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Recuento de la represión en Guerrero durante 1993-1996

Por Gerardo Peláez Ramos

Artículos de Gerardo Peláez Ramos editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Distrito Federal, 18/12/11.- El corto periodo gubernamental de Rubén Figueroa Alcocer significó un martirologio para el Partido de la Revolución Democrática, el movimiento campesino y otras fuerzas populares del estado de Guerrero. Decenas de militantes cardenistas y dirigentes y activistas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular cayeron ante las balas de los policías y guardias blancas al servicio de RFA y los caciques. En muchas ocasiones publicada por diarios y revistas, la lista es sencillamente impresionante. Para ilustrar dicho proceso, conviene hacer un sucinto registro de algunos actos represivos.

El gobernador pareció creer que iba a impedir el resurgimiento de la guerrilla, frustrar el crecimiento del PRD y atajar el desarrollo de las organizaciones campesinas e indígenas con los cientos de muertos, heridos, desaparecidos, golpeados y presos. A sus adversarios políticos y a los líderes y cuadros de las organizaciones sociales independientes los vio como enemigos, a los cuales había que tratar con mano dura. El resultado fue que Guerrero se convirtió en un gigantesco escenario de violencia.

Desde que fue destapado RFA como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de la entidad, la violencia comenzó a ejercerse sobre los perredistas, dirigentes campesinos e indígenas y activistas sindicales y populares. En octubre de 1992 fueron asesinados Gorgonio Flores Cortez, ex líder de la Unión Regional de Ejidos de la Costa Chica; el regidor suplente y líder del PRD en el municipio de Metlatónoc, Juan Mercenario, y el comisario ejidal de Xaltianguis, Julián Vergara Nava, que encabezaba una batida contra taladores de montes. Al mes siguiente fue acribillado el perredista Moisés Bruno López, líder en Moyetepec, municipio de Tlapa.

En 1993 se incrementó la violencia y abarcó a los ciudadanos comunes. El 9 de febrero fueron muertos muchos integrantes de la familia Peña en el paraje La Playa del Río, en la ribera del río Huautla, municipio de Tlacotepec. Pocos días después, se señaló oficialmente que conforme a las distintas hipótesis definidas por la fiscalía especial de la Procuraduría General de Justicia, no existían expedientes de controversias agrarias que pudieran dar pie a una supuesta confrontación y se reiteró que las investigaciones realizadas apuntaban a dieciocho presuntos responsables. (1) Aunque en este caso de violencia no tuvo injerencia el gobierno del estado, durante la campaña electoral figueroísta el ambiente de inseguridad se impuso en todo el estado y afectó incluso a las mujeres. (2)

El centro del ataque gubernamental en Guerrero fue sin duda el PRD. Cuatro días antes del 21 de febrero, fecha en que se efectuarían las elecciones, fue asesinado el hermano del entonces perredista Pedro Pablo Urióstegui Salgado, pero para las autoridades se trató de un delito del orden común, sin ninguna vinculación de carácter político. (3) Para Isabel Molina, secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, tal vinculación desde luego existía porque de los 198 perredistas asesinados de 1988 a febrero de 1993 en el país, 46 fueron en el estado de Guerrero. Según ella, en esta entidad, más que en ninguna otra, se veía "la responsabilidad directa del gobierno del estado, porque se ha ordenado a las fuerzas policíacas que repriman protestas pacíficas de la oposición, y ha provocado muertes, desapariciones, lesiones y cárcel para cientos de perredistas o sus simpatizantes..." (4)

Era claro que los perredistas y otros miembros de la oposición no podían militar libremente en Guerrero: entre febrero y marzo de 1993 fue asesinado Margarito Cortés Chávez, policía del ayuntamiento perredista de Metlatónoc; fue detenido Roberto Silva Holanda, precandidato perredista a la presidencia municipal en Tecpan de Galeana, liberado después por la presión popular; y Maurilio Acatitlán Zayuca, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue amenazado de muerte por dos priístas en la colonia Independencia de Acapulco.

Una vez pasadas las elecciones e instalado en la gubernatura local, Figueroa dejó en puestos clave, aunque fuera transitoriamente, a funcionarios que compartían su dureza con la oposición. Uno de ellos era Miguel Bello Pineda, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien mordaz y amenazadoramente se dirigió a los perredistas a los tres días que comenzara la gestión figueroísta. (5) Otros que antes estuvieron vinculados a Mario Arturo Acosta Chaparro fueron promovidos para ocupar cargos en la procuración y administración de justicia. Para muchos ciudadanos guerrerenses, estas promociones eran sólo el anuncio de futuras represiones ya que se trataba de gente especializada en torturar, extorsionar o privar ilegalmente de la libertad a las personas; algunos de ellos incluso tenían cuentas pendientes con las comisiones nacional y estatal de derechos humanos. (6)

Con este aparato era difícil que hubiera debate con los opositores, tal como se debe conducir un gobierno democrático. Al contrario, Rubén Figueroa Alcocer inició su gobierno cancelando casi cualquier posibilidad ya no se diga de debate, sino de diálogo con la oposición. De este modo, la intención de aterrorizar a los líderes del PRD fue evidente desde el principio de su mandato: el 7 de abril Miguel Guillén Nájera recibió un comunicado en Ometepec donde se amenazaba a doce dirigentes perredistas, entre ellos a Félix Salgado, Pedro Urióstegui, Eloy Cisneros y Saúl López Sollano.

La acción gubernamental no se limitó a amenazas. Por la noche del 25 de abril fue asesinado Martín Aceves González, líder perredista y del Movimiento Urbano Popular de Iguala, luego de participar en un enfrentamiento entre militantes del PRD y policías armados de palos. (7) Después del gran despliegue de organizaciones que acudieron a su funeral, fue detenido el taxista Raúl Teutli López como el presunto autor del asesinato que según la Policía Judicial del Estado, fue por venganza. (8) El 26 de ese mes se produjo una balacera entre priístas y perredistas en Marquelia a causa de una disputa por cuestiones agrarias; murió el perredista Domingo Ramírez Javier y otros dos fueron heridos. En mayo fueron asesinados el perredista Rogelio Ramírez López en Chilpancingo, participante en el plantón frente al palacio de gobierno, y Rómulo Rosales Aguilar, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Acapulco.

Sin importar el terrorismo desplegado por el gobierno guerrerense, el 13 de abril recibió el respaldo de Patrocinio González Garrido, a la sazón secretario de Gobernación, quien afirmó que Figueroa no tenía por qué caer y llamó a no confundir tolerancia con debilidad, ya que el gobernador aplicaría estrictamente la ley si era necesario.

La violencia en Guerrero siguió imperando desde las altas esferas oficiales, como desde hace mucho tiempo se ha reconocido. (9) Ramiro de la Rosa --militante priísta empeñado en la democratización de su partido-- lo asumió el 2 de julio de 1993 cuando señaló que el secretario de gobierno, José Rubén Robles Catalán, era especialista en represiones, fraudes y alquimia electoral, esto es, el manejo fraudulento de los procesos comiciales. En cuanto a la función de Acosta Chaparro en el gobierno del estado, expresó que se limitaba a acompañar a RFA como pistolero y a encabezar las guardias blancas que se estaban formando. (10)

En forma parecida a campesinos, indígenas, artesanos, trabajadores asalariados y mujeres, la inseguridad en Guerrero ha afectado a sectores acomodados, de tal suerte que los comerciantes de Acapulco se quejaron de que era "impresionante la ola de asaltos y atracos" que venían sufriendo sin que las autoridades les dieran protección. (11) En mayo de 1993 fue asesinado Luis Jesús Toscano Díaz, socio del Centro Empresarial de Acapulco.

Durante la gestión de Rubén Figueroa junior, la cadena de atentados contra la vida de las personas en Guerrero a veces parecía inexplicable porque envolvía a quienes sólo estaban requiriendo la atención del gobierno y a veces ni siquiera eso. De esta manera, aparecen como hechos inconexos que ya vistos de conjunto indican un ambiente represivo propiciado por autoridades derechistas, es decir, como acciones de un gobierno apoyado más en la coacción que en el consenso. ¿De qué otra manera se puede entender que policías judiciales penetraran el 12 de julio de 1993 al domicilio de la señora Juana Arizmendi Ramos sin orden de cateo, agredieran a su esposo, robaran dinero y pusieran en desorden la casa bajo el supuesto de que andaban en busca del secuestrador Ricardo Ramos Arizmendi? ¿Qué decir del asesinato de Germán Espino Valdovinos y de la agresión contra Silverio Peñaloza Benítez, militantes del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en Zihuatanejo el 26 de julio? ¿Cómo se explica que el 22 de julio se produjera el brutal desalojo de taxistas que bloqueaban calles del centro de Acapulco en el que policías antimotines los golpearon y retiraron del zócalo? Los choferes y activistas reprimidos solamente atinaron a decir: Ya empezó Figueroa.

Empero RFA continuó por el camino de la violencia. El 18 de agosto fue secuestrado el dirigente de Democracia 2000 Álvaro Leyva Reyes para impedir que se entrevistara con el dirigente priísta nacional Fernando Ortiz Arana. El 28 fue asesinado el militante perredista Julio Altamirano, en Teloloapan, por cuatro policías motorizados. Ese mismo mes fue eliminado en el Cereso de Acapulco Herminio Díaz Tumulán, implicado en desapariciones de opositores políticos en los años setenta.

A fines de agosto de 1993, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que intervenir y se sumó a las denuncias de la oposición política y el movimiento social sobre las ilegalidades de los cuerpos represivos en Guerrero. El gobernador recibió dos recomendaciones de la CNDH para que ejerciera acción penal contra elementos de la Policía Judicial del Estado y un agente del Ministerio Público de Ometepec, que habían reprimido y bloqueado la impartición de justicia a miembros del PRD en aquella ciudad de la Costa Chica. (12)

Las recomendaciones parecieron no surtir ningún efecto sobre RFA ya que el 14 de septiembre fue desaparecido en Metlatónoc el candidato del PRD a presidente municipal suplente, Francisco Moreno Gálvez, y una semana después fueron asesinados en Tlacoachistlahuaca los militantes perredistas Florentino Luna Brito y Alberto Luna Hernández. En octubre fueron eliminados en Tecpan los militantes Concepción Becerril, del Partido Popular Socialista, y Juan Estrada Mora, del PRD. Allí, la Policía Judicial del Estado acribilló la casa de Reynaldo Soria, presidente del comité ejecutivo municipal del PRD y síndico del ayuntamiento, y de Martha Morales, candidata a presidenta municipal; Adulfo Piedra y Rogelio Morales resultaron muertos y Ángel Hernández Ruiz, Avelino Laurel Domínguez y Virgilio Campos fueron heridos. En Azoyú, los perredistas Pablo Rentería Liborio y Florentino y Miguel Regino Benigno fueron secuestrados y desaparecidos, también en octubre. En noviembre fue acribillado el ganadero perredista Obdulio Barreto Martínez en Petatlán, supuestamente por agentes judiciales.

Al finalizar el año de 1993 hubo un conflicto muy significativo en la Montaña. Resulta que el 18 de diciembre los vecinos de diferentes pueblos lincharon a siete asaltantes que durante todo el día habían mantenido un retén en el lugar denominado El Columpio. Las autoridades judiciales, lejos de proceder legalmente, cometieron otra arbitrariedad de mayor magnitud ya que al otro día detuvieron a cuatro comisarios propietarios y suplentes, un miembro de la corporación de vigilancia de Acatepec y un ciudadano de Ayotoxtla y luego los encarcelaron en el penal de Atlamajac, municipio de Tlapa. (13) Otro caso en que el pueblo intentó hacerse justicia por su propia mano sucedió el 6 de agosto del año siguiente, en que cinco delincuentes que trataron de asaltar un camión de pasajeros de la ruta Tlacotepec-Iguala fueron detenidos por habitantes y policías rurales en Filo de Caballo. De no ser por la intervención del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor, que propuso entregarlos a las autoridades correspondientes y no hacerse justicia por propia mano, los campesinos hubieran liquidado a los asaltantes por vías de hecho.

Parte de la sociedad guerrerense interpretó estos hechos como "...situaciones límite a las que llegaron los miembros de estas comunidades ante el olvido y el desinterés que persiste entre las autoridades encargadas de atender y velar por la seguridad de los ciudadanos". (14)

Ante la incapacidad del gobierno para dialogar con la sociedad en Guerrero, su salida consistió en crear nuevos cuerpos represivos. Así, el 17 de enero de 1994 se informó acerca de un grupo especial en la PJE encabezado por el capitán Alfredo Mendiola González y bajo el mando operativo de Elías Reachy Sandoval, que tenía como finalidad detectar posibles células subversivas. Como esta acción coincidía con el levantamiento indígena en Chiapas, muchos vieron la creación de este grupo especial de inteligencia como demostración del temor gubernamental frente a la posibilidad de que el Guerrero bronco despertara. (15)

El más bronco en un estado bronco como Guerrero fue indudablemente el gobierno figueroísta. El 29 de enero de 1994 los judiciales arremetieron contra familias de Granjas del Marqués y hubo seis heridos; se dio, asimismo, un desalojo violento de 50 comerciantes en Acapulco por elementos de Vía Pública Municipal. A un año de su gobierno y con un saldo de 59 secuestros y multitud de acciones violentas contra los ciudadanos guerrerenses, Rubén Figueroa Alcocer intentaba justificarse:

...Y cuando la gente no entiende, pues hay que aplicar la ley. Yo sí le digo que sí hemos hecho --tiene usted toda la razón-- desalojo de taxistas, desalojo de invasiones, de plantones y acabo de hacer otro en la carretera que iban en la Semana Santa a querer bloquear la carretera, nomás imagínese usted, y no les hicimos nada, simple y llanamente les dijimos que no eran tiempos para eso, no había ninguna razón, los subimos a unos autobuses y los llevamos a sus lugares de origen y se acabó el lío... (16)

El 13 de abril cuatro policías judiciales intentaron detener sin orden de aprehensión a David Deloya Hernández, líder de los restauranteros de Puerto Marqués. La población salió en defensa del agredido y detuvo al policía judicial Carlos Antonio Carceda Mercado, quien fue entregado a las autoridades horas después. Al otro día, se celebró una manifestación de 500 marquesanos en contra de la Promotora Turística de Guerrero y de las agresiones que sufrían a manos de las autoridades.

Al intentar incorporarse a la manifestación del primero de mayo, hubo siete golpeados en Chilpancingo. Se produjeron varios conatos de violencia y quedaron varios heridos de la Unión de Obreros y Campesinos Emiliano Zapata, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, PRD y Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero. Las comunidades indígenas rechazaron la represión y al otro día manifestaron su protesta al gobernador por los actos represivos que la policía antimotines al mando de Esteban Mendoza Ramos, director general de Gobernación, ejerció en contra de un contingente de indígenas de la región nahua de Olinalá. (17) Esta misma fuerza policíaca disolvió el 26 de mayo una marcha del PRD en Acapulco, donde hubo varios golpeados, y fue disgregada otra concentración de ejidatarios. Menos de dos meses después, el 9 de julio, policías antimotines y otras fuerzas represivas del estado desalojaron a más de 100 familias de la colonia "Luis Donaldo Colosio", en Acapulco.

En el paraíso del Pacífico, el 19 de mayo fueron asesinados Teodoro Ventura Vargas, presidente de la Alianza de Transportes Urbanos y Suburbanos de Acapulco, y David González Díaz, ex líder de esta organización. La Alianza demandó que se esclarecieran estos asesinatos y que se hiciera justicia. (18)

El director de reclusorios de Guerrero, Clemente Rizo Valverde, fue señalado como culpable del amotinamiento de más de veinte presos en el Cereso de Acapulco en el mes de junio. El motín duró dos horas y media y fue provocado porque un reo había sido herido de bala. Según Gregorio Joachín Gallardo, presidente de la Comisión Municipal de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el director de reclusorios de Guerrero manejaba el penal de forma indebida.

Esto fue corroborado en los últimos días del mes de agosto, cuando volvió a efectuarse un motín de presos en el Cereso de Acapulco; tres de ellos fueron muertos y hubo 25 heridos. El director general de los penales guerrerenses quiso justificar la matanza culpando a los propios presos de las muertes de los amotinados y no a los carceleros, quienes fueron apoyados por elementos de las policías motorizada y judicial del estado. (19) El reportero de Novedades Acapulco, Simón García Gutiérrez, desmintió al director de los Ceresos y aclaró que no se dejó a los periodistas hablar con los reclusos y que todos los muertos tenían heridas producidas por armas de fuego. Otro analista sostuvo que en los dos últimos años se habían registrado fugas, amotinamientos, asesinatos, muertes misteriosas de reos, huelgas de hambre, hechos de sangre y de violencia en tales magnitudes, y con tanta frecuencia, que era difícil buscarle la novedad a esta nueva forma de vida imperante en el interior de los penales del estado, pero muy particularmente en el Cereso de Acapulco. (20)

Figueroa fue incapaz de poner orden en la entidad y ese hecho era percibido por todos los sectores en Guerrero. El 14 de junio de 1994 la agrupación Mujeres por la Paz, de Zihuatanejo, se dirigió al entonces presidente de la República Carlos Salinas de Gortari para indicarle que en esa región del país cada día se agravaba más la inseguridad pública y los habitantes eran víctimas de la actuación de casi todos los cuerpos policíacos, "quienes detienen a las personas sin orden de aprehensión, les fabrican toda clase de delitos, los extorsionan a ellos y a sus familiares, maltratan a los detenidos, llegando incluso a privarlos de la vida". (21)

Precisamente de esto se trató el caso de ocho campesinos que la Policía Judicial Federal detuvo el 9 de julio de 1994 en el trayecto de Zihuatanejo a Petacalco. Después de vestirlos como a los guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y fotografiarlos con armas de alto poder, los hicieron firmar confesiones sin haberlas leído y bajo amenaza de muerte. Su supuesto abogado defensor, David Guevara Ojeda, quien al decir de los detenidos jamás se presentó ni se identificó con ellos, también firmó. El juez penal, Víctor Alejandro Arellano Justo, remitió a los detenidos al juzgado de distrito acusados de tres delitos federales con sólo el informe del Ministerio Público como prueba, a pesar de haber recibido los testimonios y la declaración de testigos que presenciaron la detención de los ocho acusados en lugares distintos a los que informaron los policías judiciales, quienes, además, nunca se presentaron a declarar. (22)

En ese marco, el agente judicial federal Jorge Bado Solano no se prestó a la farsa y denunció ministerialmente al grupo Reynoso de la Policía Judicial Federal por detener a los campesinos y acusarlos sin sustento legal. La represión fue su castigo, ya que el día 24 de noviembre fue detenido en la Ciudad de México por agentes de la misma corporación policíaca a la que pertenecía. (23)

La impunidad del delito fue un signo ominoso del gobierno figueroísta y fue evidente en el caso de la joven de catorce años Alicia Ravelo Escalante, quien fue violada el 12 de octubre en Chilpancingo por Omar Solís Reséndiz, estudiante de la Facultad de Derecho de la UAG y miembro del Frente Juvenil Revolucionario del PRI. A la ofensa recibida, la agredida y sus padres enfrentaron una serie de procedimientos ilícitos esgrimidos por los abogados y la familia del violador: testigos falsos, sobornos, compra de supuestos peritajes profesionales para beneficiar al delincuente, cohecho de las autoridades judiciales, difamación de la víctima, publicidad radiofónica contra ella y organización y movilización de los partidarios del infractor en la entidad. (24)

En 1995 las acciones represivas del gobierno de Figueroa se incrementaron peligrosamente. En enero, los policías municipales recibieron a golpes a los trabajadores reinstalados en Coyuca de Benítez; Jorge Bado Solano, el agente de la PJF que denunció al comandante José Luis Reynoso, fue perseguido, hostigado y amenazado de muerte; José Ángel Segoviano Hernández y otros militantes del Comité de Defensa Popular fueron detenidos por hacer pintas en Chilpancingo y Segoviano fue liberado gracias a que cientos de colonos se movilizaron por él. Al siguiente mes, se produjo el desalojo violento de un plantón en Xalpatláhuac; Javier Trujillo Juárez, reportero de El Sol de Acapulco, fue asaltado por agentes de la PJE en la Costa Chica; motorizados destacamentados en Tepetixtla hostigaban y amenazaban a militantes de la OCSS.

En marzo el PRD solicitó la intervención de la Coddehum para que fuera presentado Agustín Arriaga Espinoza, desaparecido en Acapulco desde el mes de enero; policías antimotines impidieron a barzonistas bloquear bancos en Chilpancingo; el día 21 fue herido Andrés Rosales Aguirre, presidente del PRD en el municipio de Cutzamala.

El alcalde de Acatepec, Antonio González García, declaró en abril que prevalecía la inseguridad en 17 municipios de la Montaña y parte de la Costa Chica al aumentar los robos, secuestros y violaciones; el 12 de ese mes fueron desalojados 90 militantes de la UOCEZ del zócalo de Chilpancingo con insultos, golpes y amenazas de policías antimotines; elementos motorizados asesinaron a Artemio y Benjamín Radilla Caro en la comunidad de El Pará, municipio de Tecpan de Galeana, y la casa de Elva Mendoza Caro fue saqueada, de donde se llevaron mercancías, alhajas y dinero en efectivo. Campesinos de la Costa Chica se quejaron con la CNDH el 28 de abril por la represión a un plantón frente a la sede del IV Congreso Nacional de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.

Como prólogo al caso Aguas Blancas, la situación se complicó en extremo durante el mes de mayo debido a que la represión y las muertes aumentaron de manera alarmante. Las víctimas fueron principalmente militantes del PRD: el dirigente campesino Celestino Hernández Gutiérrez, Rubén Hernández Benítez y Víctor Duarte Valdez en Cutzamala de Pinzón; Librado Santiago Evaristo, en Cumbres de Barranca Honda, municipio de Ometepec; y el campesino Lino Ayala en el pueblo de San Antonio de los Libres, municipio de Ajuchitlán del Progreso, a quien sus asesinos sacaron violentamente de su casa para acribillarlo a balazos en las inmediaciones de la localidad. En ese mismo mes también fue asesinado el conocido abogado Norberto Flores Baños en Chilpancingo.

Se produjeron otros hechos de violencia: la PGR detuvo a René Lobato, de la CETEG, acusado de ataques a las vías generales de comunicación; policías judiciales violaron en Acatepec a la esposa y a la nuera del campesino de la etnia tlapaneca Adolfo Porfirio de la Cruz; fueron detenidos en Cualac Melesio Benigno Sierra, Antonio Moreno Ventura, Florentino Celedonio Máximo y Samuel Ibarra Hernández, de la UOCEZ; elementos motorizados saquearon viviendas en Xochistlahuaca; finalmente, la policía desalojó con amenazas de la avenida Cuauhtémoc de Acapulco a militantes de la Unión Campesina Democrática que demandaban fertilizantes.

La ilegalidad policíaca era continua y sus arbitrariedades lesionaban a ejidatarios inocentes, como los de la comunidad Corrales del Río Chiquito, que denunciaban los disparos a personas indefensas, el registro de las casas sin orden de cateo y el robo de dinero, alhajas y comida por parte de los integrantes de las diferentes corporaciones judiciales y motorizadas, quienes con el pretexto de acabar con la delincuencia en el municipio de la sierra de Atoyac cometían estos actos de violencia. (25)

Sin medir las consecuencias de sus actos en una situación de explosividad social, Rubén Figueroa Alcocer siempre estuvo dispuesto a utilizar la fuerza en los conflictos de la entidad que gobernaba y, como puede verse, el rumbo hacia los sucesos de Aguas Blancas estaba enfilado desde antes.

En junio no sólo cayeron los campesinos de la OCSS, sino también hubo otros asesinatos de perredistas como Eustorgio Baza Antúnez, comisario municipal de Cuadrilla Nueva, municipio de Cutzamala de Pinzón, y Alfredo Morales Vázquez, en La Soledad, de Xochistlahuaca.

Luego de los acontecimiento del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, el gobierno figueroísta prosiguió provocando a la población guerrerense con la violencia. El 5 de julio, doce personas de una familia fueron asesinadas entre las rancherías Las Palmas y Agua Escondida, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Tierra Caliente, y el día 7 se concretó una emboscada en el municipio de Olinalá en la que fallecieron cinco policías y dos más fueron heridos. Posteriormente murió otro en Acapulco. Los homicidios continuaron ese mes: de tres balazos el perredista Pablo Salas Romero, en el poblado de Nanchital, municipio de Coyuca de Benítez; Cristino Bibiano Nava, quien era candidato a secretario de Asuntos Campesinos del CEM del PRD, en Las Mesas, municipio de San Marcos; Ismael Mena Álvarez y Eugenio Aguirre Bahena, de la OCSS, fueron asesinados en la comunidad de Tepetixtla; el campesino perredista José Reyes Montaño murió como resultado de una golpiza propinada por la policía motorizada porque se negó a darles dinero en un camino cerca de Marquelia, municipio de Azoyú en ese entonces.

Las autoridades consideraron del orden común los crímenes en contra de los perredistas y militantes de la OCSS. Así se refirieron Esteban Mendoza Ramos, director estatal de Gobernación, sobre los asesinatos de Ismael Mena y Eugenio Aguirre, militantes de la OCSS, y Gustavo Olea Godoy, director de la Policía Judicial del Estado, quien sostuvo que el perredista Cristino Bibiano Nava fue asesinado por hechos al margen de la política.

La violencia criminal no paró en agosto. En ese mes fueron asesinados Juan Rodríguez Nieves, del grupo gobiernista "Benito Juárez" de Tepetixtla en el centro de Coyuca; en Cacahuamilpa, municipio de Pilcaya, el perredista Andrés Velázquez Nava, miembro del Comité Pro Defensa del Parque de Cacahuamilpa, por un policía de la motorizada; y en Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, el militante del PRD y del CG500 Juan Téllez García.

Además de los asesinatos políticos, en Guerrero se produjeron enfrentamientos entre priístas y perredistas, campañas militares y policíacas de vigilancia contrainsurgente en la Montaña y otros lugares, política de desinformación del cacicazgo guerrerense y otros hechos de violación de los derechos humanos. Como consecuencia del escándalo nacional producido por la matanza de Aguas Blancas, la CNDH recomendó el 14 de agosto de 1995 el nombramiento de un nuevo fiscal especial que continuara con el caso, se suspendiera en el ejercicio de sus funciones al responsable de la función de seguridad pública de la entidad, José Rubén Robles Catalán, secretario general de Gobierno del estado, y que de inmediato se destituyera de su cargo a Antonio Alcocer Salazar, procurador general de Justicia del estado, "en virtud de su conducta negligente, dilatoria, apartada de la ley y tendente a impedir el esclarecimiento de los hechos". (26)

Sin acatar la recomendación a plenitud, RFA destituyó a José Rubén Robles Catalán, Antonio Alcocer Salazar, Gustavo Olea Godoy, Esteban Mendoza Ramos, Rosendo Armijo de los Santos, Manuel Moreno González, Rodolfo Sotomayor Espino, y Gustavo Martínez Galeana.

La permanencia de Rubén Figueroa como gobernador del estado era ya un elemento que obstaculizaba la aplicación de la justicia en la masacre de Aguas Blancas y por tanto su caída se convertía en una necesidad social y política.

La destitución de funcionarios implicados en el caso fue incompleta y su sustitución no dejó satisfecha a la sociedad de Guerrero y la República. No obstante, el nuevo procurador general de Justicia del estado, Jesús Salas Moreno, afirmó que las recomendaciones de la CNDH ya estaban acotadas, que no trascenderían para encontrar otros posibles culpables y ni siquiera se inducía que podría tener responsabilidad RFA; según su punto de vista, el gobierno guerrerense y su aparato de seguridad no estaban desprestigiados, pero calificó de error el asesinato múltiple cometido a mansalva e intentó minimizar el hecho porque "en todos los lugares, en todo el mundo hay anomalías y deficiencias".

Decididos a cubrir al gobernador guerrerense, los priístas votaron --con la abstención de la bancada panista-- porque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se abstuviera de apoyar los 15 puntos de la recomendación de la CNDH y la exhortación a la Procuraduría General de la República para que corrigiera y subsanara su grave decisión de declararse incompetente, propuesta por el PRD.

Miguel Ángel García Domínguez, ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia, fue nombrado nuevo fiscal el 29 de agosto de 1995 por la Comisión de Seguimiento del caso Aguas Blancas y ratificado después por los legisladores locales del PRI, Partido Acción Nacional, PPS y PFCRN, con la abstención de los del PRD y el PRT. Más tarde renunciaría a su cargo para integrarse al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Por su parte, Rubén Figueroa Alcocer sostuvo que la CNDH lo había exonerado en el caso. (27)

En el último cuatrimestre de 1995 no desaparecieron los hechos violentos en el estado de Guerrero. Colonos del Cerro del Tigre que tenían títulos de propiedad desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho en Punta Diamante fueron desalojados violentamente por 60 policías motorizados y 20 agentes de Gobernación municipal de Acapulco; hubo dos heridos graves, decenas de golpeados, y fueron detenidos dirigentes y militantes de la OCSS. Empero, la subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó la demanda de juicio político a Rubén Figueroa Alcocer.

Con esta cobertura, la administración priísta local prosiguió su ataque contra militantes del PRD. En septiembre fue asesinado Francisco Albino Tello en Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, a manos de priístas. Con él se llegó al séptimo perredista asesinado desde el 22 de mayo en que se inició el plantón en esa cabecera. Igualmente, no cejaron las calumnias oficiales en contra de los líderes campesinos independientes. El 22 de septiembre, Gustavo Martínez Galeana, ex delegado de la Dirección de Gobernación en la Costa Grande, declaró en el juzgado tercero penal de Acapulco que el dirigente de la OCSS, Marino Sánchez Flores, dio la señal a sus camaradas para que atacaran a los policías motorizados el 28 de junio. (28)

En la primera quincena de octubre se presentaron hechos muy graves en Coyuca de Benítez. A raíz del frustrado asesinato del dirigente perredista local Orlando Romero y de la acusación del pistolero Gabino de la Cruz Mariano en el sentido de que el también perredista David Molina le había encargado la comisión del crimen a cambio del pago de 50 mil pesos nuevos, la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a este último de haber ordenado la matanza del 5 de julio en Ajuchitlán del Progreso, en la cual perdieron la vida 12 personas. Adicionalmente, Reynaldo Lozano Cruz declaró en Coyuca de Benítez y Acapulco que trabajaba para David Molina y realizaba diversos trabajos, entre ellos algunos asaltos y otros delitos como robos y homicidios. Saúl López Sollano calificó de absurdas estas versiones y desenmascaró la campaña de hostigamiento del gobierno estatal contra el PRD, en las que se ubicaban las acusaciones contra David Molina Francisco de dirigir bandas de asaltantes y homicidas.

Mas la campaña no se limitó a esos hechos y el caso de David Molina trascendió. Después de haber participado en un mitin en su defensa, el día 14 Baldomero Galeno Lagunas y Martha Morales Vázquez, ex candidata del PRD a la presidencia municipal, fueron baleados en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan de Galeana. (29) Finalmente, a fines de octubre fue detenido y consignado Zaragoza Flores Bello --hermano de Salvador Flores Bello y ambos protegidos del gobernador-- como presunto autor intelectual del atentado contra Martha Morales Vázquez y Baldomero Galeno Lagunas. El 6 de noviembre falleció Martha Morales.

Rubén Figueroa Alcocer contó con la solidaridad activa del llamado sindicato de gobernadores --en realidad un grupo de mandatarios estatales incondicionales del ex presidente Carlos Salinas de Gortari-- y de la derecha priísta. Dentro de ésta, no podía estar ausente Fidel Velázquez, el viejo líder del corporativismo sindical en México. Durante la inauguración del X Consejo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana que se celebró el 3 de noviembre de 1995 en Acapulco, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México brindó todo su apoyo al gobernador guerrerense diciéndole que a los cetemistas no los asustaban los muertos, que lo apoyaban y que luchaban como él "contra los enemigos que quieren a toda costa desplazarlo del puesto, pero que jamás lo lograrán". (30) Elogió al cacique y manifestó públicamente un deseo:

Ojalá que todos los gobernadores hicieran como él, actuar con energía, valor y con decisión para acabar con estos brotes que hay en Guerrero, y en otras partes, de rebeldía contra injusticias imaginarias.

Estamos en contra de los que quieren hacer demagogia y no les interesa el país, que desean estar molestando y no dejan más que huellas que acusan las de un tigre o de un león en pos de su presa. No sólo apoyamos al presidente, sino también a los gobernadores que como usted actúan valientemente y se enfrentan a los problemas que les crean sus enemigos. (31)

El apoyo de uno de los representantes del sector más tradicionalista y conservador del sistema político mexicano --por ello llamados "dinosaurios"-- no ayudó mucho al gobernador guerrerense. Al contrario, los pequeños golpes a los culpables de la preparación, la ejecución y el encubrimiento de la masacre de Aguas Blancas no pudieron salvar a Rubén Figueroa Alcocer. El encarcelamiento de algunos funcionarios del gobierno estatal y de diecisiete policías que participaron activamente, no logró contener el amplio repudio social y la exigencia de justicia. Figueroa tuvo que solicitar licencia indefinida. El pueblo de Guerrero y sus apoyadores se anotaron una significativa victoria.

Notas:

(1) La Jornada, 16-II-93, p. 22.

(2) El Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos denunció que unas maestras fueron violadas entre las comunidades de Los Valles y San Andrés de la Cruz. El responsable fue un ex comandante de la Policía Judicial del Estado a quien no obstante comprobarse su culpabilidad, únicamente se le impuso una pena de dos meses de reclusión. El 2 de febrero diez muchachas --la mayoría de 12 a 15 años-- fueron violadas en el tramo de la brecha que une a San Francisco del Tibor y San Vicente de Jesús. (El Sol de Acapulco, 12-II-93, p. 2-A).

(3) Firmaba José Manuel Álvarez Gil, jefe de prensa de la Procuraduría de Justicia en el Estado. (El Sol de Acapulco, 20-II-93, p. 6-A).

(4) La Jornada, 20-II-93, p. 8.

(5) Excélsior, 5-IV-93, p. 27-A.

(6) En una carta, Pedro Cuna y otros especificaban el caso de la designación de Antonio Fuentes Cadena como subjefe de la Policía Judicial cuando anteriormente había sido dado de baja por las denuncias en su contra ante los organismos de defensa de los derechos humanos. (El Sol de Acapulco, 15-V-93, p. 2-A).

(7) En defensa de los derechos humanos. Un sexenio de violencia política, Sría. de DH y Gpo. Parlam. del PRD, México, 1994, pp. 104-105.

(8) Fueron al sepelio alrededor de mil personas entre militantes del PRD, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Democracia 2000 del PRI, Partido Progresista de Guerrero y miembros del MUPI.

(9) Juan Sánchez Andraka, ¡Hablemos claro! ¿Qué ocurrió en Guerrero durante el gobierno de Alejandro Cervantes Delgado? --Testimonios--, Costa Amic Ed.-Ed. Palabra, México-Chilpancingo, 1987, p. 14.

(10) Respecto a las guardias blancas, De la Rosa las definió como "...una serie de sujetos pagados por muchos caciques. En lugares como la Costa Chica, como La Montaña, donde en mucho tiempo han estado desorganizados, hoy los están reorganizando con impunidad, para que estos sujetos ejerzan la justicia con su propia mano, ajusticien a todo aquel que se rebela contra Rubén Figueroa..." (El Sol de Acapulco, 2-VII-93, p. 7-A).

(11) Carta a Rubén Figueroa Alcocer y Jacobo Zabludowsky firmada por Hanna Azoulay, de Acapulco Shalom. (El Sol de Acapulco, 17-VIII-93, p. 2-A).

(12) El Sol de Acapulco, 1-IX-93, p. 1.

(13) Los detenidos eran Albino Trujillo Alejandro, Ciriaco Ramírez García, Constancio Librado Díaz, Natalio Tenorio, Cornelio Jerónimo Dircio y Adán Saldaña Modesto. (Carta dirigida a Cuauhtémoc Cárdenas firmada por Irineo Jerónimo Dircio, Paulino Jerónimo Dircio, Beatriz Carrasco Flores y otros. (El Sur, 11-IV-94, p. 5).

(14) Carta de Roberto Cabrera, Abel Barrera Hernández, Mario Martínez Rescalvo y otros. (El Sur, 29-XII-93, p. 2).

(15) El Sol de Acapulco, 23-I-94, p. 5-A.

(16) Entrevista de Eloína López Cano con RFA. (El Sol de Acapulco, 9-IV-94, p. 7-A).

(17) Firmaban comunidades indígenas de la Montaña. Sellos al calce de representantes de bienes comunales, comisarios y autoridades del municipio de Acatepec. (El Sur, 3-V-94, p. 2).

(18) Novedades Acapulco, 9-VI-94, p. 5-A.

(19) Novedades Acapulco, 30-VIII-94, p. 2-A.

(20) Policéfalo, "¿Qué pasa en el Cereso?", en Novedades Acapulco, 31-VIII-94, p. 4-A.

(21) Firmaban Cristina Rodríguez Krebs, Alejandra Pérez Rojas y otras. (El Sur, 14-VII-94, p. 2).

(22) Mensaje de regidores, comisarios, dirigentes políticos y sociales, y ciudadanos en general a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Firmaban Enrique Rodríguez Krebs, Roberto Solano Mora, Elías Olivar Serdán y otros. (El Sur, 26-VII-94, p. 2).

(23) El Sur, 26-XI-94, p. 7.

(24) El Sur, 11-XI-94, p. 2.

(25) El Sur, núm. 580, 29-V-4-VI-95, p. 2.

(26)También se recomendó la destitución de Rodolfo Sotomayor Espino, primer subprocurador; Gustavo Olea Godoy, director general de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, subsecretario de Protección y Tránsito; Esteban Mendoza Ramos, director general de Gobernación del estado; Adrián Vega Cornejo, ex fiscal especial; el mayor Manuel Moreno González, director general operativo de Protección y Tránsito del estado; y Gustavo Martínez Galeana, delegado de la Dirección General de Gobernación. Se ordenó también el inicio de las investigaciones de responsabilidad administrativa y las averiguaciones previas correspondientes contra Elías Reachy Sandoval, agente del Ministerio Público dictaminador de la Agencia Central de Acapulco; Javier Reyes Grande, agente del Ministerio Público de la ciudad de Acapulco; Francisca Flores Rizo, agente del Ministerio Público de Coyuca de Benítez; Gonzalo Barrera Abarca y Rafaela Cruz Suástegui, ambos peritos criminalistas, así como Juan Olea Ventura y Carlos Gruintal Santos, peritos químicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del estado "por su ilícita, irregular, deficiente y negligente participación en el caso de Aguas Blancas" y de los doctores Santos Galeana Hernández, Alma Rosa Peñaloza Gutiérrez, Ricardo Berlanga Soria, Carlos Estrada Guerrero y Pedro Rodríguez Lozano, peritos médicos adscritos al Servicio Médico Forense del estado de Guerrero. Por último, la CNDH recomendó que se dictara o promoviera el arraigo de los probables responsables para evitar que evadieran la acción de la justicia. ("Recomendación de la CNDH sobre la matanza en Aguas Blancas", en Perfil de La Jornada, 15-VIII-95, p. IV).

(27) La Jornada, 31-VIII-95, p. 16.

(28) La Jornada, 23-IX-95, p. 12.

(29) Al día siguiente el PRD exigió en Acapulco la intervención inmediata de la CNDH en la investigación de 60 asesinatos políticos, tres intentos de homicidio y cientos de amenazas en contra de sus militantes durante el gobierno figueroísta.

(30) La Jornada, 4-XI-95, p. 12.

(31) Ibíd.

Gerardo Peláez Ramos es autor, entre otras obras, de Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia. (Cronología. 1919-1968), 2 tomos, Culiacán, UAS, 1980; Situación actual y perspectivas del movimiento sindical en México, Puebla, UAP, 1978; Historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, ECP, 1984, y Ed. del STUNAM, 2ª ed. corr. y aum., 2000; Las luchas magisteriales de 1956-1960, México, ECP, 1984; Historia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, CESS del STAUAG, 1990; El sindicalismo magisterial. 1935-1943, México, SNTE, 1994; Diez años de luchas magisteriales (1979-1989), México, Ed. del STUNAM, 1999; Breve historia del STUNAM, México, UNAM-STUNAM, 2001, y Resumen histórico del SUNTU (1979-1995), Culiacán, SUNTUAS Académicos, 2004.