|
Rebanadas
de Realidad
- Barrancabermeja, 06/09/07.- El
presidente Álvaro Uribe Vélez le ha dicho a la opinión publica nacional
e Internacional que los grupos paramilitares se desmovilizaron, pero lo
real es que continúan más activos que nunca.
Conocida como la ciudad
de los "grande eventos" internacionales y nacionales, Cartagena tiene
una cara que no aparece en los medios, pero es la que más ven los habitantes
de esta ciudad.
Esa cara es la de
las amenazas a activistas, dirigentes sindicales y populares que hacen
parte del Polo Democrático Alternativo en Cartagena y se atreven a denunciar
las injusticias, la pobreza y la dejación estatal a que son sometidos
miles de desplazados que han sido obligados a salir de sus territorios,
por la acción de los grupos paramilitares.
El 5 de septiembre
pasado fue enviado a los compañeros Eduardo U. Hernández y Walier
Herrón, integrantes de organizaciones de desplazados, un comunicado
que también había sido remitido al correo de Hernando Meneses V.,
integrante de la Junta Nacional de la USO, el 31 de agosto de 2007, en
el cual declaran objetivo militar a "sindicalistas, lideres sociales,
periodistas organizaciones veedoras de la democracia y estudiantes amigos
de la guerrilla de Cartagena". Esta vez al comunicado le anexan un listado
con el nombre de 43 personas, entre las cuales están Eduardo y Walier,
todos líderes de comunidades y organizaciones de ambientalistas y de desplazados.
Esta proliferación
de amenazas, tienen como fin aumentar el miedo al interior de las comunidades,
para limitar su capacidad de protesta en las cuales exigen al gobierno
nacional que se preocupe más por atender las urgencias sociales de la
gente más pobre, en lugar de continuar facilitando el accionar de estos
grupos paramilitares, que en el caso de Cartagena se hacen llamar "Aguilas
Negras (bloque disidente). En el caso de amenazas a dirigentes de
la USO, es para facilitar la venta de ECOPETROL a las multinacionales,
profundizada con la salida al mercado de la venta de las acciones de esta
empresa estatal.
Las autoridades del
gobierno, nacional, departamental y las instituciones que deben velar
por la vida de los ciudadanos, han sido totalmente indiferentes a nuestras
numerosas solicitudes de protección a la vida de los compañeros ya nombrados
y de los que aparecen en el listado. Una vez más los responsabilizamos
por lo que pueda pasar a las personas amenazadas.
JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL DE LA USO
|