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OPINIÓN - ARGENTINA

Sobre las declaraciones de Elisa Carrió referidas al dictador y genocida Alfredo Stroessner

Por Dante Oberlin (*)

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Repudio de FATPREN a dirigente que niega dictadura de Stroessner

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 23/02/09.-

Estimados compañeros:

He leído la nota de FATPREN sobre Elisa Carrió y sus afirmaciones de que en Paraguay el dictador y genocida Alfredo Stroessner no torturaba. Coincido plenamente con lo que dicen los compañeros de la FATPREN. He representado a la CLAT en diversas oportunidades en el Paraguay y Carrió debería saber que hubo miles de campesinos torturados y desaparecidos, y una fuerte represión sindical al punto tal que he sido víctima de la misma en un acto sindical el 1ª de mayo de 1986 junto al compañero Alfredo Ferraresi, a Monseñor Melanio Medina y a cientos de trabajadores que concurrimos a una misa y que consta en los archivos de la COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Me permito adjuntar una copia de las afirmaciones más interesantes de este informe.

A Carrió le faltaría decir que Stroessner fue un general democrático, seguramente porque en esos tiempos su preocupación no era la política; sino la moda y los concursos de belleza a los que era tan adicta. Sus denuncias -sobre las que construyó su presencia política- es solo doméstica y seguramente volverá a cometer errores como este en el plano internacional, como cuando llegó asegurando que con las cajas que le habían regalado los senadores de EEUU probaría la corrupción menemista.

Todavía hoy sus fans están esperando las pruebas prometidas, al igual que la justicia.

Mis felicitaciones a los compañeros de la FATPREN

Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Paraguay

Durante el período al que se contrae este Informe se han producido en Paraguay algunos cambios en lo que respecta a la observancia de los derechos humanos, aunque aún la Comisión no observa que se estén dando pasos significativos que conduzcan a una efectiva democratización del país.

Puede citarse la liberación incondicional, el 23 de octubre de 1985, del dirigente campesino Marcelino Corazón Medina, presidente del "Comité de Coordinación de Productores Agrícolas", quien durante casi un mes, desde su detención arbitraria a fines del mes de septiembre de 1985, se encontraba en huelga de hambre.

El caso de Rodolfo González, joven estudiante de la Facultad de Derecho, quien según los denunciantes, fue muerto como consecuencia de las torturas que se le infligieron el 10 de abril de 1986. En este caso se destacó que la policía había hecho público a la prensa que González había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas en un "accidente de tránsito", mientras que la autopsia practicada por un médico forense, el Dr. José Bellasai, revelaba que el cadáver presentaba una bala alojada en el cráneo y otro balazo, además de signos de tortura en su cuerpo. El Dr. Bellasai, después de practicar esa autopsia, fue arrestado el 23 de abril. Hasta la fecha de la adopción de este Informe, el Gobierno se ha limitado a informar que la causa permanece aún en la etapa secreta de instrucción sumarial.

En el país siguen produciéndose constantes violaciones a importantes derechos reconocidos por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Tales violaciones afectan especialmente al derecho a la justicia y al debido proceso; a la libertad y seguridad personales, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a otros derechos políticos y libertades civiles, como los de libertad de asociación, reunión, residencia y tránsito y expresión y difusión del pensamiento.

La Comisión lamenta, una vez más, la continua e indiscriminada aplicación de la legislación de excepción contenida en las Leyes No. 294 de 1955 y No. 209 de 1970, sobre "Defensa de la Democracia" y sobre "Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas" al igual que la permanente vigencia del estado de sitio establecido en el Artículo 79 de la Constitución Nacional, el cual ha seguido prorrogándose, ininterrumpidamente, cada tres meses.

También se ha hecho manifiesta la falta de un Poder Judicial autónomo en este país. En esta línea se observa la paralización de las investigaciones y la ausencia de condena a los altos funcionarios y autoridades que puedan estar involucrados en delitos, como sucedió pro ejemplo, con aquellas importantes autoridades gubernamentales que presuntamente participaron en la estafa de varios cientos de millones de dólares al Banco Central en el cambio de divisas, denunciada a fines de 1985, y en el cual la justicia había decretado inicialmente la prisión de más de una docena de personas supuestamente implicadas en esta defraudación, todas las cuales se encuentran actualmente en libertad.

El habeas corpus, derecho garantizado en el Art. 78 de la Constitución nacional no opera en la práctica, ya que la Corte Suprema de hecho ha continuado abdicando sus funciones al inhibirse de conocer los recursos de esta naturaleza que se han presentado durante la vigencia del estado de sitio.

Dentro del ámbito de los derechos políticos y civiles, el Gobierno sigue considerando como "ilegales" o "irregulares" a los partidos opositores integrantes del llamado "Acuerdo Nacional", a los que no se les reconoce participación electoral, ni se les permite organizarse desde su formación en 1970. Asimismo, ha rechazado de plano el recientemente proyectado "Diálogo nacional", que la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica Paraguaya impulsara a comienzos de 1986 para tratar de alcanzar, a través del mismo, con la participación de todos los sectores políticos y sociales, una convergencia de unidad y solidaridad que facilitase una transición política a través de cambios pacíficos que permitiera alcanzar una plena democracia.

Dentro de ese contexto de falta de condiciones para el ejercicio de la democracia, el gobernante "Partido Colorado" volvía a ganar los comicios municipales de octubre de 1985, con un 88.2% de los votos emitidos en todo el país y, a la vez, por destacados miembros de la facción militante del coloradismo se adelantaba la nueva postulación del Presidente Stroessner para un octavo período presidencial, de 1988 a 1993.

Por otra parte, se ha producido, como se señalará a continuación, una nueva ola de detenciones masivas y ataques a los dirigentes opositores, así como una escalada represiva por parte del Gobierno y las fuerzas parapoliciales con el fin de contener y reprimir tanto las manifestaciones de la oposición política, como las protestas y demandas populares de los distintos sectores que buscan una mayor democratización del país.

Entre esas detenciones, cabe mencionar la del Director y propietario del clausurado diario "ABC-Color", el 4 de noviembre de 1985, la del Secretario del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Miguel Abdón Saguier, en marzo de 1986, quien anteriormente había sido arrestado en septiembre de 1985 y a quien anteriormente había sido arrestado en septiembre de 1985 y a quien nuevamente se le volverá a detener al cabo de un mes, el 13 de abril de 1986 en San José de los Arroyos.

Con motivo de la celebración del 1o de mayo se disolvió una manifestación callejera en la que participaban más de un millar de obreros afiliados al "Movimiento Intersindical de Trabajadores" (MIT), después de haberse concentrado en la parroquia de Cristo Rey, al terminarse una misa organizada en conmemoración de esta festividad obrera mundial. Entre las personas arrestadas en esta oportunidad, se encontraba nuevamente el dirigente campesino Marcelino Corazón Medina, que había sido detenido en septiembre de 1985. Además fueron detenidos en esta ocasión el Sr. Adriano Yegros y el estudiante y miembro del PLRA, Sr. Albert Alderete y brutalmente golpeados los representantes de la CLAT y la CMT, Sres. Dante Oberlín y Alfredo Ferraresi. Asimismo, el 2 de mayo de 1986 fue arrestado el Presidente de la Asociación de Médicos del Hospital de Clínicas, Dr. Carlos Filizzola, según se denunció, para tratar de intimidarlo y de ponerle término a la huelga que por varios días de duración se desarrolló en dicha organización en la demanda de aumentos salariales.

Debe destacarse que en la mayoría de los casos relacionados se observó que la modalidad de las detenciones fueron por unas pocas horas o escasos días al cabo de los que las personas detenidas fueron liberadas o puestas a disposición de las correspondientes autoridades judiciales.

Por otra parte, según se manifestó por los denunciantes, las autoridades policiales y parapoliciales actuaron con injustificada violencia al reprimir y disolver a los grupos de manifestantes, disparando sus armas prácticamente sobre las cabezas de los participantes, golpeándolos con manoplas, cachiporras y las culatas de sus fusiles, así como con cañones que disparaban fuertes chorros de agua y utilizando gases lacrimógenos extraordinariamente potentes y asfixiantes.

En lo que respecta a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento, además de la práctica de la autocensura, tales libertades han continuado desenvolviéndose dentro de severas restricciones y de un creciente ambiente de detenciones, amenazas, e intimidaciones a los periodistas, editores y directores de los periódicos, radioemisoras y agencias noticiosas.

Se acaban de cumplir dos años y medio de la clausura del Diario "ABC-Color", la suspensión de cuya impresión y distribución "por tiempo indeterminado" fue decretada por Resolución No. 227 de Ministro del Interior, Sabino A. Montanaro, el 22 de marzo de 1984, sin que a pesar de todas las gestiones realizadas se vislumbren las más mínimas posibilidades para su reapertura en un futuro cercano. Asimismo, ha continuado el hostigamiento a muchos de sus antiguos reporteros, los que actualmente desarrollan sus actividades en otros órganos de la prensa radial y escrita. A su Director-Propietario, el Sr. Aldo Zucolillo, según denunció públicamente, se le detuvo nuevamente el 4 de noviembre de 1985, esta vez sólo por espacio de unas 10 horas, tras citación de la "Dirección de Investigaciones", a su regreso de New York, donde acababa de recibir el premio periodístico "María Moors Cabot" en la Universidad de Columbia, por su contribución a la libertad de prensa. De acuerdo al comunicado oficial del Gobierno, las declaraciones que hiciera al recibir el premio constituyeron una incitación a la subversión como método de cambiar la estructura política del país. Por su parte, el Jefe de Policía, general Francisco Brites Borges, al comunicarle que se le dejaba en libertad, le "aconsejó" que abandonara el país si no estaba de acuerdo con el Gobierno del Presidente Stroessner.

La Radio-Ñandutí, acusada de contribuir a creas la "discordia social" fue clausurada nuevamente en enero de 1986. Esta vez la suspensión duró sólo 15 días. Su Director, Humberto Rubín, también había sido arrestado en la primera semana de diciembre de 1985, por unas pocas horas, en el Cuartel Central de la Policía de Asunción y advertido por el Director de Departamento de Orden Público, Carlo Schreirer, de que debía cambiar su posición editorial o lo echarían del país. En el mes de abril de 1986 Rubín denunció la negación de la policía a darle protección tras repetidas amenazas de muerte formuladas contra él, su familia y los colaboradores de su radio. Voceros oficiales habían acusado a la emisora como responsable de las manifestaciones callejeras ocurridas en las últimas semanas, y en la madrugada del 30 de abril, una horda de medio centenar de simpatizantes del Gobierno atacaron a pedradas la fachada del edificio de la radio disparando al aire armas de fuego a los gritos de "abajo el comunismo" y "muera el barbudo marxista" (aludiendo al Director, Rubín) destruyendo casi todas sus vidrieras exteriores. A los pocos días, el sábado 3 de mayo, otro grupo, compuesto esta vez de unas cinco personas armadas y enmascaradas, asaltó de nuevo la Radio-Ñandutí, destruyendo su planta y equipos transmisores y robándose parte de los mismos y el lunes 5 de mayo, la radioemisora amaneció sin comunicaciones, con todos sus teléfonos cortados. Posteriormente, la emisora ha sido objeto de constantes interrupciones debidas a "interferencias radiales" habiéndosele también prohibido difundir informaciones o comentarios críticos sobre el Gobierno. Su Director anunció públicamente que no solamente por ello sino también porque se estaba obligando a los comerciantes a retirarle sus anuncios, se preveía como prácticamente inevitable el cierre de la emisora.

Entre otros ataques y hostigamientos contra la prensa y sus representantes que se denunciaron durante este período, cabe mencionar los siguientes: la golpiza de que fueron víctimas Nicolás Arguello y Miguel Angel Arguello, del periódico "La Tarde" y de la Radio-Ñandutí, cuando cubrían una manifestación de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el 24 de abril de 1986; los golpes a los periodistas Osvaldo Fonseca y Roberto Basán, del Canal 13 de Televisión y a Martín Ciccano del "Diario de Noticias" el 2 de abril; los maltratos, vejámenes y detención de José Luis Simón, del Semanario "El Pueblo" órgano publicitario del opositor Partido Revolucionario Febrerista, conjuntamente con cuatro corresponsales de un equipo del Canal Uno de la Televisión estatal germana Nikolas Brender, Peter Wendt, José Antonio Vulín y Eduardo Johnson, así como también del Agregado de Prensa y Cultura de la Embajada de Alemania Occidental, Armir Stever, que los acompañaba, mientras cubrían la manifestación pacífica organizada el 27 de abril por el opositor Partido Liberal Radical Auténtico. Si bien los alemanes fueron liberados unas horas más tarde ese mismo día, devolviéndosele sus equipos (con daños apreciados en unos $40,000) al periodista Simón se le mantuvo bajo arresto e incomunicado por 2 días, antes de liberarlo.

Cabe también mencionar que el 2 de julio el periodista Celso Velásquez de "Radio Charitas", fue detenido por la policía en la ciudad de Villarica durante más de cinco días, sin informarse sobre los motivos de su arresto, mientras que al Director de dicha Radio, Rvdo. P Javier Arancón, sacerdote español, de la Orden de los Franciscanos, quien semanas atrás había sido advertido por el Ministro de Educación y Culto, Carlos Ortíz Ramírez, "que cambiara la línea informativa de la emisora y despidiese al jebe de los locutores, Sr. Guillermo Yaluff si deseaba permanecer en el Paraguay", se le detuvo a su regreso de Argentina en Puerto Falcón, donde le fue incautada toda su documentación paraguaya, obligándosele después a abandonar el país.

En cuanto al derecho de residencia y tránsito, la Comisión hizo constar oportunamente su satisfacción con motivo de la amnistía general decretada en 1983, la que permitió el regreso al Paraguay de los políticos exiliados. Si observa que el Gobierno levantó la prohibición que pesaba sobre dos de los tres únicos casos excepcionados de dicha amnistía: el del Presidente del Partido Demócrata-Cristiana Lic. Luis Alfonso Resck, quien reingresó y ha estado residiendo en el país, sin problema alguno, desde el 20 de abril de 1986, y el del escritor Augusto Roa Bastos.

Sin embargo, a pesar de las reiteradas solicitudes no se ha permitido el reingreso al país del dirigente del PLRA, Domingo Laino, quien en estos momentos es la única figura de la oposición a la que se le mantiene esta prohibición. Igualmente ha seguido negándose arbitrariamente la extensión y entrega del pasaporte a su esposa Doña Rafaela Guanes de Laino. A Laino se le denegó nuevamente "por orden superior" el derecho a entrar al país durante su cuarto intento de regresar a la patria, los días 23 y 24 de diciembre de 1985, por la Zona de Clorinda, Puerto Falcón.

(*) Fue dirigente de los trabajadores gráficos en Argentina, Secretario Nacional de Acción Sindical Argentina (hoy CCAS) y Secretario Ejecutivo de la CLAT para el Cono Sur y para Centroamérica. En la actualidad es Presidente de la Asociación Civil PENSAR- Pensamiento Argentino.