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FUNDACIÓN ARTURO ILLIA - INSTITUTO DE LA ENERGÍA Y LA INFRAESTRUCTURA

Y.P.F.: la seguridad nacional y el bienestar popular

Por Gustavo A. Calleja (*)

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 10/06/05.- La celebración de un nuevo aniversario de la creación de Yacimiento Petrolíferos Fiscales por parte del Presidente Hipólito Irigoyen es motivo suficiente para reflexionar sobre la importancia que la misma ha tenido en el desarrollo nacional independiente. Para Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, Enrique Mosconi y Tomás Le Bretón, en especial, la soberanía política se tornaba en ilusoria si no estaba acompañada por la independencia económica; para lograrla crearon y desarrollaron a Y.P.F.. Entendían las circunstancias externas y proyectaban un modelo de país que se adecuara a las mismas pero manteniendo inalterable su soberanía.

En estos días son temas de discusión varios temas energéticos, como por ejemplo, a) la crisis que se manifestó en marzo del 2004, que persistirá por varios años, y las poco estudiadas medidas adoptadas para superarla tanto en lo mediato como en el futuro; b) los aumentos tarifarios y las consiguientes presiones del FMI y los países centrales donde se encuentran radicadas las casas centrales de los grupos económicos que administran el patrimonio que alguna vez fue nacional popularmente conocidas como "las privatizadas"; c) la creación de la Empresa Argentina de Energía (ENARSA) a la que se le niega el acceso a las áreas en producción ilegalmente adjudicadas a la petroleras privadas; d) y la sanción del nuevo marco regulatorio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a medida de las petroleras y altamente perjudicial para los argentinos de más pobres. Todos ellos se encuentran interconectados y no son los únicos. En las lógicas discusiones se enfrentan dos posiciones: la neoliberal e irracional o de mercado, aplicada desde julio/89 por el Presidente Menem y todos quienes lo sucedieron, y la racional, estatal, nacionalmente centralizada y esencialmente solidaria, que había tenido nacimiento, prácticamente, desde el descubrimiento del petróleo hasta julio de 1989 y cuya implementación correspondiera a los primeros gobiernos de la UCR.

Al mismo tiempo y sin que parezca importarle a nuestros gobernantes, las guerras del Golfo Pérsico y del Asia Central tienden a agravarse y cada día es menos eventual pensar que Arabia Saudita se verá involucrada; así opina uno de los expertos más reconocidos, el autor de Las Siete Hermanas, Anthony Sampson. Tampoco debería extrañarnos que se extiendan a Irán, oportunamente incluido por el Presidente Bush entre los integrantes del Eje del Mal. La reunión del Grupo de los Siete (G7) más Rusia y sin China, donde se "repartieron" las reservas de hidrocarburos más importantes del planeta -justamente las situadas en las zonas conflictivas o potencialmente conflictivas recién citadas- es preocupante por varios motivos.

El primero es que gran parte de los expertos independientes cree que restan solamente cuarenta o cincuenta años de reservas de petróleo y gas; el segundo es que los "dueños" de esas reservas están mayoritariamente situados en las zonas del Pérsico y el Asia Central y que casi todos esos países son musulmanes y no han sido "consultados" por el G8 sobre el destino de sus riquezas, situación que presagia situaciones muy conflictivas y el tercero es que Argentina sigue siendo el único país en el mundo donde el petróleo es considerado un commodity, al igual que la hojalata o el plomo.

Nuestros gobernantes actuales creen que estamos integrados en la economía petrolera internacional y, consiguientemente, no tenemos que preocuparnos por nuestras reservas porque si se acaban en lo inmediato o un poco más adelante, podremos importar los hidrocarburos que necesitemos, sin pensar que de cumplirse, aunque sea sólo en parte, el supuesto recién comentado, los "restos decrecientes" de los reservorios de hidrocarburos no serán para nosotros. Alarma tamaño desconocimiento y avergüenza que el Presidente Kirchner se limite a escuchar los planes que Repsol-YPF ha diseñado en España, que responden a los intereses estratégicos del reino Borbón y no a los de la Argentina. Este erróneo criterio vigente es el que -estando precariamente autoabastecidos- nos obliga a pagar los combustibles producidos con petróleo local como si los importáramos, permitir exportaciones sin conocer las reales reservas de que disponemos y explotaciones tan intensivas como depredatorias.

Argentina fue modelo en la fijación de políticas cuyos objetivos consistieron en utilizar las rentas y el poder que genera la explotación petrolífera en beneficio del desarrollo nacional. El Presidente José Figueroa Alcorta -un conservador antiroquista- ante el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia aplicó la Ley de Tierras para preservar zonas eventualmente productivas, ya que el Estado estaba impedido de actuar a causa de la vigencia del Código de Minería de Avellaneda, que en la práctica había privatizado el subsuelo.

Con los Presidentes Hipólito Irigoyen y Marcelo T de Alvear, el Ministro de Agricultura de éste último Tomás Le Breton y el Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Coronel Ingeniero Enrique Mosconi comienza la lucha para defenderlo de la voracidad de los "trust internacionales del petróleo" actuantes (la Esso y la Shell con otros nombres) como lo denominaban los argentinos progresistas en esos tiempos. El 1° de agosto de 1929 culmina la primera etapa de ese plan, con la toma del mercado de los combustibles líquidos por parte de Y.P.F.; en palabras de Mosconi, deja de aplicarse el precio internacional y son los gobiernos de la república los que los fijarán y las ganancias que tomaban el camino del mar, se quedan en el país. Pare ellos, era la continuidad del 9 de julio, pues se sumaba a la independencia política la independencia económica.

Derrocado Yrigoyen, Y.P.F. no sólo resistió los embates del Presidente José F. Uriburu sino que, convertida en un protagonista imprescindible de la política energética, consiguió que en 1934, Agustín P. Justo creara la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y un impuesto interno sobre los combustibles líquidos -los Fondos Viales- que se destinaba a la construcción y el mantenimiento de rutas provinciales y nacionales. Juan Perón en los inicios de su primera presidencia, instancias de un "ypefeano" e yrigoyenista -el Ing. Julio V. Canessa- del riñon de Y.P.F. creó a Gas del Estado (GdE) y también dio nacimiento a Agua y Energía Eléctrica (AyEE); además, agregó a los Fondos Viales a los Energéticos, destinados a construir gasoductos y represas hidroeléctricas. El Presidente Arturo Illia, no sólo recupero las áreas entregadas bajo la gestión presidencial de Arturo Frondizi -entre ellas Loma de la Lata que posibilitó posteriormente nuestro gran desarrollo gasífero- sino que, asesorado por Juan Sábato y Conrado Storani, ideó el plan de las grandes represas hidroeléctricas y para concretarlo, incrementó los fondos energéticos y creó el impuesto al petróleo crudo procesado.

Con esos recursos y los propios generados por las grandes empresas estatales, hasta julio/89, Argentina construyó la totalidad de las represas hidroeléctricas actuales, toda la red vial nacional y provincial, la red de gasoductos troncales -una de las más extensas del mundo- e intermedios y la red nacional de alta tensión; también se contribuía al servicio ferroviario y al desarrollo del carbón Todo ello sin dejar de lado los activos empresarios, incluyendo las reservas hidrocarburíferas que alcanzaba a 35 años para el gas y a 23 para el petróleo y los polos petroquímicos, como tampoco que sobre el precio de los combustibles también se cargaba el ITC, un impuesto destinado a la Anses y tributos provinciales y municipales. Todos los argentinos tenían garantizada la accesibilidad y el acceso a los servicios públicos esenciales, sin importan sus niveles de ingresos y lugar de residencia. Ese era el país solidario e independiente soñado por Irigoyen cuando creó YPF.

El impuesto al crudo procesado fue prácticamente derogado en los inicios de la gestión del Presidente Carlos Menem y los fondos energéticos y viales lo fueron al implantarse la vigencia plena de la desregulación, en 1991: esos recursos fueron "cedidos" a los petroleros privados.

La política privatista y desreguladora", en la práctica, significó la transferencia de esos millonarios recursos y del poder político que van implícitos, del Estado Nacional a los grupos multinacionales hoy actuantes. Este es el origen de la actual crisis energética, que no nace de la pesificación y el congelamiento de tarifas de enero del 2002 o de una mala regulación, sino de la desinversión productiva y las exacciones tarifarias y de precios de productos esenciales, tales como los de los combustibles líquidos. Con el justicialismo de Carlos Menem han renacido "el precio internacional" y los millones de dólares de utilidad que se quedaba en el país, han retomado, en palabras de Moscón, "el camino del mar"; hemos retrocedido a la situación vigente antes de la toma del mercado de los combustibles sucedida el 1 de agosto de 1929.

Consecuentemente, desde julio de 1989 no se ha construido un nuevo gasoducto trocal, destinado a abastecer al mercado interno, al mismo tiempo que se habilitaban nueve para ventas externa; ni se ha iniciado una nueva represa hidroeléctrica, la red troncal de alta tensión continua inconclusa y en estado crítico a pesar de la demorada construcción de la cuarta línea Comahue-Buenos Aires; las nuevas vías vehiculares se deben al sistema de peaje, las cajas de jubilación no reciben ningún aporte solidario. Las reservas de hidrocarburos han bajado en forma alarmante. La virtual desaparición del Laboratorio de Florencio Varela nos ha convertido en compradores de tecnologías que antes desarrollábamos. Los polos petroquímicos son los mismos, con la excepción de una planta de fertilizantes que mira más al mercado interno que al interno. Tampoco existen más políticas de precios especiales para diversa actividades productivas y los combustibles se encuentran entre los más caros y contaminantes del mundo. Las tarifas de gas natural son muchísimo más caras que las vigentes en julio/89, especialmente para los usuarios de menores ingresos y, tal circunstancia, unida a los costos de ingreso al sistema, han provocado que desde el inicio de la gestión justicialista en 1989 y hasta la fecha se hayan incorporado solamente 1.000.000 de usuarios, contra los 2.200.000 que lo hicieron desde diciembre de 1983 hasta fines de 1989, cuando existía otras políticas y GdE funcionaba a pleno.

El gobierno del Presidente Néstor Kirchner solamente ha cambiado la retórica, pero las medidas de fondo son de afianzamiento del modelo neoliberal, a saber: a) ha vuelto a dolarizar e indexar el precio del gas en boca de pozo, b) los Planes Energéticos son un incordiando compendio de inversiones no cumplidas por las concesionarias o licenciatarias, que deberemos pagar todos los argentinos, es decir, el gobierno no les exige su cumplimiento e incluso las premia con incrementos de tarifas imposibles de justificar; el Plan Exploratorio premia, a costa del erario público, a quienes no invirtieron durante quince años; c) la creación de ENARSA debe ser considerada como una dosis de "diclofenac" destinada a calmar los dolores del progresismo energético, donde el tipo societario elegido no es el más adecuado y las limitadas funciones que se le asigna demuestran que no se pretende cambiar las reglas neoliberales vigentes; d) los combustibles líquidos se siguen indexando de acuerdo al precio internacional sin que el gobierno aplique las leyes que prohíben cualquier tipo de ajuste de este tipo (de Convertibilidad y de Emergencia Pública nº 25.561); en este tema resulta el prohibitivo valor del GLP, concretamente la garrafa, para los habitantes más pobres; las retenciones móviles no contemplan la explotación racional y las necesidades de las generaciones futuras y tienen como único objetivo la apropiación de una parte de la renta generada por los altos precios del petróleo, con la finalidad de satisfacer los compromisos externos, en especial con el FMI.

En resumen, la actual crisis requiere medidas de fondo tendientes a recuperar las rentas y el poder que los hidrocarburos generan. Deben desecharse tanto las medidas cosméticas que mantienen el modelo neoliberal, tales como las mejoras en el poder regulatorio, como aquellas que bajo erróneas consignas federalistas pretenden transferir a las provincias el poder jurisdiccional sobre la explotación del subsuelo. El camino reparador es posible, pues solamente se necesita que el gobierno exija a las petroleras y al resto de las privatizadas cumplen con las leyes vigentes, especialmente la Ley de Hidrocarburos nº 17.319; esas áreas deben ser revertidas al Estado Nacional y entregadas a ENARSA. La acumulación de áreas productivas, la extensión de plazos de las concesiones y la reconversión de contratos de explotación en concesiones, por ejemplo, son actos que la citada Ley determina como de absoluta nulidad.

En cuanto al área de los servicios públicos, deben ser reestructurados integralmente pues los modelos gasíferos y eléctricos vigentes -inspirados en el Banco Mundial- han fracasado rotundamente, no sólo en nuestro país, sino también en Estados Unidos (crisis de California y de la Costa Este) y Brasil. Resultan caros, generan distorsiones operativas y económicas, no promueven inversiones y niegan la incorporación y la permanencia de los usuarios de menores ingresos pues las tarifas se fijan en función de los beneficios de las empresas y no de la capacidad de pago de la población.

El modelo energético radical, nacional, centralizado, soberano, racional y solidario, que sirviera de ejemplo a naciones americanas y europeas que lo siguen aplicando, requiere ser reimplantado con urgencia. Los hidrocarburos no son un vulgar commodity sino un bien estratégico o una materia prima-poder, no renovable, para nosotros muy escaso y los servicios públicos esenciales no pueden estar al servicio de las utilidades que su prestación genere a las empresas privadas que hoy los malprestan.

(*)Presidente de la Fundación Arturo Illia.
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