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OPINIÓN - ARGENTINA

Disparen sobre las obras sociales

Por Jorge Rachid (*)

Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 14/07/09.- Las vilipendiadas, estigmatizadas, sospechadas, denigradas, bastardeadas, injuriadas y maltratadas obras sociales sindicales forjadas al calor de la solidaridad social y encuadradas en las leyes 23.660 y 23.661 -y auditadas y controladas por la Superintendencia de Servicios de Salud- atienden en nivel de excelencia al 45% de la población con un financiamiento único en el mundo como es el ahorro genuino de trabajadores, de salario diferido para un fin determinado, en éste caso, la salud.

Los medios de comunicación, los sectores políticos alérgicos al sindicalismo, los dueños de las prepagas y los poderes financieros bancarios, buscan desde hace 33 años terminar con el sistema solidario para pasarlo a un sistema tipo prepago de seguro nacional de salud, como negocio financiero de proporciones como antes las AFJP o actualmente las ART y -como efecto rebote- quitar poder político a los gremios.

Sin embargo poco se sabe del funcionamiento de las obras sociales y sus dificultades a la hora de las prestaciones, con sistemas corporativos médicos y prestadores que medran con la salud de los trabajadores, con sistemas extorsivos de cortes de servicios que dejan en el desamparo a las familias de los afectados. Cortes que por otro lado están prohibidos en las prestaciones de las obras sociales bajo amenaza de abandono de persona -aún si el beneficiario no trabaja más, no aporta o si el empleador no hizo los aportes correspondientes-, la obra social está obligada a prestar servicios, incluso en los tres meses posteriores al despido. Tampoco puede negarse la obra social a recibir un afiliado monotributista con un aporte irrisorio para los aportes necesarios actuales de funcionamiento y con plenos derechos, lo cual genera amparos o demandas judiciales reclamando prestación de servicios.

Asimismo el Congreso de la Nación a través de sus legisladores intenta resolver todos los casos que atañen a la salud a través del sistema solidario, desde el tratamiento de la obesidad hasta los discapacitados, desde las enfermedades crónicas hasta las campañas de prevención, sin tomar en cuenta el financiamiento cada vez más exiguo para afrontar una exigencia que no se tiene en ninguna otra área de ejecución presupuestaria y peor en este caso, donde los aportes son de los trabajadores, para cubrir una falencia del Estado, que es el único y último responsable de la salud de cualquier argentino constitucionalmente hablando.

No se sabe, por ejemplo, que los trabajadores dejan el 10% de sus aportes al Fondo Solidario de Redistribución hoy llamado Administración de Programas Especiales (APE), que se destina a atender los complejos problemas de financiamiento que crea la alta tecnología médica y los casos especiales, todo con recursos propios de los trabajadores.

Así también funciona el PAMI con recursos de trabajadores activos y pasivos para 4 millones de personas y con prestaciones complejas de alta demanda por tratarse de compatriotas de la tercera edad, o inválidos jóvenes.

O sea que la mayor cantidad de argentinos asistidos en los sistemas de prestación a nivel nacional, son personas que desde su propio peculio financian la salud -incluidos millones de trabajadores de las provincias argentinas- a través de los institutos provinciales y las universidades estatales como la UBA y los institutos de ley paraestatales que cuentan con otros recursos financieros.

Sin embargo, lejos de considerar este tema dentro del sistema nacional de salud y tomarlo como ejemplo de la conjunción del esfuerzo solidario interrelacionando al hospital público, con los prestadores privados y la seguridad social, se lo ataca y desfinancia de cualquier forma abierta o solapada, como por ejemplo en la atención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sistemáticamente rechazadas por las compañías de seguros llamadas ART, que descargan en el hospital y la seguridad social sus propias responsabilidades. Otra muestra de un Estado que no logra desplazar una ley como la 24.557, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y más de 100 jueces de todo el país, pero sigue vigente, dañando profundamente al obrero argentino y al sistema solidario de salud.

Propuestas luego del diagnóstico

La fragmentación del sistema sanitario argentino es el triunfo del neoliberalismo que "desconstruyó" años de cultura sanitaria Carrillista, en pos de un pensamiento economicista que postergó sine die las prioridades sanitarias de nuestro país, poniendo en riesgo incluso, aquellos sectores que lograron resistir el embate privatizador, como son el sistema solidario de obras sociales y el sector público hospitalario, manteniendo con esfuerzos y sacrificios de sus trabajadores las prestaciones.

A esta situación debemos agregar los costos de los medicamentos de alto costo y baja incidencia como asimismo las prótesis, que constituyen herramientas que debiendo ser manejadas por el Estado Nacional, forman parte de la lógica del mercado siempre propenso a la corrupción y al precio disparado. El Estado debe hacerse cargo de suministrar la totalidad de los insumos importados ya que en definitiva los termina pagando el hospital o la seguridad social a precios imposibles, en muchos casos innecesariamente desde el punto de vista terapéutico.

La seguridad social es un elemento central en la calidad de vida de una población y las obras sociales tienen una extensión nacional que abarca cada rincón de nuestra extensa geografía, estando en condiciones de asumir una tarea sanitaria en el marco de un programa nacional de salud que las integre y las fortalezca.

No todas las obras sociales tienen el mismo perfil ni la misma cantidad de afiliados, por lo cual es necesario un sistema de segmentación que brinde la posibilidad a las que tienen menos de 70 mil afiliados, recibir el 100% de sus aportes y eximirlas de la obligación de contener a monotributistas que generalmente se afilian con demandas prestacionales contenidas.

Por otro lado sería importante evaluar a fondo la penetración que han sufrido las obras sociales a partir del año 2000 con la desregulación exigida por el Banco Mundial en 1995 y promulgada por el Gobierno de la Alianza en el decreto 446, por parte de las empresas de medicina prepaga que al día de hoy se ven beneficiadas no sólo por las cápitas logradas, sino por los reintegros del APE, todo un contrasentido si admitimos que se financia con recursos de los trabajadores con fines solidarios y no de lucro de algunas empresas que no asumen el riesgo de las tasas de uso y de las prevalencias de enfermedades, cobrando reintegros del sistema solidario.

Estas pocas reflexiones que sirven para repasar un sistema solidario que funciona con dificultades y aprietos financieros por el juego de doble pinzas del sector prestador, por el marco fluctuante del trabajo en negro que quita recursos, la situación nacional y la crisis internacional que hace disminuir los aportes patronales y las liquidaciones de la AFIP que dificulta el control de los aportes por parte de las entidades, constituyen un llamado de atención a una posible convocatoria de acreedores en masa de las obras sociales con menor capacidad de respuesta, que están siendo postergadas en la mesa de discusiones y en los reintegros de gastos realizados a veces hasta con 3 años de antigüedad.

Será cuestión entonces que el Estado nacional se informe de la situación, tome cartas en el asunto con definiciones que incluyan esta realidad por constituir el sistema de obras sociales sindicales una pata insoslayable de la discusión de la salud en la Argentina y ser por lo tanto necesaria una política de Estado con acuerdo parlamentario, incluso de los partidos de oposición, que muchas veces desde la ignorancia contribuyen al deterioro de la salud de millones de argentinos, al ponerlo como un tema de posiciones de poder, antes que analizarlo desde la seguridad social como política estratégica.

(*) Integrante del IBAPE, del CESS y del MNyP.