Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
GOBIERNOS LOCALES / PROV. DE RÍO NEGRO

La Patagonia en "pole position"

A propósito de los diez años del tratado de Santa Rosa:
Por Matías Rulli (*) Correo

Rebanadas de Realidad - Viedma, 01/07/06.- "Nosotros. Los Gobernadores de las provincias de la Patagonia Argentina; Por el mandato y la responsabilidad otorgada por la soberana voluntad de nuestros pueblos; En la absoluta convicción que los Estados Provinciales que representamos, forman parte indisoluble, solidaria e integrada de la Nación Argentina; En el marco de nuestra Constitución Nacional, facultados por su artículo 124 que indica: "Las provincias argentinas podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimientos de sus fines ..."; Con la decisión de reafirmar la identidad regional patagónica; Con el objeto de consolidar la integración que permita aportar soluciones a las necesidades comunes; En defensa y valorización de un federalismo de cooperación y concertación que posibilite aunar y asociar las particularidades culturales; Con la intención de promover acciones concretas de complementación que potencien el desarrollo de nuestros pueblos; Asumiendo el compromiso y la responsabilidad de generar condiciones superadoras del actual estado de la Región.

Introducción

Ohmae, desde la economía política, empleó y popularizó para definir a las regiones, el término Estados-Región para conceptuar así aquellas áreas económicas naturales, cuyos límites pueden situarse dentro de un mismo país -como el norte italiano o la región japonesa de Kansai (formada por Osaka, Kobe y Kyoto)- o extenderse más allá de una determinada nación, como el área formada por Singapur, Johore (Malasia) y las islas Riau (Indonesia), o las distintas áreas de Francia, unidas por lazos comerciales y culturales a España o a Italia (1).

En tal sentido, en los Estados-Región, más allá de las características físicas, sociales y económicas, lo que prevalece a la hora de identificar un espacio de esta índole, es la "lógica global" de su desempeño.

Siguiendo esta línea de pensamiento, en el ámbito de Latinoamérica, surgen como ejemplos representativos de Estados-Región: la Región Centro-Oeste (Brasil), la Región Central (Chile), la Región Sur (Brasil) y la República Oriental del Uruguay. Estas regiones conectadas por los respectivos ejes de integración, darían lugar a nuevos corredores que vincularían al Conosur Sudamericano con el mundo.

En Argentina los proyectos de regionalización habidos en la década del '60 no lograron superar su etapa inicial, dado que históricamente, las provincias se opusieron a la regionalización, porque vieron en ella la pérdida de su autonomía local y un avance del gobierno nacional.

Pero en los últimos tiempos, sus mandatarios y legisladores han flexibilizado sus conceptos y tomaron iniciativa en esta materia. Lográndose, de esta manera, un proceso dinámico y espontáneo, fundamentado en la necesidad de fortalecerse y así aprovechar las oportunidades que plantea la integración con los países de la región, y es así, como comenzaron a aparecer los distintos proyectos de regionalización: Norte Grande, el Nuevo Cuyo, la Patagonia y, más recientemente, la Región Centro.

Pues bien, la "Región Patagonía", que es la aqui nos interesa, tiene su inicio el 26 de junio de 1996, en la ciudad de Santa Rosa, dentro del marco de las constituciones provinciales y del artículo 124 de la Constitución Nacional, se firma el "Tratado de la Región Patagónica", siendo suscripto por los gobernadores de las Provincias que lo integran: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Santa Cruz; Chubut; Río Negro; Neuquén; y La Pampa.

Delimitándose entre los distintos fines "propender a la unificación de criterios en normativas comunes" y "consolidar los organismos regionales existentes y alentar la creación de nuevos". Encomendándose la conducción de esta región a la asamblea de gobernadores y, al parlamento patagónico se le reconoció la expresión de la voluntad integradora regional de los poderes legislativos de las provincias integrantes de este tratado.

Marco Normativo

La Región Patagónica se encuentra legalmente constituida, y posee órganos permanentes, el órgano ejecutivo que se ejerce a través de la Junta de Gobernadores, el legislativo cuya función la cumple el Parlamento Patagónico y el judicial que representa el Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia.

Esta creación fue dispuesta por los gobernadores de las seis provincias australes de la Argentina en el marco el artículo 124 de la Constitución Nacional, y tuvo por finalidad sustancial sostener el equilibrio regional. Sabiendo que la ventaja de esta región joven donde las características culturales son comunes, facilitará la labor, ajustará los procedimientos y por que no decirlo la unidad organizativa creará una disminución en los gastos administrativos en recursos humanos.

Entrando al fondo de la cuestión, la Constitución Nacional de 1853-1860 organizó el país adoptando la forma federal de estado, pero admitió cierta compatibilidad con la concreción de regiones. Del texto histórico de nuestra Carta Magna, podemos inferir que, pese a no estar prevista expresamente la existencia de la región, eran varias las alternativas que hacían posible la creación de ellas dentro del territorio argentino. Se podía recurrir al artículo 67 inciso 16 (hoy 75 inciso 18) y al artículo 107 (hoy 125) mediante el cual era posible crearlas concretando tratados interprovinciales, o mediante el ejercicio de facultades concurrentes o compartidas con la Nación, o recurriendo a la celebración de tratados entre Nación y Provincias. También, acudiendo al artículo 67 inciso 12 (hoy 75) que establece las condiciones del comercio interprovincial, o al artículo 67 inciso 27 y al artículo 108 (hoy 126) las regiones podían surgir de la celebración de tratados y convenios parciales.

El primer intento de ordenamiento territorial del país en regiones fue la sanción de la Ley 16.964 que buscó integrar el territorio concibiendo a las regiones como una unidad intermedia entre la Nación y las provincias, pero fracasó, dado el contenido ideológico y el carácter centralizante de la ley que claramente atentaba contra un adecuado ejercicio del federalismo (2).

Pues bien, la reforma de la Constitución Nacional de 1994, facultó a las provincias a crear regiones, a través del artículo 124 que dispone: "Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional..."; y el artículo 125 que habilita a las Provincias a suscribir tratados parciales para fines de administración de justicia, intereses económicos y trabajos de utilidad común.

En tal sentido, el Dr. Quiroga Lavié en el análisis de los artículos precedentes define que "la idea fuerza de la Constitución es que sean las propias provincias las que dispongan su regionalización a través de acuerdos para el desarrollo; y que dicho fenómeno de descentralización no sea impuesto por el gobierno central, como ocurriera durante los gobiernos de facto". En lo que hace a las modalidades de regionalización elegida por el reformador, el publicista estima que a través de este instituto se va a "poder institucionalizar en nuestro país la práctica de la descentralización de potestades a favor de agencias independientes, como es habitual en los Estados Unidos" (3).

Siendo destacable esta facultad como posibilidad de forjar una reunión entre las mismas con fines de promoción de las economías regionales. No constituye, una reforma al régimen federal de gobierno, sino, su fortalecimiento. La región sólo puede ser creada por acuerdos de las provincias, y por ello los límites de las competencias de las regiones no pueden superar a los de las provincias mismas.

Por tanto, no se institucionaliza a la región como un espacio político territorial y no se constituye con ellas un nuevo nivel de gobierno, ya que el artículo 126 prohíbe la celebración de tratados parciales de carácter político, por lo que la región no puede erigirse en un nuevo nivel de gobierno político.

Del precedente análisis doctrinario se concluye que el artículo 124 no está creando un nuevo nivel político de gobierno, sino que la provincia sigue siendo el centro de redistribución territorial del poder y la región está acotada al logro de objetivos de carácter económico y social. Por lo que la región para el constituyente es un modo de descentralización administrativa del poder en el territorio. En tal sentido, la Nación, las provincias y los municipios, poseen competencia para el dictado de sus propias normas de organización y de gestión, por supuesto con diversa magnitud en cada caso, lo que los define como centros autónomos de poder.

Siendo interesante analizar el alcance de la expresión "con conocimiento del Congreso Nacional" que contiene el referido artículo 75 inc. 19. Y a tal fin, me remito a las palabras del Dr. Hernández, quien dice "que el constituyente se apartó del precedente norteamericano que exige consentimiento, en aras de fortalecer la autonomía de las provincias, ya que la aprobación o consentimiento hubieran establecido una marcada dependencia del Congreso de la Nación" y el Dr. Rosatti enfatiza el carácter estrictamente provincial de esta potestad, "corresponderá a las provincias (y no a la Nación)" -acentúa- "diseñar el mapa regional (o los mapas regionales, para mejor decir) conforme a la materia legislada (...). Se procura inducir un sistema regional sectorial o particular antes que plenario (las regiones se estructuran para fines específicos), instrumental y adjetivo en lugar de político o sustantivo (en la medida en que la región no constituye una macroprovincia dotada de autonomía)..." (4).

Del Tratado en si

La creación de la Región Patagónica, se celebra en el marco de las facultades conferidas a las provincias por el citado artículo 124 de la Constitución Nacional, con el objeto de fortalecer la integración que permita aportar soluciones a las necesidades comunes.

Del Estatuto de la Región Patagonia, se desprenden sus objetivos, su competencia, su organización política y administrativa. Sus fines, van desde lo general, referido a la consolidación de la democracia y la identidad patagónica, hasta la unificación de criterios normativos comunes. Siendo, en todos los casos diferentes formas de promoción del desarrollo económico y social de la región.

Describiendo distintos órganos políticos:

  • " A la Asamblea de Gobernadores se le atribuyen funciones de conducción política, aprobación de protocolos adicionales y convenios sobre materias particulares, que luego requerirán la aprobación del Parlamento Patagónico. En el mismo orden de ideas se le atribuye la facultad de aprobar y firmar acuerdos con el Estado Nacional, sometidos a la posterior aprobación del Parlamento Patagónico.
  • " El Parlamento Patagónico, constituye la instancia deliberativa como expresión de la voluntad integradora regional de los poderes legislativos de las provincias signatarias del Tratado.
  • " La Comisión Administrativa, integrada por los Ministros de los Gobiernos de las respectivas provincias integrantes de la región, tendrá funciones ejecutivas respecto de las políticas, programas y planes elaborados por la Asamblea de Gobernadores. Además de su función de colaboración con la Asamblea de Gobernadores, menciona el Estatuto la de proponer acciones tendientes a la homogeneización de legislación vigente en los Estados parte y requerir a los organismos técnicos informes, datos, opiniones o dictámenes sobre materias específicas a fin de elaborar propuestas y proyectos o impulsar cuestiones de interés regional.
  • " En cuanto al Foro de Superiores Tribunales de Justicia, integrado por representantes de los Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias que componen la región si bien sus funciones son de asesoramiento y consulta, su actuación contribuirá a la unificación de criterios interpretativos que favorecerá la actuación de los otros órganos creados por el Estatuto. Si la cuestión de fondo es una verdadera integración, indudablemente no alcanza para llegar al objetivo final, simplemente con expresarlo, por ello es oportuno avanzar en algunos proyectos que hace justamente a la integración efectiva de los poderes judiciales. En este sentido se enmarca el proyecto de los Tribunales Patagónicos de Casación, que cuenta no solo con el apoyo de los miembros del Foro sino con la opinión favorable de importantes doctrinarios, con Augusto Morello a la cabeza, que contribuiría a desarrollar una justicia regional y a descomprimir la difícil y reconocida situación en que se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Conclusiones

Dos procesos mundiales son los que conjuntamente se están desarrollando; uno es el que tiende al universalismo y otro al auge de lo local, constituyendo una paradoja a la cual los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales deben adaptarse. De esta realidad compleja surge evidente la necesidad de una mayor integración regional y cooperación internacional. Ante este estado de cosas, el proyecto regional tiene la oportunidad de resurgir con fuerza con el apoyo de los sectores público y privado, abriendo así, oportunidades para una nueva geografía económica y social.

Sabemos que el fenómeno de la globalización tiene múltiples consecuencias desde lo económico hasta lo cultural y social, generando como reacción ante la posible pérdida de identidad, una revalorización de lo local. Pero, en la creación de la Región Patagonia, no se está creando un nuevo nivel político de gobierno, sino que las provincias siguen siendo los centros de redistribución territorial del poder, y la región está constreñida al logro de objetivos de carácter económico y social. Respetándose así, lo que el constituyente quiso afirmar "la región es un modo de descentralización administrativa del poder en el territorio".

En tal sentido, hay mucho por hacer, pero la homogeneidad geográfica, social y productiva de la Región, da un salto cualitativo y cuantitativo con relación a los demás intentos integradores. Por tanto, resulta imprescindible entender que la Región trasciende a los gobiernos que la crearon antes y la desarrollan ahora, es más, por imperio de la globalización, el sector público ha perdido el liderazgo exclusivo y cada vez son más protagonistas los actores empresariales y sociales y, especialmente, los ciudadanos.

E insisto en la necesidad de generar canales de participación cuya calidad permitan mejorar la representación de la ciudadanía y la provisión de bienes públicos. Ello supone implementar en la práctica una correlación entre integración, democracia, representación, partidos y sociedad que exige de instituciones y actores un gran esfuerzo de articulación.

La dinamización de las funciones de intermediación (enlace, comunión de intereses, legitimación, socialización, representación y participación, y formación de una elite dirigente), sólo es posible si se generan esquemas de relación interinstitucional, facilitándose el ingreso a esta esfera pública de otros actores de referencia social y de creciente inclusión en el plano institucional.

En definitiva, es necesario que la construcción de la integración se dé desde los espacios jurisdiccionales más próximos al ciudadano, tanto para nutrir la acción regional, como para lograr que lo regional se construya a partir de verdaderas bases sociales y que no sea solamente un discurso o un proyecto impuesto ni desde arriba hacia abajo ni mucho menos desde afuera hacia adentro.

En el contexto descrito, las organizaciones de la sociedad civil deben mejorar su capacidad de articulación y establecerse en los procesos de formación de políticas públicas, mediante (por una parte) la gradual inserción en mecanismos de intervención oficial, y en paralelo de crecientes y más importantes procesos de integración intersocietal (por la otra), construyendo un espacio público cuya densidad permita la aplicación entre todos los actores.

Finalmente, no debemos pensar en una inexistente dicotomía Estado-Nación versus Estado-Región, ambas instituciones poseen intereses comunes, porque de otra forma no se explica la pertenencia de la última a la primera. Así, el crecimiento de los Estados-Región obedece a procesos de descentralización que están regidos por un marco legal específico y concreto, que fija límites a sus atribuciones y es de carácter nacional. Dentro de este marco, los agentes regionales participan activamente de las políticas de integración, pero el rol director de las mismas es del Estado-Nación.

Notas:
(1) OHMAE, Kenichi , EL FIN DEL ESTADO-NACION: ASCENSO DE LAS ECONOMIAS REGIONALES, Editor Andres Bello, 1996
(2) VERGARA, R. A.; P. J. FRÍAS; A. ZARZA MENZAQUE; A. M. HENÁNDEZ; R. BERARDO; A. H. ITURREZ y L. CORDEIRO PINTO, Derecho Público Provincial, 1987, Ed. Depalma.
(3) QUIROGA LAVIE, H., Constitución Argentina Comentada, 1996, Zavalia.
(4) La Reforma de la Constitución - Explicada por Miembros de la Comisión Redactora", 1994, Rubinzal-Culzoni.
(*) Miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas
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