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Tweet OPINIÓN - MÉXICO

Artículo 27 constitucional: reforma antinacional y pro gringa

Por Gerardo Peláez Ramos

Artículos de Gerardo Peláez Ramos editados en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - Distrito Federal, 17/06/13.- El pasado 23 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 356 votos a favor, 119 en contra y 12 abstenciones una reforma al Artículo 27 de la Constitución General de la República para permitir a los extranjeros la compra de tierras en la zona restringida de 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las playas. Es una modificación regresiva, antinacional y al servicio de Estados Unidos. La Cámara de Senadores no debería aprobar esta insensata iniciativa.

No es posible cambiar la geografía

México tiene una gran frontera con el país más expansionista e intervencionista del mundo: Estados Unidos. Dicha situación es algo distintivo de nuestra nación y no la comparte con ningún otro país latinoamericano. No se puede hacer abstracción de esta realidad. La historia al respecto es contundente: las agresiones, intervenciones y amenazas de guerra han provenido mayoritariamente de ese vecino criminal y agresivo.

La experiencia minera

Los neoliberales priistas y panistas no piensan en el desarrollo de la sociedad mexicana y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población nacional, sino en las dádivas otorgadas por el capital extranjero y la gran burguesía autóctona. Son unos corruptos y desnacionalizados de corazón. La reforma de 1992 del Artículo 27 de la Constitución General de la República ya ha dado, a lo largo de poco más de dos décadas, resultados bien conocidos por los sindicatos, las organizaciones campesinas, las comunidades indígenas y las fuerzas de izquierda: conversión del campo en una zona de desastre, expulsión de millones de campesinos de sus lugares de origen y destrucción de los bosques, selvas, ríos, arroyos, lagos, mantos freáticos y la vida animal. Las compañías mineras, además de sobreexplotar la mano de obra, dejan cerros pelones como recuerdo de sus estropicios contra el hombre y la naturaleza.

En los dos últimos decenios cerca de la tercera parte del territorio nacional fue concesionado a empresas mineras para su explotación, situación que no ha traído el desarrollo económico y social en las comunidades que vendieron sus tierras o permitieron la explotación del subsuelo a las compañías mineras de Canadá, Estados Unidos y nuestro país. Lo que sí han aportado, y mucho, ha sido y es la destrucción de las zonas arboladas, las corrientes y mantos de agua y otros bienes naturales, por no hablar de sitios históricos, culturales y religiosos de las comunidades indígenas. Paralelamente, las trasnacionales extranjeras y los monopolios mexicanos impulsan la corrupción de los dirigentes ejidales y comuneros, la sobreexplotación de los trabajadores y de los recursos naturales de la nación, la promoción de sindicatos blancos, liderazgos charros y la firma de contratos colectivos de trabajo de protección patronal, así como la creación de cuerpos francos de matones y golpeadores, es decir, guardias blancas y grupos paramilitares.

Importantes transformaciones se ha producido, se producen y continuarán produciéndose en el campo de la minería. Así, María de Lourdes Martínez González, escribe en Frecuencia laboral: "En el país hay aproximadamente mil 500 proyectos mineros en 25 estados de la República, con más de 2 mil empresas enfocadas, principalmente, en la extracción de oro y plata. En los últimos 10 años han sacado el doble del oro y 50% más de plata que la [que] se llevaron los españoles durante el período de la conquista [época colonial]. Y lejos de que los trabajadores salgan de la pobreza obteniendo mejores salarios y prestaciones, esas empresas han recibido todo el apoyo de los funcionarios públicos y de los gobiernos locales y federal para tratar de eliminar al sindicato minero y despojarlos de sus conquistas laborales, persiguiendo a sus líderes y encarcelando a algunos de ellos…"

El futuro de los costeños

Sin embargo, no es todo. Hay un aspecto de enorme interés: el futuro de los pobladores de las costas, o, como lo señaló La Jornada el 26 de abril de este año: "En concreto, la eliminación de la prohibición referida puede generar una presión inmobiliaria y especulativa devastadora sobre las zonas hasta ahora restringidas, habida cuenta la asimetría enorme entre los ingresos de los habitantes de las regiones costeras y los de inversionistas extranjeros que quieran invertir en ellas.

"El deterioro socioeconómico y el abandono que padecen muchas comunidades costeras tras cinco lustros de política neoliberal las ha colocado en una situación de supervivencia, o casi, en la que les resultaría casi inevitable sucumbir ante una demanda inmobiliaria exponenciada por la brusca expansión del universo de compradores. Acto seguido, los vendedores se enfrentarían a una tragedia semejante a la que afrontaron muchos de los ejidatarios que se deshicieron de sus tierras tras la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que hizo posible enajenar las tierras ejidales: la pérdida simultánea del espacio laboral y del habitacional, la imposibilidad de transformar en capital productivo el dinero recibido a cambio -porque siempre es muy poco y porque no hubo ninguna planeación oficial que auspiciara esa transformación- y, a mediano plazo, una vez agotados los recursos de la venta, la reducción a una vida sin vivienda ni actividad económica, el tránsito a la informalidad, la mendicidad, la emigración forzosa o la delincuencia.

"Por añadidura, la conversión de las tierras hasta ahora restringidas en áreas exclusivamente habitacionales, turísticas y, previsiblemente, lujosas, haría muy difícil la supervivencia de las pequeñas unidades productivas -cooperativas pesqueras, granjas acuícolas, prestación de servicios turísticos artesanales- que se desarrollan en esas zonas".

Los conflictos por la tenencia de la tierra, ya existentes, con la nueva reforma se van a expandir y agudizar, como lo ha señalado la prensa nacional. Los casos de despojo en Baja California, precisamente por inversores norteamericanos, han salido a la luz pública y los medios de comunicación han dado cuenta de ello. De esta manera, con los cambios acordados por la Cámara de Diputados al Artículo 27 constitucional los gringos tendrán manga ancha para apoderarse de terrenos pertenecientes a ejidos, a comunidades indígenas y a ciudadanos aislados que no podrán responder al poder de corrupción de los gabachos y los problemas ya generados con la reforma de 1992 adquirirán mayor profundidad y agudeza. Es un obsequio que los neoliberales priistas y panistas, apoyados por otros representantes "populares", le hacen a la nación mexicana, exponiéndola a presiones y agresiones bandidescas de los piratas al otro lado del río Bravo. Cabe concluir que los discípulos de Antonio López de Santa Anna se reproducen como hongos.

Gerardo Peláez Ramos es autor, entre otras obras, de Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia. (Cronología. 1919-1968), 2 tomos, Culiacán, UAS, 1980; Situación actual y perspectivas del movimiento sindical en México, Puebla, UAP, 1978; Historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, ECP, 1984, y Ed. del STUNAM, 2ª ed. corr. y aum., 2000; Las luchas magisteriales de 1956-1960, México, ECP, 1984; Historia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, CESS del STAUAG, 1990; El sindicalismo magisterial. 1935-1943, México, SNTE, 1994; Diez años de luchas magisteriales (1979-1989), México, Ed. del STUNAM, 1999; Breve historia del STUNAM, México, UNAM-STUNAM, 2001, y Resumen histórico del SUNTU (1979-1995), Culiacán, SUNTUAS Académicos, 2004.