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OPINIÓN - ARGENTINA

A 30 años de la vista de la CIDH, una mirada al papel del movimiento juvenil

Por Alberto Nadra, Presidente de Izquierda Democrática / Blog

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 07/09/09.- En estos días se conmemoran los 30 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nuestro país, y existen historias ocultas y ocultadas, con buena o mala voluntad, sobre aquellos días de terror y heroísmo, a las cual pretendemos rendir un homenaje desde las vivencias personales, forzosamente sesgadas. En todo caso, que cada uno haga su aporte y con ellos sigamos contribuyendo a la reconstrucción de la memoria colectiva.

La “visita”, pobre palabra para definir semejante epopeya, comenzó en realidad mucho antes de aquel septiembre, por lo menos así lo vivimos los que en ese momento ya habíamos participado de la parcial, pero importante, reconstrucción del movimiento juvenil organizado, en particular las juventudes políticas. Desde mayo comenzaron las acciones para enfrentar la presión de los militares, que buscaban suspender o condicionar la visita de la Comisión y junto a todas las organizaciones que luchaban contra los crímenes de la dictadura, se contribuyó a que no se aislara a familiares y organizaciones de derechos humanos, protagonistas indiscutibles de esas jornadas, y a poner a la Junta en el banquillo internacional, con el “caso piloto” de la joven comunista Inés Ollero a la cabeza de las más 10.000 denuncias que se presentaron, de las que fueron documentadas 5.580.

En el mes de julio de 1979 llegaba a Buenos Aires el Secretario de la CIDH, Eduardo Vargas Carreño, para ajustar la agenda de la visita de la Comisión, que luego se concretaría entre el 6 y el 20 de septiembre. Desde antes de esa fecha, nos fuimos enterando de la fuerte presión de la dictadura sobre los partidos políticos, que llegaba a sus juventudes. El chantaje era claro: cualquier participación pondría fin al “dialogo” que venía anunciando Harguindeguy; un diálogo que, según sus palabras, abracaba desde la derecha hasta la izquierda, con límite del PI, al decir del nefasto Albano Harguindeguy.

La presión –más allá de los exabruptos fascistizantes de La Nueva Provincia o Cabildo– la expresó con descaro “republicano” La Nación (19-7-79), al escribir que la visita obligaría a que “el arco de la política argentina se ponga en tensión” y la reacción ante ella mostraría el compromiso de cada uno “en relación a la lucha que las FF.AA. han librado contra la subversión”, lo que constituiría un punto de “referencia insoslayable (…) con relación al desenvolvimiento ulterior del país”. El diario de los Mitre-Saguier lo exponía con toda claridad, el mensaje era inequívoco: los que apoyen las denuncias, así sea con su sola presencia quedarán fuera del diálogo y de una eventual salida electoral.

Al mismo tiempo se desataba una fuerte ofensiva desde el Ministerio del Interior para intimidar y aislar a las organizaciones de derechos humanos. Varias de ellas fueron allanadas y se secuestró material fundamental. En el caso de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el juez federal Martín Anzoátegui –con la excusa de presunta “incitación al falso testimonio”– dispuso un operativo en el que se secuestraron, sin que constara en el acta, una lista de 3.000 desapariciones registradas.

El 13 de julio el tema fue central en un encuentro de la Multipartidaria Juvenil que en pleno clima represivo reunió a más de 100 dirigentes juveniles, políticos y sociales en el Rincón Andaluz porteño. Comenzamos a impulsar las “comisiones de solidaridad” que tendrían que rodear a los miles de familiares provenientes de centros estudiantiles, clubes de barrios, núcleos sindicales; finalmente superaron las 80 en Capital y un centenar en la provincia de Buenos Aires. Y estamos recordando el inicio del segundo semestre de 1979.

Ya con la CIDH en la Argentina, el 8 de septiembre, otro centenar de jóvenes dirigentes realiza el II Seminario Juvenil de la APDH, donde se deja constancia de 5.470 denuncias de secuestros (en su mayoría, jóvenes y, entre ellos, trabajadores) y se levanta por primera vez la consigna de denuncia a la dictadura por instaurar “El delito de ser joven”.

Imposible, con documentación perdida o destruida, retener de memoria todos los nombres, pero formando parte entonces de la Comisión de Relaciones Políticas de la FJC recuerdo claramente a quienes “a titulo personal”, pero representando en realidad a sus identidades juveniles prohibidas, participaron activamente, cualquiera haya sido su destino político posterior: Nilda Garré y Juan Pablo Unamuno (peronistas); Luís Cáceres y Federico Storani (radicales); Martín Andicoechea y Roberto Garín (intransigentes); Mario Mazziteli y Carlos Pérez (socialistas populares y unificados, respectivamente); Carlos Bermúdez (católico); Marcelo Marcó (FUA); Marcelo Arbit (FUBA), así como Patricio Echegaray, Francisco “Pancho” Delgado y Ángel Castañeda con quienes, desde la FEDE, compartimos esos vertiginosos días.

Una parte de las juventudes concurrió en conjunto y otras, como la JR por separado, consecuencia de de un duro, y a nuestro juicio estrecho, debate con las demás fuerzas acerca de los caminos de reconstrucción del movimiento juvenil y del papel del peronismo, anteponiendo su permanente censura a la experiencia final de las Juventudes Políticas Argentinas, de las que los jóvenes radicales se retiraron antes del golpe por la radicalización de la JP Regionales, con su posterior pase a la clandestinidad.

Las entrevistas con el presidente de la CIDH Andrés Aguilar y otras autoridades del organismo en el edificio de Avenida de Mayo 760 (donde hoy funciona una dependencia de la Procuración General de la Nación, paradojas de la historia, en uno de sus pisos la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de estado ) estuvieron marcadas por el impactante marco de las cuadras –seis, ocho, a veces diez– de familiares encolumnados, desafiando la presencia de los tenebrosos Falcon, y por la fotografía minuciosa de sus ocupantes por parte de los “grupos de tareas”.

Pese a las presiones, una gran parte de los partidos políticos democráticos pusieron su cuota –y su presencia física-- para romper la maniobra de aislar a los organismos de derechos humanos y avalar las miles de denuncias realizadas por familiares en causas de violaciones a los derechos humanos, permitiendo que se revelara por primera vez al mundo el grado de extensión y organicidad a los que había llegado el movimiento de derechos humanos y por el Estado de Derecho en la Argentina.

“La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la Argentina se cometieron durante el período 1975 a 1979 numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”, señalaba el informe final elaborado por el organismo, rechazado y censurado por Videla y finalmente publicado en 1980. En otra de sus conclusiones, la CIDH planteaba que “en particular, la Comisión considera que esas violaciones han afectado el derecho a la vida, a la libertad personal, a la seguridad e integridad personal, de justicia y proceso regular”, y puntualizó sobre “violaciones a la libertad de opinión, a los derechos laborales y políticos. Puntadas de un hilado de la memoria colectiva apenas iniciado. Memoria que es presente, cuando del envalentonamiento de los sectores retrógrados enquistados en la Justicia, hay una ofensiva para frenar el proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura militar: ya no se conforman con trabar los juicios al terrorismo de Estado, sino que buscan consagrar jurídicamente la impunidad, impulsados por los grupos que promueven -y actúan- para que un “futuro” gobierno haga realidad sus sueños.