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Minería: violencia, saqueo y depredación

Por Gerardo Peláez Ramos

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Rebanadas de Realidad - Distrito Federal, 08/12/13.- A PARTIR DEL sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las modificaciones legales y constitucionales han permitido y permiten que las empresas mineras, en especial las canadienses, saqueen las riquezas de la nación, destruyan el ambiente, desplacen grupos étnicos y sobreexploten a los trabajadores mineros, además de dividir a comunidades campesinas e indígenas, corromper a funcionarios de los tres niveles de gobierno, charrificar secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, construir sindicatos blancos, crear e impulsar grupos paramilitares y guardias blancas, dejar cerros pelones y llenos de desechos contaminantes, destruir sitios históricos y religiosos de los pueblos indios, reprimir a organizaciones representativas de las poblaciones afectadas y asesinar a líderes, activistas y militantes agrarios, indígenas, sindicales y defensores del medio y los derechos humanos.

Para ilustrar algunos de los aspectos de la minería en México, más que un artículo las siguientes líneas son un registro de algunas informaciones e ideas que han elaborado y difundido personas, organizaciones, periódicos y sitios de Internet.

El asesinato de Mariano Abarca Roblero

EL MOVIMIENTO MEXICANO de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, informa: "El día de hoy 27 de noviembre de 2009, a las 20:30 horas aproximadamente, el señor Mariano Abarca Roblero fue asesinado cobardemente frente a su casa en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, México. Según testigos una persona en motocicleta acribilló con un arma de fuego a don Mariano Roblero. Su acompañante, Orlando Velázquez fue herido de gravedad y trasladado al hospital de Comitán. Mariano Abarca deja a su esposa y cuatro hijos. .

"Don Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) mantuvo una lucha constante contra la trasnacional minera canadiense que en el municipio de Chicomuselo tiene asentado sus principales intereses con la explotación de la barita, oro y antimonio por medio de 10 concesiones mineras. Desde el mes de junio don Mariano mantuvo un plantón en la cabecera municipal con otros miembros de la REMA exigiendo la salida del municipio de la canadiense Blackfire".

Acerca de este caso, la revista Proceso sostuvo en su página de Internet: "Días antes de su asesinato, Mariano Abarca denunció que lo habían amenazado con 'quebrarle la madre a plomazos' para que dejara de inconformarse con la presencia de la mina La Revancha en Chicomuselo, Chiapas; aunque la Embajada de Canadá estuvo enterada de los hechos decidió encubrir a la empresa Blackfire, propietaria de la mina, e incluso después de que le dispararon a quemarropa al líder indígena el 27 de noviembre de 2009".

Militarización, asesinatos…

EN SU TEXTO La minería y la resistencia en México, Gustavo Castro Soto señala: "La minería atenta contra la vida con militarización, criminalización, control y asesinatos. Para reprimir la resistencia y desalojar a los pobladores, las compañías mineras contratan a empresas privadas de seguridad, arman a su personal, se apoyan en grupos paramilitares, ex militares, escuadrones de la muerte, 'guardias blancas', y de la fuerza pública local o federal. En México, Joaquín Rojo de la Vega Ulloa, de la Asociación de Mineros de Sonora (AMSAC) afirmó: "(…) hemos tenido la necesidad de crear cuerpos paramilitares, para que nos protejan (…)". (01 de Mayo de 2012).

"Las fuerzas armadas militarizan caminos, ciudades y regiones indígenas para controlar el descontento social y garantizar las inversiones de las empresas mineras, con violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las autoridades locales y federales criminalizan la resistencia a abandonar las tierras y viviendas, las movilizaciones en las calles, las protestas públicas, los bloqueos, la toma de campamentos, la retención de equipo, las declaraciones de prensa y hasta las demandas legales. Las acusaciones son de terrorismo, delincuencia organizada, asociación delictuosa, atentados contra la paz, bloqueo al libre tránsito o a las vías de comunicación, etc."

El asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez

LA ASAMBLEA NACIONAL de Afectados Ambientales, el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas A.C., la Vía Campesina Norte de América, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, la Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán, la OCEZ-CNPA-MLN, la Coordinadora Mexiquense Plan de Ayala y otras organizaciones plantean: "El día de ayer jueves 15 de marzo de 2012 alrededor de las 20:20 hrs, fueron emboscados y atacados a quemarropa con armas de fuego de 9mm los compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, quien resultó asesinado después de recibir dos balazos en el pecho, así como su hermano Andrés Vásquez Sánchez quien fue herido de bala en un brazo y la compañera Rosalinda Dionicio, quien también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el hombro; todos ellos miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), cuando se dirigían a bordo de un automóvil hacia su comunidad fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán".

De acuerdo con diversos denunciantes, el asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, defensor del territorio en el Ejido San José del Progreso, Oaxaca, lo cumplieron "sicarios ligados al presidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz y la Compañía Minera Cuzcatlán S. A de C. V."

Cadena de asesinatos

EN UNA NOTA referente al segundo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluye además de los homicidios de las empresas mineras a otras compañías depredadoras, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental indica: "El Informe cita los casos de Mariano Abarca Roblero, integrante del Frente Cívico de Chicomuselo, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) asesinado el 27 de noviembre de 2009 fuera de su domicilio en la comunidad de Chicomuselo; Armando Villarreal Martha, dirigente de la Organización Agrodinámica Nacional (OAN), asesinado el 14 de marzo de 2008 cuando viajaba por Nuevo Casas Grandes; Ernesto Rábago Martínez; integrante de la organización Bowerasa (Haciendo Camino) asesinado el 2 de marzo de 2010 en Chihuahua; Aldo Zamora, campesino tlahuica, asesinado el 17 de mayo de 2006 presuntamente por un grupo de talamontes ilegales; Fernando Mayén, abogado y miembro de la comunidad San Luis Ayucan, municipio de Jilotzingo, Edo. de México (Consejo Técnico de Ciudadanos de Jilotzingo), su cadáver fue hallado en su automóvil el 12 de marzo de 2008, en la carretera que une Ciudad de México y Toluca; Juan Gavia Xingú y Bernardo Sánchez Venegas, inspectores de Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Valentín Reyes García, representante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, asesinados en el centro de México, los cuatro estaban en la comunidad de Albarrán, Temascaltepec, investigando los impactos ambientales de la mina 'La Guitarra'; Leonel Castro Santana y su sobrino Ezequiel Castro Pérez, integrantes de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, asesinados en Ajuchiotán [Ajuchitlán] del Progreso, Guerrero, el 26 de junio de 2009; Francisco Quiñones, oponente a las actividades de la empresa minera en Peña Colorada en el estado de Jalisco, asesinado el 11 de marzo de 2006; así como de Miguel Ángel Pérez, comunero de Tepoztlán, quien trabajaba en defensa del agua y la tierra-, y habría sido ultimado el 31 de octubre de 2009".

El asesinato de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solía

LA RED NACIONAL de Organismos Civiles de Derechos Humanos expresa en un comunicado: "Una gran indignación está causando en la sociedad chihuahuense el doble asesinato perpetrado hoy lunes [23 de octubre de 2012] a las 2.30 de la tarde en contra del dirigente de El Barzón en esta entidad, Ismael Solorio Urrutia, y de su esposa Manuela Martha Solís Contreras. Fueron acribillados mientras circulaban en la camioneta de Ismael en el kilómetro 26.5 de la carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón. Ante este crimen de Estado, las y los activistas sociales de Chihuahua van a plantarse en el Palacio de Gobierno por un tiempo indefinido hasta que no se entrevisten con el Gobernador César Duarte y se les haga justicia".

Según la información de esta red, el asesinato ocurrió por la oposición "a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura".

Editoriales de La Jornada

EN REFERENCIA AL espionaje canadiense en Brasil, La Jornada precisaba el 8 de octubre de 2013: "Tal es también el caso de México: en un reportaje publicado el domingo pasado en estas páginas se hace un breve recuento de los desmesurados beneficios obtenidos en nuestro país por firmas mineras como First Majestic Silver, Fortuna Silver Mines, Continuum Resources, Timmis Gold, Starcore International Mines, Aurico Gold y Agnico-Eagle Mines, las cuales encuentran, en el territorio nacional, condiciones fiscales mucho más ventajosas que en su país de origen, como resultado de disposiciones y concesiones otorgadas por los gobiernos del ciclo neoliberal, desde el de Carlos Salinas hasta el actual.

"Es inevitable preguntarse si, como ha ocurrido en Brasil, el espionaje canadiense haya venido interfiriendo las comunicaciones de las dependencias mexicanas encargadas de regular la actividad minera, y si las injustificables ventajas de que gozan las transnacionales del país norteamericano en nuestro territorio no son, al menos en parte, resultado de una labor semejante, la cual habría podido poner en manos de esas corporaciones información estratégica y privilegiada".

En otro editorial del 16 de noviembre, vuelve a señalar La Jornada: "…las empresas de ese tipo que operan en México, y las canadienses en particular… han sido objeto de múltiples y documentadas denuncias por atentar contra los derechos sociales, culturales y ambientales de los entornos en que se asientan, por violentar sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y por gozar de desmesurados beneficios fiscales y de condiciones mucho más ventajosas que las que obtienen en sus países de origen. Esas prácticas y privilegios se traducen en un manto de impunidad y en una capacidad indebida de presión y de chantaje sobre las autoridades nacionales. Debe recordarse que, en el marco de las negociaciones de la reforma fiscal recientemente aprobada, las mineras canadienses amenazaron con abandonar el país en caso de que se diera luz verde a la creación de un impuesto especial a las utilidades de la explotación.

"Con ese telón de fondo, es evidente que las autoridades y las instancias legislativas de nuestro país tienen una responsabilidad principal, por acción y por omisión, en la configuración del poder fáctico e indebido que detentan las mineras, y que resulta impostergable, en consecuencia, revisar el marco legal que ha hecho posible la entrega de millones de hectáreas del territorio nacional a cambio de casi nada, a los intereses depredadores de esas empresas y establecer mecanismos para regular y sancionar las malas prácticas en que suelen incurrir".

Legislación nacional y monopolios mineros

EL CONOCIDO ANALISTA económico y político Carlos Fernández-Vega, plantea en su leída columna el 19 de noviembre retropróximo: "En este espacio se ha comentado que muy contadas han sido las iniciativas presentadas en el Legislativo para regular la actividad de los consorcios mineros nacionales y foráneos, y todas han terminado en el bote de la basura, con lo que los legisladores mexicanos han contribuido al saqueo de México. A propuesta del Ejecutivo, recientemente aprobaron el cobro de un derecho especial (no un impuesto) de 7.5 por ciento.

"La simple mención de que se intentaba cobrar el citado derecho provocó la histérica reacción de los consorcios mineros, e incluso la representación canadiense de ese sector en México fue tajantemente chantajista: 'las empresas mineras de Canadá amagaron anoche con abandonar el país si la Cámara de Diputados aprueba el (…) 7.5 por ciento a las utilidades de la explotación, propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto… 'El mensaje es que los inversionistas estamos fuertemente en retiro de aquí… no se equivoquen señores; nos vamos', advirtió la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson, a legisladores de la Comisión de Hacienda (de San Lázaro)… Wilson sostuvo que las cargas impositivas han obligado a los inversionistas de su país a trasladar sus capitales a otras naciones" (La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez).

"Aprobado fue tal derecho, y hasta ahora nada ha sucedido, como tampoco se han tenido noticias del retiro de inversiones por parte de otro profesional del chantaje, Germán Larrea (el de Pasta de Conchos), del Grupo México, quien amenazó con cerrar la chequera en el país y abrirla en terceras naciones, porque aquí, con la nueva carga, la minería ya no es negocio, según dijo. Y se trata de un empresario con una fortuna personal valuada en 16 mil 700 millones de dólares al cierre de 2012, la mayor parte de ellos producto de la explotación de los bienes de la nación, es decir, de los mismos que el gobierno federal, con la venia del Congreso, le entregó en bandeja de plata".

Paraíso de piratas capitalistas

PARA ILUSTRAR LA política depredadora, antinacional y criminal de los monopolios mineros, tanto extranjeros como nacionales, basta con reproducir las cabezas de algunas notas periodísticas en La Jornada: el 30 de septiembre, Moysés Zúñiga Santiago reporta "Mineras ponen en peligro bosque de niebla en Chiapas"; el 2 de octubre, Roberto Garduño y Enrique Méndez informan "Mineras de Canadá se niegan a pagar impuestos; amenazan con irse del país"; el 17 de octubre, los dos mismos reporteros escriben "México, paraíso fiscal para compañías mineras canadienses, revela análisis"; el 20 de octubre, Susana González G. reporta el 20 de octubre "México, uno de los países de AL con más problemas con mineras: Cepal"; el 24 de octubre, Vicente Juárez informa "Tras 14 años de litigio, anulan proyecto de Minera San Xavier", y el 26 de octubre, Susana González G., Roberto González e Israel Rodríguez comunican "Amenaza Grupo México con llevarse inversión de 5,388 mdd a otros países".

Pero no es todo. El 28 de octubre, Patricia Muñoz Ríos publica la increíble noticia siguiente: "La empresa Industrial Minera México, de Grupo México, presentó un amparo para evitar que se lleve a cabo el rescate de los cuerpos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos en 2006".

La misma periodista, el 14 de noviembre escribe "Denuncia sindicato minero agresión de empresa Excellon"; el 15 de noviembre, Fernando Camacho Servín reporta "Indígenas de Guerrero piden amparo contra minera de GB"; el 17 de noviembre, Andrea Becerril informa "El gobierno ha permitido a las mineras extranjeras saqueo de recursos: senadores", y el 26 de noviembre, Patricia Muñoz Ríos comunica "Mineras foráneas adquieren concesiones en México para especular en las bolsas".

En síntesis, los recursos del subsuelo patrio son saqueados en forma brutal por las trasnacionales, principalmente de Canadá; los bosques, selvas, cerros, ríos, arroyos, lagos, lagunas, mantos freáticos, fauna y la naturaleza en general son destruidos; las comunidades campesinas e indígenas son divididas y lanzadas a la confrontación interna; los derechos básicos de los trabajadores mineros son negados total o parcialmente; la organización sindical es prostituida por la intervención patronal; los activistas campesinos, indígenas, ecologistas y defensores de los derechos humanos son reprimidos y asesinados por los cuerpos regulares de seguridad pública, los grupos paramilitares y las guardias blancas, y los únicos beneficiarios de tal situación son los monopolistas foráneos, los grandes capitalistas nacionales y una franja ínfima de funcionarios venales. Esta situación es menester cambiarla por lo completo y poner en el centro los intereses de la nación, el desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas, la protección del ambiente y el desmantelamiento de todos los cuerpos francos de sicarios al servicio de los consorcios extranjeros y mexicanos.

Gerardo Peláez Ramos es autor, entre otras obras, de Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia. (Cronología. 1919-1968), 2 tomos, Culiacán, UAS, 1980; Situación actual y perspectivas del movimiento sindical en México, Puebla, UAP, 1978; Historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, ECP, 1984, y Ed. del STUNAM, 2ª ed. corr. y aum., 2000; Las luchas magisteriales de 1956-1960, México, ECP, 1984; Historia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, CESS del STAUAG, 1990; El sindicalismo magisterial. 1935-1943, México, SNTE, 1994; Diez años de luchas magisteriales (1979-1989), México, Ed. del STUNAM, 1999; Breve historia del STUNAM, México, UNAM-STUNAM, 2001, y Resumen histórico del SUNTU (1979-1995), Culiacán, SUNTUAS Académicos, 2004.