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COLOMBIA

El contrato del carbón con la Drummond y las descomunales gabelas que se entregan al capital foráneo

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre minería en la Comisión Quinta del Senado, 6 de junio de 2006
Por Jorge Enrique Robledo (*)

Rebanadas de Realidad - Colombia, Bogotá, 23/07/06.- Este es un debate relacionado en lo fundamental con la minería del carbón. Pero antes de entrar en materia, me propongo señalar que inicialmente, cuando fue convocado en marzo, tenía yo la idea de abordar la minería del carbón, la del oro y la de las salinas de Zipaquirá, sometiendo a examen la política general. Pero por hechos que aparecen en la investigación y que ustedes van a tener ocasión de oír, en especial un estudio aún no conclusivo de Contraloría con el que me tropecé en el camino, el debate se fue en buena medida convirtiendo en un análisis de un caso específico de la minería del carbón, el del contrato de la Drummond, en la explotación que hace esta empresa trasnacional en el Cesar. Como si fuera poco, hay en este momento una huelga de los trabajadores de Drummond y también de los de Glencore, otra trasnacional que explota carbón el Cesar.

Gran minería del carbón, en manos de trasnacionales

Este debate de la minería, lo mismo que el del petróleo que hicimos la semana pasada, tiene mucho que ver con la presencia del capital foráneo en Colombia. Porque prácticamente toda la gran minería del carbón está en manos del capital extranjero. Ya el Estado colombiano, que era socio, fue sacado de todos los negocios. Ese hecho me obliga entonces, tal como hace ocho días, a empezar mi intervención dejando sentados unos cuantos criterios. Dado que con cierta frecuencia, en mi caso y en el de otros colombianos, ponemos los ojos sobre la inversión extranjera en Colombia y sobre los negocios con las trasnacionales, hay quienes sacan la falsa conclusión de que nosotros estamos en contra de todo trato con los extranjeros. Y resulta que esa es una visión que no obedece a la realidad. Estamos es en contra de los malos negocios con los extranjeros. Si Colombia hace un buen negocio en un acuerdo internacional o en un contrato de minería o en industria con cualquier capital foráneo, pues bienvenido sea. El problema es que cuando esos negocios no son buenos para el país, uno debe caer a investigarlos. Y si esa clase de negocios resultan ser tan a menudo lesivos para el interés nacional, y leoninos los contratos, no puede uno menos de tropezarse con esa realidad y denunciarla.

No me opongo por principio a que haya inversión extranjera. Pero, y le pongo un pero, siempre y cuando sea positiva para el país. Nadie podría compartir una inversión que actúe en Colombia con una lógica de corrupción para favorecer sus propios intereses en contra del interés nacional. Nadie aplaude la corrupción ni de los nacionales ni de los extranjeros. Como tampoco una inversión extranjera que le haga daños graves al medio ambiente o que maltrate las relaciones laborales con los trabajadores colombianos o que no pague los impuestos que debe pagar. Son realidades que hay que mirar no solo en el caso de los extranjeros, porque tampoco vamos a aceptar que haya nacionales que no paguen los impuestos que debieran pagar o que maltraten a los trabajadores. El fenómeno se agrava en el caso de las trasnacionales, porque tienen no solo un peso muy grande en la economía de estos países, sino también una capacidad inmensa para incidir en sus legislaciones y para influir a los propios jefes políticos y gobernantes, llevándolos a tomar decisiones inconvenientes. Hace ocho días, y hoy la vuelvo a leer, citaba a Carlos Lemos Simmonds, que llegó a ser Presidente de la República de Colombia después de una carrera muy larga, y él menciona la corrupción en estos términos: "Como se ha demostrado en infinidad de oportunidades, es el interesado en ganar la licitación el que se aproxima al funcionario y engrasa la mano con la mordida y con la comisión. Esta ocurrencia es particularmente frecuente en la corrupción trasnacional. Muchas de las grandes multinacionales reservan en sus presupuestos una cuantiosa partida destinada a gestionar influencias y a comprarlas muy bien." Esto es de público conocimiento. Abundan los libros, los análisis. Ha habido incluso momentos, en algunos países, en que la corrupción es deducible de los impuestos, cosa casi increíble pero definitivamente cierta.

Disminuyen impuestos al capital extranjero

El otro hecho que vale dejar sentado y que también planteé la semana pasada hace referencia a una actitud muy frecuente en las trasnacionales cuando invierten en países como los nuestros. En la Revista Cepal, número 82, de abril de 2004, de la Cepal -una institución internacional vinculada a los poderes del mundo y a la que nadie puede señalar como de izquierdista o de oposición-, el señor Andrew Mold señala cosas como esta: "La rentabilidad de los negocios de la empresas extranjeras que invierten en regiones pobres, es extraordinariamente alta". Y hace un análisis cuidadoso sobre el caso de los impuestos, qué tanto tributan las trasnacionales en estos países, un asunto que por supuesto nos tiene que interesar. Cuenta cómo las empresas de Estados Unidos en Colombia han logrado disminuir sus impuestos. En 1983 pagaban el 59,7% por renta, y en 1999 estaban pagando el 32,3%, una caída bastante alta en sus tributos. Revela incluso el señor Mold que las tasas impositivas de las trasnacionales en los países desarrollados son superiores a las de los países subdesarrollados, hecho más o menos normal dentro de su lógica, pero que a nosotros nos causa problemas. Y señala que si las trasnacionales pagaran en los países del Tercer Mundo las mismas tasas de tributación que pagan en sus países sedes, los ingresos para el total de los países como Colombia aumentarían en 35 mil millones de dólares al año. Estamos hablando de enormes sumas de dinero, sumas que pueden marcar la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, en número de escuelas, hospitales, vías, por una evasión o una disminución de ingresos fiscales de 35 mil millones de dólares al año. Añade este especialista, señor Andrew Mold, que se presenta una descomunal evasión de impuestos por subfacturación y sobrefacturación en las cuentas de las trasnacionales. En distintas palabras, inflan los gastos y disminuyen los ingresos. Hay toda una manipulación en libros, dice él, y estos son hechos conocidos. Agrega que el manejo de los precios de transferencia, de esa importación y exportación, "se ve facilitado por el gran volumen de transacciones transfronterizas que tienen lugar en los sectores de la minería y el petróleo". Minería y petróleo son dos sectores sobre los cuales recomienda echar ojo el señor Mold, porque allí, según dice, son bien frecuentes tales prácticas. Señalo lo anterior para darle piso al hecho de que cuando ponemos el ojo en estos contratos no lo hacemos por un mero capricho, sino porque hay muchos y funestos antecedentes que nos obligan a mantener la guardia en alto.

Se viene otra reforma tributaria. Está prácticamente lista, y vamos a ver en que momento la pasa el presidente Uribe. Una reforma que ha sido calificada como estructural y que, todos lo sabemos, consistirá en bajarles los impuestos a monopolios y trasnacionales y, para compensar, subirles el recaudo por IVA y por retención en la fuente a los salarios. Bajarles los impuestos a los ultrapoderosos del mundo y de Colombia y subírselos a los pobres y a las capas medias.

Voy a hacer una mención brevísima al caso de las Salinas de Zipaquirá, porque está cerca de vencerse la concesión que la ha venido explotando. Es un tema sentidísimo entre los zipaquireños, entrañablemente ligado a su propia historia. Hay un proyecto de ley en trámite, y esperemos que corra con suerte, para que se garantice que la salina va a quedar bajo el control del municipio de Zipaquirá y de sus trabajadores. Que no termine en manos de alguna trasnacional o de algún monopolio nacional, porque pensamos que lo conveniente y lo mejor para los habitantes de ese importante municipio de Cundinamarca es que siga beneficiándolos a ellos antes que a nadie. Sería una especie de absurdo que terminara por fuera del control de quienes deben ser los legítimos beneficiarios. Pero en Colombia estamos.

Gobierno cambia contratos en perjuicio de Colombia

Paso a mencionar un aspecto que iba a ser el tema central del debate, aunque apenas voy a tocarlo de pasada. Tiene que ver con los cambios en los contratos del carbón a raíz de la ley 685 de 2001. Hay unos cambios que se originan en estudios del Banco Mundial y de la Cepal, lo dijo el viceministro de Minas, doctor Manuel Maiguashca, en la respuesta que me dio al cuestionario, estudios según los cuales, "nuestro país no era competitivo en minería a nivel mundial y latinoamericano". Lástima que no haya venido ninguno de los señores del gobierno, ni el ministro ni el viceministro ni ningún funcionario, porque uno se formula una pregunta: ¿habrá algo que valga la pena en Colombia que no sea decidido según el punto de vista de la banca internacional o del capital extranjero? ¿Se les ocurrirá algún día hacer alguna cosa por cuenta propia? Dice entonces el Banco Mundial que el país no era competitivo en minería a nivel mundial y de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir que no era competitivo? Que los negocios no eran lo suficientemente buenos para el capital extranjero, que ha montado una competencia global para ver quién le ofrece más garantías, o, en otras palabras, quién le vende más barato nuestros recursos y nuestras posibilidades, o si no, no viene a estos países.

La ley 685 eliminó las asociaciones como aspecto fundamental de la política minera. Ahora es el capital privado el que actúa solo. E igualó los derechos y los intereses de los nacionales y los extranjeros. A mí la medida me parece terriblemente perniciosa. Un país puede tener trato con los extranjeros, pero igualar a estos con los nacionales no resiste el análisis, porque definitivamente no son lo mismo. La ley 685 es una norma fundamentalmente diseñada para estimular la gran minería, impidiendo por ejemplo que se la grave con impuestos especiales. Ese es su enfoque. Su lógica no es respaldar la minería pequeña y mediana del país, incluso la de empresarios relativamente importantes en Colombia, sino que trata de adecuar a Colombia para la gran minería de los grandes conglomerados internacionales que controlan el sector en el mundo entero. Los contratos y los yacimientos, y hasta el subsuelo, se entregan prácticamente a perpetuidad, porque se van a suscribir contratos a treinta años prorrogables por otros treinta, o sea, sesenta años de explotación, y además, podrá haber una tercera prórroga en la que tendrá preferencia el titular, de modo que fácilmente vamos a soportar contratos de un siglo.

Las regalías las bajaron del 15 a entre el 5 y el 10 por ciento, una merma considerable. Quiero llamar la atención sobre las regalías, porque esa es una palabra que se oye y que la gente no entiende bien. La regalía no es más que el nombre que se le da al precio del recurso. Quien detenta una explotación minera cualquiera debe pagar impuesto de renta, como lo paga cualquier actividad económica, pero también pagar por el recurso, porque el petróleo, el carbón, el oro, están en la tierra y son de la nación colombiana. La regalía es entonces lo que esa persona le paga a la nación por el recurso. Cuando a uno le dicen que en explotaciones de menos de tres millones de toneladas, el recurso vale el 5%, uno concluye que el país está al borde de regalarlo. Porque el resto del ingreso, que es impuesto de renta, lo paga el que pone una panadería o una fábrica de camisas, en las que el Estado no da nada. Aquí el Estado pone nada menos que el recurso y por él las trasnacionales le están pagando sumas insignificantes. Sumas que uno, en la pequeña y mediana minería, podría entender como una manera de estimular la actividad nacional. Pero cuando a mí me dicen que a una trasnacional se le entrega el recurso por el cinco o por el diez por ciento, yo concluyo que se le está regalando. Y en petróleo sucede algo similar, porque si uno compara el State Take del orden del 50% y renta del 38,5%, resulta que el recurso está valiendo el 11,5%. Hace poco me informaban los analistas de mi oficina que el contrato soñado por el neoliberalismo es el contrato petrolero de la plataforma continental inglesa, en que el recurso vale cero pesos, es decir, se regala. A mí alguien me tiene que explicar cuál es la razón para que el recurso, petróleo, carbón o lo que sea, termine vendiéndose a precios insignificantes o se regale. A cuenta de qué, si aquí a nadie le regalan nada. Y resulta que a estos superconglomerados prácticamente se les regala el recurso. Y como si fuera poco, el impuesto de renta es cada vez menor, no solo por la tasa que se les impone, sino también por la rebaja oculta producto de las exenciones, inmensas para el caso de la gran minería, sobre las cuales infortunadamente no tuvimos la información suficiente para poder analizarlas. Pero sabemos que hay descuentos a la reinversión de utilidades, descuentos en IVA, descuentos a importaciones, etc. Al final terminan es entonces montando sus empresas casi con la plata de la nación, con la plata del míster, podríamos añadir.

¿Quién fiscaliza a Drummond?

El viceministro me acepta en las respuestas que estoy en lo cierto, pero que, eso sí, "el mayor énfasis de aquí en adelante lo pondrá el Estado en la fiscalización de las obligaciones a cargo de los particulares". El Estado se sale del negocio. A partir de ahora solo cobrará regalías e impuestos y no actuará como empresario. Dicen, no estaremos como empresarios, pero, eso sí, fiscalizaremos en serio. Y ahorita vamos a examinar cómo es que fiscalizan en serio, porque resulta que tampoco fiscalizan, tal como lo veremos en el contrato de la Drummond. Caemos entonces en el peor de los mundos.

Hablando de la fiscalización del Estado, dice el documento de Contraloría al que hice antes referencia, documento aún no definitivo: "Es ineficiente y permite poner en riesgo los intereses de la nación, por cuanto no realiza procedimientos de control mínimos como la exigencia de un seriado de facturas que podrían representar eventualmente un detrimento fiscal de gran magnitud".

No puedo dejar de mencionar, así sea muy brevemente, el caso de El Cerrejón Zona Norte. Recordemos que el Estado colombiano fue socio de la Exxon en el montaje de esa inmensa empresa y Colombia invirtió cerca de mil seiscientos millones de dólares. Al final, cuando vendió, entre cuatrocientos y quinientos sesenta millones de dólares -se discute la cifra-, no recuperamos ni lo invertido. Lo que el Estado cobró por la venta de la parte nacional ni siquiera pagó las deudas que tenía Carbocol. Llamo la atención sobre cómo, curiosamente, Colombia termina saliéndose del negocio justo en el preciso momento en que el negocio del carbón se pone mejor que nunca. Es de lo más extraño. Colombia se mete en el contrato, muy discutible en su momento, porque le dicen los analistas, los gringos, que es el mejor negocio del mundo. Y apenas se mete, le dicen que no, que ya el negocio no es tan bueno, y entonces tiene que salirse. Colombia se sale y vende a menos precio sus bienes, pero apenas se sale, el negocio vuelve de pronto a ser el mejor del mundo. Y todas son casualidades que se van presentando, pero en la sucesión de las casualidades siempre a Colombia le va mal.

Estos proyectos no han dejado de ser muy discutidos. Recordemos que Luis Carlos Galán hizo sonoros debates sobre el primer contrato de El Cerrejón. El contrato de Drummond y de Glencore en el Cesar también fue objeto de grandes discusiones en el Cesar. Pero estos debates, como el que hoy tenemos con el TLC, siempre son despachados con un simple argumento, y es que esas minas son la redención del país, la redención de las regiones, y aquel que se oponga o critique es un enemigo del progreso. Queda entonces la controversia más desbalanceada del mundo. Los partidarios del proyecto, por malo que sea, son los que llegan a Chiriguaná, a Barranca, a Fonseca, a prometerle a la gente que por fin va a salir de la pobreza. Y los que están advirtiendo que se van a tumbar la plata, que el negocio es muy malo, que así no debe ser, quedan fichados como enemigos del progreso.

Gentileza de la oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo. / MOIR
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