Bufete de Informaciones Especiales y Noticias
UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN (UEJN) - ARGENTINA

Documento de la jornada "Hacia La Justicia del Bicentenario"

POR UNA JUSTICIA DEMOCRÁTICA, EQUITATIVA Y TRANSPARENTE, POR UNA PATRIA LIBRE, JUSTA Y SOBERANA

Informaciones de la UEJN editadas en Rebanadas:

Rebanadas de Realidad - UEJN, Buenos Aires, 09/10/08.- Próximos al BICENTENARIO, como ciudadanos y ciudadanas que unimos nuestros sueños a los de aquellos que iniciaron y caminaron estos primeros 200 años de la fundación de la, pero especialmente como trabajadores y trabajadoras judiciales comprometidos cotidianamente en la construcción de una Nación más JUSTA; queremos hacer oir nuestra voz que busca hacerse eco de los profundos anhelos de Justicia del Pueblo argentino.

Hace muchos años que nuestra sociedad percibe una profunda distancia que la separa de sus deseos de justicia social. Esta distancia es una vieja deuda de la corporación judicial. Y no es casual, ya que gran parte del elitismo judicial ha convalidado sistemáticamente las mayores tragedias que sacudieron a nuestro Pueblo: el genocidio de la dictadura militar, la impunidad para los asesinos de la represión, el saqueo de las riquezas nacionales, los despidos masivos, las corruptas privatizaciones, la depredación de nuestro medio ambiente.

Recientemente pudimos escuchar a un grupo de magistrados, que llamativamente (o no) se juntaron en un lugar llamado los "Dinosaurios" de la provincia de Córdoba. Son voces del pasado. Siguen reiterando las viejas quejas del país de los privilegios; cuando se los designaba mediante "servilletas", actuaban con impunidad y no existía control alguno por parte de la sociedad. Se rasgan hoy las vestiduras reclamando por la pretendida "independencia del Poder Judicial", pero lo cierto es que se mantuvieron callados cuando los Argentinos y la Constitución Nacional fuimos atropellados por la dictadura que pulverizó garantías y derechos humanos de manera sistemática.

Por eso afirmamos que uno de los aspectos fundamentales, a la hora de pensar la Justicia del Bicentenario, es definir el perfil de jueces que queremos para una democracia participativa.

Tenemos claro que muchos de los que permanentemente hablan de "democracia" e "independencia", favorecieron el libre flujo y los abusos de los capitales financieron internacionales sin que ningún impedimento legal pudiera incomodarlos.

Son los que hoy siguen, claramente, jugando en complicidad con los grupos concentrados de poder económico neoliberal. Son esos Jueces que sistematicamente has negado a los argentinos el libre ejercicio de sus derechos humanos y sociales; que han sido cómplices de las políticas que negaron el derecho a la vida y la libertad; que en su mayoría permanecieron mudos mientras se aplicaban en nuestro país políticas que atropellaron los derechos establecidos por la Constitución Nacional sin que haya existido a nivel provincial ni federal ni una sola declaración de inconstitucionalidad. Son jueces que hacia adentro aplican arbitrariedaes, persiguen trabajadores, ejercen violencia laboral, toleran la corrupción de nuestra obra social y convalidan un sistema jubilatorio dual e injusto. Son jueces que frente a los cortes de ruta promovidos por sectores populares reclamando por sus derechos básicos, convalidaron la represión y procesaron con rapidez; pero cuando los cortes son de la oligarquía del campo miran para otro lado. Son esos magistrados que sistemáticamente rechazan cualquier pedido de juicio político o sanción disciplinaria contra sus pares (recoerdemos que más del 90% de los casos según consta en las actas de los plenarios y de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura). Así, quien se sienta "presionado" debe hacer las denuncias pertinentes y sino presentar la renuncia. Pareciera que la pérdida del control absoluto que tenían con el Consejo de la Magistratura de 20 miembros los pone nerviosos.

Sin embargo, ninguno de ellos expresan el sentir de la mayoría de quienes trabajamos en, por y para el Sistema Judicial y dudamos seriamente que representen a la gran mayoría de magistrados, fiscales y defensores imbuidos de una auténtica concepción democrática, en especial a los que hicieron su ingreso a la judicatura mediante concursos que, por fin, trajeron luz y blanqueo a la designación de jueces en la República. Esos que están comprometidos con una democracia participativa, con los principios y valores jurídicos, políticos y de Estado definidos por la Constitución.

Por eso apoyamos desde el inicio la nueva conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación, criticado injustamente por quienes, con evidente sectarismo, consideran al Poder Judicial de la Nación como propio olvidando que, como todas las instituciones de la República Argentina, el mismo es propiedad exclusiva y excluyente del conjunto del Pueblo Argentino.

Si no discutimos a fondo este aspecto central y prioritario de la crisis judicial, estaríamos mirando para otro lado, y la Patria nos lo seguirá demandando.

Logros y reivindicaciones

Más allá del necesario debate sobre la profundidad, la coherencia y el modo de gestión de esta nueva etapa, atrás quedó la brutalidad de los cambios dirigidos por el Consenso de Washington que instauraron el orden neoliberal a escala planetaria.

Luego del profundo quiebre del 2001, y a partir del ciclo político iniciado en el 2003, en nuestro país, así como en otros de la región, se están produciendo cambios significativos en cuanto al rumbo económico, social e institucional, tanto en el plano interno como en la perspectiva de la integración regional.

Este camino de transformación cambia radicalmente las concepciones imperantes durante el neoliberalismo, y se plantea concretamente la construcción de un modelo productivo que garantice la inclusión social y un reparto más justo y equitativo de la riqueza, en el marco de dicha integración.

En el plano reivindicativo tenemos que valorar lo que hemos recuperado los judiciales en los últimos 5 años, más allá de la postura fuertemente reaccionaria de los sectores elitistas de la Justicia que siguen defendiendo a rajatabla las concepciones que el Pueblo argentino ya dio por superadas.

La Argentina incluyente por la que luchamos, donde se respeten los derechos y los sueños de todos los ciudadanos, necesita -claro está- un modelo de Justicia que garantice la vigencia de sus derechos humanos y sociales por igual para todos los ciudadanos.

Como trabajadores judiciales, luchamos para que esos cambios también se expresen en el ámbito de la Justicia. Entre los principales cambios experimentados podemos destacar:

  • La aplicación de una nueva generación de Derechos surgidos de la última Reforma Constitucional que otorga estatus constitucional, superior a las leyes, a una serie de tratados internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño y los Derechos a la resistencia a la opresión contra autoridades de facto, la iniciativa popular para el tratamiento de las leyes, la consulta popular para decidir la aprobación de leyes, el derecho a la preservación del medio ambiente, el derecho del consumidor y del usuario, el derecho de interponer acciones de amparo frente a acciones que lesionen derechos y garantías constitucionales, el derecho de habeas data y de habeas corpus, la convención interamericana contra la desaparición forzosa de personas, etc. Aunque vale la pena acá reconocer que muchos de estos derechos ya se encontraban consagrados en la Constitución de 1949.
  • La derogación de las leyes del olvido y la impunidad por los crímenes del terrorismo de Estado, y la reapertura, avance y condenas producidas contra los genocidas.
  • En relación a las condiciones salariales y laborales de los trabajadores judiciales, podemos destacar que hemos sostenido el valor de nuestro salario, hemos frenado muchos de los intentos privatizadores de los servicios de Justicia y fundamentalmente hemos acabado con la existencia de los "exclavos" de la Justicia, logrando la incorporación efectiva de los "meritorios".

Entre los aspectos que quedan pendientes en materia reivindicativa en pos del mejoramiento del servicio de justicia, creemos que los fundamentales son:

  • La implantación de un Sistema de Ingreso Democrático a la Justicia.
  • Profundizar los cambios que van posibilitando la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, en cuestiones fundamentales como una mayor agilidad en los procesos de acusación, enjuiciamiento y destitución de jueces corruptos; concursos democráticos y justos, con participación de los trabajadores, para el acceso a los cargos jerárquicos.
  • La aprobación de los 3 proyectos de ley impulsados por la Unión en el Congreso Nacional:
    • Convenio colectivo para los trabajadores del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, ya que el poder judicial es el único poder del estado que no tiene negociación colectiva paritaria
    • Participación de los trabajadores en el manejo de la Obra Social. Es de destacar que la del Poder Judicial que se financia con el aporte de los magistrados y trabajadores, en la actualidad es la única obra social del país en la que los afiliados no tienen participación en su dirección.
    • Régimen único jubilatorio para el Poder Judicial, que permita superar la brecha entre aquellos privilegiados que reciben el 82% movil y los trabajadores injustamente discriminados.
  • Formalizar un sistema de capacitación permanente de empleados, funcionarios y magistrados, con reconocimiento de las acciones desarrolladas por Instituto de Capacitación de la UEJN, incluyendo la participación en el presupuesto judicial. No sólo en temas específicamente jurídicos, sino también que incorpore nuevas tecnologías, aporte herramientas para la organización del trabajo, la gestión integral de la oficina judicial desde la perspectiva de los trabajadores, y una mirada interdisciplinaria y en diálogo social con las demandas de justicia de los sectores excluidos.
  • No sólo necesitamos jueces probos y derechos, sino fundamentalmente jueces que cuenten con la sensibilidad social y el sentido común para cumplir la función que la sociedad les otorga para hacer respetar de una vez por todas los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Consagrar el criterio de igualdad ante la ley previsto constitucionalmente priorizando a los más débiles y desprotegidos de la sociedad. Este cambio en el perfil de los jueces es el punto de partida sin el cual cualquier modificación o reforma judicial que apunte a la gestión, a la modernización o a mejoras de procedimiento, serán absolutamente estériles. Una vez consagrado, discutido y apoyado este perfil, que en la selección de los jueces se tengan en cuenta estos criterios y no aquellos de claro tinte corporativo que caracterizaron la justicia hasta el presente, podremos pasar a analizar en profundidad la necesaria reforma de la cuestión social.
  • Asimismo es imprescindible dar un debate a fondo sobre la reforma judicial. No se puede desconocer la resistencia que nuestro gremioopuso a las sucesivas olas de reformas impulsadas y financiadas por las IFIs, y que contaron con la complicidad local de ciertas ONGs (principalmente el FORES creado a tal fin al comienzo de la dictadura militar) y otros actores judiciales. Reformas claramente "gatopardistas", que buscaban cambiar algo para que nada cambie; y que bajo el paragua de la "seguridad jurídica" pretendían instaurar una "reforma judicial de mercado", para favorecer y privilegiar a los grandes grupos económicos y financieros, y convalidar un sistema de corrupción con fallos funcionales a los intereses de los grupos mafiosos. Agazapados en conceptos como el de "productividad y eficiencia", buscaban imponer un verdadero proceso flexibilizador en la Justicia, concentrando en organismos extra judiciales la decisión presupuestaria y la asignación de recursos de todo tipo (materiales, humanos, tecnológicos). En la aplicación de esta lógica se impulsó la privatización y tercerización del área de servicios del Poder Judicial, mediante el desmonte de la dirección de arquitectura y servicios que funcionaba en el edificio de Barracas.

En este punto, recordamos que recientemente el Dr. Lorenzeti presentó una nueva propuesta de reforma, esta vez de la mano del discurso de la GESTIÓN. Es muy llamativa, ya que desconoce y "ningunea" descaradamente que el servicio de administración de Justicia está conformado por más de 20.000 trabajadores y trabajadoras que cotidianamente somos los que lo hacemos posible. No parte del saber de los trabajadores y avanza sin ningún tipo de consideración legal sobre los derechos laborales, ya que el mismo no constituye ni un reglamento y menos una normativa formal, pero de hecho pasa por encima de las "aún escasas" normativas existentes; y desconoce la instancia de representación gremial. Además insiste en fijar como valores centrales la "agilidad y celeridad en la gestión". En esta mentalidad el "mejor juzgado" es el que tiene "menos causas", sin preguntarse siquiera si se "hace justicia". Insiste en la utilización de parámetros de medición y control de calidad en la lógica de las normas ISO. Desconociendo que no se puede medir la cuestión judicial de esta manera. El poder judicial no es una fábrica de tornillos, sino que tiene defender y resolver la libertad, la vida y los derechos de las personas. Quienes pretenden imponer modelos de gestión con criterios cuantitativos olvidan que la justicia no se puede medir, sino que está en juego el sentido de cómo hacer justicia.

Ante esto queremos afirmar que una propuesta de reforma judicial que se reduzca única o principalmente a la rapidez, la eficiencia y agilizar procedimientos, a lo sumo genera un exceso en la carga de trabajo que de por sí no garantiza sentencias justas, la satisfacción del justiciable, el cumplimiento de sus derechos, y por lo tanto, una real mejora en el servicio de Justicia.

El Bicentenario

Al acercarnos al Bicentenario, lo hacemos desde una convicción básica: la sociedad argentina tiene en los trabajadores y trabajadoras judiciales, los abogados, funcionarios y magistrados comprometidos con el interés general, la última garantía de que sus derechos humanos y sociales básicos serán respetados.

Es fundamental la recuperación de una concepción del Poder Judicial basado en el valor Justicia y en la primacía de la persona. Esto porque como trabajadores conocemos el accionar de la Justicia desde adentro y desde nuestra propia práctica, y eso nos permite participar con autoridad en el diseño de un poder del Estado que tiene como función esencial la salvaguarda de los derechos fundamentales de la sociedad.

Este proyecto pasa obviamente por la lucha por el salario y condiciones de trabajo dignas (TRABAJO DECENTE) de los empleados del Poder Judicial. Pero también hace al sentido y a los fines del Servicio de Justicia, en cuya base se plantea el acceso y la defensa de los derechos al conjunto de la Población, particularmente de los sectores excluidos. No es otra cosa que poner el servicio de justicia a favor de la Justicia Social.

Para ello hay que convocar a todos los actores judiciales (empleados, funcionarios, magistrados, abogados, organizaciones sociales y ciudadanos destinatarios del servicio) desde una propuesta profundamente democrática y participativa. Una Justicia construida junto a las organizaciones sociales que defienden y reclaman la aplicación efectiva de los Derechos Humanos y Sociales. Una Justicia más eficiente, con iniciativas en base a la valorización y el involucramiento del trabajador judicial, en la reflexión crítica y en la mejora de las prácticas laborales, mediante la cooperación en los diferentes procesos de trabajo, la comunicación y los vínculos interpersonales (superando un esquema fuertemente individualista) y las condiciones y el medio ambiente de trabajo saludable.

Con funcionarios y magistrados sensibles, probos y no comprados por el gran capital; con abogados y trabajadores y trabajadoras judiciales comprometidos, que día a día buscan transformar el servicio de Justicia, promoviendo oficinas judiciales constituidas en verdaderos equipos centrados en los principios y valores que garanticen los derechos humanos y sociales, será posible el camino hacia una sociedad más justa, libre y soberana

Buenos Aires, 8 de Octubre de 2008
UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA JUSTICIA DE LA NACIÓN

El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Laura Iparraguirre, Secretaria de Prensa