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El trasfondo de la lucha política en Bolivia y una más de su presidente

Por Wilson Jaime Villarroel Montaño (*)
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Rebanadas de Realidad - La Paz, 04/06/05.- ¿Cuál el trasfondo del debate entre el referendo autonómico y la Constituyente? ¿Es sólo una cuestión de fechas o hay otros elementos que deben estudiarse? En verdad, hay un juego político velado -pero no por ello menos legítimo- que subyace a las posiciones confrontadas, sólo explicable desde la estrategia, táctica y posicionamiento políticos. Las invocaciones al "patriotismo", "bolivianidad" y otras postulaciones de contenido retórico, que alientan algunos observadores bienintencionados pero superficiales, están condenadas a ser desoídas absolutamente.

Es muy excepcional, salvo en la literatura escolar de exaltación de valores cívicos y patrióticos, que la dinámica social no responda a un trasfondo de lucha por el Poder, captura de espacios públicos e incesante búsqueda de supremacía de unas fuerzas sobre otras. Desengañémonos: así es la política, aquí y acullá y, desde luego, Bolivia no es ni será la excepción a esta regla universal del comportamiento humano y social.

En la víspera, un sorpresivo decreto emitido por el presidente Mesa, más que solucionar el problema, vino a cargar de mayor conflictividad un escenario de suyo explosivo. Su análisis político, así como su valoración jurídica exige, previamente, un rápido análisis de las posiciones actualmente confrontadas.

Para el movimiento autonómico es vital la realización del referendo autonómico con anterioridad a la Asamblea Constituyente en razón a que:

  • (I) Responde constitucionalmente a una iniciativa legislativa ciudadana ya aprobada en los procedimientos ante la Corte Nacional Electoral.
  • (II) Precisa obtener legitimación política (y mayor poder político) con el voto popular referendario cuyo carácter vinculante impediría que la Asamblea Constituyente desconozca una deseable realidad política a consolidarse formalmente, cual es la autonomía departamental (objetivo histórico);
  • (III) En la conformación de la Asamblea Constituyente deben evitarse criterios de "discriminación positiva" que impliquen hegemonía de la zona occidental sobre la oriental en razón a la mayor presencia poblacional de las áreas andinas. Se teme a) una salida endógena de "reconstitución" de formas políticas ancestrales y, adicionalmente, b) que la atribución de escaños constituyentes a los grupos originarios del Oriente pueda restar cuerpo a la representación constituyente no originaria (objetivo estratégico);
  • (IV) La conformación de la Asamblea Constituyente, requiere de mayor tiempo y preparación de lobbies y celebración de acuerdos interregionales o interdepartamentales (objetivo táctico en función al estratégico);
  • (V) El llamamiento al referendo, incluso autoconvocado si el Congreso no formaliza su realización en una ley expresa, es una promesa social vigente;
  • (VI) Puede resignarse, eventualmente: a) la realización de las elecciones prefecturales o aceptarse la simultaneidad de éstas con el referendo autonómico; y b) la redacción de la pregunta del referendo;

Establecido un objetivo histórico inequívoco, cual es la autonomía (gobierno departamental), éste no puede resignarse. Pueden cederse cuestiones formales como la redacción de la pregunta referendaria cuyos notables defectos son harto parecidos a las preguntas sobre el referendo del 18 de julio de 2004:

¿Está de acuerdo que se busque en el país las autonomías departamentales con transferencia efectiva de competencias y atribuciones, las mismas que tendrán por objeto en su jurisdicción territorial disponer de sus recursos, elegir a sus autoridades y darse su propia administración con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes de cada departamento y del país, todo de conformidad con las atribuciones que otorga al pueblo de Bolivia el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado? (El subrayado es nuestro).

No obstante, desde la óptica de los movimientos sociales en protesta, cuyas tesis -en especial en la petición de convocatoria inmediata a la Asamblea Constituyente- abandera el MAS de Evo Morales y la dispersa dirigencia sindical, la visión es distinta:

  • (I) El referendo autonómico vinculante es un condicionante del poder soberano de la Asamblea Constituyente (se insiste en que las autonomías "sólo" se discuten en esta instancia) que es un espacio público de proyección política excepcional para quien logre su hegemonía en ella (objetivo estratégico del MAS con vistas a las elecciones generales del 2007);
  • (II) La realización del referendo autonómico sin que opere, al menos simultáneamente, la elección de constituyentes, implicaría la peligrosa postergación de la Asamblea, su efectividad política y trascendencia histórica (objetivo histórico intangible o no resignable);
  • (III) Aceptar la pregunta sugerida (véase el subrayado), supondría la inaceptable entrega de los recursos naturales (el gas, principalmente) a un futuro gobierno departamental que se reputa será proclive a las empresas petroleras (objetivo histórico intangible y no resignable);
  • (IV) El referendo autonómico sólo es un antecedente directo -sin solución de continuidad temporal- de la Asamblea Constituyente (objetivo táctico) y no puede arriesgar el carácter definitorio de ésta en la refundación nacional;
  • (V) La conformación de la Constituyente debe privilegiar derechos históricos de representación de pueblos originarios y aborígenes secularmente excluídos (objetivo táctico) a través de mecanismos de discriminación positiva;
  • (VI) La nacionalización de los hidrocarburos es un poderoso leit motiv para la movilización social, pero únicamente como instrumento catalizador para la consolidación de la hegemonía del MAS en el nuevo sistema político.

El primer llamamiento a sesión congresal el martes 28 de mayo fracasó por el temor del presidente del Senado, Hormando Vaca Díez a un posible "corralito" propiciado por una aparente mayoría de congresales dispuestos a aprobar, llanamente, la convocatoria a la Constituyente sin antes resolver la fecha del referendo. El 2 de junio la figura fue a la inversa: el MAS temía que su contraparte sólo estableciera el día del referendo y no se llamara a la Asamblea.

Y es que en la agenda congresal sólo se preveían dos puntos: el referendo y el juicio de responsabilidades. Aún con la promesa de incluirse la Asamblea, como nuevo tema, primó la desconfianza ante una posible maniobra de la Media Luna que opte, luego por aprobar únicamente el referendo.

En este contexto, y cuando parecía imprescindible abrir espacios adicionales de consenso durante el fin de semana, el presidente Mesa emitió un decreto fijando fecha única para la realización del referendo y la elección de constituyentes. Esta acción pretende, a la manera salomónica, dar contento a todos: el referendo no sería postergado hasta diciembre, pero tampoco sería inmediato. La Asamblea sería casi un hecho y ello satisfaría -según el presidente Mesa- las expectativas de los movilizados.

Esta posible intención de bajar las tensiones sociales ignora, sin embargo, la poderosa motivación de los sectores en protesta que piden la nacionalización de los hidrocarburos y sólo atiende la plataforma de proyección política del MAS con la inmediata convocatoria a la Constituyente. En suma, confunde ambas peticiones. El resultado podría ser el opuesto: exacerbar más aún a los movilizados que, inclusive, pueden desbordar -de hecho, ya ocurre así- sus cauces de contención a cargo de la dirección política encomendada a Evo Morales.

Desde la perspectiva del movimiento cívico autonomista, impone a éste una doble tarea: a) preparar inmediatamente la campaña nacional por la aprobación de la pregunta en el referendo, y b) apurar argumentos, negociaciones, lobbies y presiones para una convocatoria a la Constituyente según la estrategia por ellos adoptada.

Ni lo uno ni lo otro. Hay un factor que amenaza mayor descontrol: el descontento generalizado. Adicionalmente, agravia la tarea legislativa al condicionarla a fechas caprichosas. El rechazo, posiblemente, será el común denominador en los grupos y fuerzas en conflicto. Por si fuera poco, el decreto mismo carece de validez y eficacia jurídica.

En efecto: el presidente Mesa a) se autoatribuye una tarea congresal pues la convocatoria, tanto al referendo como a la Asamblea, es sólo válida a través de una ley y no un decreto; b) pretende "reglamentar" una ley de alcances orgánicos y aprobación calificada (2/3 de votos) todavía no emitida; d) señalando fechas para una consulta todavía no convocada, incurre en un anacronismo que vicia el decreto por inexistencia del objeto a reglamentarse, c) invoca, según la motivación expuesta personalmente por el presidente, supuestos vacíos en cuanto a las fechas de llamamiento a las consultas previstas. Esta última fundamentación se funda en una en extremo literal cuanto apresurada lectura del art. 232º constitucional que establece que el Congreso fijará "formas y modalidades", pero no fechas, lo que autorizaría el señalamiento del día de la consulta referendaria o la elección de constituyentes.

Tanto la inconstitucionalidad como la nulidad son patentes. Bastaría, para el caso, demandar esta última característica invalidante del decreto de marras para cortar irremediablemente la competencia del Poder Ejecutivo en lo que es materia exclusivamente legislativa y no administrativa. Acaso únicamente se induzca al Congreso a fijar una fecha única según lo pide Mesa. ¿Valió la pena, para el presidente, correr el riesgo de la nulificación o invalidez de sus bienintencionados actos?

En resumen, las posiciones políticas en lid observan, escrupulosamente -más allá de las valoraciones sobre sus contenidos de eticidad- estrategias, tácticas y proyectos inconclusos en marcha a su consolidación. No hay resquicio alguno a otras consideraciones y, en este contexto, la sorpresiva y dudosa actuación del presidente Mesa, paradójicamente, podría resultar lo mismo que echar gasolina al fuego.

(*)Abogado y docente universitario.
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