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PANAMÁ

¿Seguridad para quién?

Por Olmedo Beluche (*)

Artículos de Olmedo Beluche editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Ciudad de Panamá, 07/08/08.- El gobierno nacional ha dado a conocer un paquete de cinco decretos-ley por los cuales se pretende reorganizar las fuerzas de seguridad del país. Los decretos son justificados en función de la “seguridad ciudadana”, promesa de campaña del presidente Torrijos, de la que poco se ha cumplido en casi cinco años. ¿Podrán estas medidas superar el fracaso actual en esa materia?

No somos parte de aquellos han hecho un principio oponerse a todo desarrollo militar en nombre del “civilismo”. Fuerzas Armadas no necesariamente son sinónimo de militarismo, siempre y cuando estén sujetas a las leyes y la constitución. Para que un país sea plenamente soberano debe poseer las armas propias que garanticen su soberanía. Por ello nos opusimos a la reforma constitucional promovida por Endara que prohíbe un ejército panameño mientras que hipócritamente permitía a las tropas norteamericanas hacer de las suyas en nuestro territorio.

La pregunta es si estas reformas obedecen a un proyecto nacional, o si en realidad son una pieza en el rompecabezas de intereses norteamericanos. Si fuera la primera opción, el gobierno del PRD tendría que empezar por repudiar el Convenio Salas-Beker que permite a los guardacostas de Estados Unidos patrullar nuestro mar territorial y espacio aéreo. Pero no lo han hecho.

¿Será mera casualidad que estos proyectos cobran fuerza bajo el influjo del Plan Mérida y la creación de la IV Flota norteamericana? ¿A qué viajó el ministro Delgado Diamante a EE UU poco antes de presentar estos proyectos? ¿Qué garantías hay de que no volverán las bases militares a Panamá tan pronto se desmantele la de Manta en Ecuador el próximo año?

Mucho del contenido de los decretos es inobjetable. ¿Quién se va a oponer a una organización más eficiente o una carrera de los servidores públicos relacionados con la seguridad? Incluso que el jefe de la Policía tenga formación militar no debe ser un problema. Además ya se demostró que no hace mucha diferencia el actual Director respecto al anterior en esa materia. Pues el problema de la seguridad ciudadana no se resolverá sólo con represión, como ya está probado, sino cambiando la sociedad que es cada día más inequitativa e injusta.

Lo que es inadmisible es que el proyecto de Consejo de Seguridad Pública y del Servicio de Inteligencia pretenda estar por encima de las leyes y la constitución, creando una policía política contra los opositores, sin ningún tipo de control social. Ahí está el problema central. El artículo 4, numeral 2, de dicho proyecto incluye entre las funciones de esa institución vigilar las “actividades que puedan alterar el orden público y la tranquilidad”. Esta redacción nos incluye a todos (sindicalistas, estudiantes, opositores) que pretendamos protestar por cualquier medida.

Lo peor es que el llamado Sistema de Inteligencia podrá espiarnos a todos, incluso violando el derecho a la privacidad de las conversaciones, que consagra la Constitución (art. 29). El artículo 11 del proyecto incluso habla de “neutralizar” lo que juicio unilateral de este organismo considere un peligro para el orden constitucional, una protesta por ejemplo.

Luego se declaran todas sus actuaciones como secretas y delito referirse públicamente a ellas. Por todo “control social” a este organismo, el decreto se refiere una autorización secreta del presidente de la Corte , nombrado por el Presidente de la República , y una fiscalización secreta de una comisión legislativa. Es decir, si un ciudadano se considera víctima de una persecución no puede ni siquiera denunciarlo, ni probarlo, ni ningún medio comunicarlo. ¿No es esto abuso de poder?

Esto parece la reencarnación de la “Secreta” de los tiempos macartistas de Remón Cantera. ¡Repudiémoslo!

(*) Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y Secretario General del Partido Alternativa Popular (PAP).