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Rebanadas
de Realidad
- Ciudad de Panamá, 28/06/08.- La
producción caña de azúcar en Panamá impacta directamente sobre 110,996
habitantes de los siete principales distritos productores (Natá, Aguadulce,
Alanje, Santiago, Santa María, Pesé y Ocú), que representan el 3.9%
de la población total del país. Sin embargo, la población influenciada
por la producción de azúcar es todavía mayor si se toma en cuenta a
los migrantes internos que laboran fundamentalmente en la zafra y que
proceden de zonas más alejadas y pobres.
Étnicamente, la
mayoría de las personas recolectoras de la zafra provienen de las zonas
indígenas, perteneciendo a los grupos teribe, gnobe y buglé, conocidos
genéricamente como “guaymíes”, pero que son grupos diferenciados. Ellos
provienen de las regiones montañosas de las provincias de Veraguas,
Chiriquí y Bocas del Toro, donde está ubicada la recientemente creada
Comarca Ngobe-Buglé. En estas regiones las estimaciones de pobreza y
pobreza extrema sobrepasan el 90 por ciento de la población. Los trabajadores
permanentes de los ingenios suelen provenir de las mismas zonas en que
están ubicados los ingenios, y culturalmente son mestizos o hispanos,
con un nivel de vida y académico un poco mejor.
La clase trabajadora
del sector cañero, según las cifras oficiales, en los cuatro ingenios
dedicados a la producción de azúcar, alcanzan las 1,500 personas, la
mayor parte del año, y se elevan a otros 8,000 aproximadamente, en períodos
de zafra. Si agregamos a los 181 productores independientes de caña
de azúcar, los empleos permanentes del sector alcanzan a los 4,500 trabajadores,
percibiendo jornales por un monto de US$ 8 millones.
En términos generales,
la proporción por sexo de los y las trabajadores cañeros es de 9 hombres
por cada mujer, tanto entre los permanentes, como en la zafra. Entre
los primeros las mujeres se ocupan mayormente de labores de oficina
o en las empacadoras de azúcar refinada. En la zafra, los hombres se
encargan del corte, mientras las trabajadoras, en algunos ingenios,
van detrás de las cuadrillas recogiendo y amontonando las cañas para
ser izadas por los “Graps” (máquinas con brazos hidráulicos) que las
echan en los camiones o se concentran en las empacadoras de azúcar refinada.
En Panamá existen
cuatro grandes ingenios de azúcar: Compañía Azucarera La Estrella ,
S.A. (CALESA) con sede en Natá, Azucarera Nacional S.A. con sede en
Aguadulce, Central Azucarero La Victoria , S.A. ubicado en Santiago
de Veraguas y Central Azucarera de Alanje S.A (CADASA), de Alanje provincia
de Chiriquí. Existen otros dos ingenios dedicados exclusivamente a la
producción de licores: Varela Hermanos, que produce “Seco Herrerano”
en Pesé, y el de la familia Tribaldos en Alanje, que produce la marca
de ron “Carta Vieja”.
A los Censos Económicos
de 2001, los cuatro ingenios reportaron 1,575 asalariados permanentes,
de los cuales 1,424 (90.4%) eran hombres y 151 mujeres (9.6%). En este
caso debe entenderse por permanentes a quienes laboran en el ingenio
todo el año, a diferencia de los trabajadores estacionales de la zafra
y la siembra.
De ese total, se
clasificaron como “administradores, empleados de oficina, profesionales
y técnicos” a 529 empleados/as, 388 hombres (73.3%) y 141 mujeres (26.7%),
que recibieron en conjunto salarios por US$ 500,680 mensuales, para
una media salarial de US$ 946.46.
Se clasificaron
como “vendedores” 16 empleados/as, 15 hombres y 1 mujer, que recibieron
salarios mensuales por US$ 11,111, con una media salarial de US$ 694.44
. Se reportaron 35 “conductores”, todos varones, con salarios totales
por US$ 12,300 mensuales, con una media salarial de US$ 351.43. Como
“operarios y obreros” se registraron 995 personas, 986 hombres (99%)
y 9 mujeres (1%), con salarios por US$ 437,935 mensuales, para una media
salarial de US$ 440.13.
Respecto a los salarios,
tenemos que los trabajadores permanentes, considerados como agroindustriales,
reciben un salario mínimo legal que, al año 2003, oscilaba entre US$
0.98 y 1.26 la hora. En cambio, quienes laboran en el corte y siembra
son considerados como trabajadores agrícolas, y la ley de salario mínimo
les fija un sueldo inferior que, a 2003, oscilaba entre US$ 0.82 y 0.87
por hora.
Durante la zafra
se paga a las personas que trabajan por el volumen de lo que cortan,
y los sueldos varían de un ingenio a otro, pagándose en la mayoría de
los casos por surco cortado, considerando la calidad de la caña en el
respectivo surco. Una modalidad ejemplar de esta forma de pago la encontramos
en el Convenio Colectivo de la empresa CALESA, la cual determina una
escala que va, desde un surco que rinde 60 t.c/ha., a US$ 1.43 por surco,
con un incentivo de 0.36 centavos por más de 3 surcos cortados, para
totalizar US$ 1.79 por surco; hasta un surco que rinda más de 120t.c./ha.,
pagada a US$ 2.63 por surco más un incentivo de 0.57 centavos por más
de tres surcos cortados que totalizarían US$ 3.20 por surco.
Por el contrario,
en el ingenio de Pesé (Varela Hermanos) se paga por tonelada cortada
y puesta en los vagones de transporte a una cuadrilla de trabajadores
comandada por un jefe. En este caso se paga a US$ 4.50 la tonelada a
la cuadrilla, pudiendo un trabajador experto cortar entre 3 y 4 toneladas
diarias, y una cuadrilla hasta 60 toneladas diarias.
Una visión más precisa
de los ingresos de los trabajadores de la caña de azúcar la obtenemos
de los Censos de Población y Vivienda del año 2000. De acuerdo al Censo,
en las cuatro provincias productoras se reportaron 3,414 trabajadores
de esta rama, de los cuales 3,198 eran hombres y 216 mujeres. De ellos,
el 13.1% de los hombres y el 11.6% de las mujeres declararon ingresos
inferiores a US$ 100.00 mensuales; el 81.7% de los hombres y el 61.1%
de las mujeres declaró salarios menores a US$ 400.00 mensuales; el 29.6%
de los hombres y el 13.75 de las mujeres declaró ingresos entre 400
y 900 dólares mensuales; el 2.6% de los hombres y el 3.7% de las mujeres
tuvo ingresos superiores a los US$ 1,000.00 mensuales.
La república de
Panamá es signataria del Convenio 110, de la Organización Internacional
del Trabajo, “relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores
de las plantaciones”. El Convenio 110 de la OIT establece los derechos
y garantías mínimos que este tipo de empresas deben dar a sus trabajadores,
desde procedimientos de reclutamiento, condiciones sanitarias, salarios,
derecho de sindicalización, convención colectiva, etc.
En segundo lugar,
hay que tener presente que muchos de esos derechos laborales han sido
mermados, a partir de los años ochenta, con las reformas laborales de
inspiración neoliberal, exigidas por los organismos internacionales
de crédito.
Estas reformas,
que han sido múltiples, han puesto en entredicho los derechos laborales
garantizados por éste y casi todos los Convenios de OIT, que el país
ha ratificado, creando una situación de inseguridad jurídica para los
trabajadores. En los casos en que aún se encuentran vigentes estos derechos,
y debidamente desarrollados por el Código de Trabajo, la ausencia de
controles o las malas prácticas de los funcionarios encargados de su
fiscalización, llevan a una merma real de esos derechos.
Un registro sobre
organizaciones sindicales, de la Dirección de Organizaciones Sociales
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), establece
que existen seis sindicatos en el sector cañero: Sindicato de Trabajadores
de la Caña (SITACA), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria
Agropecuaria , Ganadería, Leche y Similares (SINATIAGLS), Sindicato
de Trabajadores de la Caña , el Alcohol y sus Derivados (SITRACAYD),
Unión de Trabajadores de la Caña y sus Derivados (UNITRACD), Sindicato
de Trabajadores del Azúcar, Derivados y Afines (SITADA) y Unión de Trabajadores
del Central Azucarero La Victoria (UTRACALV).
La participación
femenina en la actividad sindical está influida por la propia estructura
laboral, en la que la proporción de mujeres en el sector es mucho menor
a la de los hombres. Lo positivo es que todos los sindicatos reportaron
participación de mujeres, tanto como afiliadas como en las juntas directivas.
Lo negativo es que ellas suelen ocupar roles secundarios, en ningún
caso ocupan la cabeza de los gremios, ni las secretarías con mayor peso.
La mayoría de las veces se las encasilla en secretarías consideradas
“propias de mujeres”, como: actas y archivos, finanzas o “asuntos femeninos”,
en los casos en que exista este último cargo.
Los principales
dirigentes sindicales del sector afirman que, a partir de los últimos
10 años, se ha controlado el trabajo infantil y familiar en esta rama
productiva, gracias al endurecimiento de la legislación y a las campañas
públicas de diversos organismos de derechos humanos.
Los dos principales
problemas de los que se quejan los dirigentes sindicales son: salarios
y estabilidad. Las últimas convenciones colectivas de inicios de la
presente década no consignaron mejoras salariales. En algunos casos
apenas se mantuvieron los salarios precedentes, en otros casos se perdieron
algunos derechos colaterales como bonificaciones.
El problema de la
estabilidad laboral viene dado por las reformas al Código laboral que
han permitido la flexibilización. La reforma laboral de 1995 abarató
el proceso de despido en favor de los patrones, que ahora sólo tienen
que pagar como máximo tres meses de indemnización por despido injustificado.
Esto afecta principalmente a los trabajadores permanentes de la agroindustria.
La reforma laboral de 1986, por su parte, impide que los trabajadores
de la zafra sean considerados permanentes al clasificarlos como “trabajadores
agrícolas”. Incluso se les niega el derecho a la sindicalización y al
beneficio de la Convención Colectiva de trabajo.
Se reportan pocos
accidentes laborales. Cuando los hay se trata de cortes producto del
machete. Pero causa especial preocupación el manejo inadecuado de los
agroquímicos. Pese a que las empresas están obligadas a proporcionar
equipo de trabajo de protección, parece haber un déficit en la educación
de los trabajadores respecto a cómo manipularlos. Algunas comunidades
han denunciado el rociamiento indiscriminado con avionetas que afecta
la salud de las comunidades, como se verá en el cuerpo de la investigación.
Un estudio reciente
evidenció que los trabajadores permanentes de los ingenios tienen un
mayor grado de escolaridad que los empleados de la zafra. En este sentido,
declararon no tener ninguna escolaridad el 3.1% de los trabajadores
de la zafra, mientras que ninguno de los permanentes se encontró en
esta situación. Ninguna mujer se encontró en esta situación en la que
estaban el 3% de los varones.
Con primaria incompleta
encontramos al 18.1% de los trabajadores de la zafra, entre ellos el
19% de los varones y ninguna mujer; frente al 3.5% del ingenio, ninguna
mujer y 4% de los varones. Con primaria completa se registró el 58%
de quienes laboran la zafra, 60% de los varones y 34% de las mujeres;
frente al 26.6% del ingenio, 30% de los hombres y 8% de las mujeres.
Con secundaria incompleta
apareció el 13.5% de los trabajadores de la zafra, 12% de los hombres
y 42% de las mujeres; estaban en esta situación el 19.1% de empleados
del ingenio, 21% varones y 8% de las mujeres. Con secundaria completa
sólo la tenían el 4.7% de los empleados de la zafra, 4.5% entre los
hombres y 8% entre las mujeres; en el ingenio, 32.4% tiene secundaria
completa, 26% de los hombres y 68% de las mujeres.
Con formación técnica
sólo se reportó el 0.5% de la zafra y el 8.7% del ingenio, todos hombres
y ninguna mujer. Mientras que con algún nivel de estudios universitarios
sólo se estuvo el 1.6% de los empleados de la zafra, frente al 9.2%
de los empleados permanentes de los ingenios. De estos últimos, 8.4%
de los hombres y 16% de la mujeres.
Se evidencia que,
en términos generales, las mujeres disfrutan de una formación académica
un poco mayor. Por supuesto, hay que tener presente que, por el tipo
de trabajo, participan pocas mujeres y la mayoría se las ubica en labores
de oficina que requieren un mínimo de formación.
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