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PERÚ

Declaran infundada demanda del Banco Del Trabajo (de transnacional chilena Altas Cumbres) de disolver sindicato

Rebanadas de Realidad - PLADES - Lima, 13/09/05.- Banco del Trabajo es parte del Grupo Altas Cumbres de origen chileno. Ocupa el segundo lugar en el mercado de préstamos a microempresarios en el Perú, con una participación de 24.7% considerando sólo bancos. Inició sus operaciones en el país en 1994 y actualmente cuenta con 72 agencias a nivel nacional.

El Primer Juzgado de Trabajo de Piura, mediante sentencia del 31 de agosto del 2005, declaró infundada la demanda interpuesta por el Banco del Trabajo, empresa de la transnacional chilena Altas Cumbres, que pretendía disolver el Sindicato Único de Trabajadores del Banco del Trabajo - SUTRABANTRA.

Cabe señalar que el desempeño financiero del Banco del Trabajo mantiene una tendencia positiva pues sus ingresos financieros alcanzaron los 198 millones de soles en el primer semestre de este año, es decir un incremento de 11.2% respecto a igual periodo del año pasado, mientras que sus utilidades ascendieron a 18.5 millones de soles, un aumento de 8.8%.

Luego de la fundación del sindicato el 09 de marzo del 2004 y la obtención de su Registro Sindical ante el Ministerio de Trabajo el 17 de marzo del mismo año, el Banco del Trabajo, violando los Derechos Fundamentales al Trabajo y la Libertad Sindical, inició una serie de acciones, como el despido de doce trabajadores, entre dirigentes y afiliados al Sindicato, con el fin de desaparecer la naciente organización sindical

Estos trabajadores han impugnado su despido arbitrario y a la fecha están a la espera de que el Poder Judicial restituya el pleno ejercicio de sus derechos laborales fundamentales. (Véase Alertas Nº 85 y Nº 65)

Cabe recordar también que el 28 de febrero de 2005, el Primer Juzgado Laboral de Piura, ordenó al Banco del Trabajo, la reposición en su puesto de labores del Secretario General del Sindicato Sr. Arnoldo Efraín Calle Morales. (Véase Alerta Nº 123).

Luego de estos despidos considerados nulos por el Tribunal Constitucional del Perú (EXP. N.° 976-2001-AA/TC, Fund. 15 literal a), el Banco del Trabajo solicitó judicialmente la disolución del sindicato, alegando que había perdido el número mínimo legal de 20 afiliados que señala la ley.

Sin embargo, en su sentencia, el Juzgado señala que esta reducción en el número de afiliados se debe justamente a los despidos realizados por la empresa, luego que tomara conocimiento de la formación dicha organización. Pese a ello, actualmente, el sindicato cuenta con 31 afiliados y por lo tanto mantiene las exigencias legales para mantener su personería gremial.

Asimismo, como parte de las acciones antisindicales, el Banco del Trabajo había logrado que el 17 de agosto del 2004, la Autoridad de Trabajo ordene la suspensión del proceso de Negociación Colectiva hasta que se defina ante el Poder Judicial la pretendida disolución del sindicato.

Por tanto, ahora que el Poder Judicial ha declarado infundado este pedido de la empresa, los funcionarios del Ministerio de Trabajo deben disponer se reanude el Proceso de Negociación Colectiva entre el Sindicato y la empresa.

El Derecho a la Libertad Sindical y a la Negociación Colectiva están reconocidos en la Constitución Política del Perú y por Organización Internacional de Trabajo (OIT), en sus Convenios 87º y 98º, ratificados por el Perú y por tanto, estos instrumentos vinculan a todas la autoridades del Estado peruano. El Tribunal Constitucional como órgano máximo de interpretación de la Constitución así lo ha manifestado a través de sus sentencias.

Así en la Sentencia recaída en el caso Telefónica del Perú con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú (EXP. N.° 1124-2001-AA/TC) el Tribunal señaló: "El aspecto orgánico de la libertad de sindicación se halla reconocido expresamente en el artículo 2º del Convenio N.° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, precisando que consiste en "el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones , (...)".

Por otra parte, según el artículo 1º, inciso 2, literal "b", (Convenio 98º) la protección del trabajador contra todo acto que menoscabe la libertad de sindicación se extiende también "contra todo acto que tenga por objeto" "despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales".

Asimismo, en la Sentencia sobre el caso Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO con la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil ( EXP N.° 0261-2003-AA/TC), el Tribunal señaló que según e l artículo 28° de la Constitución: "El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: [ ...] 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales".

Siguiendo los preceptos del Convenio N° 98 de la OIT, lo anterior debe interpretarse en el sentido que, si bien la labor de fomento y promoción de la Negociación Colectiva, implica que el Estado promueva las condiciones necesarias para que las partes negocien libremente, ante situaciones de diferenciación admisible, el Estado debe realizar determinadas acciones positivas para asegurar las posibilidades de desarrollo y efectividad de la Negociación Colectiva, pudiendo otorgar determinado "plus de tutela" cuando ésta sea la única vía para hacer posible la negociación colectiva .

En consecuencia, mientras no se obligue a la empresa a firmar ningún compromiso, el Estado no puede abdicar de su atribución Constitucional y legal de fomentar la Negociación Colectiva y la solución pacífica de conflictos. Por lo tanto, la autoridad administrativa debe disponer se inicie de inmediato el procedimiento de Negociación Colectiva entre la empresa y el sindicato.

Por todo lo expuesto, la conducta del Banco del Trabajo, de desconocer la existencia del Sindicato y su negativa a iniciar el proceso de negociación colectiva, transgreden los derechos a la Libertad Sindical y a la Negociación Colectiva y constituye una de las peores prácticas empresariales en nuestro país, contrarias a todo concepto de responsabilidad corporativa, eficiencia en la administración de los recursos humanos y respeto a las leyes y al estado de derecho.

Gentileza del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), Lima, Perú.
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