Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (SNTMMSRM)

La Gran Caravana por la Justicia y Dignidad Minera

Mensaje del 1º de octubre al Honorable Senado de la República Mexicana ante el arribo de la "Gran Caravana", con la cual se demanda la solución del conflicto minero y de las tres huelgas de Taxco, Cananea y Sombrerete.
Por Napoleón Gómez Urrutia, Secretario General del SNTMMSRM

Rebanadas de Realidad - SNTMMSRM, Distrito Federal, 02/10/09.-

Estimados y distinguidos Senadores y Senadoras:

Para mí es muy grato dirigirme a Ustedes en este día, en que compañeros nuestros, trabajadores mineros, con sus dirigentes locales, realizan a la Ciudad de México una marcha con la que culmina la Caravana por la Justicia y por la Dignidad Minera, iniciada el domingo 27 en la Ciudad de Cananea, Sonora, la cual atravesó cinco estados del norte de la República.

El objetivo de esta Caravana Minera es demandar a diversas dependencias y funcionarios federales su mejor disposición para solucionar en definitiva el conflicto minero, que suma ya más de tres años de haberse iniciado sin que hasta el momento de parte del gobierno y de las empresas involucradas en el mismo, se hayan dado pasos tangibles para dejar atrás el estancamiento en que se encuentra.

Los trabajadores mineros también han acudido este día a la capital de la República para exigir se solucionen, dentro de la ley y con justicia para los trabajadores, las huelgas de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, que a su vez suman ya más de dos años de estar en vigor, con el consiguiente sacrificio de los mineros y sus familias, así como de las poblaciones en que se enclavan dichos centros de trabajo.

Todo esto es debido a las actitudes negativas de un pequeño núcleo de intereses y de fuerzas políticas y sociales. Hablo de la evidente irresponsabilidad política y social de dos actores que han operado en complicidad: la empresa Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, y el gobierno federal. Todo el conflicto minero y esas tres huelgas son un capítulo inaudito, nunca antes registrado en la historia social de México, que pudo ser resuelto desde el primer momento con sólo que el gobierno federal y sus representantes se ajustasen a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo y al correcto sentido político y social; y con sólo que atendieran positivamente el punto de vista y los intereses genuinos y justos de los obreros agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que me honro en encabezar y dirigir.

No ha sido así. El anterior y el actual gobierno federal han llevado estas huelgas al extremo de la ruptura del Pacto Social. Y no sólo eso, sino que han desarrollado una empecinada persecución política y judicial contra los trabajadores mineros, contra el Sindicato Minero y contra sus dirigentes.

Han sido muy profundos los efectos del conflicto minero simbolizados en las huelgas de Taxco, Guerrero; Cananea, Sonora, y Sombrerete, Zacatecas, junto con los efectos coincidentes de otras persecuciones como la muerte por homicidio industrial de 65 mineros en Pasta de Conchos en febrero de 2006, cuatro asesinatos de trabajadores y otros hechos no menos punibles, como la congelación de los fondos bancarios personales, familiares y del Sindicato con la intención de asfixiar nuestra lucha, y la pretensión de suplantar a los auténticos dirigentes sindicales mineros con supuestos líderes charros o a modo de las empresas.

Estos hechos han corroído y causado graves laceraciones al tejido laboral que se sustenta en la conciliación y en la equidad que el gobierno tiene como su responsabilidad ante los factores de la producción, pero que viola e incumple impunemente. El gobierno, especialmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha operado como si fuera una dependencia del grupo industrial minero más voraz de ganancias de México, y no como el poder público que busca la conciliación y el avenimiento entre las partes en conflicto.

A partir de esta parcial y perversa conducta gubernamental, se ha operado un enfermizo estado de tensión en todo el país, creado por el propio gobierno, el cual en traición y olvido de los preceptos legales y constitucionales a los que debe obediencia, no sólo NO se ha propuesto conciliar intereses, sino que ha vulnerado el estado de derecho que dice sostener, y pretende convertir un problema laboral en un asunto penal, para dirimirlo en los ministerios públicos y en los juzgados penales, antes que en las instancias laborales, únicas a las cuales estrictamente corresponde. De esta manera ha convertido un problema laboral de relativamente fácil solución, en un laberinto de procesos judiciales y penales que jurídicamente no tienen sustento, según se ha demostrado en todos y cada uno de los procesos en que el poder judicial ha actuado, ya que invariablemente le ha dado la razón al Sindicato Nacional de Mineros.

Es claro que el gobierno federal ha violado sistemáticamente la Constitución y los derechos humanos al repetir las mismas falsas acusaciones por los mismos supuestos delitos en más de una ocasión, tal como jurídicamente lo prohíbe la Carta Magna, y actuando en contra del principio de NON BIS IN IDEM, o sea, el de que nadie puede ser acusado más de una vez por el mismo asunto. Pero el gobierno también ha violado el principio de presunción de inocencia al librar órdenes de aprehensión que no tienen sustento jurídico.

El Sindicato Nacional de Mineros que me honro en encabezar, exige un juicio político contra los responsables de estas permanentes violaciones al Estado de Derecho en México. Lo que ha pretendido el gobierno es un linchamiento cruel e injusto, que debe ser severamente castigado por el Senado de la República.

La solución de cada una de las tres huelgas es parte de un todo. Las tres huelgas fueron estalladas por los trabajadores el 30 de julio de 2007 en respuesta a las graves violaciones a los Contratos Colectivos de Trabajo y a la agresividad del sector patronal, esto es, de una sola empresa, el Grupo México de Larrea Mota Velasco. Nunca Grupo México ha planteado allanarse a un justo trato en la relación con sus obreros, sino hacer su voluntad por encima y en contra de la ley y de los derechos obreros. Y en los tres casos han sido equivalentes las violaciones a los contratos colectivos de trabajo por la misma empresa.

Así es como estas huelgas han llegado a un gravísimo estado de estancamiento. A más de dos años de iniciadas las huelgas, y detenida la producción normal de dichos centros de trabajo, es evidente el decaimiento de los niveles de vida en Cananea, Sombrerete y Taxco. Sólo la solidaridad de los demás trabajadores mineros mexicanos, y de organizaciones internacionales de mineros y metalúrgicos, ha hecho posible que los trabajadores en huelga subsistan estos más de dos años.

Es evidente e insoslayable que esa empresa, Grupo México, actúa por concesión del Estado para explotar fundos mineros o realizar actividades de transformación metalúrgicas o siderúrgicas, con base en recursos que pertenecen a la Nación, en cuya consideración debía actuar con responsabilidad.

Cuando una empresa como Grupo México es incapaz durante más de dos años de conciliar intereses con su sector laboral, con sus trabajadores, y mantiene en estancamiento la producción y en brutal anemia a las poblaciones locales, es que ha llegado el momento de que el Estado le retire estas concesiones a Grupo México, para otorgárselos a empresarios que sí sepan encontrar los caminos para mantener la producción a flote, con beneficio para ellas, para sus trabajadores y para las poblaciones donde operan sus centros de trabajo.

Además, Grupo México ha fallado en otro aspecto medular, por el cual el gobierno ya debería haberle retirado la concesión. Su incapacidad para establecer condiciones básicas de seguridad industrial y de higiene en el trabajo. Hace tres años me permití plantear que debe promulgarse una ley que penalice, incluso con la cárcel, y hoy se las reitero a ustedes, a los empresarios socialmente irresponsables que no cumplan con las normas de seguridad e higiene industrial, que protejan la vida y salud de nuestros trabajadores. Ya es el momento de que Grupo México sea castigado por estos incumplimientos, que han provocado muchas muertes de mineros, y eso a la vez amerita, sin duda, que se le retire la concesión para la explotación de fundos mineros y para la transformación de materiales provenientes de la tierra, que es riqueza de la Nación, no de los particulares. En esto, señores senadores, Ustedes tienen un papel muy importante qué jugar, más allá de partidos y de siglas.

No es concebible que los actuales detentadores del poder público no se den cuenta de esta incapacidad empresarial, a más de dos años de iniciadas y no resueltas las tres huelgas mineras, lo cual significa que, dándose cuenta de esta irresponsabilidad empresarial, lo que hacen es apoyar a Grupo México y sus intereses, mientras la producción minera de esta empresa se desploma, sufren los trabajadores y sus familias y se registran graves daños en las economías locales.

El gobierno federal durante nueve años de dos mandatos presidenciales, los de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, jamás le ha exigido a Grupo México que cumpla con la responsabilidad social enunciada anteriormente. Por el contrario, se ha sumado activamente a las persecuciones de esa empresa, haciéndolas suyas, y ha emprendido con la mayor virulencia la persecución política, laboral y judicial contra los trabajadores mineros, su Sindicato y sus dirigentes. Tal persecución evidentemente no es legal pues se basa en calumnias y mentiras contra los trabajadores y sus dirigentes.

Pero el gobierno, en complicidad con Grupo México, y ahora con otras empresas, cada vez que el Sindicato gana un litigio judicial, levanta nuevas acusaciones contra él y sus dirigentes, igual de ilegales y jurídicamente insustentables, pero que mantienen el problema en el estancamiento. Lo cual sólo se puede interpretar o leer como el designio de acabar con el sindicalismo independiente y democrático, como lo demuestran las últimas agresiones seudo legales del titular de la STPS, Lozano Alarcón, por ejemplo, contra el Sindicato Mexicano de Electricistas y contra el organismo de los sobrecargos de aviación, y otros más.

A pesar de todo eso, mis compañeros mineros y yo hemos trabajado duramente en procurar beneficios económicos y sociales a los agremiados al Sindicato. En más de 60 revisiones de Contrato Colectivo de Trabajo que llevamos realizadas sólo en este año, hemos conseguido aumentos de hasta 8 por ciento directo al salario y de 7 por ciento en prestaciones, en promedios muy por encima de los niveles que se alcanzan en otros ámbitos laborales del país. Esto fue lo que ocurrió recientemente en la revisión contractual de nuestra Sección 271 en el Puerto Industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, después de una huelga de un mes, donde el Sindicato y la Empresa dieron una muestra de que sí es posible atender los intereses de los trabajadores y de las empresas, cuando hay buena voluntad de conciliación de las dos partes. Pero esto demuestra también que sin la interferencia de autoridades que niegan su papel conciliador, el Sindicato siempre está dispuesto a negociar con las Empresas que entienden el papel constructivo del Sindicato y sus trabajadores, que son quienes le generan a ellas las utilidades que les permiten ser competitivas en el mercado. Nuestro Sindicato siempre ha estado y está a favor de sus agremiados y del beneficio de sus familias, pero también de las fuentes de empleo.

El Senado de la República creó el 23 de abril de 2009 la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Huelga de Cananea, pero en sus sesiones ha aflorado que no es sólo esta huelga, sino las de Taxco y de Sombrerete, que forman un todo integral. El gremio minero trabajador mantiene su confianza en que esta Comisión asuma su papel como parte de uno de los tres Poderes de la Unión, y siente las bases de una solución real al conflicto minero.

Señores Senadores y señoras Senadoras: Ustedes tienen la palabra y esta es muy importante para solucionar el conflicto minero y quitarle al país un motivo más de zozobra, de los muchos que se ciernen con motivo de la profunda crisis económica y social que padecemos. Ustedes, señores Senadores y Senadoras, tienen un papel sumamente importante qué jugar en la solución integral del conflicto minero.

Resumen

En resumen y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pedimos su intervención para que:

  • 1.- Cese la violación a la autonomía sindical y se respeten las decisiones de los trabajadores en el seno del Sindicato.
  • 2.- Termine la campaña de desprestigio en contra del Sindicato y su Secretario General.
  • 3.- Se me entregue la Toma de Nota como Secretario General, electo en forma democrática y unánime.
  • 4.- Se castigue a los responsables --Grupo México y sus consejeros--, de los homicidios en Pasta de Conchos y Michoacán.
  • 5.- Termine la absurda persecución penal en la que los mismos hechos han sido inconstitucionalmente imputados en forma reiterada y en distintos Estados y Fueros.
  • 6.- Se impida que Grupo México y las autoridades laborales pasen por encima del derecho de huelga e incluso pretendan ilegalmente terminar las relaciones colectivas e individuales en Cananea.
  • 7.- Se retiren a Grupo México las concesiones que el gobierno le ha proporcionado, en virtud de que no ha sido capaz de proveer condiciones de seguridad e higiene en las minas y factorías que administra, y de que en más de tres años ha sido incapaz de arreglar las relaciones con sus trabajadores y el Sindicato Nacional de Mineros.
  • 8.- Se integren las denuncias que el Sindicato ha presentado (homicidios, robo de expedientes, falsificación de firmas, abusos de autoridad), ya que PGR simplemente las mantiene congeladas.
  • 9.- Se liberen todas las cuentas tanto personales y familiares y las del Sindicato aseguradas ilegal, inmoral e inconstitucionalmente, así como que se desaseguren todos los bienes muebles e inmuebles sindicales. 10.- Se ponga en libertad a Juan Linares Montufar, Presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia, que no es más que un preso político a quien se le acusa de hechos que ya han sido motivo de sentencias que determinan que no se cometió ningún delito.
El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Jorge Campos Miranda. / Web