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Rebanadas
de Realidad
- Ciudad de Panamá, 21/10/09.-
Panamá ha tenido importantes avances en su régimen democrático en los
últimos veinte años, pero también es cierto que las últimas elecciones
expusieron las debilidades del sistema político en toda su crudeza.
Ya señalamos en un artículo anterior que Panamá posee un régimen de
partidos más antidemocrático y restrictivo que México, Colombia y Costa
Rica.
Queremos referirnos
al problema de los medios de comunicación y los procesos electorales,
materia en la que se requieren también reformas si queremos preservar
estándares democráticos mínimos. A juicio de muchos, los últimos comicios
se caracterizaron por campañas sucias, desinformación maliciosa, parcialidad
de la mayoría de los comunicadores y de los medios de comunicación,
poniendo en jaque su propia credibilidad ante la opinión pública. Situación
que, de no corregirse a futuro pone en riesgo las conquistas democráticas
del país.
El problema reviste
diversos niveles: desde la falta de un Pacto Ético entre los propios
candidatos; pasando por gastos millonarios en publicidad; hasta llegar
a la parcialidad de los directores de los medios de comunicación. La
ausencia del Pacto Ético permitió que la publicidad se centrara sobre
cualquier aspecto de la vida personal, con cuñas que muchas veces rayaban
en el insulto, inclusive con uso de imágenes no autorizadas.
Por otro lado, la
legislación regula los fondos públicos para campañas electorales, pero
no los financiamientos privados, salvo la estipulación que obliga a
entregar la lista de donantes al Tribunal Electoral, información que
no se hace pública. Es imposible conocer cuánto recibieron los candidatos
de fuentes privadas, ni cómo se gastaron.
Toda información
concreta al respecto constituye un tabú. Pero prevalece el comentario
de que un candidato a diputado debe disponer al menos de US $ 200,000
para aspirar, no ganar. ¿Cuántos millones se necesitan para ser presidente
de la República?
Estos gastos pueden
incluir desde movilización, alimentación, volantes; pero una proporción
creciente se va en pago de publicidad a los medios. A este respecto,
la legislación carece de regulación y los medios fijan el precio de
las pautas a su arbitrio. Las implicaciones para la democracia de esta
situación es grave, ya que impone un sesgo de clase a los candidatos,
porque el que no tiene para pagar, no podrá hacer publicidad, no será
conocido y, por ende, no será elegido.
Adicional a los
costes publicitarios, cabría reflexionar sobre el problema de si los
medios de comunicación son neutrales, simples transmisores de información,
o se han convertido en protagonistas que se pueden parcializar. Creo
que le manejo del caso Murcia es diciente al respecto.
Se requiere que
la reforma electoral próxima regule sobre estas materias y no vemos
otra opción que: el establecimiento de un tope máximo a las contribuciones
privadas, la compra del espacio publicitario por el Tribunal Electoral
para que éste lo reparta equitativamente entre los aspirantes, y la
obligatoriedad de una ética de las campañas.
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