Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

La extraña "legalidad" del Secretario Lozano

Rebanadas de Realidad - SNTMMSRM, México, 17/08/07.-

A la clase trabajadora del país
A la Opinión Pública:

Diversos medios de información dieron cuenta de las declaraciones formuladas el viernes 3 de agosto por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Javier Lozano Alarcón, en el sentido de que el Sindicato Nacional de Mineros había tenido una actitud "intransigente y chantajista" al exigir que se retiraran las órdenes de aprehensión en contra de su Secretario General, Lic. Napoleón Gómez Urrutia. Dijo -y ha insistido luego de ellos- que la ley no se negocia y que la actuación de la Secretaría se apega al derecho.

Lo cierto es que en la reunión celebrada el 2 de agosto a sus oficinas de la avenida Constituyentes, los representantes del Sindicato exigieron, entre otras cosas, que cesara la violencia que ha estado ejerciendo el Grupo México en contra de sus dirigentes, lo que dista mucho de ser un chantaje, pues la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones "intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato" (art. 132, fr. V) y es obvio que las denuncias penales, el apoyo a Elías Morales, a Francisco Hernández Gámez y a otros líderes espurios y la costosísima campaña de difamación, son precisamente intervenciones ilegales por parte del patrón, en el Sindicato Nacional de Mineros. Javier Lozano no lo quiso entender así y dijo que los asuntos penales no eran de su incumbencia.

De manera imprudente, Lozano dijo también que no dudaba que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declarara inexistentes las huelgas estalladas por el Sindicato en Cananea, Sombrerete y Taxco, todas del Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco. Como era de esperarse, la Junta las declaró inexistentes el 7 de agosto.

El Sindicato Nacional de Mineros presentó de inmediato las demandas de amparo. Los jueces de distrito concedieron las suspensiones y dos semanas después continúan las huelgas, en espera de que se resuelvan los amparos, ante la terca soberbia del patrón.

Tiene razón Lozano en que la Ley debe ser el límite de cualquier negociación, pero las actuaciones de su Secretaría y de su apéndice, la JFCA, distan mucho de apegarse a derecho. Algunos botones, relacionados todos con el Grupo México, lo demuestran:

El 17 de febrero de 2006, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desconoció a la directiva del Sindicato Nacional de Mineros presidida por Napoleón Gómez Urrutia y reconoció a Elías Morales y su grupo, lo que se consiguió mediante el uso de firmas y documentos falsificados presentados sólo horas antes del mismo día. El 4 de marzo de 2007, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito otorgó al Sindicato el amparo que anuló la ilegal decisión de la Secretaría.

El 12 de julio de 2006, la JFCA dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo en la Unidad La Caridad de Mexicana de Cobre. El 24 de mayo de 2007, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado concedió el amparo al Sindicato, dejando sin efectos la ilegal resolución de la Junta.

El 26 de enero de 2007, la JFCA impidió que los legítimos representantes del Sindicato y los propios trabajadores, intervinieran en el procedimiento promovido por Industrial Minera México para dar por terminadas las relaciones de trabajo en la Unidad Taxco. El 14 de junio de 2007, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, amparo al Sindicato y a los trabajadores, anulando la ilegitima resolución de la Junta.

El 14 de junio de 2007, la JFCA archivó los emplazamientos a huelga dirigidos a diversas empresas del Grupo México, desconociendo la validez de las firmas del Lic. Napoleón Gómez Urrutia. El 3 de agosto de 2007 se resolvió favorablemente el primero de los amparos, el relativo a la Unidad Santa Bárbara de minerales Metálicos del Norte, dejando sin efectos la resolución ilegal de la Junta.

Hay otros amparos pendientes pero al menos hasta ahora, todos han confirmado la inconstitucionalidad, en forma definitiva, de los actos de la STPS o de la JFCA en el conflicto entre el Sindicato Nacional de Mineros y el Grupo México. Por lo visto, al menos en estos casos, queda comprobado que la "legalidad" que invoca el Secretario Lozano no suele acompañar las decisiones de las autoridades federales del trabajo.

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