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PANAMÁ

Situación laboral y social de los trabajadores de la caña

Por Olmedo Beluche (*)

Artículos de Olmedo Beluche editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Ciudad de Panamá, 28/06/08.- La producción caña de azúcar en Panamá impacta directamente sobre 110,996 habitantes de los siete principales distritos productores (Natá, Aguadulce, Alanje, Santiago, Santa María, Pesé y Ocú), que representan el 3.9% de la población total del país. Sin embargo, la población influenciada por la producción de azúcar es todavía mayor si se toma en cuenta a los migrantes internos que laboran fundamentalmente en la zafra y que proceden de zonas más alejadas y pobres.

Étnicamente, la mayoría de las personas recolectoras de la zafra provienen de las zonas indígenas, perteneciendo a los grupos teribe, gnobe y buglé, conocidos genéricamente como “guaymíes”, pero que son grupos diferenciados. Ellos provienen de las regiones montañosas de las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, donde está ubicada la recientemente creada Comarca Ngobe-Buglé. En estas regiones las estimaciones de pobreza y pobreza extrema sobrepasan el 90 por ciento de la población. Los trabajadores permanentes de los ingenios suelen provenir de las mismas zonas en que están ubicados los ingenios, y culturalmente son mestizos o hispanos, con un nivel de vida y académico un poco mejor.

La clase trabajadora del sector cañero, según las cifras oficiales, en los cuatro ingenios dedicados a la producción de azúcar, alcanzan las 1,500 personas, la mayor parte del año, y se elevan a otros 8,000 aproximadamente, en períodos de zafra. Si agregamos a los 181 productores independientes de caña de azúcar, los empleos permanentes del sector alcanzan a los 4,500 trabajadores, percibiendo jornales por un monto de US$ 8 millones.

En términos generales, la proporción por sexo de los y las trabajadores cañeros es de 9 hombres por cada mujer, tanto entre los permanentes, como en la zafra. Entre los primeros las mujeres se ocupan mayormente de labores de oficina o en las empacadoras de azúcar refinada. En la zafra, los hombres se encargan del corte, mientras las trabajadoras, en algunos ingenios, van detrás de las cuadrillas recogiendo y amontonando las cañas para ser izadas por los “Graps” (máquinas con brazos hidráulicos) que las echan en los camiones o se concentran en las empacadoras de azúcar refinada.

En Panamá existen cuatro grandes ingenios de azúcar: Compañía Azucarera La Estrella , S.A. (CALESA) con sede en Natá, Azucarera Nacional S.A. con sede en Aguadulce, Central Azucarero La Victoria , S.A. ubicado en Santiago de Veraguas y Central Azucarera de Alanje S.A (CADASA), de Alanje provincia de Chiriquí. Existen otros dos ingenios dedicados exclusivamente a la producción de licores: Varela Hermanos, que produce “Seco Herrerano” en Pesé, y el de la familia Tribaldos en Alanje, que produce la marca de ron “Carta Vieja”.

A los Censos Económicos de 2001, los cuatro ingenios reportaron 1,575 asalariados permanentes, de los cuales 1,424 (90.4%) eran hombres y 151 mujeres (9.6%). En este caso debe entenderse por permanentes a quienes laboran en el ingenio todo el año, a diferencia de los trabajadores estacionales de la zafra y la siembra.

De ese total, se clasificaron como “administradores, empleados de oficina, profesionales y técnicos” a 529 empleados/as, 388 hombres (73.3%) y 141 mujeres (26.7%), que recibieron en conjunto salarios por US$ 500,680 mensuales, para una media salarial de US$ 946.46.

Se clasificaron como “vendedores” 16 empleados/as, 15 hombres y 1 mujer, que recibieron salarios mensuales por US$ 11,111, con una media salarial de US$ 694.44 . Se reportaron 35 “conductores”, todos varones, con salarios totales por US$ 12,300 mensuales, con una media salarial de US$ 351.43. Como “operarios y obreros” se registraron 995 personas, 986 hombres (99%) y 9 mujeres (1%), con salarios por US$ 437,935 mensuales, para una media salarial de US$ 440.13.

Respecto a los salarios, tenemos que los trabajadores permanentes, considerados como agroindustriales, reciben un salario mínimo legal que, al año 2003, oscilaba entre US$ 0.98 y 1.26 la hora. En cambio, quienes laboran en el corte y siembra son considerados como trabajadores agrícolas, y la ley de salario mínimo les fija un sueldo inferior que, a 2003, oscilaba entre US$ 0.82 y 0.87 por hora.

Durante la zafra se paga a las personas que trabajan por el volumen de lo que cortan, y los sueldos varían de un ingenio a otro, pagándose en la mayoría de los casos por surco cortado, considerando la calidad de la caña en el respectivo surco. Una modalidad ejemplar de esta forma de pago la encontramos en el Convenio Colectivo de la empresa CALESA, la cual determina una escala que va, desde un surco que rinde 60 t.c/ha., a US$ 1.43 por surco, con un incentivo de 0.36 centavos por más de 3 surcos cortados, para totalizar US$ 1.79 por surco; hasta un surco que rinda más de 120t.c./ha., pagada a US$ 2.63 por surco más un incentivo de 0.57 centavos por más de tres surcos cortados que totalizarían US$ 3.20 por surco.

Por el contrario, en el ingenio de Pesé (Varela Hermanos) se paga por tonelada cortada y puesta en los vagones de transporte a una cuadrilla de trabajadores comandada por un jefe. En este caso se paga a US$ 4.50 la tonelada a la cuadrilla, pudiendo un trabajador experto cortar entre 3 y 4 toneladas diarias, y una cuadrilla hasta 60 toneladas diarias.

Una visión más precisa de los ingresos de los trabajadores de la caña de azúcar la obtenemos de los Censos de Población y Vivienda del año 2000. De acuerdo al Censo, en las cuatro provincias productoras se reportaron 3,414 trabajadores de esta rama, de los cuales 3,198 eran hombres y 216 mujeres. De ellos, el 13.1% de los hombres y el 11.6% de las mujeres declararon ingresos inferiores a US$ 100.00 mensuales; el 81.7% de los hombres y el 61.1% de las mujeres declaró salarios menores a US$ 400.00 mensuales; el 29.6% de los hombres y el 13.75 de las mujeres declaró ingresos entre 400 y 900 dólares mensuales; el 2.6% de los hombres y el 3.7% de las mujeres tuvo ingresos superiores a los US$ 1,000.00 mensuales.

La república de Panamá es signataria del Convenio 110, de la Organización Internacional del Trabajo, “relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones”. El Convenio 110 de la OIT establece los derechos y garantías mínimos que este tipo de empresas deben dar a sus trabajadores, desde procedimientos de reclutamiento, condiciones sanitarias, salarios, derecho de sindicalización, convención colectiva, etc.

En segundo lugar, hay que tener presente que muchos de esos derechos laborales han sido mermados, a partir de los años ochenta, con las reformas laborales de inspiración neoliberal, exigidas por los organismos internacionales de crédito.

Estas reformas, que han sido múltiples, han puesto en entredicho los derechos laborales garantizados por éste y casi todos los Convenios de OIT, que el país ha ratificado, creando una situación de inseguridad jurídica para los trabajadores. En los casos en que aún se encuentran vigentes estos derechos, y debidamente desarrollados por el Código de Trabajo, la ausencia de controles o las malas prácticas de los funcionarios encargados de su fiscalización, llevan a una merma real de esos derechos.

Un registro sobre organizaciones sindicales, de la Dirección de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), establece que existen seis sindicatos en el sector cañero: Sindicato de Trabajadores de la Caña (SITACA), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria , Ganadería, Leche y Similares (SINATIAGLS), Sindicato de Trabajadores de la Caña , el Alcohol y sus Derivados (SITRACAYD), Unión de Trabajadores de la Caña y sus Derivados (UNITRACD), Sindicato de Trabajadores del Azúcar, Derivados y Afines (SITADA) y Unión de Trabajadores del Central Azucarero La Victoria (UTRACALV).

La participación femenina en la actividad sindical está influida por la propia estructura laboral, en la que la proporción de mujeres en el sector es mucho menor a la de los hombres. Lo positivo es que todos los sindicatos reportaron participación de mujeres, tanto como afiliadas como en las juntas directivas. Lo negativo es que ellas suelen ocupar roles secundarios, en ningún caso ocupan la cabeza de los gremios, ni las secretarías con mayor peso. La mayoría de las veces se las encasilla en secretarías consideradas “propias de mujeres”, como: actas y archivos, finanzas o “asuntos femeninos”, en los casos en que exista este último cargo.

Los principales dirigentes sindicales del sector afirman que, a partir de los últimos 10 años, se ha controlado el trabajo infantil y familiar en esta rama productiva, gracias al endurecimiento de la legislación y a las campañas públicas de diversos organismos de derechos humanos.

Los dos principales problemas de los que se quejan los dirigentes sindicales son: salarios y estabilidad. Las últimas convenciones colectivas de inicios de la presente década no consignaron mejoras salariales. En algunos casos apenas se mantuvieron los salarios precedentes, en otros casos se perdieron algunos derechos colaterales como bonificaciones.

El problema de la estabilidad laboral viene dado por las reformas al Código laboral que han permitido la flexibilización. La reforma laboral de 1995 abarató el proceso de despido en favor de los patrones, que ahora sólo tienen que pagar como máximo tres meses de indemnización por despido injustificado. Esto afecta principalmente a los trabajadores permanentes de la agroindustria. La reforma laboral de 1986, por su parte, impide que los trabajadores de la zafra sean considerados permanentes al clasificarlos como “trabajadores agrícolas”. Incluso se les niega el derecho a la sindicalización y al beneficio de la Convención Colectiva de trabajo.

Se reportan pocos accidentes laborales. Cuando los hay se trata de cortes producto del machete. Pero causa especial preocupación el manejo inadecuado de los agroquímicos. Pese a que las empresas están obligadas a proporcionar equipo de trabajo de protección, parece haber un déficit en la educación de los trabajadores respecto a cómo manipularlos. Algunas comunidades han denunciado el rociamiento indiscriminado con avionetas que afecta la salud de las comunidades, como se verá en el cuerpo de la investigación.

Un estudio reciente evidenció que los trabajadores permanentes de los ingenios tienen un mayor grado de escolaridad que los empleados de la zafra. En este sentido, declararon no tener ninguna escolaridad el 3.1% de los trabajadores de la zafra, mientras que ninguno de los permanentes se encontró en esta situación. Ninguna mujer se encontró en esta situación en la que estaban el 3% de los varones.

Con primaria incompleta encontramos al 18.1% de los trabajadores de la zafra, entre ellos el 19% de los varones y ninguna mujer; frente al 3.5% del ingenio, ninguna mujer y 4% de los varones. Con primaria completa se registró el 58% de quienes laboran la zafra, 60% de los varones y 34% de las mujeres; frente al 26.6% del ingenio, 30% de los hombres y 8% de las mujeres.

Con secundaria incompleta apareció el 13.5% de los trabajadores de la zafra, 12% de los hombres y 42% de las mujeres; estaban en esta situación el 19.1% de empleados del ingenio, 21% varones y 8% de las mujeres. Con secundaria completa sólo la tenían el 4.7% de los empleados de la zafra, 4.5% entre los hombres y 8% entre las mujeres; en el ingenio, 32.4% tiene secundaria completa, 26% de los hombres y 68% de las mujeres.

Con formación técnica sólo se reportó el 0.5% de la zafra y el 8.7% del ingenio, todos hombres y ninguna mujer. Mientras que con algún nivel de estudios universitarios sólo se estuvo el 1.6% de los empleados de la zafra, frente al 9.2% de los empleados permanentes de los ingenios. De estos últimos, 8.4% de los hombres y 16% de la mujeres.

Se evidencia que, en términos generales, las mujeres disfrutan de una formación académica un poco mayor. Por supuesto, hay que tener presente que, por el tipo de trabajo, participan pocas mujeres y la mayoría se las ubica en labores de oficina que requieren un mínimo de formación.

Nota:

Este artículo es un extracto de la investigación Diagnóstico de la situación y condición de la agroindustria de la caña de azúcar en Panamá, realizado para ASEPROLA-ILRF, en febrero de 2005.

(*) Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y Secretario General del PAP.