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Negociación colectiva y distribución del ingreso

Por Horacio Meguira (*)

Rebanadas de Realidad - Boletín Informativo de la CTA, regional Córdoba, 06/08/04.- Siempre sostuvimos desde la CTA que, en una estructura ocupacional y salarial en la cual el 57% de la población se encuentra en situación de pobreza, no hay solución del problema sin colocar en el centro de la cuestión la distribución de la riqueza. Ante ello entendimos: que la política de distribución debía ser sobre toda la estructura ocupacional (ocupados, desocupados, trabajadores informales, previsión social) y que la "política salarial" era insuficiente como instrumento de la distribución de la riqueza, desvinculada de una política global de ingresos.

También manifestamos ante el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, que la política gradual, basada en el aumento paultino de los salarios del sector privado-formal que anunció al inicio de su gestión, no iba a provocar impacto sobre la estructura ocupacional, salarial y de ingresos en general.

Propusimos en numerosos documentos y trabajos una política de "shock distributivo" y que para lograrlo se requiere de nuevos actores no comprometidos con la políticas neoliberales de la década del ´90. Se necesita de la participación de representaciones genuinas, ligadas a la voluntad de los trabajadores y a la libertad y democracia sindical, como instrumento imprescindible para incentivar las políticas distributivas.

La estrategia de la cartera laboral estuvo basada en: 1) aumentos graduales de las medidas salariales; 2) negociación colectiva como instrumento para la política salarial; 3) su fomento generando condiciones por el aumento del salario mínimo y la transferencia de la retribución móvil a la fija (decreto 293 de 2003) y 4) no innovar en materia de reforma de la ley sindical.

Oportunamente aplaudimos las iniciativas de aumento del salario mínimo y los decretos que transfirieron al salario básico las sumas no remunerativas concedidas por Eduardo Duhalde. Pero también dijimos que no era suficiente, ya que no era una política general de ingresos y no comprendía al sector público.

El intento de reordenamiento legal y salarial

A comienzos de este año, apoyamos algunos aspectos de la Ley de reordenamiento laboral, porque reformaba la elección del nivel de negociación y lo adecuaba a los convenios de la OIT en cuanto a su libre elección. Por otra parte, la modificación del tipo de cambio, la inflación controlada y el fomento de la negociación colectiva, podían generar condiciones favorables para un aumento de las retribuciones.

La negociación colectiva, a partir de junio del 2003, aumentó comparativamente con el período 2000/02 pero sin alterar sustancialmente los salarios de "bolsillo" de los trabajadores privados. Los distintos convenios suscritos reformaron cláusulas de tal manera que no provocaron impacto sobre la retribución final.

Durante los años 90 proliferaron las denominadas retribuciones móviles ligadas a la productividad, que en general tuvieron como única fuente la voluntad unilateral del empleador o los convenios colectivos a la baja.

En el período 2003/04 se observó un leve aumento del volumen de negociación (mas de 200 convenios colectivos y actas acuerdos) pero con poca incidencia en el universo de trabajadores comprendidos. Sin embargo cuando le tocó el turno a los actores sociales en las paritarias recurrieron a simular o amortiguar los aumentos concedidos por el decreto 293/03 (transferencia a los básicos convencionales de 224 pesos concedidos como sumas no remunerativas).

La estrategia patronal fue, en general, tratar de anular la ligazón de los básicos convencionales con los adicionales, de tal manera que los incrementos de los básicos no provocara efecto en la retribución final.

En muchos convenios recurrieron al argumento de la autonomía colectiva y convinieron que los aumentos concedidos, o que puedan concederse por decreto, no tendrían efecto sobre la estructura salarial. En otros, se prefirió crear nuevas categorías inferiores a las existentes de tal manera que los aumentos a los básicos convencionales no tuvieran efecto sobre los nuevos empleos.

Algunas empresas, comprendidas en un acuerdo salarial de actividad, no cumplen, lisa y llanamente, con los aumentos de los salarios básicos recurriendo a la ilegalidad y a la amenaza de despidos, cierre o de deslocalización como forma de contener el conflicto con los trabajadores.

En un importante grupo de convenios sectoriales o de empresa, son comunes las cláusulas que establecen que los incrementos otorgados por arriba de los decretos del Gobierno se pueden absorber cuando el empresario estuviera pagando por arriba de ello y con el rotulo de "a cuenta de futuros aumentos" o en el caso de escalas pactadas en forma directa entre el sindicato y la empresa. En muchos convenios se prevé que el Estado no intervenga en la política salarial del sector.

Conclusiones

A modo de cierre podemos concluir que las negociaciones durante el 2003 y 2004 no tuvieron efecto sobre la política de ingresos por la escasa incidencia de los empleos formales en la estructura ocupacional.

Tampoco tuvo efecto significativo sobre los asalariados privados registrados, ya que por las causales aludidas los aumentos que fueran concedidos por decreto no tuvieron incidencia sobre la retribución final. Ninguno de los distintos aumentos concedidos por el Ejecutivo superaron los índices de inflación anteriores al 2001.

Asimismo, el salario de los trabajadores registrados sigue con retraso en comparación con la reactivación de la economía. Si bien los trabajadores registrados representan el 19% del total de la fuerza de trabajo, son también el 54,5% del total de los asalariados y además, incrementan su importancia en términos de masa salarial pagada ya que exhiben un promedio de ingresos superior a los no registrados. Por lo tanto, la evolución salarial promedio expresa poco y nada la situación de los trabajadores no registrados, como lo indica el estudio del IDEF sobre "Política Salarial", de marzo de 2004.

En ese marco, los aumentos concedidos al sector público son cuantitativa y cualitativamente poco significativos ya que no fueron extendidos a todos los trabajadores provinciales y municipales y los que se concedieron en el ámbito nacional son insuficientes.

Es necesario que el Gobierno modifique la política de ingresos y para ello es necesario crear un ámbito donde los distintos sectores puedan debatir no sólo aumentos salariales sino una nueva política de distribución.

Para poder implementar dicha política va ser necesario que los trabajadores, puedan tener representaciones libres y democráticas que a su vez controlen las distintas medidas que se puedan adoptar en dicha materia.

(*)Director del Departamento Jurídico de la CTA Nacional.
Gentileza de la CTA, regional Córdoba.
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