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Tweet SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA (SNTMMSRM) / Web

Los empresarios mineros pretenden no obedecer los cambios aprobados a la Ley Minera

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Rebanadas de Realidad - SNTMMSRM, Distrito Federal, 08/05/13.-

  • Escandalosa pretensión de empresarios mineros para declararse falsamente sin utilidades en 2013, con el fin de no obedecer los cambios aprobados a la Ley Minera.
  • De esa forma se enfilan a boicotear el Pacto Por México del Presidente Peña Nieto en el aspecto minero.
  • El gobierno debe estar atento a esta situación, que será tan intolerable como quererse oponer a todo trato justo en la minería.

Los empresarios mineros se preparan para evadir los cambios a la Ley Minera aprobados en la Cámara de Diputados el jueves 25 de abril. Como esos cambios señalan que serán gravadas el 5 por ciento de las utilidades de las compañías del ramo, estas están en un movimiento para declararse exentos de utilidades en el año 2013, y que según esto, por ello no tendrán capacidad para cumplir los cambios a la Ley Minera, dado que, alegan en algunos corrillos de la Cámara Minera de México, CAMIMEX, el año pasado se desplomaron los precios internacionales de los metales, lo cual es inexacto.

Cierto que la tendencia registrada al inicio de este 2013 fue a la baja en cuanto a metales y minerales, pero nunca sus precios se abatieron hasta niveles ínfimos, sino que han mantenido la altura que habían alcanzado en los 10 años anteriores, por lo cual es una postura falsa de algunas empresas el que van a declararse sin utilidades en 2013.

Esta conducta se está manifestando sobre todo en la Cámara Minera de México, en la cual dominan los empresarios más reaccionarios del sector minero, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, de Grupo México, y Alberto Bailleres González, de Grupo Peñoles.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe estar preparado para afrontar esta situación, que simplemente echaría por la borda su primer paso en materia de reforma minera y sus propósitos dentro del Pacto por México.

Como se sabe, la Cámara de Diputados aprobó en su sesión plenaria del jueves 25 de abril, diversas modificaciones fiscales que en teoría implican crear una nueva y más alta contribución económica de las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, que de atenerse a los postulados de la iniciativa legislativa aprobada, darían por resultado una mayor aportación de esas compañías a la federación así como a los estados y municipios donde se realiza la explotación de los recursos minerales, lo cual ocurre en concesiones que abarcan más del 26% del territorio nacional.

Por 359 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones, los diputados aprobaron la iniciativa presentada por dos legisladores del PRI el 12 de marzo pasado, en la cual se plantean modificaciones a la Ley Minera y de Coordinación Fiscal, que autorizan al gobierno federal a cobrar un derecho especial de minería de 5 por ciento sobre las utilidades netas de las empresas mineras. Los 77 votos en contra fueron de los diputados del Partido Acción Nacional, que siempre se han significado por ir en contra de las necesidades primordiales de las clases populares del país y aunque argumentaron cuestiones de procedimiento, es evidente que se pusieron en la defensa extrema de las exorbitantes utilidades de las empresas mineras.

De acuerdo con ese proyecto aprobado de cambios, el 5 por ciento de la utilidad neta que obtengan las empresas mineras, se dividirá en 30 por ciento para la Federación, en tanto que el 70 por ciento restante de esa recaudación se destinará a estados y municipios en los que se desarrolla la explotación y la obtención de sustancias minerales. Hay actividad minera diversa en 24 estados de la República, destacando por sus volúmenes Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Durango.

Esta aprobación deberá pasar al Senado de la República para su modificación o ratificación. Hasta el pasado martes 30 de abril, límite de tiempo que impone la agenda del Poder Legislativo, no fueron realizados todos los trámites legislativos conducentes a su desahogo total.

Para los analistas del Sindicato Nacional de Mineros, se trata de un mínimo adelanto respecto de la situación de caos y desorden que por obra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari prevaleció en la privatización del sector minero y siderúrgico, y que sólo ha beneficiado a las empresas y no ha reportado casi nada al Estado ni a los trabajadores mineros ni a las poblaciones en las que se realiza la actividad extractiva o industrial.

Las cuantiosas utilidades que esas compañías obtienen por la explotación de las riquezas del subsuelo del país, que son propiedad de los mexicanos, sólo en 2011, sin contar los años previos, ascendieron a 20 mil 148 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía, mide el tamaño de la inversión minera en México tanto de nacionales como de extranjeros.

Las cifras de esta desmesurada situación son conocidas, agregaron los analistas sindicales, las empresas del ramo minero no pagan ningún derecho por la producción de minerales, incluido el oro, y se les cobra sólo por la extensión de los terrenos que explotan, lo cual ha sido considerado por diversos analistas como un despojo vil contra la nación. En general, las empresas pagan de 5 a 11 pesos por hectárea concesionada, que son precios ridículos, si se piensa que más de la cuarta parte del territorio nacional les está concesionada por el Estado, o sea, más de 50 millones de hectáreas, lo cual da unos resultados terriblemente bajos respecto de lo que en otros países pagan las compañías mineras por este concepto.

De aprobarse por el Senado, ahora se les impondrán contribuciones sobre las cuantiosas utilidades obtenidas en la producción, o regalías, que a pesar de su limitación ya significan un avance respecto de la anterior situación, en la que México desde el sexenio de Salinas de Gortari ha pagado ínfimas cantidades en comparación con otros países, que en Australia fueron hasta del 10%; en Chile hasta el 5%; en Rusia hasta el 8%; en Estados Unidos hasta el 12% y en Canadá hasta el 17.5%.

Habrán de hacerse avances de mayor consideración en el futuro, para ajustar a las empresas mineras a los intereses reales del país. No es posible que México siga subsidiando a los empresarios mineros de la forma abusiva en que estos lo han hecho hasta hoy, quedándose ellos para su beneficio con las ganancias de los minerales extraídos, depredando la ecología, dejando sin agua a las poblaciones, despojando a los habitantes de toda posibilidad de desarrollo en sus comunidades, manteniendo oprobiosos niveles de miseria y necesidad. Y todavía actúan con insensibilidad y arrogancia contra los derechos laborales y humanos.

Además, añadieron finalmente los analistas, estas modificaciones a la Ley Minera vigente no incluyen el debido y obligado respeto a la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores del ramo. Si se quiere que haya un verdadero cambio en la industria minera, tales modificaciones no pueden dejar de contener, entre otras cosas, la penalización de la negligencia criminal de los empresarios que con su insensibilidad y desprecio a los trabajadores provocan tragedias como la de Pasta de Conchos en 2006, y muchas más que antes y después ocurrieron.

Desde ese tiempo el Sindicato Minero ha venido planteando que se promulgue una ley que sancione penalmente, hasta con cárcel, a los empresarios que cometen “homicidio industrial” como el mencionado. Es imprescindible que se retome la propuesta legislativa para que se castigue ejemplarmente a los dirigentes de compañías que cometen este delito “de comisión por omisión”, según también se le denomina. No es posible que se siga jugando irresponsable e inhumanamente con la seguridad y la vida de nuestros trabajadores.

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Jorge Campos Miranda. / Web