantizar a una familia el acceso a la vida digna que debe garantizar el trabajo y que no se limita a un listado de alimentos crudos, como lo pretende el sector empresarial bajo el argumento de que ello es necesario para atraer inversiones y generar empleo, significa simple y llanamente que se condena a quien trabaja a la obligación de asociarse con otra u otras personas para sobrevivir y asegurar el enriquecimiento de algunos privilegiados; esta lógica, ha sido proscrita por el párrafo 3 del artículo 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que prevé: “3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”

De la misma forma, esta lógica de sometimiento de los trabajadores y trabajadoras a un sistema de reproducción de la miseria a través del trabajo ha sido prohibida por el resto de instrumentos internacionales que han sido tergiversados por la Corte de Constitucionalidad al emitir un fallo en este caso que destruye todas las protecciones objetivas al salario mínimo y condena a la población a devanarse en un sistema cuasi esclavista.

Dicho de otra forma, la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador de los Derechos Humanos y declarando improcedentes las demás acciones planteadas pretende producir una falsa sensación de protección a los trabajadores en tanto que de fondo la Corte de Constitucionalidad ha declarado a través de la misma la legalidad de la fijación de salarios mínimos diferenciados y discriminativos para que se implementen en todo el país, tal y como lo anunció el gobierno y lo pretendía desde hace años el sector empresarial.

Para lograr este efecto, la Corte de Constitucionalidad declara con lugar una acción que ataca únicamente el monto del salario mínimo, lo cual no constituye la inconstitucionalidad de la implementación del salario diferenciado sino solo de la tasa fijada para el año 2015, y que no impide que estos salarios sean fijados el año siguiente e incluso que esta fijación abarque un número ilimitado de actividades, sectores empresariales o circunscripciones económicas.

El rechazo de la Corte de Constitucionalidad de la acción planteada por el MSICG en contra de los Acuerdos Gubernativos que crearon las circunscripciones territoriales argumentando que la facultad de crearlas constituye una atribución unilateral del Organismo Ejecutivo que no requiere del agotamiento de los procedimientos establecidos por la ley, tampoco de razonabilidad y de las demás condiciones previstas por el Código de Trabajo y que, en todo caso, el control constitucional no puede ejercerse sobre la creación de tales circunscripciones o la creación de comisiones paritarias del salario para determinados grupos de empresas, actividades o establecidas, sino sólo sobre el resultado de la fijación a parte de la violación expresa de la ley por parte de la Corte conlleva a futuro la imposibilidad de revertir este tipo de medidas.

De tal cuenta, la Corte de Constitucionalidad fue más allá de la legitimación de la creación de los instrumentos operativos para la fijación de salarios mínimos diferenciados y se extendió a abrir la posibilidad de que estos salarios mínimos puedan fijarse incluso atendiendo al tamaño de la empresa y al monto que prefieran pagar los patronos, afirmando que el establecimiento de salarios mínimos inferiores a los que se aplican a nivel general por las mismas actividades no configura ninguna discriminación ni violación a la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos.

La Corte de Constitucionalidad aduce expresamente en el numeral romano VIII de la parte considerativa de la Sentencia que la inconstitucionalidad de la tasa de los salarios mínimos fijados acogiendo la pretensión del Procurador de los Derechos Humanos se declara con lugar; para ello, el tribunal realiza una relación entre el instituto del salario mínimo del derecho de trabajo y el concepto creado por dicha Corte al que denomina mínimo vital y en cuyo desarrollo la Corte tergiversa la Constitución, la legislación nacional y los Convenios internacionales de derechos humanos y pasa a considerar como parte del salario devengado ya por los trabajadores y trabajadoras de Guatemala lo que denomina son los sistemas de salud, educación y previsión social que el Estado de Guatemala supuestamente garantiza a los habitantes para finalmente disipar el salario mínimo como una garantía individual del derecho del trabajo hasta llegar al extremo de establecer en términos concretos que el salario mínimo fijado cumple con su finalidad de garantizar el acceso a la vida digna de una familia en la misma medida en que el ingreso obtenido por un mínimo de dos personas por cada familia les permita adquirir la parte relativa a alimentos y vestuario del costo de la Canasta Básica Vital, ya que tanto la salud, la educación, la previsión social, el transporte, la recreación, la vivienda y demás condiciones para una vida digna, las proporciona el Estado de Guatemala en condiciones aceptables; violando con ello a través de la Sentencia el texto expreso del artículo 103 del Código de Trabajo y los artículos 101 y 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala que establecen que el salario de una persona debe alcanzar por sí mismo para garantizar una vida digna para sí y para su familia.

La destrucción del concepto de salario mínimo ejecutada mediante la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad no solo discrimina a la mujer y la convierte en mano de obra dependiente del trabajo de su pareja y/o de al menos uno de sus hijos generando condiciones propicias para justificar el trabajo infantil, sino que convierte una garantía individual en una garantía de pareja (condenando a quien no la tenga) y substituye las expectativas de desarrollo de los trabajadores y sus familias por un sistema de infrasubsistencia que puede ser cada vez menor para garantizar la mayor rentabilidad de la empresa privada.

De la misma manera, la Corte de Constitucionalidad legitima los criterios impuestos en su momento por el Gobierno de la UNE para el establecimiento de salarios mínimos diferenciados y discriminativos para favorecer a determinados sectores admitiendo que esta fijación se realice partiendo del destino de exportación de los bienes o servicios que comercializa el patrono, de los privilegios fiscales de que goza y de una calificación del Ministerio de Economía, aduciendo que ello no vulnera derecho constitucional alguno y que, en consecuencia, se enmarca dentro de los principios de justicia social establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los Convenios Internacionales ratificados y vigentes para Guatemala y el Código de Trabajo y, que se hayan dentro de la licitud constitucional la eliminación de la obligación a determinados sectores empresariales de contribuir al desarrollo exonerándoles del pago de impuestos y del pago de salarios dignos.

Vale citar que tal decisión de la Corte de Constitucionalidad es congruente con la tendencia que ha mostrado históricamente dicho órgano de debilitar e incluso anular el deber del sector empresarial de tributar y de trasladar la carga tributaria hacia la población a la cual no se le garantiza siquiera lo esencial para la subsistencia.

El MSICG condena la actitud procesal inapropiada y al margen de la ley de la Corte de Constitucionalidad al emitir un comunicado de prensa el día 8 de septiembre del año 2,015 sobre el sentido de la Sentencia aquí cuestionada sin que esta haya sido notificada previamente a las partes del proceso resaltando que el MSICG no fue notificado sino hasta el 11 de septiembre del año 2,015 en horas de la tarde.

Asimismo, el MSICG lamenta que nuevamente, la Corte de Constitucionalidad, su integración y mecanismos de elección con su accionar ratifiquen la necesidad de cambios sustanciales en los mismos y el replanteamiento de los controles constitucionales a los efectos de garantizar la armonización de la práctica con el cumplimiento de los compromisos que imponen los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala.

El MSICG alerta a la población respecto a las graves consecuencias que para el futuro de las trabajadoras y trabajadores representa lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y que el fallo emitido, lejos de proteger a los trabajadores y trabajadoras, fortalece la desprotección recrudecida a partir del año 2008 por parte del Gobierno de la UNE al tiempo que anuncia que estará sometiendo este caso a las instancias internacionales que corresponda a los efectos de que sean deducidas las responsabilidades pertinentes al Estado de Guatemala y se evite en el futuro que la Sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad tenga el efecto devastador que pretende de institucionalizar formalmente como mecanismo de concentración de la riqueza la explotación del ser humano por el ser humano.

¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!