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Un estudio indispensable para comprender la crisis social y económica del agro panameño

Por Olmedo Beluche (*)

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Rebanadas de Realidad - Ciudad de Panamá, 01/02/13.- El libro “La fuerza de trabajo en el agro” (“La fuerza de trabajo en el agro. Experiencia de desarrollo capitalista en Panamá”. CELA, 2da. Edición. Panamá, 1990), del panameño Marco A. Gandásegui constituye el primer estudio sociológico en profundidad acerca de la evolución de las relaciones sociales en el campo panameño. Si bien ha habido estudios de diversos alcances sobre la producción agropecuaria, ninguno se propuso un objetivo más totalizante que esta investigación producida por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), cuya primera edición data de 1985, bajo la dirección de la Dra. Carmen Miró. Según la presentación, en la investigación original participaron, además de Gandásegui, William Hughes, Andrés Achong y Félix Mascarín.

La obra, cuya segunda edición revisada data de 1990, consta de 302 páginas y cinco capítulos, ordenados de la siguiente manera: Capítulo I: Subsunción del trabajo en el capital; Capítulo II: Campesino: productor paupérrimo o reserva de trabajo; Capítulo III: Panamá, sociedad de transición; Capítulo IV: La política del gobierno en el sector agrícola; Capítulo V: Requerimientos globales de mano de obra. Además contiene un importante anexo de 36 páginas que aborda un análisis histórico de las luchas sociales en el campo panameño durante los siglos XIX y XX, el surgimiento de las ligas campesinas y las políticas de los partidos socialista y comunista que dirigieron esos conflictos.

El período temporal que analiza “La fuerza de trabajo en el agro” son las décadas de 1960 a 1980, en el que se constatan importantes modificaciones demográficas en el campo (disminución significativa de la población por la migración masiva al área metropolitana) asociada a un crecimiento de la productividad y la producción; contradicción aparente que se explica por una modificación en las relaciones sociales de producción. En el período bajo estudio: “Las relaciones comunitarias o patriarcales fueron reemplazadas por relaciones salariales. El valor del trabajo fue sustituido por el valor de la fuerza de trabajo” (Pág. 8).

Este proceso de transformaciones sociales se produce bajo la influencia del Código Agrario (1962), que establece los criterios del capitalismo panameño para el sector, que, a contramano, encuentra la resistencia social del campesinado en la formación de Ligas Campesinas, forma de autoorganización de los pequeños precaristas para defender el acceso a la tierra; junto con la irrupción de una política social a través de cooperativas de productores, la más importante, la “Juan XXIII”, promovida por la iglesia Católica. Todo ello en la década de 1960, a la que le seguiría la siguiente década bajo el régimen populista de Omar Torrijos, una continuidad de la promoción del sector agroindustrial (con específicas políticas proteccionistas), junto con una política social desde el Estado para tratar de amortiguar las contradicciones en el campo, con la llamada Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos (CONAC).

De la subsunción formal del “campesino paupérrimo” a la subsunción real del proletariado agrícola mal pagado

Para poder explicar el paso del pequeño campesino precarista a semiproletario, o jornalero a medio tiempo para la agroindustria, el primer capítulo aborda un concepto de la teoría marxista: la subsunción formal y la subsunción real del trabajo en el capital (El Capital, Capítulo VI, Inédito. Siglo XXI). Dicho de manera simple, el capital tiene tres formas de explotar o extraer plusvalía del trabajo ajeno (en este caso los productores del campo): la primera, es la explotación indirecta, en la que el productor sigue siendo dueño de sus medios de producción y relativamente autónomo, pero que es sometido a la explotación del gran capital mediante diversos mecanismos, como los préstamos o el control de la comercialización, que le permiten apropiarse de una parte del valor de los producido; la segunda, o subsunción formal, en la que campesino precarista mantiene una pequeña producción pero se ve obligado a vender su fuera de trabajo de manera estacional para completar sus ingresos y requerimientos vitales; la tercera, se refiere al momento propiamente capitalista de las relaciones sociales de producción, cuando el productor ha sido despojado por completo de los medios de producción y se ve obligado a vender su fuerza de trabajo por un salario, aquí estamos ante la subsunción real o directa de la fuerza de trabajo por el capital.

La reflexión teórica anterior sirve de base para responder a la pregunta de si el campesino (precarista), semiproletarizado, es un “productor paupérrimo”, que complementa con un salario temporal los ingresos de una producción agrícola que no le alcanza para satisfacer sus necesidades; o si se trata de un trabajador asalariado, cuyo salario no le alcanza y debe complementarlo con una producción parcial de su parcela. En el primer caso estaríamos ante una persistencia de formas de producción precapitalistas subsumidas indirectamente (formalmente) por el capital; en el segundo, ante una subsunción real o directa bajo un modo de producción predominantemente capitalista.

El predominio de una forma u otra de subsunción se expresa en mercados regionales de trabajo, en las que ambas formas se mezclan en diverso grado dependiendo la penetración que haya alcanzado el capital. “El grado de penetración del capital define cuál es la modalidad predominante” (Pág. 44). Aunque en dinámica se va imponiendo cada vez más la subsunción real, de acuerdo a Gandásegui.

Caída relativa de la agricultura y peso creciente de la agroindustria

Durante el período bajo estudio se observa una disminución creciente de la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto. Mientras que en 1960, el sector agropecuario representaba el 27,1% del PIB; en 1965, había disminuido su participación al 24,8%; y para 1970 al 21%. Tendencia decreciente que se sostuvo en la década siguiente de manera que, para 1975, el peso relativo del sector agropecuario en la economía nacional había bajado al 18,6%.

La década 1960-70, es de un gran dinamismo económico, y el PIB de conjunto creció a un promedio anual del 8,1%. En ese marco general también hubo una expansión de la producción agropecuaria que promedió el 5,3% anual, pero mucho menor que el ritmo de crecimiento de la industria (11,1%) y del conjunto del sector no agrícola de la economía (8,9%), lo cual produjo la ya referida disminución de su peso relativo en el PIB nacional. En esta década, los sectores dinámicos que impulsaron al sector agropecuario fueron: la producción bananera, la caña de azúcar y la ganadería (esta última se incrementó en un notable 62,5%). Esos sectores son los de la agroindustria, principalmente de exportación. Por el contrario, la producción de maíz y frijol de bejuco, centrada en medianos y pequeños productores, se vieron afectadas negativamente.

La década de 1970-77 (fecha límite de estos datos) estuvo marcada por la llamada “crisis del petróleo” con su consiguiente estancamiento de la economía mundial, que afectó a Panamá también. El ritmo de crecimiento del PIB panameño, en la etapa 1970-75, disminuyó a un promedio anual del 3,9%, sostenido por el sector financiero que mantuvo un alto 12,9% anual. En cambio, cayó drásticamente la producción industrial (1,3%) y el sector agropecuario (1,6%). En este período, siguen siendo el banano y la importante expansión de la producción azucarera, con la creación de los ingenios estatales, los motores del sector agropecuario. Aunque también es destacable el incremento de la producción de arroz, concentrada en manos de productores de tamaño intermedio.

En cuanto a las exportaciones panameñas, el sector agropecuario representaba el 69,1% del total en 1960, pero su peso relativo disminuyó al 65,6% en 1970. De esos totales, el banano exportado principalmente por Chiquita Brands, representaba el 89,4% en 1960 y el 87,1% en 1970. Otro porcentaje alto de dichas exportaciones correspondían al azúcar refinada para el mercado norteamericano. Lo cual confirma el peso de la agroindustria en la economía sectorial en detrimento de la mediana y pequeña producción.

En el período 60-70, según Gandásegui: “Se puede decir que hay una leve tendencia hacia la mayor concentración de la tierra disponible por parte de las grandes explotaciones” (Pág. 89). La desigualdad social se aprecia en que, para 1971, el 16,3% de la tierra cultivable se concentra en el 1% de las explotaciones; y, por el contrario, el 51,7% de los agricultores apenas tienen acceso al 3,7% de la tierra cultivable (Pág. 86).

Lo cual también se vio reflejado en una disminución “drástica” de las ventas de sus productos en las pequeñas parcelas, menores a 20 ha. “El número total de las explotaciones disminuyó entre 1961 y 1971, en un 4 por ciento. En el mismo lapso, el número de fincas que efectuaban ventas decreció en un 17.5 por ciento. La disminución del número de fincas con ventas inferiores a B/. 500.00 fue del 24 por ciento” En cambio, las explotaciones con ventas superiores a B/. 500.00 se incrementó en un 33.4 por ciento” (Pág. 113).

El proceso de proletarización del campesinado panameño

Paralelamente a la disminución del peso relativo de producción agropecuaria en el PIB, se observa una disminución relativa y absoluta de la mano de obra agrícola en el conjunto de la Población Económicamente Activa (PEA). En 1960 la fuerza de trabajo agrícola representaba el 50% de la PEA; cayendo al 47,1% en 1965 y a un 36,5% en 1970.

En 1960, el 41,2 % de la población rural se concentraba en explotaciones inferiores a 5 ha., en las que la fuerza de trabajo era exclusivamente humana en el 87,8% de las fincas, en la que se desarrollaba una agricultura de subsistencia, el 59,2% de la fuerza de trabajo eran cuentapropistas y solo el 14,1% eran asalariados (Pág. 116).

La dinámica hacia la proletarización de la fuerza de trabajo agrícola se expresa en que, en 1960, tan sólo había 739 asalariados en el sector, que apenas representaban el 1,8% de toda la PEA nacional. Pero en 1965 ya eran 1.322 y en 1969 eran aproximadamente dos mil; y a mediados de la década siguiente superaban los 15 mil. La mayoría de estos trabajadores eran empleados temporales contratados para las zafras, concentrándose la mayoría de ellos en las provincias de Chiriquí, Coclé y Panamá.

En 1960, el 78,9 % de estos trabajadores recibían salarios inferiores los cien balboas mensuales, siendo el sueldo promedio de 80,29 balboas, donde la mayoría se ubicaba en el tramo de los 50 a 75 balboas mensuales. A partir de 1965, se aprecia un incremento de los salarios, reduciéndose el tramo de los que ganaban menos de cien balboas al 38,8%, para 1975. En este último año, el 41% se ubicaba en el tramo de entre 100 y 200 balboas mensuales, que sumados a los de cien balboas mensuales, abarcaban el 79,8% de la fuerza de trabajo agrícola. Hay que esclarecer que este estudio, no establece una comparación entre el aumento absoluto de los salarios y el aumento de la inflación, hecho característico de la época, por lo cual no debe deducirse a priori que se trate de un mejoramiento de sus niveles de vida (Págs. 124 -127).

Para 1975, las empresa bananera, United Brands o Chiquita, era la mayor empleadora de la fuerza de trabajo agrícola (aunque había y “bananeros independientes” la mayoría eran suplidores de Chiquita), con 11.176 trabajadores; mientras que los ingenios, principalmente estatales (Corporación La Victoria) empleaban alrededor de 5.400.

La política estatal del capitalismo panameño para el agro

La política del estado panameño para el sector agropecuario se materializó en 1962 con la expedición del Código Agrario. Código que fue promovido por la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica con la llamada “Alianza para el Progreso”. La Alianza para el Progreso nace como una reacción de Washington hacia la Revolución Cubana, de 1958, y su objetivo básico fue la promoción de determinadas políticas sociales que desactivaran posibles conflictos impedir nuevas revoluciones en el continente. En el sector primario de la economía, se proponía impulsar una “reforma agraria” limitada que atenuara las grandes desigualdades sociales que afectaban el campo latinoamericano, posible caldo de cultivo para grupos insurgentes.

En 1963, a la expedición del Código Agrario, le siguió la creación de la entidad pública denominada “Reforma Agraria”, la cual debía legitimar la posesión de las tierras en manos de los pequeños campesinos supuestamente para salvarlos del despojo a manos de la gran propiedad agraria. Sin embargo, esta política se hizo bajo un régimen jurídico que no resolvió el problema de fondo y que persiste hasta nuestros días. En vez de otorgar títulos de propiedad jurídicamente válidos a los pequeños campesinos que demostraran el usufructo de sus tierras por un período de tiempo, la Reforma Agraria creó un régimen jurídico intermedio, denominado “Título Posesorio”, que brindaba un reconocimiento limitado a dichos campesinos, pero que carecía de real reconocimiento por el mercado capitalista. En Panamá sólo la gran propiedad agraria posee “Títulos de Propiedad”, mientras que la gran masa de campesinos posee el “Título Posesorio”, lo cual ha sido causa de conflictos hasta el presente.

Pese a que el Código Agrario se proponía “La abolición del acaparamiento de tierras incultas u ociosas o con fines especulativos”, sus resultados fueron pobres, por no decir nulos. En 1968, se habían expedido sólo el 9,7% de los títulos solicitados, que apenas representaban 44 mil ha. “Además, sólo se adquirieron para el fondo de tierras de la reforma agraria 14 fincas que representaban 11.068 hectáreas” (Pág.155), apenas el 2,3% del total de fondos de tierras que se había proyectado hasta 1977. Un fracaso.

Un pequeño cambio se observa en la política agraria con posterioridad al Golpe de Estado de 1968, bajo el régimen populista del general Omar Torrijos. En 1971 se define la “Estrategia nacional para el desarrollo 1970-1980”. La cual se propuso aumentar la participación del sector agrícola en el PIB impulsando las exportaciones agropecuarias, para lo cual se adoptaron una serie de políticas proteccionistas e incentivos. Este es el período de la historia republicana, incluyendo las décadas posteriores hasta el momento presente, en que el Estado panameño se dotó de la más amplia política agropecuaria. Sus alcances ayudaron a consolidar el proceso de expansión capitalista en el campo panameño, pero no resolvió las disparidades sociales (pese a que tuvo políticas de amortiguamiento).

Las políticas económicas y sociales para el campo en la “década torrijista” incluyeron una amplia variedad de medidas: desde incentivos crediticios, con la creación del Banco de Desarrollo Agropecuario; fomento de la mecanización y la innovación tecnológica (EMA e IDIAP); exoneraciones fiscales; altas tasas arancelarias a importaciones de determinados productos; amplia inversión en caminos de penetración; apoyos a la comercialización, como el establecimiento de “precios sostén” para determinados rubros; la creación de empresas estatales en el rubro de los ingenios azucareros, que producían para el mercado nacional, y apoyando a los ingenios privados para volcar su producción a la exportación; y una parcial entrega de tierras a precaristas bajo la forma jurídica de los Asentamientos Campesinos para su explotación colectiva.

Ni antes, ni después hubo una política más ambiciosa para el sector. En este período hubo una amplia expansión productiva que logró la autosuficiencia en la producción de un rubro básico como el arroz, además de una cobertura de la producción nacional en otros rubros de la canasta básica como azúcar, frijol y maíz. Sin embargo, las políticas proteccionistas van a declinar a partir del impacto de la crisis económica mundial, en 1974. Incluso sectores como la expansión de los ingenios estatales se paralizaron para entrar en franca crisis en los años posteriores.

El balance histórico de esta fase queda resumida por Gandásegui: “En cuanto al sector del campesinado, aunque esta expansión del capitalismo en la agricultura creó asentamientos, juntas agrarias y cooperativas de producción agropecuaria, la masa campesina en su conjunto disminuyó debido al proceso de proletarización generado en el campo” (Pág. 179). En fin, hubo mayor penetración de las relaciones sociales capitalistas en el campo y se mantuvo la crisis de la pequeña producción que siguió produciendo fuerza de trabajo para la agroindustria o la emigración urbana.

La transformación de las relaciones sociales de producción en el agro panameño (1960-78)

El capítulo V del libro se ocupa de hacer estimaciones sobre el proceso de transformación de las relaciones sociales de producción en el campo panameño aplicando los criterios teóricos del primer capítulo sobre el proceso de subsunción del trabajo, con una metodología que calcula los requerimientos de “días/hombres” de trabajo en los 8 principales rubros de producción y por regiones productivas, en el período que va de 1960 a 1978. Los rubros del estudio son: arroz, maíz, caña de azúcar, frijol, tomate, banano, plátano y café.

El análisis diferencia entre los rubros en que la fuerza de trabajo ha sido subsumida realmente por el capital, como la producción de banano; aquellos en que hay una subsunción formal o parcial (trabajos estacionales), como la caña de azúcar, el tomate y el café; y aquellos en que la subsunción sigue siendo indirecta, como es el caso de las producciones de maíz y frijol.

Se diferencian dos períodos: 1960-70, en que “la expansión capitalista en el agro... Además de ser veloz, el proceso fue más violento y desordenado”; y el período 1970-78, en que el “reordenamiento impuesto por el gobierno frenó el desalojo irracional de la población campesina de sus tierras”, logrando retener a miles de familias en las áreas rurales mediante los asentamientos, constituyéndolas como reserva de la fuerza de trabajo (Pág. 184).

En esta reseña no nos vamos a detener en el análisis de cada rubro, sino en las conclusiones generales de la investigación, las cuales demuestran el proceso de penetración de las relaciones producción propiamente capitalistas en el agro panameño, en el período bajo estudio. Al respecto, en la página 188 se encuentra el Cuadro No. 75 que muestra gráficamente la evolución (1961-78), medida en “requerimientos de mano de obra, según tipo de subsunción, en miles de días/hombres de trabajo.

Los resultados fueron los siguientes: 1961, la subsunción indirecta demandaba el 46,3% de la fuerza de trabajo; la subsusnción formal el 22,3%; y la subsunción real el 31,4%. En 1978, la relación entre las tres formas de explotación del trabajo era: subsunción indirecta 20,9%; subsunción formal 30,5%; y la subsunción real el 48,6%.

En conclusión, se aprecia un aumento sistemático del proceso de penetración de las relaciones sociales propiamente capitalistas en los procesos de trabajo del sector agropecuario panameño, que alcanzó a la mitad de la fuerza de trabajo al final del período estudiado, segunda mitad de la década de 1970. Lo cual no significa la desaparición de las otras forma de subsunción o de relaciones de producción, indirecta y formal, las cuales persisten aunque en decadencia.

El Código Agrario y la penetración capitalista en el campo

En el Anexo, Marco Gandásegui ha identificado tres momentos históricos del conflicto social en el campo, entre los siglos XIX y XX. El primero a mediados del siglo XIX, coincidente con la reactivación económica por la construcción del ferrocarril. Se produjo una pequeña guerra civil entre los pequeños productores de Azuero y los grandes terratenientes de Veraguas y Coclé, aparentemente el móvil del conflicto estaría en el control del abastecimiento de la zona de tránsito.

El segundo momento fue la Guerra de los Mil Días (1899 -1903), cuando Panamá era parte de Colombia. La guerra se inició como una disputa entre los partidos liberal y conservador con un carácter principalmente político. Pero en el departamento de Panamá la guerra civil adquirió la connotación de una guerra campesino-indígena contra los terratenientes, encabezada por el general Victoriano Lorenzo. La demanda de los indígenas o “cholos”, encabezados por Lorenzo, estaban el derecho sobre sus tierras de cultivo, que les eran arrebatadas arbitrariamente por los ganaderos, y la carga de impuestos que les imponía el Estado y la Iglesia. Victoriano Lorenzo fue fusilado en 1903.

El tercer momento se desarrolla a mediados del siglo XX, entre la década del 30 y los años sesenta, cuando se da un proceso de organización y politización de los pequeños precaristas en conflicto con los terratenientes, con el apoyo del Partido Socialista y el Partido Comunista. En esta fase se producen grandes movilizaciones campesinas de manera coyuntural, dirigidas por el socialista Demetrio Porras, y se da un proceso de autoorganización que produjo decenas de Ligas Campesinas y cooperativas agrícolas, como la “Juan XXIII”, promovida desde la jerarquía de la Iglesia Católica, para contrarrestar la influencia de socialistas y comunistas. Este proceso desembocaría en los años 70, bajo el régimen del general Torrijos en el sistema de Asentamientos Campesinos, por el que se entregaban tierras nacionales y expropiadas (las menos) a pequeños precaristas para que las explotaran colectivamente con el apoyo en la comercialización del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Un problema teórico es abordado por la obra de Gandásegui al señalar que, pese a la influencia de los comunistas de mitad de siglo pasado en el campesinado precarista, éstos no tenían una comprensión correcta de la penetración del capitalismo en el campo panameño ya que: “La dirección política del movimiento campesino adoptó la visión ideológica del Partido del Pueblo, que identificaba a los terratenientes como señores feudales. El error no le permitió a los campesinos, y a sus aliados, comprender la dirección de los acontecimientos”.

Lejos de una lucha democrático burguesa contra el feudalismo, en Panamá se ha dado un proceso de penetración y modernización capitalista del agro, según Gandásegui. Proceso que produce por dos vías, uno, lo que Marx llama la subsunción formal (o indirecta) al capital y, otro, mediante la subsunción real (o directa) al capital. Mediante el primero, el campesino pequeño, mediano o grande, aún manteniendo sus formas de trabajo y su propiedad sobre la tierra, es explotado por el capital indirectamente (le extrae plusvalía) utilizando las cadenas de comercialización y crédito. En el otro, la explotación directa se produce cuando el precarista ya no puede sostener a su familia con su trabajo directo sobre la tierra, o cuando es despojado de su tierra por el ganadero terrateniente, y se ve obligado a vender su fuerza de trabajo como peón de las grandes haciendas o agroindustrias, o emigrar a las ciudades.

De manera que, dice Gandásegui, la izquierda de entonces, no percibió que el propio Código Agrario de 1962, apoyado por la “Alianza para el Progreso” desde Estados Unidos, fue la forma jurídica que adquirió el proceso de penetración capitalista en el campo. La Alianza para el Progreso y los procesos de “reforma agraria” que incentivó en América Latina fueron la respuesta del imperialismo norteamericano al triunfo de la Revolución Cubana de 1959.

El Código Agrario, que se mantiene vigente hasta el momento con pocas modificaciones, no resolvió el problema de la propiedad de la tierra para el pequeño campesino o precarista. Creó una figura jurídica, “el derecho posesorio”, que constituye un limbo que le daba un papel en que se reconocía que trabajaba una parcela pero que tenía nulo valor para acceder al crédito o al mercado de tierras capitalista. En el sentido contrario, el Código Agrario permitió la expansión sin límites de los grandes propietarios y empresas amparados en supuestos proyectos productivos (150 hectáreas directamente, o más de 500 por medio de Decreto Ejecutivo). Además de que formalizó la perniciosa práctica de la ganadería extensiva que daba a cada ganadero dos hectáreas por cabeza de ganado. Mientras que no reconocía comarcas indígenas ni legalizaba a miles de pequeños agricultores.

“No es casual que el gobierno encubriera la política de reforma agraria con su velo popular. Los sectores que luchaban por una reforma agraria que beneficiara a los campesinos no comprendieron bien lo que ocurría. Concebían el sistema del asalariado (capitalista) en oposición a la ganadería (de rasgos feudales). Confundían la enfermedad con el “bisturí”. . Era precisamente por medio del sistema de ganadería extensivo que se separaba rápidamente al campesino de la tierra. Era la forma más eficiente, además, de generar una amplia masa de fuerza de trabajo. En otras palabras, el Código Agrario de 1962 fue el instrumento que utilizó el desarrollo capitalista para abrirse paso en el agro sin contratiempos legales”.

Los criterios expuestos por Gandásegui son válidos no sólo para los años sesenta, sino también para el régimen de Omar Torrijos, porque siguió bajo los criterios del Código Agrario y porque todas sus medidas, que pueden ser vistas como “progresivas” desde la óptica neoliberal vigente en la actualidad, lo que le ganó el apoyo del Partido del Pueblo o Comunista, no eran más que el desarrollo consecuente del capitalismo en el agro panameño: caminos de penetración, crédito y asesoría técnica estatal, políticas de comercialización, precios sostén, empresas estatales. Torrijos no construía el socialismo, ni la transición a él, sino el capitalismo dependiente panameño, con su mercado interno y su provisión de fuerza de trabajo. No es por casualidad que bajo su régimen, años 70-80, Panamá pasa de un país mayormente rural a urbano. Claro que, al seguir un esquema populista, permitió mayores equilibrios sociales que el neoliberalismo vigente en la actualidad.

Conclusiones

El libro, La fuerza de trabajo en el agro, de Marco A. Gandásegui es una referencia teórica, metodológica y fáctica obligada para cualquier investigación que pretenda actualizar el análisis de la producción agropecuaria panameña. Por supuesto, a los criterios metodológicos expuestos habría que adecuar los momentos posteriores a las décadas 1960 -1980, en las que se produjo un viraje en las políticas sociales y económicas del Estado panameño.

La década siguiente al estudio de Gandásegui estuvo marcada por la llamada “Crisis de la Deuda” latinoamericana, la imposición de los criterios económicos del “Consenso de Washington”, es decir, la globalización neoliberal, con claras consecuencias para el sector agropecuario. A lo que hay que añadir la particularidad de que Panamá vivió la crisis política del régimen del General Noriega. Así que el período, 1980-90, requiere un análisis que establezca las tendencias en las relaciones sociales de producción en el agro panameño bajo el influjo de esos fenómenos.

La fase posterior a la Invasión de 1989 y el establecimiento del llamado “régimen democrático”, marca otro período particular, aunque se continúa bajo los criterios neoliberales, en particular bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-97) y la entrada de Panamá en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la que hubo una inflexión en las políticas económicas para el sector agropecuario.

A partir del año 2000, con la reversión del Canal, parece configurarse otro momento particular que va a derivar un esquema de acumulación centrado en el rentismo inmobiliario, con efectos muy específicos en la lucha por la propiedad de la tierra, en especial en zonas costeras, por un lado, y en la cordillera con el conflicto creciente entre minería y explotación hidroeléctrica frente a las pequeñas comunidades rurales.

Cabría diferencias un momento adicional, a partir de 2012, con la entrada en vigencia del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, para establecer sus consecuencias a largo plazo para la producción agropecuaria panameña.

(*) Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá y Secretario General del Partido Alternativa Popular (PAP).