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Rebanadas
de Realidad
- Ciudad de Panamá, 25/06/10.-
La
Comisión Nacional de Reformas Electorales se encuentra discutiendo el
tema de los topes para financiamientos privados de las campañas electorales.
En ese marco el Tribunal Electoral ha presentado una serie de informes
y estudios que prueban lo que hemos venido señalando desde hace tiempo:
la democracia panameña está secuestrada por el poder del dinero, por
ende, ha degenerado en una plutocracia, fuente de todos los escándalos
de corrupción e imposiciones antipopulares.
En ese sentido,
el pasado 17 de junio, el magistrado Gerardo Solís, que preside la comisión,
señaló que en las elecciones de 2009: “Un País para Todos, Balbina Herrera
declaró que su campaña costó 8.3 millones de dólares, y Alianza por
el Cambio, Ricardo Martinelli declaró que su campaña costó 18.9 millones
de dólares”. Además agregó que un candidato a alcalde, sin identificar,
gastó 250,000 balboas, que varios candidatos a diputado de diversos
circuitos y partidos, declararon sumas superiores a 200,000 dólares
en sus campañas.
Estas cifras indican
que no estamos eligiendo “a los mejores”, sino a los que más plata tienen
para gastar en una campaña electoral. Para poder competir se debe ser
millonario, o estar financiado por alguno. La consecuencia lógica es
la política como negocio: se invierte en ella, para sacar algo a cambio:
favores, nombramientos, licitaciones, etc. Entonces ya podemos entender
por qué actúan como la hacen gobernantes y diputados.
Irónicamente, siendo
la intención de la reforma establecer topes a los gastos de campaña
y a las donaciones privadas, tope que hoy no existe, la propuesta que
hacen los magistrados del Tribunal Electoral es escandalosa. Proyectando
un crecimiento del Presupuesto de Inversiones del Estado del 68% y del
padrón electoral del 11%, estiman que en 2014 el Financiamiento Público
a los partidos políticos será de 54 millones de balboas y, si el tope
a las donaciones privadas se establece en el 40% de éste, llegará a
21 millones por cada candidato presidencial (ojo), con un costo estimado
de B/. 9.20 por elector.
Como voceros en
esta comisión del Partido Alternativa Popular nos toca repudiar completamente
estos criterios, los cuales implican la legitimación de una democracia
secuestrada por los millonarios. Una verdadera democracia no puede depender
de que sólo se postulen y tengan opción los que tienen millones para
gastar, sino los que tienen una propuesta coherente de desarrollo para
el país.
Uno de los tantos
criterios que hemos propuesto, y que lamentablemente no se han aceptado,
para restablecer una democracia sana, equitativa y participativa son:
que el Tribunal Electoral sea el único que contrate los espacios publicitarios
en los medios de comunicación y los reparta equitativamente, abaratando
incluso el financiamiento público; un tope máximo a las donaciones privadas
de 10,000 balboas por persona y un tope global que no exceda de 100
mil a los candidatos presidenciales y de 50 mil a diputados, alcaldes
y representantes.
Corresponde al conjunto
de la sociedad panameña, a las organizaciones de la sociedad civil,
a los gremios y a los sindicatos pronunciarse y exigir reformas profundas
a nuestro sistema político. Les incumbe porque serán sus miembros los
seguirán pagando las consecuencias del sistema plutocrático que se ha
entronizado.
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